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El ex colegio Chilean Eagles College de La Florida se encuentra en proceso de demolición, pero hay denuncias de infraestructura subterránea desconocida y que según diversos testigos bajo sus cimientos habría una serie de catacumbas y túneles que habrían sido ocupados como centros de tortura durante la dictadura. Organizaciones de DDHH han realizado diversas acciones para lograr detener la demolición y para reunir testimonios de quienes estuvieron en el lugar. Hasta la fecha son 12 estudiantes de la época y profesores que están dispuestos a entregar sus testimonios ante los organismos correspondientes. Hoy está prevista una manifestación en el frontis del establecimiento.
Varias organizaciones de derechos humanos convocaron a una manifestación para este viernes a las 17:00 horas en el frontis del ex colegio de La Florida, denunciado como excentro de tortura.
El lugar se encuentra en proceso de demolición, pero «bajo sus cimientos habría una serie de catacumbas y túneles que habrían sido ocupados como centros de tortura durante la dictadura”, informó esta semana el canal La Red.
Las organizaciones han realizado diversas acciones para lograr detener la demolición y para reunir testimonios de quienes estuvieron en el lugar. Hasta la fecha son 12 estudiantes de la época y profesores que están dispuestos a entregar sus testimonios ante los organismos correspondientes.
El pasado martes, testigos, acompañados por dirigentes sociales, abogados, autoridades de la comuna, del distrito y del Colegio de Profesores, concurrieron a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar se investiguen las denuncias.
«Convencidos que las acciones legales no pueden ir separadas de la movilización social, desde diversas organizaciones comprometidas con los derechos humanos, convocamos a vecinas y vecinos, a organizaciones sociales, a partidos políticos, a nuestras autoridades, a todas y todos, a un acto en el frontis del colegio Chilean Eagles College, en calle Vicente Valdés 80», señala un comunicado.
Las organizaciones convocantes son “Mesa de DDHH de La Florida”; “Todas las Manos”; “Sitio de Memoria Ex Nido 18”; “Corporación Derechos Iguales”; “Casa Sitio de Memoria Ex Nido 20”; “Comité Base La Florida de Comisión Chilena de DDHH”; “Cabildo Alborada”; y el “Cordón Trinidad”.
La Red de Sitios de Memoria manifestó en una declaración pública que «respalda a quienes valientemente realizaron la denuncia y por supuesto que nos haremos parte de ella y de las peticiones de parar las obras de demolición en dicho recinto».
«Mientras no se investigue a fondo la efectividad de los hechos denunciados y de ser ciertos, La Red de Sitios de Memoria apoyará en todo lo posible para la recuperación de ese espacio como un sitio de memoria», anunció.
El Informe de la Comisión Nacional sobre prisión Política y Tortura, de 2004, reconoce 1.132 recintos utilizados a lo largo del país como centros de detención, secuestro, tortura, exterminio y desaparición, «pero en la actualidad aun quedan muchos por reconocer y otros tantos por recuperar, como resultaría ser el caso del colegio Chilean Eagles College».
«Se debe indicar que en Chile, los lugares y sitios de memoria han sido recuperados, gestionados y preservados por las propias organizaciones de derechos humanos, ya que no cuentan con normativa estatal que los proteja, sin embargo, las organización vinculadas a este ámbito no nos daremos por vencidos y seguiremos en la lucha por preservar la memoria histórica, por el reconocimiento y recuperación de los sitios que han sido utilizados a lo largo del país como centros de detención, secuestro, tortura, exterminio y desaparición, como también lograr a nivel constitucional el reconocimiento de la Memoria como eje central de la democracia y de toda sociedad, abogando para que estos lugares obtengan la categoría de sitio de memoria con una protección especial», agrega la declaración.
Finalmente, la Red de Sitios, «a fin de contribuir con la verdad y justicia con los hechos que ocurrieron en este colegio cuestionado», informó que analiza la posibilidad de presentar un recurso de protección a fin de lograr la paralización de las obras.
