CULTURA|CIENCIA
Se trata de uno de los casos más paradigmáticos en materia medioambiental y que lleva veinte años de debate. «Está planteando la idea de que, por no haber materializado el proyecto, no habría impactos, por lo que cabe un plan de cierre más acotado. Se trata de un intento burdo, cuyo plan acaba de presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental, de irse sin un manejo de las aguas que contaminó y sigue contaminando», denunció la Asamblea por el Agua del Guasco Alto. Según esta, la empresa Barrick Gold presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un plan de cierre modificado, cuyo fin último es cerrar el sistema de tratamiento de aguas. Específicamente, la compañía intentaría simplificar el plan de cierre, descargando aguas sin tratar al río Estrecho. Desde el comienzo, organizaciones locales acusaron a la firma de destruir los hielos de la zona, un tema que es materia de la Ley de Glaciares, un proyecto que se tramita actualmente en el Congreso tras el fracaso de iniciativas anteriores. Chile cuenta con el 82% de los glaciares de toda América del Sur. Salvo aquellos ubicados fuera de parques nacionales, casi los 24 mil glaciares del país son adyacentes o en un lugar de concesión minera, según Greenpeace.
A más de un año del dictamen de clausura del Primer Tribunal Ambiental del proyecto minero Pascua Lama, en la zona cordillerana de la Región de Atacama –y sin que se concrete aún–, organizaciones locales y ambientalistas acusaron a la compañía canadiense Barrick Gold de querer contaminar un río en las operaciones de cierre, y de pretender seguir con la idea de materializar el proyecto.
Pascua Lama es un caso paradigmático, ya que organizaciones locales acusaron a la firma de buscar destruir los hielos de la zona, un tema que es materia de ley en un proyecto que se tramita actualmente en el Congreso, en medio de las presiones de las mineras, incluyendo a Codelco.
Chile cuenta con el 82% de los glaciares de toda América del Sur. Salvo aquellos ubicados fuera de parques nacionales, casi los 24 mil glaciares del país son adyacentes o en un lugar de concesión minera, según Greenpeace.
De acuerdo a una declaración de las entidades agrupadas en la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, la empresa Barrick Gold presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un plan de cierre modificado, cuyo fin último es cerrar el sistema de tratamiento de aguas. Específicamente, la empresa intentaría simplificar el plan de cierre, descargando aguas sin tratar al río Estrecho.
«Está planteando la idea de que, por no haber materializado el proyecto, no habría impactos, por lo que cabe un plan de cierre más acotado. Se trata de un intento burdo, cuyo plan acaba de presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental, de irse sin un manejo de las aguas que contaminó y sigue contaminando», denunció la Asamblea.
«Cabe dejar claro que el fallo mandata terminar la construcción del sistema de manejo de aguas y continuar el tratamiento y el monitoreo. Esa fue precisamente la razón por la cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no revocó el permiso ambiental (la Resolución de Calificación Ambiental, RCA) del proyecto, puesto que es la única forma de obligar a la empresa a cumplir con el seguimiento ambiental», agregó la organización.
Recientemente, el director de Medio Ambiente, Permisos y Comunidades de la empresa, Sergio Vives, comentó –en Expomin 2021– que “las intenciones de revivir la iniciativa siguen ahí”, pues tienen “derecho, como cualquier otro, a seguir investigando, porque sigue siendo un activo de la compañía”, según reseñó el Diario Financiero.
Vives explicó que «el Tribunal Ambiental nos revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero no nos quitó los derechos mineros ni los derechos de agua. Seguimos con nuestras concesiones y este sigue siendo un proyecto atractivo, no solo para Chile sino que para la región».
«Estamos viendo si es que esto algún día se puede realizar en el futuro o no y, ciertamente, si es que se hace, tiene que pensarse muy bien y hacerlo de una manera muy pensada, pero también muy en coordinación con nuestras comunidades», añadió.
La iniciativa, que fue suspendida el 2013, incluye, en el lado chileno (Pascua), «un rajo, un túnel, un botadero que es el 1% de lo que debiera haberse construido y un sistema de manejo de aguas. Mientras, en Lama, en el lado argentino, está toda la planta», precisó.
Pascua Lama fue uno de los símbolos de la controversia en torno a los hielos cordilleranos, que son materia de la Ley de Glaciares, actualmente en trámite en el Senado.
Han sido quince años de distintas iniciativas en la materia. El último proyecto, de 2018, es una iniciativa del senador Guido Girardi, inspirada en una norma homónima argentina.
«La razón fundamental por la que no hemos tenido una Ley de Glaciares se debe fundamentalmente a la cantidad de intereses económicos que entran hoy en día en directa contradicción con la protección de glaciares, especialmente mineros», señala Matías Asun, director nacional de Greenpeace.
Sin embargo, Girardi se muestra optimista.
«Creo que esta ley va a ser una de las más exigentes del planeta, porque establece la protección de los glaciares como bien nacional de uso público y, además, una sanción penal a la intervención de los glaciares», comenta.
Asimismo, señala que es retroactiva, con lo cual obliga a los involucrados a adaptarse a la ley, una vez que entre en vigencia, aparte de incluir sanciones penales, es decir, de cárcel.
Los tropiezos que ha tenido esta nueva versión de la ley muestran las dificultades que ha atravesado.
Por ejemplo, Girardi impulsaba que la zona periglacial –ubicada en el entorno– tuviera la misma protección que el glaciar en sí, pero esa indicación se perdió en el trámite en la Cámara Alta. El legislador espera que pueda recuperarse cuando vuelva a la Cámara de Diputados.
Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y deberá pasar a Sala, aunque no hay una fecha cierta. Girardi es partidario de que se vote en las próximas semanas, antes de la elección presidencial.
El 31 de agosto pasado fue la última vez que se trató. Fue en la Comisión de Medio Ambiente, donde está en el Primer Trámite Constitucional de la Cámara Alta, integrada por Isabel Allende y Alfonso De Urresti (ambos PS), José Miguel Durana (UDI), Ximena Órdenes (PPD) y Rafael Prohens (RN).
Lo ocurrido en la instancia es otra muestra de las controversias. Allí expuso el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda. La entidad agrupa a las principales mineras de Chile, incluidas AngloAmerican, Barrick, BHP y Codelco.
Entre otros aspectos, Urenda comentó que no era apropiado establecer delitos en este proyecto, debido a la existencia de otros proyectos sobre delitos ambientales, y que la sanción que implicara privación de libertad solo debía aplicarse de existir dolo y un daño grave.
Sin embargo, la senadora Allende lo refutó. Frente a la observación realizada por Urenda, referida a las sanciones por delitos contemplados en el proyecto de ley, calificó a estas de necesarias, debido a que los delitos ambientales considerados en otras instancias han demorado mucho en avanzar.
Una de las más críticas con Pascua Lama es la constituyente Constanza San Juan, electa por la Región de Atacama y que justamente participó en una larga lucha contra Barrick Gold, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en 2001.
Ella recuerda que, en su momento, la empresa «no declaró que había glaciares en su zona de impacto y, es más, tampoco dijo que pretendía destruirlos».
Tras la oposición de la comunidad, «la empresa ofreció (en 2005) trasladar los glaciares, hito que marca el inicio de este conflicto». En ese marco surgieron las primeras iniciativas para la protección de los glaciares.
En el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), «los glaciares se incluyeron como elementos susceptibles de daño significativo, por lo que las empresas estaban obligadas a declarar cuando un proyecto está en la cercanía de un glaciar». Hubo proyectos legales en 2005 y 2008, pero ninguno se materializó.
De forma paralela, «aumentó también el conocimiento de las comunidades respecto de estos. Ahora se comprende que son resultado y forman parte de un ecosistema glaciar que tiene distintos tipos de glaciares y crioformas, las que tienen la misma importancia o tal vez más que los glaciares blancos que se ven a simple vista. Nos enteramos de que existían glaciares de roca y otros cubiertos que casi no se notan; también, de la existencia del permafrost, que es el suelo congelado a 0° o menos, pero que aporta gran cantidad de aguas. Tomamos conocimiento de la necesidad de resguardar todas las condiciones y características morfogeológicas contiguas a los glaciares para su preservación, así como también de los bofedales y de las lagunas altoandinas».
Un nuevo proyecto de ley surgió promovido en 2014, por la que se conocía como la “Bancada Glaciar”, compuesta por nueve senadores y catorce diputados de todas las bancadas.
Dicho proyecto de ley contenía una visión integral del ecosistema glaciar y la necesidad de preservarlo y protegerlo en su totalidad; es decir, a los glaciares y sus ambientes, y sus distintos tipos y crioformas.
No obstante, según San Juan, el proyecto fue truncado vía indicación sustitutiva del Gobierno de Bachelet, «por medio de la cual se tergiversó todo su espíritu».
En ese marco, nació la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. En un encuentro en San Felipe, más de 30 organizaciones de norte a sur se unieron para lograr la defensa colectiva de los glaciares, y luchar contra la ley de la «Bancada Glaciar».
«Era preferible quedarnos como estábamos a tener este proyecto que finalmente permitiría y regularía la intervención de los glaciares, lo que no se puede permitir», subraya San Juan.
Incluso, en 2015, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) planteó la vulneración de derechos en que incurría el proyecto de glaciares.
“La necesidad de la protección de los glaciares obedece principalmente a un aseguramiento de la provisión de agua para consumo humano, así como también para la protección del medio ambiente y la subsistencia de grupos en condición de vulnerabilidad. La posición del Poder Ejecutivo en orden de disminuir la protección inicial, mediante sus indicaciones sustitutivas, es de preocupación, ya que no se establece una protección general a los glaciares, y además desprotege otras categorías de hielos, como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a los glaciares», señalaba el reporte.
El tiro de gracia lo dio la Corte Suprema, el año siguiente, en 2016. Expresó que el proyecto en curso permitiría desarrollar iniciativas económicas en los glaciares que no sean declarados como reserva estratégica glaciar, dejándolos sujetos al Sistema de Evaluación Ambiental, lo que –según la Suprema– no debiera permitirse.
También determinó que los glaciares no eran un bien explotable, bajo circunstancia alguna, y no podían ser objeto de proyectos de inversión con fines económicos, por lo que no debía permitirse en ningún caso someterlos a Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.
A su vez, defiende que “los glaciares no pueden ser considerados simplemente como reserva de agua dulce”, y que “forman parte del patrimonio ambiental de Chile, de modo que su categoría corresponde a la de bienes nacionales”,
Ello significó el fin del proyecto de la «Bancada Glaciar».
El nuevo proyecto, de 2018 y actualmente en curso, sigue la Ley de Protección de Glaciares de Argentina y busca la protección de los glaciares y sus ambientes, junto con la prohibición expresa de realizar actividades en ellos.
La aceptación de su ingreso y tramitación fue resultado de una negociación que exigió que la iniciativa se viese primero en la Comisión de Minería y luego pasara a la Comisión de Medio Ambiente.
Este proyecto motivó una indicación sustitutiva por parte del Presidente Piñera, en septiembre de 2019, que, tal como sucedió con Bachelet, «torcía su espíritu y lo convertía en otra iniciativa que, en lugar de proteger, apuntaba a regular la intervención. En esta oportunidad, algunas de las materias que determinó fueron las siguientes: limita lo que se entiende por glaciar a su tamaño, estipulando que quedaran fuera de dicha categoría los de menos de 0,1 hectáreas; permite actividades en glaciares y sus entornos por medio del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, restringiendo solo la remoción, el traslado y el cubrimiento (como si eso estuviese permitido hoy); y permite que los proyectos que afectan a glaciares, hoy lo pueden seguir haciendo», critica San Juan.
Para el director nacional de Greenpeace, una ley de protección de glaciares resulta «urgente», especialmente «por la gravísima crisis climática que estamos viviendo».
«Hoy, en Chile, el agua es un recurso escaso, además concentrado en manos de unos pocos. Proteger los glaciares permitiría que Chile cuente con una mucho mejor resiliencia hídrica. No protegerlos, por el contrario, supone desperdiciar un patrimonio gigantesco y liquidar la resiliencia hídrica que tenemos en las nacientes de las cuencas».
En sus palabras, esta norma debiera surgir del Congreso con dos condiciones fundamentales: primero, que el glaciar mismo, sin importar su tipo, quede protegido, y, segundo, que «todo aquello que permite que el glaciar se encuentre saludable quede también protegido», concluyó.
