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Decisiones tomadas desde Santiago en desmedro de los informes técnicos, intervención arbitraria de los reportes, intentos de excluir a la Conaf del expediente, el desconocimiento del criterio de no intervención hasta agotar los recursos judiciales en trámite, la expulsión –tras un sumario administrativo– de un profesional por denunciar la situación y la supervigilancia que ejerció del Ministerio de Economía en temas propios del Servicio de Evaluación Ambiental, son algunas de las irregularidades en torno a la tramitación del polémico proyecto minero-portuario Dominga, que han denunciado recientemente tanto funcionarios del Servicio Evaluación Ambiental y de la Conaf, como de las Asociaciones Gremiales de Fiscalizadores Pesqueros y la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente. Se intervino el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), de tal manera que el documento técnico que siempre emite el SEA a las comisiones para recomendar la calificación del proyecto fuera de «aprobación favorable». El punto es que –tal como lo señalan los funcionarios del SEA–, de no haberse realizado dicha intervención, la opinión técnica que habría salido del equipo regional sería la recomendación de una “calificación ambientalmente desfavorable” del proyecto, es decir, de rechazo. Para la minera de la familia de Carlos Alberto «Choclo» Délano, las acusaciones «tienen un cariz político. Por ello, las lamentamos, ya que son ajenos a la institucionalidad a la cual todo proyecto debe someterse para definir si obtiene o no su RCA, con la cual nosotros ya contamos».
Decisiones tomadas desde Santiago en desmedro de los informes de regiones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), intervención de los reportes, intentos de excluir a la Conaf del expediente, el desconocimiento del criterio de no intervención hasta agotar los recursos judiciales en trámite, la expulsión de un profesional por denunciar la situación tras un sumario administrativo, la vigilancia del Ministerio de Economía y la dependencia de los evaluadores de otras reparticiones.
Todos estos hechos son parte de la trama de la tramitación ambiental de la minera que la familia de Carlos Alberto «Choclo» Délano –amigo personal del Presidente Sebastián Piñera– intenta instalar en la Región de Coquimbo, con un proyecto por US$2.300 millones, en una zona de alta biodiversidad, de la mano de una institucionalidad ambiental débil frente a las presiones políticas.
Las denuncias se multiplicaron después que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo, integrada exclusivamente por funcionarios designados por Santiago, tras una petición de la minera, aprobara el proyecto por 11 votos contra 1, el pasado 11 de agosto. En una muestra de la injerencia política, incluso votó a favor el Seremi de Agricultura, cuyos profesionales de Conaf habían rechazado el proyecto en sus informes técnicos. Fue por eso que, tras la votación, los sindicatos de ambos servicios publicaron sendas declaraciones donde expusieron las irregularidades.
La situación es tan grave que los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que hablan derechamente de «injerencia política», evitan pronunciarse abiertamente en este reportaje sobre el tema por temor a represalias y remiten a los comunicados de sus gremios.
Les sobran los motivos. El SEA ya cursó un primer sumario administrativo, luego que en 2017 un grupo de profesionales denunciara las irregularidades en una carta pública. Y aunque el mismo concluyó con sobreseimiento en 2018, fue percibido como una maniobra de amedrentamiento por parte de los funcionarios. De hecho, uno de los denunciantes, evaluador de Dominga, después fue despedido, supuestamente por otro tema, y debió entablar una larga batalla para ser reincorporado en 2020.
En el SEA, la mayoría de los funcionarios trabajan a contrata, es decir, deben renovar sus contratos laborales a fin de año. Esto los hace muy vulnerables a los dictados de las jefaturas, que llegan por Alta Dirección Pública (ADP). Aunque no es el único caso, Dominga es, para los trabajadores, un caso paradigmático de la tensión que surge cuando choca la labor profesional de los técnicos, a la hora de evaluar un proyecto, con las instrucciones de las direcciones, digitadas por intereses económicos y políticos.
Las denuncias de acomodos y ocultamiento de información vienen surgiendo desde el inicio mismo de la tramitación ambiental en 2013, durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Según los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, los informes que presentaba Dominga eran –entonces– «tan deficientes que muchos creían que ni siquiera debía ser tramitado».
Por ejemplo, en el expediente, la minera llegó al punto de decir que “en el área de influencia del Proyecto Dominga no existen áreas bajo protección oficial o sitios prioritarios», según consta en un oficio de Conaf de 2013. Sin embargo, no solo hay uno, sino dos: la Reserva Marina Islas Choros y Damas, y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
En otro aspecto elemental, el proyecto no consideraba a la comuna de La Serena desde y hacia donde se desarrollaría la actividad de transporte de personal. Aun así, fue admitido a trámite.
En 2016, ya en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, los profesionales de ambos servicios coincidían en que el expediente de la minera carecía de información «esencial y relevante». Sin embargo, debieron comprobar que el proyecto seguía adelante porque las presiones políticas eran transversales, sin importar color político el Gobierno.
Un ejemplo de lo anterior es que, cuando la iniciativa fue rechazada por la Coeva y el Consejo de Ministros en 2017, renunció el entonces ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, que apoyaba el proyecto ante Bachelet.
Tras el traspié, sin embargo, la minera no se dio por vencida. Apeló al Primer Tribunal Ambiental, que en 2018 determinó que el proyecto se volviera a votar. Y con la elección de Piñera a fines de ese año, el proyecto adquirió nuevos bríos.
Bajo el segundo mandato de Piñera la presión por aprobar el proyecto continuó. Ya en la misiva de denuncia de 2017, los profesionales del SEA habían acusado, por ejemplo, «las intervenciones» del Departamento de Soporte Estratégico, que «no se limitan a colaborar en nuestra gestión, sino que también a dirigirla, con presiones para acortar los plazos de evaluación».
Como los informes enviados desde regiones seguían siendo desfavorables, de acuerdo a los organismos técnicos encargados de su evaluación, se incrementaron las intervenciones desde Santiago, donde prácticamente la tramitación se realizó sin tomar en cuenta las opiniones del nivel regional.
De hecho, uno de los documentos clave, el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA), «fue elaborado prácticamente desde el nivel central, sin participación del equipo evaluador», según denunciaron los funcionarios del SEA en 2021.
«Las decisiones finales son tomadas por las autoridades, las cuales en muchos casos son diferentes o incluso contrarias a los planteamientos técnicos y jurídicos del funcionariado, imponiéndose por mera jerarquía», señalan los funcionarios del SEA en su declaración pública de este año.
Peor aún, «el nivel central elaboró un informes de rectificación (ICSARA) no acordado ni con participación de esta Dirección Regional, señalándose expresamente que no podíamos incorporar ni editar nada de ese ICSARA». Esto causó que, a su juicio, el SEA Regional quedara desacreditado frente a los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECAS)”, se quejaron.
Posteriormente, acusan que habiendo llegado la respuesta del titular a ese ICSARA,
se intervino el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), de tal manera que el documento
técnico que siempre emite el SEA a las Comisiones para recomendar la calificación del
Proyecto fuera de “aprobación favorable”. El punto es que, tal como la misma carta de los
funcionarios lo señala, de no haberse realizado dicha intervención la opinión técnica que
hubiera salido del equipo regional es la recomendación de una “calificación
ambientalmente desfavorable” del Proyecto, es decir, de rechazo.
De manera similar, para profesionales de Conaf, se tramitó un Estudio de Impacto Ambiental que fue elaborado con información insuficiente, que no alcanza la condición establecida por la legislación de contener información esencial y relevante para su evaluación. «Es de mala factura», aseguran.
Señalan que el titular del proyecto no levanta adecuadamente las líneas de base de los diversos componentes ambientales a impactar, lo que implica un desconocimiento o al menos una minimización de los impactos que el mismo genera.
A todo lo anterior se suman las irregularidades con otro documento central en cualquier proyecto, la adenda, que funciona como un texto agregado.
Así lo señalan los funcionarios de la Conaf consultados por este tema. Específicamente, destacan la excesiva cantidad de adendas (4) que la minera pudo presentar ante el sistema, a objeto de lograr un informe de calificación favorable.
En la actualidad, en cualquier proyecto solo se admiten dos adendas y una complementaria, pero para este proyecto no fueron aplicables, exponen los trabajadores.
Asimismo, afirman que hubo evidente irregularidad en aceptar, a partir de la adenda 3, la incorporación de la actividad de transporte marítimo en donde la empresa reconoce que la actividad naviera forma parte del proyecto y no son “actividades aisladas desarrolladas por terceros”.
Para los profesionales de la Conaf, «acá claramente hubo fragmentación del proyecto, lo cual está expresamente prohibido por la Ley 19.300».
Los reparos de Conaf también fueron técnicos, y le valdrían un duro enfrentamiento con la jefatura política del SEA.
Por ejemplo, uno tuvo relación con la afectación de vegetación de alto valor en el medio terrestre, en donde Dominga no reconocía la presencia de bosques nativos y bosques nativos de preservación en el área de influencia directa de las actividades terrestres, como lo son los depósitos de estériles y relaves.
Otro era la «eliminación completa» del hábitat de la cactácea endémica Pyrrhocactus simulans, que se encuentra en peligro crítico de extinción y cuya distribución abarca 150 km2, pero cuya área de ocupación efectiva se estima que es inferior a 10 km2. Su hábitat se ubica completamente en el interior de lo que vendría siendo el área mina, con sus dos rajos a cielo abierto.
Por expresar sus reparos claramente desde el principio, la Conaf no saldría indemne. Específicamente, las autoridades del SEA en Santiago ordenaron no considerar el pronunciamiento de la Corporación Nacional Forestal en el último ICSARA, supuestamente porque la entidad forestal no tenía las atribuciones técnicas para pronunciarse respecto del ámbito marino del proyecto. No solo eso: incluso la jefatura del SEA intentó excluir a Conaf del expediente, y solo dio marcha atrás cuando la institución se quejó en un oficio.
Las irregularidades además incluyen el tema judicial. Los trabajadores mencionan que usualmente el SEA no persevera en el procedimiento de evaluación de proyectos que se encuentran con tramitaciones judiciales pendientes.
En el caso de Dominga, hay recursos pendientes ante la Corte Suprema. Aún así, Piñera instruyó al delegado presidencial Pablo Herman para convocar a la Coeva de Coquimbo y aprobar el proyecto.
Sin embargo, la excepcionalidad de Dominga no termina en los vicios en la documentación o tramitación. También hay dos claros ejemplos de intervención ministerial.
Uno data de 2019. Ese año, comenzó el «trabajo conjunto» –como dicen los funcionarios no sin ironía– del SEA con el Ministerio de Economía, específicamente su Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (Oficina GPS) .
«¿Por qué algunos proyectos en evaluación reciben un seguimiento especial por sobre otros? ¿Debe el SEA, como organismo responsable de la evaluación ambiental de proyectos, trabajar de manera directa y permanente para reportar seguimiento a otras entidades públicas que les interesa promover la inversión? ¿Qué consecuencias tiene que algunos proyectos tengan seguimiento especial en su evaluación ambiental?», se preguntan los trabajadores en su declaración de 2021.
A esto se suma otra modalidad cuestionable, y es que los ministerios de Economía y Energía –con sus propias agendas en el marco de proyectos de inversión– han entregado fondos para la contratación de personal a honorarios en el SEA.
Es decir, que los profesionales evaluadores ya no dependen económicamente del SEA, sino de una tercera entidad que eventualmente aboga por los proyectos a evaluar. Una situación que la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea) rechaza y ha denunciado muchas veces.
Todo esto explica que, tras la decisión de la Coeva del 11 de agosto, los sindicatos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), así como la Federación de las Asociaciones Gremiales de Fiscalizadores Pesqueros del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Afipes) y la Federación Nacional de Trabajadores Públicos del Medio Ambiente (Fenatrama), rechazaran públicamente el proyecto.
Fue «una decisión apurada, debido a la finalización del periodo de este Gobierno, que está determinada por intereses políticos y económicos. Tiene la intención de marcar un hecho político tratando de presionar la decisión de la Corte Suprema, dejando una presión adicional al próximo Gobierno que vaya a asumir», comenta Francisco Cabrera, presidente de Fenatrama.
«Consideramos que Dominga no es un proyecto ambientalmente sustentable, impacta irreversiblemente la viabilidad de las especies y ecosistemas en régimen de conservación, además, ninguna de las medidas condicionantes propuestas son equivalentes a la pérdida de diversidad biológica de la zona», manifestó el Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal (Sinaprof-Conaf) el 12 de agosto, un día después que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo aprobara el proyecto.
Para la Afipes, durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, la minera presentó «una línea de base marina incompleta e insuficiente, que no da cuenta de la riqueza de especies presentes, ni de las condiciones oceanográficas del área que permiten su sobresaliente biodiversidad y productividad. De igual manera, se negó a incorporar en su área de influencia a las áreas protegidas que están cercanas al proyecto en cuestión, desconociendo toda responsabilidad de los impactos que su operación podría generar sobre la Reserva Marina Islas Choros y Damas, la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, y las especies protegidas que ahí habitan», según una declaración del 17 de agosto.
La minera Dominga, consultada al respecto, sostiene que las declaraciones que han aparecido a nivel de sindicatos y funcionarios «nos parecen que tienen un cariz político y no técnico. Por ello, las lamentamos, ya que son ajenos a la institucionalidad a la cual todo proyecto debe someterse para definir si obtiene o no su RCA, con la cual nosotros ya contamos».
«El análisis del Estudio de Impacto Ambiental de Dominga duró casi cuatro años, fue revisado por más de 30 instituciones públicas y concluyó con un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable, en el cual se recomendó la aprobación del proyecto. Todas las instituciones de las cuales forman parte estos funcionarios, participaron en el proceso», asegura.
También recordó la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que señaló de manera unánime en su fallo de abril pasado, en su considerando cuadragésimo tercero, que “de la revisión del ICE se aprecia con total claridad que el proyecto cumple con el estándar científico-técnico, en lo que respecta a la completitud de la línea de base del medio marino, incluida las rutas de navegación. Así las cosas, estos sentenciadores concuerdan con el razonamiento del SEA de la Región de Coquimbo en orden a concluir que los antecedentes presentados por el Titular del proyecto durante el proceso de evaluación ambiental son suficientes para evaluar los impactos de este proyecto, resultando idóneas las medidas presentadas de acuerdo a las características del área de influencia y la magnitud de los impactos”.
«Las sensibilidades políticas son legítimas, pero ellas quedan en el ámbito de la opinión, ya que el proceso técnico e institucional fue claro, profundo y categórico», asegura la empresa.
Finalmente, para terminar con este tipo de situaciones, los funcionarios ambientales esperan que haya una reforma legal, con el fin de que su servicio tenga una autonomía similar a la Contraloría. Esto incluye que se transformen en funcionarios de planta, para evitar amenazas de despido por realizar su trabajo profesional.
«La legislación ambiental es absolutamente insuficiente para los tiempos actuales. En Chile se cumple la normativa, pero esta es aún muy débil o laxa en algunas materias», asegura Cabrera, el presidente de la Fenatrama.
A su juicio, lo principal que se debe corregir, actualizar o incorporar en la legislación ambiental, es profundizar el proceso de participación ciudadana (PAC). En la actualidad la PAC es de «baja intensidad», es decir, es una participación ciudadana que se restringe fundamentalmente a entregar información, siendo necesario pasar a una PAC en donde los territorios y sus organizaciones representativas tengan incidencia directa en el proceso de evaluación y en la calificación de los proyectos.
También «se debe profundizar el proceso de descentralización y que sean las propias localidades las que vayan determinando los proyectos que se instalarán en los diferentes territorios. Es necesario eliminar el Comité de Ministros como una instancia centralizada y política que tergiversa la decisión regional. Debiera realizarse una clara diferenciación entre lo técnico y lo político. Sin eliminar lo político esta debiera ser una instancia que se diferencie de lo técnico, y terminar con el maquillaje de decisiones políticas como si tuvieran fundamentos técnicos».
«Otro punto importante es la necesidad de ordenar los territorios. Hasta el momento la instalación de los proyectos sigue la tendencia de la economía de mercado. Es el precio de la tierra o es el precio de los bienes los que mandan el interés de los inversionistas. Se requiere que todo el territorio esté planificado y ordenado según sus usos significativos de acuerdo al valor de su biodiversidad, de la necesidad de conservación de ciertos espacios territoriales, la riqueza de su flora y fauna», concluye.
Todo esto, para que las irregularidades de igual o mayor envergadura no se repitan en el futuro.
