CULTURA|OPINIÓN
Crédito: Camila Molina
Un sistema de gestión integrada de cuencas es una ambición que hoy puede hacerse realidad gracias a la Convención Constitucional. Su implementación nos permitirá enfrentar de manera más efectiva la actual crisis hídrica considerando cómo esta interactúa con el cambio climático, los usos de suelo y nuestras formas de habitar los territorios.
La conmemoración del día mundial del agua este 22 de marzo, nos convoca a reflexionar sobre la necesidad de desarrollar instrumentos de gestión territorial que permitan mitigar la crisis de escasez hídrica asociada a la sequía que hace más de una década afecta nuestro país.
La evidencia científica ha demostrado que esta megasequía es un efecto directo del cambio climático y que, por lo tanto, no es un fenómeno pasajero. Si consideramos que las causas y los efectos del cambio climático dependen de la interacción entre múltiples elementos de la naturaleza (agua, aire, tierra, fuego) es necesario dejar de pensar la crisis del agua como un problema aislado. Para enfrentar esta crisis se requiere de modelos de gestión, planificación y gobernanza que aborden los elementos de la naturaleza de manera integrada.
En el debate que actualmente se ha desarrollado sobre cómo incluir esta problemática en la nueva Constitución, la gestión integrada de cuencas se ha instalado como una apuesta de relativo consenso entre instituciones y organizaciones de carácter académico, medioambiental y político.
En las últimas semanas, la Convención ha aprobado en general la instalación de la cuenca hidrográfica como una unidad de gestión del territorio y el clima. Como investigadores del Centro del Clima y la Resiliencia (CR)2, apoyamos esta iniciativa al ser un componente clave de la institucionalidad que se requiere para hacer frente al cambio climático.
Las cuencas hidrográficas se delimitan por el flujo de un conjunto de ríos que convergen en cauces generales cuyo recorrido culmina en el mar. Se trata de sistemas socioecológicos con características climatológicas, geográficas, territoriales y de vegetación particulares que, a la vez que interactúan, varían en su recorrido especialmente entre cordillera y mar. Por ello dentro de los límites de una cuenca podemos encontrar diversas actividades productivas interconectadas, así como concentraciones de población urbana y/o rural en permanente interacción. Cada cuenca presenta diferentes grados y formas de vulnerabilidad y resiliencia ante el cambio climático.
En las cuencas existen múltiples agentes que se encargan de la gestión de las aguas superficiales y subterráneas, el suelo, la agricultura, los bosques, las emisiones contaminantes de industrias y transporte, los que en su mayoría trabajan en forma independiente.
Este déficit de coordinación se acentúa si consideramos que no existen instrumentos de gestión territorial que conciban la cuenca como un todo, lo que a su vez impide diseñar planes que permitan anticiparse y responder a los impactos contextuales del cambio climático.
Dado este escenario, se requiere que las cuencas hidrográficas se reconozcan como unidades de gestión territorial en su propio derecho. Para ello es necesario generar una gobernanza climática con instituciones y procesos que se ajusten a las particularidades de cada cuenca. Esto permitiría visualizar las interdependencias que se generan entre los elementos y cómo estas varían al interior de las cuencas, así como, reconocer las particularidades de los impactos del cambio climático en distintos territorios.
En Chile existen 101 cuencas hidrográficas, muchas de las cuales coinciden con la delimitación de nuestras actuales provincias. Una reorientación en la gobernanza climática hacia las cuencas hidrográficas, por lo tanto, no implica una completa reorganización de las distinciones territoriales actuales.
Sin embargo, pensar en una gobernanza climática de cuencas hidrográficas nos permite tomar en cuenta cómo el flujo del agua determina la dinámica y constante transformación de nuestros territorios, y por lo tanto cómo sociedad y medioambiente desdibujan sus límites más allá de lo que las actuales delimitaciones administrativas nos permiten observar. Incorporar esta visión en la nueva constitución es fundamental si queremos avanzar en comprender cómo el cambio climático emerge del indisoluble lazo entre entorno ecológico y sociedad.
Un sistema de gestión integrada de cuencas es una ambición que hoy puede hacerse realidad gracias a la Convención Constitucional. Su implementación nos permitirá enfrentar de manera más efectiva la actual crisis hídrica considerando cómo esta interactúa con el cambio climático, los usos de suelo y nuestras formas de habitar los territorios.
