CULTURA
Actualmente, «las grandes empresas presentan planes de manejo a CONAF por superficies inferiores a 500 hectáreas, y con lo especificado en el Decreto Nº40, eluden su ingreso al SEIA. De esta manera, las explotaciones forestales industriales no someten sus proyectos de explotación forestal a evaluación ambiental», según una misiva de científicos. Esta semana se votará en la Comisión de Agricultura del Senado proyecto de ley que permitirá que el sector forestal cumpla con mejores estándares ambientales y de transparencia hacia la ciudadanía.
Con una carta dirigida al Senado, científicos de Sociedad de Ecología de Chile, Sociedad de Botánica de Chile, IALE, CAPES, y el Centro del Fuego y Resiliencia de Socioecosistemas de la Universidad Austral de Chile, buscan hacer un llamado para que los proyectos de desarrollo o explotación forestal industrial en cualquier tipo de suelo ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
En su carta, los firmantes explican los impactos y riesgos ambientales asociados a las plantaciones forestales industriales sobre la biodiversidad, disponibilidad de agua, el suelo, el paisaje y los incendios.
Además, frente a la decisión de la Comisión de Agricultura del Senado, que especifica que la cosecha final a tala rasa sería sometida a evaluación ambiental solo cuando se intervengan superficies únicas o continuas mayores a 250 hectáreas anuales, los científicos explican que esto restringe la evaluación ambiental exclusivamente a la cosecha final a tala rasa, excluyendo de la evaluación otras actividades susceptibles de causar impacto ambiental, como la forestación.
“Por otra parte, esta indicación no genera el efecto deseado, y se mantendría la elusión del SEIA de las grandes empresas, que, según cifras proporcionadas por CONAF, presentan en promedio planes de manejo de 143 hectáreas”, afirmaron.
En Chile, las plantaciones forestales cubren más de 3,1 millones de hectáreas. Más del 77% del total de esa superficie se concentra en las regiones de Biobío, La Araucanía y Maule, y más de la mitad del total de la superficie pertenece a dos grandes empresas forestales, según la misiva.
«El cambio climático profundiza los efectos de las plantaciones forestales sobre la disponibilidad de agua, y las sequías y olas de calor las vuelven aún más susceptibles a incendios forestales. Por lo tanto, se hace aún más necesaria la evaluación de los riesgos e impactos ambientales asociados a la actividad forestal», señala.
Actualmente, «las grandes empresas presentan planes de manejo a CONAF por superficies inferiores a 500 hectáreas, y con lo especificado en el Decreto Nº40, eluden su ingreso al SEIA. De esta manera, las explotaciones forestales industriales no someten sus proyectos de explotación forestal a evaluación ambiental».
«En consecuencia, no consideran medidas de mitigación, compensación y reparación de sus impactos ambientales ante la ciudadanía y los servicios del Estado. Tampoco sus actividades están sujetas al monitoreo y mediciones periódicas de variables de seguimiento como parte del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA)».
