CULTURA|OPINIÓN
El concepto “patrimonio” suele abrirse paso y situarse “entre”, por ejemplo “entre la cultura, la identidad y la disputa”, o también “entre la réplica y el hechizo”, ocupando un lugar a la vez tenso y vacilante entre “lo académico y lo comunitario”, “entre la gestión y la experiencia”. En este sentido es importante observar las normas sobre aprobadas por la Convención Constitucional en cuanto a reconocer y proteger los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales, y garantizar su conservación, revitalización, aumento, salvaguardia y transmisión a las generaciones futuras, cualquiera sea el régimen jurídico y titularidad de dichos bienes.
A espaldas de la narrativa institucional, el “día de los patrimonios” (único en el año que dura 48 horas) me ha resultado siempre más paradójico que natural, más interrogativo que afirmativo.
El civismo que alienta a ciudadanos y ciudadanas para acudir con entusiasmo al llamado de los programas que ofrecen recorrer zonas recuperadas, colecciones y edificios no usualmente disponibles a la inspección del público, tiene un efecto que puede ir más allá de la visita guiada o la caminata cívica con que se rubrica lo histórico y lo pintoresco.
Ese efecto, pienso, es el de la presencia de un enigma, pues más allá de la consistencia de sus definiciones oficiales, del patrimonio importa lo formal, lo histórico, lo político, lo social, lo comunitario, lo museológico, pero en forma de preguntas.
En este sentido lo enigmático no es mera retórica, sino el nombre que le damos a la actualidad de las interrogantes. La actualidad política que tiene la pregunta por la dimensión cultural, de producción y de uso, actual o pretérito, de lo que se nos insta a reconocer como “patrimonio cultural”.
Lo que advierten Alejandra Araya y Felipe Gallardo en su artículo “¿Qué ley de patrimonio necesitamos de cara a una nueva Constitución?” (Palabra Pública, mayo 2022), acerca de la apurada y acomodaticia modificación de la Ley 17.288 de 1970, denominada “Ley de Monumentos Nacionales”, tiene que todo ver con la actitud interrogativa de que hablamos.
“La fragilidad del sistema que permitió casi aprobar la nueva ley, que nos recuerda la necesidad de abordar el patrimonio cultural con altura de miras, decoro y respeto, y de manera más definitoria por las necesidades actuales”.
Vemos por una parte la relevancia de la oportunidad, la inclusión y la participación, y por otra parte, la pertinencia de la interrogación y la crítica permanente sobre el tema.
El espacio de la producción y del estudio del arte es uno de los lugares en que dicha pregunta encuentra sentido, un lugar que propone y exige diversidad de miradas, pero no sólo en cuanto cumplimiento de una transversalidad programática, sino en cuanto alienta una respuesta interrogativa al fenómeno. De modo que resulta urgente pensar críticamente la noción de patrimonio en todas sus facetas y formas.
El concepto “patrimonio” suele abrirse paso y situarse “entre”, por ejemplo “entre la cultura, la identidad y la disputa”, o también “entre la réplica y el hechizo”, ocupando un lugar a la vez tenso y vacilante entre “lo académico y lo comunitario”, “entre la gestión y la experiencia”.
En este sentido es importante observar las normas sobre aprobadas por la Convención Constitucional en cuanto a reconocer y proteger los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales, y garantizar su conservación, revitalización, aumento, salvaguardia y transmisión a las generaciones futuras, cualquiera sea el régimen jurídico y titularidad de dichos bienes.
Finalmente, habrá que tener muy en cuenta lo que nos depara pensar el patrimonio, o como antaño sugería con agudeza un querido profesor, colega y amable filósofo local, “lo que nos dé para pensar” los patrimonios.
