Más de 127 ONGs y expertos medioambientales se pusieron en alerta después que, hace poco más de un mes, la administración de Sebastián Piñera presentara ante el Senado un proyecto que permite las operaciones de la salmonicultura en Áreas Marinas Protegidas. Las organizaciones solicitan, por una parte, a la Cámara Alta rechazar proyecto de ley que modificaría la Ley General de Pesca y Acuicultura y, por otra, piden al Presidente electo, Gabriel Boric –que asume hoy–, que retire la iniciativa. «Hacen caso omiso a la incompatibilidad de las actividades acuícolas intensivas con la conservación” y ello se contrapone al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), señalan. Los gremios de la salmonicultura, en tanto, enfatizan que sí puede haber una coexistencia entre la acuicultura y la protección del ambiente marino, debido a que “la misma regulación ambiental actual lo reconoce, en la medida que no afecte a lo que se busca proteger o lo que se denomina el objeto de protección».
El 24 de enero de este año, el Gobierno de Sebastián Piñera presentó al Senado el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, lo que permitiría que las concesiones de acuicultura puedan seguir existiendo al interior de Áreas Marinas Protegidas. Ante esta situación, más de 100 organizaciones ambientales y 16 expertos, junto con rechazar la propuesta, acusan al Gobierno saliente de enviar proyectos a última hora que van en contra de la obligación de protección del medioambiente.
“Creemos que este último intento del Gobierno para otorgar una autorización irrestricta a la salmonicultura para establecerse de forma definitiva en áreas protegidas no tiene más sustento que la desmedida presión de la industria salmonera y su casi inexistente preocupación por los efectos negativos que genera”, apuntaron las organizaciones en una declaración firmada por las ONGs Oceana, Fima, WWF Chile, entre otras.
La moción sobre “concesiones acuícolas sustentables” establece herramientas para facilitar la localización de concesiones otorgadas en áreas protegidas del país. Actualmente las concesiones de acuicultura, al igual que otras actividades económicas, no pueden realizarse en parques nacionales, monumentos naturales y reservas de región virgen.
«La lógica del Sistema de Evaluación Ambiental y la regulación implica evaluar los impactos y establecer mitigaciones para esos impactos, y distingue grados de protección deseables en distintas áreas protegidas, con objetos de protección definidos y distintas categorías de protección», explica la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Joanna Davidovich.
Las organizaciones ambientales expresan que el desarrollo de la acuicultura no es compatible en las zonas protegidas.
“Es incomprensible que, en el presente, ante la crisis climática y de pérdida de biodiversidad en la que nos encontramos, se entreguen concesiones para el uso intensivo, específicamente para el desarrollo de la salmonicultura, dentro de áreas protegidas, poniendo en riesgo sus objetos de conservación y haciendo caso omiso a la evidente incompatibilidad de ambas actividades”, agrega la declaración.
Como parte incumbente en la controversia, el gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal) de SalmonChile, Esteban Ramírez, estima que sí puede haber una coexistencia entre la acuicultura y la protección del ambiente marino, debido a que “la misma regulación ambiental actual lo reconoce, en la medida que no afecte a lo que se busca proteger o lo que se denomina el objeto de protección», señala.
«El mejor ejemplo es la Reserva de las Guaitecas, que corresponde a una Reserva Forestal cuyo objeto de protección es el ciprés de las Guaitecas, incorporando áreas marinas en sus límites, es claro que un proyecto de explotación del Ciprés o alguno otro que intervenga el bosque es incompatible con la protección buscada, pero una actividad en el mar no tendría interacción relevante”, menciona el gerente general de Intesal.
Davidovich apunta en el mismo sentido. «Estamos convencidos de que sí es posible conjugar el desarrollo de actividades productivas, como la salmonicultura, con el debido cuidado del medio ambiente y es importante hacerlo para contribuir con el progreso de las comunidades de la zona sur, en que la extensión de las áreas de protección es alta y creciente», afirma.
La ejecutiva indica, además, que en el mar de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes se encuentran bajo alguna categoría de protección cerca de 20 millones de hectáreas, mientras que para el desarrollo de la acuicultura el Estado ha otorgado únicamente 28 mil hectáreas, es decir, el 0,14% de las áreas de protección en dichas regiones.
Ramírez igualmente añade que en la actualidad hay un problema de ordenamiento territorial que genera dilemas en torno a la localización de las industrias, por lo que la Ley General de Pesca y Acuicultura actualmente responde a esta problemática.
“Se ha generado un eslogan de que la industria opera y debe salir de áreas protegidas, pero no se toma en consideración que la industria opera en lugares autorizados por el Estado. En este sentido, tenemos casos en que se autorizaron operaciones y luego se estableció un Parque Nacional (donde existe prohibición legal de operar), por lo que la autoridad estableció relocalizar en otro lugar, pero en ese lugar se establece una reserva marina. Esto muestra que el problema de fondo es de ordenamiento territorial y este proyecto de ley abre la posibilidad de tener esa conversación”, menciona Estaban Ramírez.
Este proyecto fue presentado por las carteras de Defensa Nacional y de Economía, Fomento y Turismo argumentando que algunos centros de cultivos podrían operar en zonas protegidas bajo ciertos criterios de sustentabilidad.
Sin embargo, en la declaración las organizaciones y expertos expresan que la moción se “contrapone al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)”, dado que se han encontrado al menos 10 incompatibilidades, pese a que la ley del SBAP ha sido impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente y organizaciones de la sociedad civil durante el periodo de Sebastián Piñera.
“El proyecto de ley SBAP presenta al menos 10 artículos (Nº57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 79, 92 y 93) que prohíben explícitamente la realización de actividades industriales dentro de áreas protegidas, en coherencia con las directrices de la Convención de Washington, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) e incluso de la Ley de Pesca vigente”, subraya la declaración.
Además, agregan que “resulta evidente que el cultivo de especies exóticas no resultaría compatible con los objetivos de muchas de las áreas marinas protegidas del país”.
Por último, los expertos y las organizaciones solicitan al Senado rechazar el proyecto, “debido a la nula participación de las comunidades en su análisis, a la incompatibilidad de las actividades acuícolas intensivas con la conservación y porque debilita la protección de las Áreas Protegidas. En la misma dirección llamamos al Gobierno del Presidente electo Gabriel Boric, a revisar el patrocinio actual del Ejecutivo y retirar dicho proyecto de ley”.
Frente a este argumento, Ramírez, de Intesal, afirma que no hay incompatibilidad con la regulación actual, ni de pesca ni ambiental.
«La ley actual ya prohíbe la operación en áreas de conservación como los Parques Nacionales (terrestres o acuáticos), pero permite la operación en reservas, en cuanto no afecte el objeto de protección, exigiendo un plan de manejo de dicha área», explica el gerente general de Insal.
En relación con el SBAP, sostiene que el proyecto también incluye la categorización de áreas, lo que permite las actividades productivas en algunas de ellas.
Además, expresa que «si bien se han incluido indicaciones de ampliación de prohibiciones por parte de algunos congresistas, todavía ello no está resuelto». Ante esto, sostiene que la revisión de compatibilidad es parte de trabajo que tienen que hacer los legisladores.
«No se podría hablar en lo formal de dos leyes con artículos en contra, al estar ambas en proceso legislativo en el Congreso», asegura Esteban Ramírez.
Finalmente, Joanna Davidovich afirma que el proyecto SBAP y áreas protegidas establece distintas categorías de protección en las áreas protegidas y asevera que “es la manera de compatibilizar las actividades económicas con el cuidado del medio ambiente. Es habitual ver distintos proyectos de ley sobre las mismas materias que avanzan de manera paralela tanto en la Cámara como en el Senado. Es importante que las discusiones que se dan de los distintos temas sean amplias y logren unificar de manera constructiva las diferentes iniciativas sobre el tema para lograr una sola gran discusión, donde participen todas las visiones con mirada país de largo plazo”.
