CULTURA
Crédito: ATON
Pese a que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo calificó favorablemente el proyecto, en agosto pasado, en un vuelco que motivó duras críticas del mundo político y ambientalista, la iniciativa sigue su curso en la justicia. Existen 5 recursos de casación de las comunidades, que se encuentran en fase de admisibilidad, y en ese contexto el INDH elaboró un informe en derecho o Amicus Curiae, el cual se enfoca en los alcances del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y los deberes del Estado relativos a dicha obligación; Empresas y Derechos Humanos; Consulta indígena y Estándares sobre tierras y territorios indígenas.
La batalla en tribunales por el Proyecto Minero Portuario Dominga sumó una nueva arista luego que el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) decidiera entregar un informe en derecho, Amicus Curiae, ante la Corte Suprema, en la causa sobre recursos de casaciones en el polémico proyecto de la empresa Andes Iron, controlada por la familia Délano.
Para el INDH existen varios aspectos de protección a los derechos humanos involucrados en esta decisión, no solo la conservación del medio ambiente. La presentación del escrito Amicus Curiae busca entregar la opinión jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la causa, para que el máximo tribunal lo considere en su resolución, en caso de que los considere pertinentes, señala el organismo.
«La presentación tiene por objetivo ilustrar los alcances del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y los deberes del Estado relativos a dicha obligación; Empresas y DDHH; consulta indígena y los estándares sobre tierras y territorios indígenas, para que este Excelentísimo Tribunal lo considere en su resolución», expresa el documento.
Por ejemplo, en cuanto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el escrito del INDH recuerda la misma jurisprudencia sentada por la Corte Suprema, en fallos donde plantea que es “un derecho que no tiene una naturaleza meramente individual, sino también colectiva, debiendo incluso considerarse las afectaciones a las generaciones futuras”.
Además, el documento precisa que “en materia medio ambiental no solo es importante el rol del Estado y las empresas de su propiedad, sino también el que juegan actores no estatales, como las empresas privadas”, pero advierte que “una deficiente evaluación ambiental, eventualmente generará lagunas en el acto regulatorio –en este caso la RCA–, lo que a su vez repercutirá en la inobservancia de los derechos humanos de las comunidades aledañas, presentes en el área de influencia”.
Y en materia de consulta indígena, el informe plantea que «corresponde al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, no obstante la plena vigencia del derecho de consulta, establecer mecanismos institucionalizados que permitan garantizar un procedimiento adecuado que dé plena certeza a los pueblos concernidos bajo los principios desarrollados por el derecho internacional de derechos humanos. Estos procedimientos deben ser establecidos previa consulta con los pueblos indígenas, disponiéndose de un clima adecuado que genere confianzas entre los interlocutores».
Dominga, de Andes Iron SpA, es un proyecto minero valorado en US$2.500 millones, diseñado para producir hierro y secundariamente concentrado de cobre, el que que ingresó a evaluarse ambientalmente el 13 de septiembre de 2013 bajo el formato de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Sus obras o acciones se encuentran proyectadas en las comunas de La Higuera, La Serena y Coquimbo.
Su Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ha sido compleja, con aprobaciones y rechazos. En agosto pasado, en nueva votación, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo calificó favorablemente el proyecto, en un vuelco que motivó duras críticas del mundo político y ambientalista.
En este contexto, existen cinco recursos de casación de las comunidades y que se encuentra en fase de admisibilidad. Es en esta causa en la que el INDH presenta su informe en derecho o Amicus Curiae.
El año 2017, la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Dominga. Frente a esta decisión, la empresa Andes Iron SpA recurrió al Comité de Ministros.
El Comité de Ministros –integrado por los ministros de Minería, Agricultura, Energía, Economía, Salud y presidido por Medio Ambiente–, revisó las reclamaciones al proyecto, resolviendo rechazar la del titular –la empresa Andes Iron–, y acoger parcialmente los recursos de reclamación de participación ciudadana, por considerar que las medidas de mitigación, compensación y reparación no son apropiadas para hacerse cargo de los impactos significativos del proyecto.
En diciembre de ese mismo año, Andes Iron SpA entabla un recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, alegando que el rechazo de Dominga habría sido ilegal.
Luego, en abril de 2021, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta resolvió acoger la reclamación judicial interpuesta por la empresa Andes Iron en contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el rechazo del proyecto minero Dominga (R-1-2017).
La sentencia anuló la resolución del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo, que calificó de manera desfavorable el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto y ordenó retrotraerlo a la etapa de votación. Sin embargo, el miércoles 11 de agosto de 2021, en una nueva votación, la Coeva calificó favorablemente, por 11 votos a favor y 1 en contra, el proyecto.
Revisa el informe en derecho aquí.
