Desde febrero de este año un grupo de manifestantes que se oponen a la construcción se tomaron el terreno donde se construirá la central, sin embargo durante el día lunes fueron desalojados luego de que el juez Josué Martínez Pinto aprobara la solicitud de la empresa china dueña del proyecto International Water and Electric Corporation, filial de la estatal China Three Gorges Corporation. Distintas organizaciones que advierten hace meses los efectos que produciría la construcción de la central hidroeléctrica en el río Biobío se opusieron a la medida tomada por la justicia.
Durante la mañana de este lunes fueron desalojados los habitantes que se oponen a la construcción de la Central Hidroeléctica Rucalhue en la Región del Biobío. Los manifestantes se tomaron el terreno ubicado en el sector de Los Junquillos el 15 de febrero de este año.
La central hidroeléctrica se construiría en el río BioBío en el límite de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco. El desalojo fue solicitado por la empresa china International Water and Electric Corporation y aprobado por el juez Josué Martínez Pinto.
La firma con sede en Beijing fue fundada en 1983 como filial de la estatal China Three Gorges Corporation. CWE se enfoca en proyectos hidroeléctricos internacionales de pequeña y mediana escala.
La Central Hidroeléctrica Rucalhue es un proyecto emplazado en el río Biobío que busca dotar de energía a 140 mil habitantes de la zona. Anunciado como una solución «limpia y renovable», esta obra aprovecha la fuerza del agua para aportar energía de manera eficiente y amigable al medioambiente.
Sin embargo, no son pocas las personas que se oponen al desarrollo de este proyecto. Al menos 10 organizaciones medioambientales se mantienen en pie de lucha para impedir que la Central Hiroeléctrica Rucalhue se construya en los ríos Quilme y Biobío, este último, afectado por al menos otras 17 centrales hidroeléctricas que hasta 2016, de acuerdo a un trabajo de investigación de la Universidad de Concepción (UdeC), estaban operativas en la cuenca, siendo Pangue, Ralco y Angostura algunas de las más emblemáticas.
La vocera de la organización Somos Biobío comentó: “Nosotros no recibimos ninguna información nos notificaron por terceras personas que había una orden de desalojo aprobada por el fiscal de Santa Bárbara y empezamos a tomar los resguardos correspondientes”.
“Prácticamente militarizaron todo el sector para desalojar la toma y en la mañana llegaron junto con las personas de la empresa”, agregó Riffo.
Además la vocera acusó que tres personas que pertenecen a organizaciones opositoras recibieron querellas por parte de la empresa.
“Habemos tres personas querelladas por temas judiciales y son bastante complejos, la empresa llegó con todo a amenazar a la gente del territorio. Son tres delitos los que están acusando: terrorismo, hurto y secuestro”, expresó Riffo.
Durante toda la jornada del lunes se registraron manifestaciones de habitantes de la zona y organizaciones que se oponen al proyecto en la ruta que une Santa Bárbara y Alto Biobío y frente al edificio de la Municipalidad de Santa Bárbara.
Además la activista criticó la pasividad que han mostrado las autoridades del municipio de Santa Bárbara.
“Se sentaron como cuatro veces de esos cinco meses ha dialogar con nosotros y decirnos las mismas cosas de siempre y nunca hubo una respuesta concreta o que diera algo seguro por ejemplo ahora hemos visto por un medio local que el alcalde menciona un recurso de protección pero por qué no lo puso hace cinco meses”, acusó Valentina Riffo.
La obra a cargo de la empresa Rucalhue Energía SpA -cuyo controlador es la empresa china International Water and Electric Corporation y cuya Resolución de Calificación Ambiental data del 26 de abril de 2016- tiene por objetivo «la materialización de obras para permitir la generación de electricidad mediante el uso de los recursos hídricos de los ríos Biobío y Quilme», según la descripción de la ficha de proyecto del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El proyecto detalla que «la energía generada por el proyecto se conducirá hasta el SIC (Sistema Interconectado) mediante una línea eléctrica que se conectará a la línea de doble circuito 2x220kV Angostura – Mulchén (que ya cuenta con RCA N°261-2011 favorable). Para lo anterior el sistema de trasmisión de la Central Rucalhue estará compuesto por una subestación elevadora 13,8/220kV a la salida de la Casa la Maquina (en adelante Subestación Eléctrica), una línea de alta tensión de 1,5 km en 220 kV de doble circuito la que terminará en la línea de Angostura – Mulchén».
Algunas de las organizaciones que se han opuesto a que este proyecto vea la luz son la ONG We Kimun, Semillas de Lirken, Somos Biobío, Movimiento Autoconvocado de Santa Bárbara, Mulchén Consciente, entre otras.
Concretamente, piden que este proyecto no se ejecute y que se revise la RCA del mismo, considerando el grave impacto que podría generar en el caudal de los ríos Quilme y Biobío y a la geomorfología local. «El planteamiento fundamental de estas organizaciones, es que este proyecto no se ejecute», comenta a El Mostrador Janny Figueroa, directora ejecutiva de la ONG We Kimun.
«En el río Quilme es el primer proyecto que está en proceso de construcción, no hay otro antes. Sin embargo, toda la afectación a la cuenca hídrica del Biobío afecta a todos los ríos que son parte de la conexión del Biobío», dice Figueroa.
«Este es un proyecto que va a afectar al río Biobío y también al río Quilme (…) nosotros hemos ido planteando algunos cuestionamientos respecto a las afectaciones, en lo que tiene que ver con la fauna, con las especies de árboles, (porque) hay algunos árboles que están protegidos que también van a ser afectados con la construcción de este proyecto», agrega.
Las comunidades presentaron una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente hace más de dos meses, pero hasta la fecha, el organismo no ha respondido. «La denuncia que nosotros estamos haciendo tiene relación con los impactos ambientales que tiene el proyecto sobre el caudal del río y la geomorfología local. Cuando se evaluó este tema, el estudio de impacto ambiental que ellos presentaron señala que sus obras consideran un impacto acumulativo en las variaciones del caudal del río».
«Los impactos sobre el caudal y la geomorfología del río fueron calculados por la empresa hace cinco años, por lo que el impacto de sus obras y las medidas de mitigación y compensación deben ser reevaluadas, atendiendo principalmente la situación actual del río Biobío, cuyo caudal ha disminuido notoriamente no solo por el cambio climático, sino que también por la ejecución de otros proyectos de inversión energéticos que están operando en la misma cuenca».
Para graficar la gravedad de la situación, la directora ejecutiva de We Kimun argumenta que «el año pasado hubo al menos 23 episodios documentados, entre el 18 de marzo y el 17 de abril, de incumplimiento de lo que es el caudal biológico mínimo. Ahí tenemos información fidedigna de cual es el impacto que están teniendo los otros proyectos en la zona y cómo este nuevo proyecto vendría a agudizar esa situación, llegando a los valores mínimos que tienen que tener los embalses. Hay una serie de documentación que se ha hecho para poder medir estos caudales ecológicos, y claramente este proyecto viene a agudizar la situación».
Los grupos ambientalistas también sienten preocupación por el impacto que la Central Hidroeléctrica Rucalhue podría generar en la biodiversidad. Al respecto, Janny Figueroa explica que «hay un impacto en la biodiversidad, especies que están en peligro de extinción que existen en la zona, y eso se lo hemos planteado a la Conaf. Tenemos también la identificación de algunos peces que son autóctonos de esta zona y que también estarían siendo afectados por el proyecto».
«Ya el río Biobío está profundamente afectado por las otras represas, y esto viene a sumarse y a agudizar la situación que viene ocurriendo hace varios años. Hay otros proyectos que se están estudiando en la zona, ya se presentaron y entendemos que están en proceso de análisis, lo que vendría a agudizar todo este problema que nosotros tenemos», agrega.
Finalmente, Figueroa comentó que «nosotros creemos que hay razones más que suficientes para que se modifique la Resolución de Calificación Ambiental y se revisen los impactos ambientales actuales, que no son los mismos de cinco años atrás. Hay harta documentación que así lo indica».
La central Hidroeléctrica Rucalhue contempla una inversión de 240 millones de dólares. El proyecto «contempla una etapa de construcción de 30 meses, dentro de los cuales los primeros 14 meses de construcción se realizan sin la intervención del río. En ese tiempo las estructuras más importantes, casa de máquina y cuatro de las siete compuertas, son construidas. En los meses siguientes, se termina por construir las tres compuertas faltantes, así como el muro de cierre».
«Uno de los beneficios propuestos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, es que la totalidad de la tributación municipal sea realizada directamente en las comunas de Quilaco y Santa Bárbara, con un porcentaje de 50% para cada comuna. Además de este importante beneficio, se está trabajando con la comunidad para lograr compromisos que generen un impacto real y positivo en sus comunidades», sostienen.
Y agregan que «estas conversaciones ya han dado importantes resultados como, por ejemplo, el acuerdo firmado con la comunidad de Rucalhue para implementar obras y programas en su localidad».
La empresa Rucalhue Energía asegura que la altura de la central no sobrepasará los 21 metros, insertándose dentro del propio cauce del río, disminuyendo así su impacto visual. Además se comprometieron a incorporar a lo menos 30% de la mano de obra requerida con vecinos de la zona.
Sin embargo, ninguno de estos factores ha sido motivo suficiente para que las comunidades den el visto bueno a la Central Hidroeléctrica Rucalhue. De hecho, pretenden llevar este caso a instancias judiciales. «Queremos llegar a todas las instancias posibles. Vamos a ver la respuesta de la Superintendencia, pero de ahí en adelante nosotros también estamos en un proceso de elaboración de un documento formal, técnico, que va a mostrar estos cambios en el caudal y cómo el impacto de una nueva central hidroeléctrica vendría a acrecentar todo el daño ecológico y ambiental que se ha hecho a esta zona», sentenció.