CULTURA|MEDIOAMBIENTE
Figuran proyectos emblemáticos, como la minera Dominga y la central Alto Maipo, pero también zonas de sacrificio como Quintero e iniciativas legales actualmente en el Parlamento, como la reforma al Código de Aguas y la Ley de Glaciares, plantas salmoneras y disputas con comunidades indígenas por el litio. «Es claro que las prioridades medioambientales son transversales y de máxima importancia para la población. El rechazo a Dominga, afrontar la escasez de agua y asumir la gravedad de la crisis climática y la importancia de cuidar ecosistemas hídricos clave, deben ser las prioridades ambientales del próximo Gobierno», comenta Matías Asún, director de Greenpeace.
Una serie de urgencias enfrentará el Presidente electo Gabriel Boric en temas de medio ambiente a partir del Gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo.
Entre estas figuran proyectos emblemáticos como la minera Dominga, en la Región de Coquimbo, pero también las «zonas de sacrificio», como Quintero y Mejillones, o plantas procesadoras salmoneras, como la de la china Australis ubicada en Puerto Natales.
«Es claro que las prioridades medioambientales son transversales y de máxima importancia para la población. El rechazo a Dominga, afrontar la escasez de agua y asumir la gravedad de la crisis climática y la importancia de cuidar ecosistemas hídricos clave, deben ser las prioridades ambientales del próximo Gobierno», comenta Matías Asún, director de Greenpeace.
Crédito: Hernán Contreras/Aton Chile
El proyecto Dominga es un buen ejemplo de las complejidades de los diversos proyectos. En contra de las organizaciones, el Gobierno, a través del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), decidió crear en diciembre el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Archipiélago de Humboldt, fraccionada y sin restricción.
A esto se suma que en el primer trimestre la Corte Suprema debiera pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto, y que en su primer discurso Boric se manifestó explícitamente contra la iniciativa.
«No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compren y destruyan a las comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: no a Dominga”, dijo en esa oportunidad.
Greenpeace realizó un estudio, que también releva que el nivel de rechazo al proyecto es aún más alto que cuando empezó la campaña #NoADominga: un 85% de los chilenos está en contra de Dominga.
«Incluso quienes están a favor, consideran que de todos modos debe realizarse una nueva evaluación ambiental y abandonar el proceso actual, que ha estado marcado por groseros escándalos de corrupción», comenta Asún.
Para Chile Sustentable, a esto se suma la escandalosa revelación de los Pandora Papers, que transparentaron la millonaria compraventa del proyecto minero Dominga en paraísos fiscales entre Sebastián Piñera y Carlos Délano, además condicionada a que la zona afectada no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía del Presidente Piñera.
«Por ello uno de los desafíos es que el proyecto minero más controvertido de los últimos años se deseche definitivamente», indican desde esa organización.
Otro de los conflictos más relevantes es el megaproyecto Alto Maipo, respecto del cual, desde el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, comenzaron las protestas contra la aprobación de la hidroeléctrica de la empresa AES Gener –ahora AES Andes–, misma firma dueña de termoeléctricas ubicadas en Quintero y Puchuncaví.
«Yo diría que Alto Maipo y Dominga son los conflictos más grandes en el sentido que llevan muchos años, hay muchas acciones tanto legales como administrativas a nivel nacional y regional en el caso de Alto Maipo y a nivel nacional en el caso de Dominga,que son los más relevantes, pero hay otros conflictos que no se sabe cuánto van a escalar», manifestó la directora ejecutiva de la fundación Terram, Flavia Liberona.
En noviembre de 2021, el Segundo Tribunal Ambiental rechazó las tres reclamaciones presentadas en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por la aprobación del programa de cumplimiento del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.
Adicionalmente, a finales de noviembre, un grupo de constituyentes rechazó el ciberespionaje que habría sufrido un grupo de activistas que cuestionan el proyecto hidroeléctrico de la empresa AES Andes. En una primera instancia, la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección presentado en contra de Alto Maipo, sin embargo, este fue revocado por la Corte Suprema sobre la base que los hechos descritos podrían estar vulnerando garantías constitucionales.
Chile Sustentable señala que el proyecto avanza, a pesar de la quiebra de la empresa y su impacto en la seguridad de abastecimiento de agua potable de Santiago.
Durante el segundo semestre de 2021, la empresa norteamericana AES Gener –hoy AES Andes– presentó su quiebra ante el organismo controlador norteamericano, principalmente, debido al sobrecosto de casi 300% de su controvertido proyecto.
«El procedimiento, probablemente, aprobará una reestructuración financiera para dar respuesta a los acreedores, lo cual no significa ninguna solución a la grave presión que la operación de Alto Maipo ejercerá sobre la cuenca y los recursos hídricos del río Maipo y el agua potable de Santiago, en virtud del convenio que AES mantiene con Aguas Andinas», alerta Chile Sustentable.
Ventanas, *IMÁGENES DE ARCHIVO.
Zona Industrial bahía de Quintero, en la imagen la empresa AES Gener.
Raúl Zamora/ Aton Chile.
Otro dolor de cabeza será qué hacer con las zonas de sacrificio, ya sean Mejillones, Huasco o Quintero.
Para Ezio Costa, director de la ONG FIMA, es clave «recuperar las zonas de sacrificio» y en especial «avanzar en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema en relación con la situación de Quintero».
La Corte Suprema ordenó en el 2019 el cumplimiento de 15 medidas inmediatas respecto a esta última localidad, siendo la primera de ellas identificar los contaminantes volátiles de las empresas que componen el complejo industrial en la bahía, a fin de detectar el origen de las intoxicaciones masivas. Sin embargo, a dos años del fallo, esta medida sigue sin cumplirse.
La ONG Chile Sustentable destaca, en su documento público «Balance Socioambiental», que en 2021 se hizo pública la acusación de que esta empresa pretendería evadir la normativa ambiental para convertir la central Ventanas en una planta desalinizadora.
La comunidad de Quintero y Puchuncaví alertó que la empresa presentó el proyecto de manera atomizada, de forma de pasar las partes solo con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que es más detallada e implica presentar medidas de mitigación a los efectos nocivos en el medio ambiente.
Liberona sostuvo que otras zonas de sacrificio que están asociadas al tema de las termoeléctricas son Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel.
«Además, si uno toma el concepto de zonas de sacrificio, que son cifras donde hay instalaciones industriales contaminantes, podría hacerlo extensivo a algunos lugares mineros, particularmente las zonas que son complejas, donde hay altos niveles de contaminación, que son aquellos lugares donde hay extracciones de cobre, y también la Bahía de Chañaral, que es conocido cuando la gente se fue a bañar a una bahía contaminada. También Maipú por los vertederos y Tiltil por el vertedero industrial», agregó.
FOTO DE ARCHIVO – Una vista de la fundición de cobre Ventanas de Codelco, en Ventanas, Chile. 18 de octubre de 2019. REUTERS/Rodrigo Garrido
Esta zona además tiene otras artistas: por un lado las amenazas sufridas por ecologistas y periodistas (Marcela Nieto y Michael Lieberherr, respectivamente) y el cierre de las termoeléctricas Ventanas y Campiche, en el marco del cronograma de descarbonización al 2030 para las 10 centrales a carbón sin fecha de cierre.
A esto se suma un nuevo derrame de petróleo que se produjo en la bahía de Quintero el miércoles 22 de diciembre de 2021, que se adjudicó Puerto Ventanas S.A, debido a una filtración. Ante la ocurrencia de cientos de varamientos de carbón y este nuevo derrame de petróleo, pescadores artesanales de la bahía de Quintero y Puchuncaví se han movilizado para impedir la entrada y salida de barcos del sector industrial.
“En la fecha de hoy día, en diciembre de 2021, me parece impresentable que sigan ocurriendo varamientos de carbón en la playa de Ventanas. Creemos que la responsabilidad de estos casos debe ser de alguna manera finalizada. Es excesivo, cómo es posible que no hayamos tenido ninguna responsabilidad con el medio ambiente», comentó el consejero regional de Valparaíso, Carlos Vega, a El Mostrador.
La directora ejecutiva de la fundación Terram sostuvo que existen muchos problemas graves asociados a la contaminación que existe en la Bahía de Quintero.
«Las instalaciones industriales que allí funcionan nunca fueron evaluadas ambientalmente, sin embargo, no hay una demanda específica por eso. Sabemos que hay una contaminación súper fuerte en la zona, no obstante, los sucesivos gobiernos no han hecho normas de calidad o que las normas de emisión sean más estrictas, hay ausencia de estaciones de monitoreo, no hay muchos servicios de salud o de atención primaria, no hay seguimiento a los cánceres, te puedo nombrar 20 cuestiones, entonces, son muchos problemas, todos bastante graves», comentó Liberona.
Para Chile Sustentable, «se requiere una fiscalización real a las empresas y de sanciones fuertes para evitar que los hechos sean recurrentes».
Lugar de construcción de la planta procesadora de salmones de Puerto Natales.
Otro tema polémico son las salmoneras. Chile es uno de los principales exportadores a nivel mundial, pero su poderosa industria ha sido repetidamente denunciada por la contaminación que genera y su modo de producción, en particular la cantidad de antibióticos que reciben los peces durante su crianza.
A nivel de desafíos para Boric, en FIMA hablan derechamente de «detener la expansión de la salmonicultura y retirar las concesiones existentes en áreas protegidas, frágiles y de relevancia cultural».
Uno de los centros de la polémica es la expansión de las plantas en zonas de pueblos originarios, como ocurre en la Patagonia. Y uno de los ejemplos es la planta procesadora que la empresa china Australis construye a apenas un kilómetro de Puerto Natales, por 70 millones de dólares, además del proyecto del ensanche del canal Kirke, que según ambientalistas y algunas comunidades kaweshqar va en beneficio de las salmoneras de la zona.
Greenpeace destaca la creciente preocupación por la salmonicultura entre la población y enfatiza que más del 62% del universo encuestado «no sabe que ésta opera al interior de parques nacionales y áreas protegidas».
La Ligua, 07 de octubre 2019.
Un pequeño agricultor observa los estragos de la sequía en la localidad de La Higuera, comuna de La Ligua.
Raúl Zamora/Aton Chile
Adicionalmente, el tema del agua será de máxima importancia. Según una investigación de Greenpeace, la escasez de agua para las personas y el medio ambiente es la principal prioridad para las personas, con un 73%.
El agua es un tema clave en la Convención Constitucional. Además es necesario recordar que la Corte Suprema reconoció lo establecido en Convenciones Internacionales en sentencia que obliga al Estado de Chile a garantizar el acceso de la población al agua, en una proporción no inferior a 100 litros diarios por persona. Algo que actualmente no sucede en lugares como Monte Patria, en la Región de Coquimbo, donde algunos ríos han reducido su caudal en un 90%.
El agua tiene sus respectivas aristas legales: por un lado, el Código de Aguas, una iniciativa legal en el Congreso desde 2011 (actualmente en Comisión Mixta) y la Ley de Glaciares (hoy en su primer trámite constitucional en el Senado), por otro. El Gobierno de Boric, con su poder legal para decidir qué temas discutir en el Parlamento, deberá tomar una posición sobre cómo llevar adelante estos proyectos legales.
Ambos tocan áreas extremadamente sensibles para el establishment. El primero afecta al sector agroexportador, el principal consumidor de agua del país, con 72% (MOP, 2020), mientras el segundo apunta a la minería, que por el tema de los glaciares ya debió sufrir la cancelación de proyectos emblemáticos como Pascua Lama, en la Región de Atacama.
Chile Sustentable destaca que el sector agroexportador ya es consciente de los desafíos que enfrenta. En julio de 2021 los habitantes de Pichidegua, en la Región de O’Higgins, recibieron con esperanza la sentencia de la justicia que ordenó a las empresas dueñas de las plantaciones de paltos y cítricos de los cerros del territorio paralizar los trabajos y presentar una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental para que este determine si los proyectos deben someterse o no a evaluación.
«Este fallo sentó un precedente para las comunidades que luchan por la defensa del agua, en una región que no escapa de los problemas de escasez hídrica que vive nuestro país», señalan desde Chile Sustentable.
El contexto es grave: un 3,53% de las comunas del país se encuentra bajo decreto de escasez hídrica «y las autoridades se mantienen al margen», según acusa esta ONG.
A diciembre de 2021, 184 municipios de todo el país han sido declarados bajo extrema falta de agua, lo que significa que 8 millones 250 mil personas viven bajo racionamiento del agua.
Según el último Informe Hídrico de la Dirección General de Aguas, la falta de lluvia en grandes ciudades llega al 98% de déficit en comparación con otros años. Adicionalmente, 55% de los principales embalses del país sufre déficit de acumulación de aguas.
«Esta situación climática, sumada a la mala gestión por sobreexplotación y sobreotorgamiento de las aguas en Chile, tuvo como consecuencia que el 2021 fuera uno de los años más secos de la historia del país», denuncia Chile Sustentable.
En este marco, la entidad además denuncia la aprobación de la extensión de Ley de Subsidios de la Comisión Nacional de Riego (CNR). Se trata de millonarios subsidios que otorga la CNR para grandes empresas agroexportadoras y grupos empresariales de Juan Sutil, Juan Bilbao, Andrónico Luksic y Sebastián Piñera.
El Congreso aprobó extender la vigencia de la Ley de Riego por el plazo de un año. La ley, que fuera aprobada en dictadura y prorrogada dos veces en democracia, finalizó su vigencia el pasado 4 de diciembre. Sin embargo, en marzo de este año el Presidente Piñera envió un proyecto de ley para aumentar en 12 años el funcionamiento de la misma. No llegó a acuerdo en el Senado, por lo que la salida del Gobierno fue extender por un año estos subsidios estatales entregados por la Comisión Nacional de Riego, dependiente del Ministerio de Agricultura.
Finalmente, luego de que el Gobierno de Sebastián Piñera reabriera la licitación para adjudicar contratos operativos para explorar y producir 400 mil toneladas de litio metálico y que el diputado y jefe político de la campaña de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, hiciera un llamado a retrasar el proceso, dado que «han salido distintas opiniones, no solamente de gente desde el Gobierno entrante, el que vamos a asumir, sino también desde la sociedad civil, desde la academia, que ven varios problemas, tanto en tiempo como de forma y de fondo, en la licitación que está ocurriendo actualmente».
En esa misma línea, Liberona comentó que efectivamente en el norte del país hay conflictos con comunidades indígenas que están relacionados directamente con la evaporación de la salmuera.
«En el norte tenemos todo el conflicto que puede ser con comunidades indígenas, asociado a la extracción de salmuera, léase litio en los salares como el salar de Atacama, con las posibles autorizaciones del salar», comentó la directora ejecutiva de Terram.
También desde Terram opinan que el futuro Gobierno de Gabriel Boric debería establecer, en sus primeros meses, un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo en medidas medioambientales.
«El Ministerio del Medio Ambiente, hasta aquí, no ha sido un ministerio relevante. Para efectos concretos, este es un ministerio pequeño y con muy pocos recursos económicos, por lo tanto, desde nuestra perspectiva el Presidente electo tiene que nombrar a su ministro o ministra del Medio Ambiente y tiene que tomar decisiones de cómo puede empujar el presupuesto que tiene. Sobre todo el primer año no va a poder hacer grandes cosas, entonces por eso nosotros creemos que lo primero que debe hacer es juntarse con las comunidades de zonas de sacrificio y armar planes de trabajo, que son distintos para cada una de ellas», concluyó.
