CULTURA|MEDIOAMBIENTE
Créditos: Agencia Uno (referencial)
Esta prerrogativa fue publicada el pasado 6 de abril en la reforma al Código de Aguas, destacándose el artículo 314, el que indica que la DGA puede exigirle a las Juntas de Vigilancia -propietarias de los derechos de agua- que se encuentran en zonas declaradas como de escasez hídrica «la presentación de un acuerdo de redistribución, dentro del plazo de quince días corridos contado desde la declaratoria de escasez».
El Gobierno del Presidente, Gabriel Boric, mediante una resolución publicada este lunes recién pasado por el director (s) de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, Cristian Núñez, le exige a los dueños de los derechos de aguas superficiales del Río Aconcagua, de enviar en un plazo de 15 días un acuerdo en la redistribución, además de «asegurar que (…), entre todos los usuarios de la cuenca, prevalezcan los usos para el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia».
Esta prerrogativa fue publicada el pasado 6 de abril en la reforma al Código de Aguas, destacándose el artículo 314, el que indica que la DGA puede exigirle a las Juntas de Vigilancia -propietarias de los derechos de agua- que se encuentran en zonas declaradas como de escasez hídrica «la presentación de un acuerdo de redistribución, dentro del plazo de quince días corridos contado desde la declaratoria de escasez».
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Según consigno La Tercera, es la primera vez que el Gobierno hace uso de este artículo, y lo hace con la finalidad de que se recargue el embalse Los Aromos -este abastece el Gran Valparaíso y el litoral norte de la región- para llegar al 1 de septiembre próximo a loas 25,38 millones m3 de agua que se necesita para continuar con el consumo humano. A este martes, la DGA informó que la represa llega a los 8,053 millones.
El acuerdo también contempla la disposición de caudales específicos para cuatro plantas de agua potable pertenecientes a Esval: 300 l/s en Los Andes, 1.350 l/s en Las Vegas, 70 l/s en La Cruz y 3.000 l/s en la bocatoma de la planta de tratamiento de Concón.
En caso de no cumplir con lo requerido por la DGA, esta puede «ordenar el cumplimiento de las medidas necesarias para que, con la dotación que les corresponda por la aplicación del acuerdo de redistribución, los prestadores de servicios sanitarios reciban el caudal o los volúmenes requeridos para garantizar el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia, pudiendo además disponer la suspensión de las atribuciones de las Juntas de Vigilancia».
El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, ya advirtió la semana pasada esta grave situación, calificándola de «muy crítica» al no existir acuerdos en la extracción de agua del río en la denominada Mesa del Aconcagua, cuyos integrantes son: el Gobierno, Esval y los agricultores.
En tanto, el presidente de la organización en la primera sección del río (Los Andes-San Felipe), Javier Crasemann, se mostró crítico al señalar que «el acuerdo no se alcanza, porque no hay avances en los compromisos que toma el Estado de Chile en las soluciones de fondo. No hay avance en obras, ni en un plan tarifario que separe consumo humano de uso industrial o recreacional del agua, no se exigen mejoras en eficiencia a Esval (…). Tampoco se habla de reúso ni de desalinización. Solo se endosa el problema a las Juntas de Vigilancia».
A su vez, puntualizó que la DGA ya ha dictado tres resoluciones de este tipo durante marzo, obligándolos a disminuir el riego en sus plantaciones, a lo que expresa que esta nueva exigencia significa que «gran parte del agua superficial del Río Aconcagua irá para Esval. Todo para la zona urbana, afectando a las zonas rurales. ¿Dónde está la equidad en esta medida? Parece una resolución hecha para y por la sanitaria, en desmedro de la gente de campo y de la agricultura familiar campesina, que también son parte de esta región»
Por parte de Esval, habló con el mismo medio (La Tercera) su gerente regional, Alejandro Salas, quien manifestó que «confiamos en poder llegar a un acuerdo que nos permita sostener el suministro. Estamos conscientes del esfuerzo que supone para los regantes este acuerdo temporal (…). Reiteramos, como siempre, nuestro llamado a un uso responsable del recurso».
«Evitar el racionamiento y asegurar el consumo humano para más de un millón de personas del Gran Valparaíso y litoral norte es fundamental ante la grave crisis hídrica que afecta a la región», complementó.
Finalmente, indicó que como empresa han destinado más de $100.000 millones para la cuenca del Aconcagua, logrando evitar el alza en la demanda de agua, «pese al crecimiento de la población».
