CULTURA|OPINIÓN
En una nota reciente, se deja ver la posible concreción de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos que en nada tranquiliza, más bien todo lo contrario, nos genera mayor preocupación. Podría sonar extraño, considerando nuestra vocación de conservación marina, pero lo cierto es que la propuesta que saldría del Ministerio del Medio Ambiente dejaría las puertas abiertas a megapuertos como Dominga y Cruz Grande si no se especifica, en el decreto que crea el área, que esta es incompatible con proyectos de alto impacto. Se exige entonces que la autoridad sea clara y no permita megaindustrias en esta bahía, considerando las razones ampliamente expuestas desde el mundo científico y los procesos de participación ciudadana desarrollados en la zona por más de una década.
Desde la explosión del bullado caso Barrancones, del cual ya han transcurrido más de 10 años, las comunidades costeras de La Higuera y Freirina, frente a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, siguen siendo testigos de permanentes amenazas industriales en la zona y promesas de una protección que hasta ahora no ha llegado.
Si hace una década fueron las termoeléctricas, ahora es el caso del controvertido proyecto minero portuario Dominga, que con la explosión de los Pandora Papers se vio aún más cuestionado de lo que ya nos tenía acostumbrados. No es primera vez que la empresa Andes Iron está en tela de juicio producto de esta mina y puerto que, desde que comenzó su evaluación ambiental, fue criticada por sus deficiencias técnicas y por su vinculación con el caso Penta.
El juicio político plasmado en la acusación constitucional y resuelto hace pocos días no llegó a puerto, mientras que en paralelo sigue adelante una investigación de la Fiscalía Nacional que determinará en algún momento si existió o no un conflicto de intereses. Independientemente de lo anterior, desde nuestro profundo convencimiento, estamos claros en algo: el proyecto Dominga se mantiene en pie, el megapuerto Cruz Grande de CAP aún podría ver la luz y el Archipiélago de Humboldt sigue sin ser protegido.
En nota publicada en La Tercera este 13 de noviembre, se deja ver la posible concreción de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos que en nada tranquiliza, más bien todo lo contrario, nos genera mayor preocupación. Podría sonar extraño, considerando nuestra vocación de conservación marina, pero lo cierto es que la propuesta que saldría del Ministerio del Medio Ambiente dejaría las puertas abiertas a megapuertos como Dominga y Cruz Grande si no se especifica, en el decreto que crea el área, que esta es incompatible con proyectos de alto impacto. Se exige entonces que la autoridad sea clara y no permita megaindustrias en esta bahía, considerando las razones ampliamente expuestas desde el mundo científico y los procesos de participación ciudadana desarrollados en la zona por más de una década.
Si queremos dejar atrás la pesadilla que han sido las tres termoeléctricas, los puertos y la planta desaladora que han pretendido industrializar esta zona, arriesgando el patrimonio natural de nuestro país, se debe actuar con urgencia en la protección del Archipiélago de Humboldt.
Aunque la decisión sobre los proyectos está en manos de un sinnúmero de procesos legales (*), cabe mencionar que la tarea y la responsabilidad de una protección definitiva subyace en el Estado. Atendiendo a lo anterior, esperamos que el Ejecutivo actúe con coherencia, protegiendo este lugar de forma definitiva, sin amenazas futuras. Volvamos a posicionar el foco en lo que realmente importa, porque aún estamos a tiempo de salvar este ecosistema, el cual, a punta de esfuerzo de chilenos y chilenas, ha podido hasta ahora preservarse para las futuras generaciones.
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(*)Los proyectos Puerto Cruz Grande y Dominga se encuentran judicializados. Para el caso de Cruz Grande, será el Segundo Tribunal Ambiental el que decidirá si revocar el permiso ambiental otorgado a la empresa luego de haber escuchado los alegatos de todas las partes el pasado 4 de noviembre. Por su parte, Dominga se encuentra judicializado por tres vías: 1) que la Corte Suprema, donde se está solicitando la invalidación de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, rechace definitivamente la iniciativa de Andes Iron; 2) que el Comité de Ministros se pronuncie respecto a la aprobación del 11 de agosto y eventualmente rechacen el proyecto; y 3) que la Corte de Apelaciones de La Serena, invalidara la votación del 11 de agosto, ya que el caso se encontraba en la Corte Suprema al momento de la votación.
