CULTURA
Señalan que «es clave determinar cuáles serán los principios y lineamientos del próximo gobierno, la agenda legislativa y la nueva Constitución para enfrentar la crisis climática y ambiental, y nuestra relación como sociedad con la naturaleza. Para apoyar este proceso, la inversión en investigación científica sobre las relaciones entre naturaleza y las personas son cruciales en la toma de decisión, y dicha inversión debe apuntar hacia el desarrollo y crecimiento de un país con cimientos sólidos basados en una relación virtuosa con la naturaleza». Entre otros, piden aprobar la Ley de Cambio Climático y firmar el Acuerdo de Escazú.
Las Sociedades de Ecología, Botánica y Biología pidieron que la agenda política aborde decididamente la crisis climática y ambiental, según una declaración pública.
«Vivimos en una crisis ambiental sin precedente en la historia. Los cambios en el clima, paisajes y ciclos biogeoquímicos generados por la acción humana en el planeta ponen en riesgo no solo la calidad de vida de la población humana, sino que, a toda la biodiversidad y el ambiente físico que la sustenta, lo que constituye una amenaza real a la vida de las personas», señala la declaración.
Por ello, «es clave determinar cuáles serán los principios y lineamientos del próximo gobierno, la agenda legislativa y la nueva Constitución para enfrentar la crisis climática y ambiental, y nuestra relación como sociedad con la naturaleza. Para apoyar este proceso, la inversión en investigación científica sobre las relaciones entre naturaleza y las personas son cruciales en la toma de decisión, y dicha inversión debe apuntar hacia el desarrollo y crecimiento de un país con cimientos sólidos basados en una relación virtuosa con la naturaleza».
En este contexto, la Sociedad de Ecología de Chile, la Sociedad de Botánica de Chile y la Sociedad de Biología de Chile, sociedades conformadas por científicas y científicos en de las ciencias naturales y ecológicas, «queremos resaltar la importancia de los siguientes elementos claves sobre ecología, biodiversidad y gobernanza ambiental, cuya implementación en Chile debe ser prioridad, tanto a nivel del próximo gobierno, la agenda legislativa y la nueva Constitución».
Primero, «asegurar el derecho a un medio ambiente sano. Es obligación del Estado proveer las condiciones necesarias para el desarrollo y evolución de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas naturales del país y con ello, la mantención de las contribuciones de la naturaleza a las personas».
Segundo, «consolidar instrumentos de gestión ambiental para la mantención y restauración de los ecosistemas de Chile. Dentro de ellos, aprobar la creación y asegurar la debida puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
En tercer lugar, piden aprobar la Ley de cambio climático, «dando prioridad al plan nacional de mitigación y adaptación al cambio climático, a través de lineamientos transversales para todos los ministerios. Implementar acciones comprometidas en la COP26 del cambio climático realizada en Glasgow. Implementar las recomendaciones de IPBES-IPCC respecto a potenciar medidas que mitiguen el cambio climático y protejan la biodiversidad».
Cuarto, señalan la urgencia de «definir la gestión del agua tanto desde el punto de vista ecosistémico como del consumo humano, considerando el acceso al agua como un derecho universal».
Quinto, «promover la restauración ecológica para acercarnos a la meta de 1.000.000 hectáreas restauradas para el 2030, con especial énfasis en los ecosistemas nativos más degradados».
En sexto lugar, solicitan «descarbonizar irreversiblemente la matriz energética, fomentar el uso de energías limpias y generar un plan nacional de ahorro energético y de economía circular que reduzca el consumo de materias primas».
Además, en cuanto a la gobernanza ambiental, para la sociedades es necesario «asegurar el principio de no regresión. Nada de lo alcanzado hasta hoy en materia de protección y gestión ambiental debe reducirse o eliminarse».
Las entidades piden «suscribir el Acuerdo de Escazú, garantizando la participación ciudadana en materias ambientales como el acceso a la justicia ambiental, otorgando protección a las defensoras y defensores ambientales».
Asimismo, quieren «asegurar el acceso y uso de la mejor información científico-técnica para la toma de decisiones», «robustecer la capacidad fiscalizadora y sancionadora de la Superintendencia del Medio Ambiente» y «dar prioridad a la educación ambiental en todos los niveles, desde pre-escolares hasta universitarios».
«Llamamos a las y los ciudadanos a participar en la elección presidencial, considerando estos puntos al momento de ejercer su sufragio. A quienes ocupan cargos políticos, solicitamos que consideren esta agenda y buscar la mejor asesoría especializada de científicas y científicos, abriéndose a un diálogo constructivo con la comunidad académica. La magnitud de la crisis climática y ambiental actual requiere unir fuerzas para hacer los cambios necesarios que eviten un colapso ambiental», concluye la declaración.
