CULTURA
«Este proyecto no se va a aprobar con el actual Congreso ni en la actual administración. En el mejor escenario se alcanza a votar en la Sala de la Cámara de Diputados en marzo, previo informe de la Comisión de Hacienda», admitió el subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda. La autoridad acusó a la Comisión de Cultura, liderada por la oposición, de dilatar la iniciativa, mientras el Frente del Patrimonio, integrado por diversas organizaciones sociales, señaló que la suma urgencia que el Gobierno le puso a la norma a último minuto era una «operación política de amarre». Más allá de una puja en torno a si se debe incluir o no en la discusión el Convenio 169 de la OIT sobre Consulta Indígena, otros especialistas cuestionan la supuesta «descentralización» del proyecto oficialista y alertan sobre una «burocratización» en el mismo.
El Gobierno de Sebastián Piñera admitió que la controvertida Ley del Patrimonio, actualmente en discusión en el Congreso, no será aprobada durante su mandato.
La ley ha sido duramente resistida por diversas organizaciones culturales, que acusan falta de participación en su redacción. El último capítulo de la disputa entre el Gobierno y varias ONG fue en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, liderada por la oposición, cuando al darle suma urgencia el oficialismo sacó la iniciativa de dicha instancia.
«Este proyecto no se va a aprobar con el actual Congreso ni en la actual administración. En el mejor escenario se alcanza a votar en la Sala de la Cámara de Diputados en marzo, previo informe de la Comisión de Hacienda», señaló el subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.
Esto fue refrendado por el diputado oficialista Luciano Cruz-Coke, exministro de Cultura e integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja. «Hoy es un proyecto que está muerto», apuntó.
Según el subsecretario, después de que la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara, Carolina Marzán, no respetara las cuatro urgencias simples y siete urgencias suma que ha tenido el proyecto, situándolo siempre como último tema de tabla «para dilatar su tratamiento» (en 8 meses se votaron 8 artículos, menos del 10% de la extensión de la ley), «la discusión inmediata aparecía como una herramienta válida para darle al tema del patrimonio cultural la importancia que no le estaba dando la comisión y permitir su avance».
«Sin embargo, incluso así la presidencia de la comisión no respetó la discusión inmediata, vulnerando el reglamento de la Cámara Baja, viéndose obligada a despachar el proyecto a la Comisión de Hacienda sin informe, una vez vencido el plazo, por expresa instrucción del presidente de la Cámara de Diputados», acusó la autoridad.
Según el subsecretario, la propuesta gubernamental incluye tres ejes principales, «que responden a un diagnóstico acumulado por décadas de parte de múltiples actores y distintos gobiernos», que previamente han tratado de modificar la Ley de Monumentos Nacionales (1970).
El primero es descentralización y orgánica institucional.
«En el campo del patrimonio cultural, hoy tenemos el gran problema del centralismo exacerbado, ya que todas las decisiones sobre los bienes protegidos se toman en Santiago por el Consejo de Monumentos Nacionales, cuya composición viene de hace 50 años. Para descentralizar y actualizar la mirada, se modifica la composición del actual Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), se fortalecen con nuevos integrantes y atribuciones en el campo patrimonial los actuales Consejos de las Culturas, las Artes y el Patrimonio regionales y se transfieren a las secretarías técnicas regionales del CMN amplias atribuciones resolutivas en el campo del patrimonio cultural», puntualiza De la Cerda.
El segundo eje corresponde a la creación de nuevas categorías de protección y actualización conceptual.
«El marco conceptual de la actual legislación viene del decreto que crea el Consejo de Monumentos Nacionales en 1925, basado en una mirada monumental del patrimonio. Esta visión, que se transforma en ley en 1970, no entrega herramientas para reconocer el patrimonio inmaterial, los paisajes culturales, los sitios de memoria, entre otras categorías y miradas contemporáneas sobre el patrimonio», explica.
Por lo anterior, se actualiza la estructura conceptual de la ley, según el marco dado por las convenciones Unesco ratificadas por Chile. Entre las principales propuestas, se crean las categorías de bienes patrimoniales muebles, inmuebles, zonas, paisajes e itinerarios culturales; sitios de memoria; y patrimonio cultural inmaterial. Para los bienes arqueológicos y paleontológicos se mantiene la actual protección, sumándoles la protección por el simple ministerio de la ley de los meteoritos, por su importancia para la ciencia. Junto a lo anterior, se amplían las formas de valoración del patrimonio, pasando de la actual mirada histórico-artística a una amplia, que incorpora el valor simbólico, urbano, tecnológico, espiritual, educativo, geológico, entre otros.
Junto con lo señalado, la ley incorpora un artículo transitorio para la creación de una Ley de Patrimonio Cultural Indígena, a elaborarse con consulta previa, según lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT.
El tercer punto se refiere a gestión y financiamiento.
«Uno de los mayores problemas hoy con los bienes materiales protegidos como monumento nacional o las manifestaciones de patrimonio inmaterial reconocidas por el Estado, es que constituyen declaraciones legales o administrativas que no disponen de herramientas para una salvaguarda efectiva de ese patrimonio. Por esa razón, muchas comunidades de cultores, propietarios o usuarios de patrimonio expresan su desconfianza frente a una protección que impone muchas trabas y casi ningún beneficio a la conservación», indicó.
Para Cruz-Coke, está claro que la iniciativa beneficia a quienes buscan proteger, fomentar y relevar el patrimonio nacional, adicionándole protección y, sobre todo, recursos.
«Algunos han pretendido instalar que favorecería a los empresarios o que sería ‘neoliberal’, pero sin señalar por qué. Eso no está en la ley. Si hay algo en lo que han demostrado poco interés los grupos de interés económico en Chile es lamentablemente en este tipo de proyectos. Quizás la realidad del patrimonio sería otra, como en tantas partes del mundo, pero como seguimos sujetos a eslóganes, el patrimonio se sigue cayendo a pedazos y a nadie le importa nada», lamentó.
La cuestión de la suma urgencia es el último capítulo del desencuentro entre el oficialismo y la oposición en este tema. Tras las acusaciones del Gobierno, la presidenta de la Comisión de Cultura, Carolina Marzán, envió una carta al diario El Mercurio.
Allí señala que efectivamente el proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad cultural ingresó a trámite el 17 de junio de 2019 y durante su discusión en general en la Comisión de Cultura, en una primera etapa, se recibió en audiencia a 56 personas e instituciones.
«Sin embargo, desde la primera sesión se le solicitó al subsecretario de Patrimonio Cultural realizar la consulta indígena que mandata la ley en paralelo a su tramitación, algo que jamás ocurrió», acusó.
Según Marzán, la última sesión celebrada en esta primera etapa fue el 11 de marzo del año 2020, fecha en la que quedó paralizada su tramitación a la espera de la presentación de una indicación sustitutiva al texto por parte del Ejecutivo, lo que se materializó recién el 31 de marzo del año 2021, es decir, más de un año después.
«Durante el estudio en general de la indicación sustitutiva se recibieron nuevamente a más de 50 personas e instituciones, tras lo cual, se remitió al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, una síntesis con las observaciones formuladas a la indicación presentada, las que no fueron incorporadas en el Proyecto de Ley del Gobierno», sostuvo la diputada.
«Este proceso también fue observado ante la Comisión de Cultura por los y las constituyentes de escaños reservados, quienes también manifestaron su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo por esta importante omisión (la consulta indígena)», advirtió.
Según Marzan, no es exacto tampoco que la Comisión de Cultura o Marzán no hayan respetado la urgencia, «sino que por el contrario, dándole pleno cumplimiento el proyecto fue remitido a la Comisión de Hacienda y si bien es cierto que se omitió el informe, que ya estaba confeccionado y listo para su despacho, ello ocurrió por la oposición de un parlamentario oficialista, que impidió dar la unanimidad exigida por el Reglamento de la comisión», en referencia a Cruz-Coke.
La diputada además subrayó que ella y la Comisión comparten la necesidad de reemplazar la obsoleta ley vigente.
«No obstante, ello no puede materializarse transgrediendo los Convenios Internacionales que son ley de la República, especialmente el N° 169 de la OIT que en su artículo 6° prescribe la obligación de realizar una consulta a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, como aparece de manifiesto en muchos de los artículos del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno saliente del Presidente Sebastián Piñera», remató.
En el Gobierno saben que el campo del patrimonio toca múltiples intereses: económicos, simbólicos, comunitarios, identitarios, científicos, académicos, gremiales, entre otros. Por lo anterior, «es esperable que una modificación estructural a la Ley de Monumentos suscite un alto nivel de debate entre estas distintas miradas», en palabras de De la Cerda.
«La ley que se discute en el Congreso ha contado con apoyos y resistencias, tal cual queda en evidencia en el equilibrio de miradas que participaron de las más de 50 audiencias públicas que se realizaron en el Congreso Nacional por más de un año, así como en las demás instancias de diálogo y participación a lo largo de Chile», destacó.
Dentro de los apoyos, el subsecretario señaló que existen comunidades indígenas como la CODEIPA Rapa Nui, el Consejo de Lonkos y Machis Mapuche, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, la Sociedad Chilena de Arqueología, entre muchos otros. «Se valora esta urgente actualización en los campos ya señalados, que se consideran como avances sustantivos para el patrimonio del país independiente del tema político», dijo.
Entre las resistencias, en tanto, el subsecretario nombró a «actores que válidamente han considerado que existen aspectos que deberían tratarse distinto –desde temas semánticos en conceptos a asuntos de herramientas de gestión o composición de los órganos colegiados–. En general, estas miradas han sido acogidas».
«Otros grupos han partido desde la desconfianza política, ya que no pueden aceptar que un Gobierno de centroderecha haga una ley que aborde estas materias y, como debe ser en patrimonio, ponga el bien común por sobre los intereses individuales. Y hay una tercera vertiente de oposición que estima que, pese a las cientos de instancias de diálogo, encuentros regionales, audiencias públicas, que han dado forma al proyecto por más de dos años, este no es legítimo si el proyecto no es redactado desde lo que denominan las bases y sometido a consulta indígena a los pueblos originarios», remató.
De la Cerda además apuntó al controvertido punto de la consulta indígena.
«Hablamos aquí de legitimidad por sobre legalidad, ya que la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, entidad técnica del Ministerio de Desarrollo Social que implementa el Convenio 169 OIT a través del decreto N 66/2013, ha sido clara en señalar que, al ser esta una ley de carácter general, no supone afectación directa de los pueblos originarios y, por lo tanto, no sería consultable», señaló.
Una de las principales voces opositoras al proyecto ha sido el Frente del Patrimonio, que integran más de un centenar de organizaciones nacionales, locales, gremiales, de trabajadores y profesionales, en cuya vocería funge José Osorio, hoy presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales.
Entre otros aspectos, cuestiona «el hecho de que no haya tenido un proceso de participación ciudadana vinculante, en que se hayan involucrado comunidades locales, pueblos, cultores y los sujetos y actores sociales del patrimonio en toda su diversidad, y lo más grave y cuestionable, que no consideró las exigencias y obligaciones jurídicas del Estado de Chile, respecto de cumplir con las normas vigentes del derecho internacional sobre los pueblos indígenas, en particular el Convenio N° 169 de la OIT sobre Consulta Indígena y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas».
Osorio además calificó la maniobra oficial del Gobierno de ponerle suma urgencia al proyecto de «operación política de amarre de último minuto».
El vocero del Frente del Patrimonio admitió que la ley requiere un ajuste importante de acuerdo a los desafíos patrimoniales que el país tiene en diversas materias, al tiempo que destacó que la norma «ha sido un instrumento que ha servido a miles de vecinos y vecinas para lograr que sus barrios o lugares valorados por la comunidad sean protegidos, frente a amenazas de destrucción del hábitat, de memorias o naturaleza, que grandes capitales provocan».
Por eso insistió en que «esos cambios deben ser abordados en profundidad y con la más amplia participación de las comunidades de todos los pueblos y territorios de nuestro país».
Pero los cuestionamientos al proyecto no solo van por el lado del Convenio 169. Una propuesta, escrita por especialistas, todos miembros de la Fundación Aldea, y enviada a este medio bajo el título de «Una ley de patrimonio para el siglo XXI», apunta a otras falencias.
Entre otros, el texto incluye a Magdalena Novoa, doctora en Arquitectura y Patrimonio; Ivette Quezada, historiadora; Daniela Morales, abogada; y Soledad Díaz de la Fuente, trabajadora social, quienes cuestionan aspectos vinculados a la descentralización.
Por ejemplo, señala que el proyecto de ley traspasa a los municipios la responsabilidad de ejecutar procesos de participación ciudadana –como en relación con las solicitudes de declaratorias–, otorgándoles un plazo de dos meses.
«Sin embargo, si este proceso no se llevara a cabo se continuará con la tramitación correspondiente. No es novedad que en nuestro país existe una gran disparidad en los municipios, lo cual refleja, a su vez, la desigualdad a nivel de gobiernos locales. Lo cierto es que la mayoría de los municipios del país no cuentan con recursos económicos y técnicos suficientes para responder a la alta demanda ciudadana sobre patrimonio cultural, más aún, sin un presupuesto adicional asignado para tal efecto. ¿Cuál es la posibilidad real de que los municipios puedan responder de forma oportuna, considerando que la sola modificación de los planes reguladores comunales toma años?», se cuestionaron los especialistas
«Es evidente el desconocimiento de este Gobierno respecto de las realidades locales, y más aún, sobre el verdadero significado de lo que es la participación ciudadana, más allá de un discurso simbólico. Sus propuestas contrastan notablemente con los avances que existen en la materia a nivel nacional e internacional, y la persistente impetración ciudadana al respecto, reforzando la visión centralista y jerárquica del patrimonio», señalaron.
«El Gobierno prometió que este proyecto de ley sería pionero en la desconcentración y descentralización del poder. Sin embargo, el proyecto mantiene el poder de representantes de gobiernos de turno, tanto en el nivel regional como nacional. El Consejo Nacional incorporaría de forma marginal a representantes de organizaciones ciudadanas, y tampoco contempla cupos para cultores o cultoras, ni representantes de pueblos originarios. Tampoco garantiza paridad de género. Es decir, mantiene una institucionalidad que no representa la diversidad, las nuevas ciudadanías y las memorias que cohabitan el territorio», alertaron los especialistas.
Sobre la descentralización, si bien se incorpora la figura regional, «no se crean organismos autónomos y específicos en patrimonio, sino que se delega la función en los Consejos Regionales ya existentes».
«Además, se les dota de un poder de decisión débil, ya que deben contar con el acuerdo del Consejo Nacional y es el ministro o la ministra de turno quien finalmente decidiría sobre las declaratorias y/o desafectaciones de bienes inmuebles y las incorporaciones al inventario de patrimonio cultural inmaterial, entre otras materias. Los procesos de toma de decisiones se burocratizan, sin asegurar presupuesto o estructura orgánica que permita sostener esta propuesta, poniendo la responsabilidad sobre la misma planta funcionaria ya existente. Esto significa añadir obstáculos a la participación de comunidades y pueblos en los procesos de patrimonialización».
Uno de los elementos propuestos que apuntan a la burocratización y concentración del poder, según los especialistas, sería la obligatoriedad de que los instrumentos de gestión del patrimonio cultural (tanto material como inmaterial), deban ser aprobados por los ministerios de Interior, Hacienda y Minería, organismos claves en las políticas macroeconómicas y promoción del paradigma extractivista.
«Esta decisión evidencia una mirada economicista sobre los territorios y los patrimonios, que apunta a impedir que la protección ambiental y cultural cuestionen las inversiones privadas y proyectos de desarrollo. Lo anterior es preocupante si consideramos que para acceder a exenciones tributarias se necesitará un plan de manejo aprobado. ¿Quiénes se verán beneficiados con esta medida? ¿Comunidades locales que buscan preservar su patrimonio, o corporaciones y empresas con capacidad de lobby e intereses económicos comprometidos?», plantearon.
En complemento con lo anterior, para los especialistas el proyecto omite toda referencia a las competencias de los organismos patrimoniales (actualmente el CMN) dentro del Sistema de Evaluación Ambiental.
«Solo menciona situaciones específicas –como intervención o demolición– y en el caso de los organismos regionales, la decisión está subordinada al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Esto es, a todas luces, un retroceso respecto de la normativa vigente y una total desprotección del patrimonio cultural en el marco del SEIA. Se esperaba avanzar hacia una institucionalidad robusta en el marco de la evaluación ambiental, que permitiera entregar una mirada integral, sistémica y territorial sobre las afectaciones del patrimonio como consecuencia de los proyectos de inversión. Al contrario, la iniciativa oficialista desmantela las pocas atribuciones del CMN consagradas en la Ley 19.300 y el Reglamento del SEIA», remataron.
Finalmente, lo cierto es que el Frente del Patrimonio le ha solicitado al Presidente electo, Gabriel Boric, que, una vez que asuma, inicie un nuevo proceso, retirando el proyecto actual y reemplazándolo, a través de una indicación sustitutiva, por una iniciativa que cuente «con un proceso de participación ciudadana vinculante y consulta indígena previa, para la elaboración de la propuesta de ley de patrimonios».
No silo eso: también pide que el ingreso de esta propuesta sea posterior a que se consagre el «derecho a los patrimonios» en la nueva Constitución.
«Esa es la base mínima para una nueva ley, que ya ha ido avanzando en la Convención Constitucional, donde el martes pasado se votó una propuesta de norma que presentó la convencional Carolina Videla con la firma de 10 convencionales en la comisión 7 de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, la que fue aprobada por 12 de los 15 integrantes de la comisión. Esta propuesta fue trabajada por Carolina Videla y la Asociación Chilena de Barrios y zonas Patrimoniales», destacó.
«Nuestra propuesta de normativa parte de la base de que el patrimonio cultural y natural debe ser un derecho en la nueva Constitución. Junto a ello hay diversos elementos que ya presentamos desde la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, en un proyecto de ley de patrimonios, que escribimos y fue apoyado por un grupo de diputados y diputadas, que lo ingresaron el 11 de octubre de 2018, el cual no fue considerado por la propuesta del Gobierno de Sebastián Piñera que ingresó el Ejecutivo en junio de 2019. El proyecto de ley participativo que se realizó en 2018, debe confluir con el derecho constitucional y un proceso abierto, democrático y participativo que debe liderar la futura ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para una nueva ley. Allí están las esperanzas y propuestas de nuestras comunidades», concluyó Osorio.
