Los avances en materia ambiental de la Convención Constitucional

Existe una creciente percepción pública de que la Convención Constitucional está fracasando en su labor. Sin embargo, creemos que esa visión está muy alejada de la realidad.

Quizás esta mala evaluación se debe a las frecuentes noticias sobre el rechazo de informes completos. No obstante, se omite que esto significa que dichos documentos regresan a la comisión de origen para mayor debate. También ha aumentado la desinformación por parte de quienes promueven el Rechazo a la nueva Constitución desde mucho antes que se iniciara el proceso. Todo esto sumado a la esperanza de que, tras el “Chile despertó”, vendría un proceso de construcción de un nuevo pacto social que nos encontraría a todos de acuerdo. Pero los avances no pueden lograrse sin discusión ni debate.

Es probable que el motivo de los cuestionamientos a la Convención sea nuestra falta de experiencia como país en un proceso constitucional democrático, dado que esta es la primera vez en nuestra historia en que la diversidad de Chile está construyendo la Carta Magna que nos guiará en las próximas décadas y que busca explícitamente ser amplia, inclusiva y transformativa.

Hay dos cosas que como ciudadanos deberíamos tener claras: la primera es que no podemos basar nuestra opinión de un proceso tan complejo en fragmentos de titulares de noticias. Tenemos que leer en su totalidad el texto constitucional propuesto y solo sobre esa base formular un juicio. La segunda es que, después de décadas de bloqueo institucional a reformas constitucionales, era improbable lograr acuerdos rápidos y fáciles en torno a las legítimas demandas de las chilenas y los chilenos.

La experiencia internacional nos enseña que las Constituciones son el producto de procesos largos, llenos de controversias y vaivenes, de errores y de sus consecuentes aprendizajes. Quizás sea el momento de dejar de lado la frustración que genera la espera y leer con detención los artículos aprobados hasta el momento (en la web de la Convención está un consolidado de normas que se actualiza semanalmente).

Si observamos el estado del proceso, veremos que la Convención no se ha dedicado solo a rechazar propuestas. En este texto ya hay más de 281 artículos aprobados que cubren (aún no totalmente) la mayoría de las áreas que la Convención se propuso abordar. Acá revisaremos aquellas relacionadas con la crisis climática y ecológica que es nuestra área de experticia e incidencia.

Vale recordar que en octubre del año pasado el Pleno aprobó una declaración que le exigía a la Convención reconocer y abordar la crisis climática y ecológica como uno de los ejes transversales de su quehacer. Desde entonces, muchas propuestas fueron avanzando, siendo discutidas y sometidas a votación en las siete comisiones que componen el órgano constitucional. Muchas de estas se perdieron en el camino, algunas por ser demasiado específicas y lejanas para un texto constitucional, otras por no gozar de suficiente consenso, o por ser redundantes con otras ya aprobadas. No obstante, lo que se ha aprobado es un avance considerable respecto a la Constitución pasada.

En este bosquejo de nueva Constitución aparece explícitamente el reconocimiento del cambio climático y el deber de actuar para mitigarlo y adaptarse a sus efectos, y se promueve el diálogo, la cooperación y la solidaridad para enfrentar la crisis climática y proteger la naturaleza. Se afirma a dicha naturaleza como un sujeto de derecho que requiere ser conservada, regenerada y restaurada, y cuyos equilibrios se deben respetar. Se afirma el carácter común de los bienes naturales como el mar, los glaciares, la atmósfera y los suelos. No se prohíbe (como algunos han afirmado) su apropiación o uso privado, sino que se aplica una regulación más estricta para la mantención y sostenibilidad de los ecosistemas, y fija un catastro de bienes inapropiables que podrán someterse solo a concesión, pero no a la entrega de derechos.

Se declara al Estado como custodio de la Naturaleza, y se consagra el derecho de toda persona de exigir el cumplimiento de este deber. Se definen principios que establecen los valores que la Constitución busca asegurar en materia ambiental, como los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa, que permitirán guiar la futura legislación y política pública. Se reconocen derechos fundamentales de la población (como el derecho al agua y al saneamiento) y se establecen instrumentos para garantizarlos, como el manejo integrado de cuencas.

Estos artículos quizás requerirán un proceso de edición, revisión, integración y asimilación. En efecto, la Convención ya consigna explícitamente esta función a la Comisión de Armonización que continuará el trabajo de las siete comisiones, ahora encargadas de generar el primer borrador del texto constitucional. Pero en su sustancia, los artículos aprobados poseen toda la esencia y ambición que a la Convención se le pidió en estas materias. Así, representan un avance crucial no solo respecto de la Constitución que se quiere sustituir –cuyo articulado de protección ambiental era tan escueto que resultaba incluso una traba para avanzar en normativas acordes a la realidad actual y futura– sino también a la experiencia internacional, quedando a la vanguardia del anhelo mundial en busca del desarrollo sustentable.

Si observamos con detención el borrador de la Constitución, lo veremos crecer semana tras semana y podremos apreciar cómo la Convención es todo menos que un fracaso: es un camino que busca imaginar un Chile distinto, a la altura de las ambiciones y desafíos que nos plantean el presente y futuro. Un Chile más justo, digno, solidario y sostenible, que sea un referente en la arena latinoamericana y global, donde todas y todos podamos vivir y florecer en esta y en las futuras generaciones.

Los autores son investigadores del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2.