CULTURA
El académico de la U. de Chile y director ejecutivo de la ONG FIMA, manifestó su confianza en la independencia del Poder Judicial, en vista de los recursos interpuestos para impedir el proyecto minero-portuario. “La Corte Suprema no solo tiene una independencia formal respecto de los demás poderes del Estado, sino que en los hechos lo ha demostrado permanentemente”, indicó. Este camino judicial corre “en paralelo a lo político, que tiene su propia gravedad”, subraya, añadiendo que en la valoración que hace la ciudadanía respecto al proyecto y todo lo que lo ha rodeado, “el daño es muchísimo mayor que el beneficio”. El especialista –que acaba de publicar su libro «Por una Constitución ecológica»–, además se manifestó optimista respecto al trabajo de la Convención Constitucional y sostuvo que con una futura Carta Magna “probablemente sigamos teniendo conflictos socioambientales”, como Dominga, “pero en la medida que tengamos una forma diferente de tratar a la naturaleza, valoremos los cuidados, se genere una distribución más adecuada del poder y tengamos una visión sistémica de los efectos de nuestras actividades, creo que dichos conflictos serán menos y menos graves”.
El abogado, académico de la U. de Chile y director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, manifestó su confianza en la independencia del Poder Judicial respecto al Gobierno, en el marco de la disputa por la aprobación del polémico proyecto minero-portuario Dominga.
Costa destacó que el caso es un buen ejemplo de los problemas sociales de Chile –con temas que cruzan la discusión, como la contaminación, y los privilegios–, al tiempo que espera que la futura Constitución impida la repetición de este tipo de situaciones.
Además rechazó la dicotomía entre crecimiento y medio ambiente, al señalar que el «desarrollo armónico requiere de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado».
El experto en derecho ambiental acaba de presentar su libro Por una Constitución ecológica (Editorial Catalonia).
-¿Cómo ve la situación de la minera Dominga, en vista de la acusación constitucional con Piñera? ¿Influirá el tema político en el judicial?
-No creo que el tema político influya en lo judicial, la Corte Suprema no solo tiene una independencia formal respecto de los demás poderes del Estado, sino que en los hechos lo ha demostrado permanentemente. El rechazo que se hizo de Dominga en su momento por el Comité de Ministros es un acto que tiene un fundamento jurídico y técnico más que suficiente, por lo que creemos que la Corte Suprema va a anular el fallo del Primer Tribunal Ambiental que le dio nuevamente posibilidades de desarrollo al proyecto minero.
Eso se dará en paralelo a lo político, que tiene su propia gravedad.
-Este proyecto lleva diez años. ¿Por qué cree que este proyecto ha causado tanta conmoción en la opinión pública?
-Es un caso que tiene mucho para mirar, más allá de lo jurídico.
Primero, es un proyecto que ha generado muchas dudas en torno a cuestiones de probidad, desde sus inicios, por su el nexo entre el financiamiento ilegal de la política por parte de Penta y sus controladores, a su vez controladores de Andes Iron (dueña de Dominga). Esas dudas de probidad inicial regresan de forma muy fuerte ahora por el caso del Presidente Piñera y los Pandora Papers.
Además, es un proyecto que se quiere realizar en un lugar cuyo valor ambiental es único y con una biodiversidad muy especial. A muchos nos mueve eso, la protección de la vida y de la naturaleza. Es una zona conocida por su valor ecológico a nivel mundial, donde una mina y un puerto no debieran tener cabida.
Por otra parte, esa mixtura de hechos es muy representativa de los problemas sociales de Chile. El beneficio de personas en posiciones de privilegio, en este caso el mejor amigo del Presidente, que se ve beneficiado en contra de la protección del bienestar general actual y futuro.
Hasta no hace mucho, el solo hecho de que parte del beneficio privado fuera a ser repartido –como pago por el trabajo de personas o como impuestos o como dádivas de otros tipos– era argumento suficiente y se miraba en menos la realidad ambiental y social de largo plazo.
Afortunadamente ya no es así, pues en la valoración que hace la ciudadanía, el daño es muchísimo mayor que el beneficio. Es un daño que se va acumulando y que nos deja en la posición de crisis climática y ecológica en la que estamos.
-¿Cómo se podría vincular su último libro, Por una Constitución ecológica, con este caso?
-Precisamente, porque la idea de tener una Constitución Ecológica responde a la urgencia de hacer frente a la crisis climática y ecológica.
Entre otras cosas, eso requiere una mirada sistémica del derecho en sí mismo, y de la forma en que el derecho trata a la naturaleza, cuestiones que significan un esfuerzo muy importante del derecho, que debiera partir con normas constitucionales adecuadas.
En concreto, hay propuestas como los derechos de la naturaleza y la autonomía de los órganos de la institucionalidad ambiental, que cambiarían de manera significativa las variables que llevan a conflictos como Dominga. Un proyecto como este, en un lugar como ese, no se puede realizar si uno cree efectivamente en el valor inherente de la naturaleza, y los conflictos de interés si hay autonomía institucional. Los mismos funcionarios de los organismos ambientales se han referido a ello, pues su visión técnica termina siendo omitida a la luz de consideraciones «políticas», cuestión que pongo entre comillas porque no podemos calificar de político al favorecimiento de intereses particulares, como podría haber ocurrido en el caso.
-¿Cree que con una nueva Constitución, que tome más en cuenta el tema ecológico, se podrán evitar futuras «Dominga»?
-Probablemente sigamos teniendo conflictos socioambientales, pero en la medida que tengamos una forma diferente de tratar a la naturaleza, valoremos los cuidados, se genere una distribución más adecuada del poder y tengamos una visión sistémica de los efectos de nuestras actividades, creo que dichos conflictos serán menos y menos graves.
-Con frecuencia se presentan al crecimiento y el medio ambiente como antagonistas, ¿cómo se pueden compatibilizar ambos?
-La métrica del crecimiento es inadecuada en sí misma, si es que pretendemos crecer ilimitadamente con base en la explotación de bienes naturales que son limitados. Mirar los límites de la naturaleza es algo evidentemente necesario, que se ha venido diciendo desde los años 1970 por la ciencia.
Otra cosa es el desarrollo y la búsqueda del bienestar de la población del país, cuestión que evidentemente tenemos que perseguir y que no me parece que tengan un antagonismo con la protección ambiental.
Por el contrario, un desarrollo armónico requiere de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, de la misma forma, el bienestar en sus múltiples manifestaciones también requiere de un medio ambiente cuidado. Hay que trabajar desde esa base y así lo han venido haciendo diferentes grupos académicos y políticos, precisamente para plantear la manera en que transitaremos desde esta estructura económica-social a la siguiente.
Esa siguiente estructura es la discusión actual, donde hay mucho por definir y disputar, pero hay una base esencial para cualquier visión: no puede continuar la senda destructiva de la naturaleza, que hemos traído hasta ahora. Es esa misma base la que debiera ser puesta por una Constitución ecológica.
-¿Qué lineamientos ecológicos básicos debe tener la futura Constitución, a su juicio? ¿Cuáles son sus expectativas al respecto?
-Lo esencial es que se haga explícito que uno de los fines por los que nos organizamos como sociedad, es para proteger el territorio en el que vivimos, y que ese territorio está compuesto por ecosistemas y culturas que tienen su propio valor. Hacer eso explícito significa generar las normas que contengan la idea, cuestión que debiera ser transversal a la Constitución, con principios, derechos, instituciones y organismos que permitan darle cuerpo a lo antes planteado.
Elementos básicos son la idea de justicia ambiental e intergeneracional, el principio de acción climática, el buen vivir, derecho al agua, al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y los derechos de acceso en materia ambiental. Reconocer el valor inherente de la naturaleza mediante los derechos de la naturaleza y generar instituciones que protejan todo lo anterior, como una Defensoría de la Naturaleza y organismos de administración con base ecosistémica.
Tengo buenas expectativas, creo que en la Convención Constitucional –y también en la ciudadanía– hay un acuerdo políticamente transversal respecto a la necesidad de una Constitución ecológica. Se ve, por ejemplo, en la declaración de emergencia climática y ecológica, aprobada de manera casi unánime y solo quedando fuera la extrema derecha, que sabemos no cree en la ciencia ni en la dignidad humana y, asimismo, desprecia la vida en general.
-¿Qué constituciones incorporan el tema ecológico y podrían ser un referente para Chile?
-No hay ninguna Constitución que por sí misma me parezca suficiente en términos de referente. Hay elementos importantes en muchas constituciones, como en las de Alemania, Francia, Costa Rica, Ecuador y Colombia, por nombrar algunas. Probablemente la de Ecuador sea la que más tengamos que mirar en algunos puntos novedosos, como los derechos de la naturaleza, pero en general el constitucionalismo latinoamericano y el derecho del siglo XXI van en este camino, ecologizándose. Esta es la forma.
