La iniciativa busca crear conciencia sobre el cuidado de este recurso natural e incentivar políticas que aseguren su acceso equitativo. Chile vive una crisis hídrica a causa de la sequía y los efectos del cambio climático. Según el último informe de la ONU, Chile está en “estrés hídrico alto”, siendo el primer país de América Latina en esta condición crítica. El año 2021 cerró como uno de los años más secos en la historia del país, registrando un déficit de precipitaciones superior al 50%. Ante este escenario, si bien combatir el cambio climático y la inequidad en el acceso al agua desde un nivel personal puede parecer imposible, sí hay acciones que cada habitante del país puede poner en práctica para ser un aporte en este esfuerzo global de cuidado del agua.
El agua es una sustancia necesaria y fundamental para la vida de todo ser vivo en el planeta. Cómo protegerla y asegurar que cada persona tenga acceso a ella es parte de las problemáticas que comienzan a discutirse desde esta semana en Estocolmo, Suecia, en la Semana Mundial del Agua (del 23 de agosto al 1 de septiembre). Este año, el foro de las Naciones Unidas (ONU) busca encontrar soluciones a los desafíos hídricos globales, con especial interés en las aguas subterráneas, informó la web de la Universidad de Chile.
En Chile, el cambio climático ha aumentado las temperaturas y ha disminuido las precipitaciones, lo que ha provocado que su zona central se transforme desde un clima mediterráneo hacia uno cada vez más árido. La sequía es la principal amenaza también para esta agua “invisible” presente bajo nuestros pies, que se nutre de la lluvia y la nieve absorbidas por el suelo y luego se mueve bajo tierra alimentando manantiales, ríos, lagos y humedales, en su ruta hacia el mar.
A pesar del escenario crítico que enfrenta este recurso cada vez más escaso, la profesora Anahí Ocampo, especialista en sociohidrología y académica del Departamento de Gestión Forestal y su Medio Ambiente, de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, ve la situación con esperanza.
“Veo que Chile vive actualmente un renovado interés en conocer más sobre la fragilidad del territorio donde vive y las injusticias ambientales que enfrentan distintas regiones. Cuando llegué a trabajar al país, hace menos de 10 años, muy pocas personas, incluso muy pocos académicos, sabían cómo funcionaba el sistema de derechos de agua en Chile o cuáles eran los desafíos técnicos y de gestión que enfrentan las empresas y agrupaciones sociales que captan, tratan y distribuyen el agua en las distintas localidades», plantea.
En esta línea, destaca que «en muy pocos años, y a raíz de la cada vez más evidente y acuciante disminución de las precipitaciones, debido al fenómeno de la mega sequía y probablemente también a los ya identificados efectos del cambio climático en la intensidad de las precipitaciones y el aumento de la cota de nieve, el tema del agua salió no solo a primera plana, sino que también movilizó a una parte importante de la juventud y de las poblaciones de las zonas rurales, que vieron que era un tema que no sonaba muy bien para su futuro”.
Junto con la crisis climática, otra de las causas de la escasez de agua en el país es el problema estructural de gestión del agua. Es así como el 53% de las comunas del país están en sequía hídrica, y en su mayoría con racionamiento del recurso, una realidad que llegó también al sector oriente de la Región Metropolitana.
“Soy positiva con el diagnóstico y tengo esperanza de las actuales y futuras generaciones. Creo que el gran desafío es la colaboración y la búsqueda de puntos en común que beneficien a todos. En este momento, están en proceso muchas conversaciones y generando diversas iniciativas en los distintos sectores público, privado, academia y organizaciones sociales. El desafío será entonces generar espacios de diálogo y colaboración para encontrar puntos en común entre todas estas iniciativas que puedan permitirnos remar hacia el mismo lado. Hay muchas posibilidades de encontrar soluciones innovadoras, soluciones ancestrales y nuevas formas de gestión sostenible, si salimos de nuestras trincheras y posiciones y logramos entender ‘al otro’”, reflexiona la profesora Ocampo.
Según el último informe de la ONU, Chile está en “estrés hídrico alto”, siendo el primer país de América Latina en esta condición crítica. El año 2021 cerró como uno de los años más secos en la historia del país, registrando un déficit de precipitaciones superior al 50%. Ante este escenario, si bien combatir el cambio climático y la inequidad en el acceso al agua desde un nivel personal puede parecer imposible, sí hay acciones que cada habitante del país puede poner en práctica para ser un aporte en este esfuerzo global de cuidado del agua.
“Informarse, escuchar otras posturas, involucrarse a través de sus organizaciones, instituciones y actividades económicas. Desde mi línea de investigación, veo un abismo entre la realidad que se vive en las ciudades y la realidad de las zonas rurales. Entender lo que viven en zonas rurales es clave para empatizar también con los desafíos de gestionar el agua en la práctica”, dice la ingeniera ambiental.
La académica destaca también el importante rol de la comunidad científica en advertir este tipo de amenazas.
“Hago también un mea culpa al rol de los investigadores. Los impactos que nos depara el cambio climático son conocidos por la comunidad científica desde hace décadas. El problema tal vez es que no hemos sabido cómo comunicarlo, o cómo pasar la frontera hacia contribuir en las decisiones que son políticas y que deben poner en la balanza muchos otros aspectos que van más allá de los datos científicos”, agrega.
En el texto que la ciudadanía votará en el próximo plebiscito del 4 de septiembre se reconoce el agua como un derecho humano, y también se preocupa de la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados. ¿Cómo beneficia al cuidado del medioambiente y a las comunidades esta nueva propuesta?
La profesora Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Medio Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, explica que el reconocimiento del acceso al agua como un derecho fundamental de las personas ya tiene antecedentes jurídicos en la Corte Suprema y en la reforma al Código de Aguas.
“Hay que reconocer que este derecho tuvo un reconocimiento de parte de la Corte Suprema en dos causas el año 2021, en que esta Corte, en base a los tratados internacionales firmados por Chile, reconoce el derecho humano al agua con la necesidad de abastecer a la población con un mínimo diario de 100 litros de agua por persona. Y luego, la reforma al Código de Aguas, también lo consagra y, por lo tanto, la propuesta de la nueva Constitución da un paso adicional en ubicar este derecho en la norma de más alta jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico. Ese es el real aporte que hace”, explica la abogada.
Ahora falta definir cuál es el contenido de este derecho humano al agua, puesto que el reconocimiento de la Corte Suprema es más bien de orden cuantitativo. Queda por determinar qué significa este acceso, si -por ejemplo- el abastecimiento con camiones aljibe cumple, y por otra parte, cuál es la calidad del agua esperable. En ese sentido, se plantean preguntas respecto de la desalinización, y la calidad del agua desalinizada para abastecer el consumo humano y sus usos domésticos.
“Lo interesante de esta nueva propuesta es que se considera el agua ya no como un recurso productivo únicamente, y en una relación de propiedad entre las personas y este elemento de la naturaleza, sino que se reconoce el agua como un elemento parte de la naturaleza, del medioambiente, y como una condicionante de la vida humana en atención a esta interdependencia entre la naturaleza y los seres humanos. Eso es un gran cambio de paradigma en esta relación humanidad-naturaleza y -específicamente- respecto al elemento agua”, dice la especialista.
A su vez, el agua se considera parte del ciclo hidrológico, un enfoque que también venía plasmado en la reforma en el Código de Aguas, pero que ahora se refuerza.
“Antes el agua se consideraba como un elemento muy particular y separado. Incluso, su tratamiento en el ordenamiento jurídico era muy dispar entre aguas superficiales, subterráneas y glaciares. Ahora hay un concepto que se instala, que es el del ciclo hidrológico, y con ello comenzamos a concebir el agua como un sistema natural con los servicios ecosistémicos que puede prestar y con la interacción que tiene respecto de todo su ciclo, y -además- con los otros elementos de la naturaleza y de la sociedad que intervienen en las distintas partes del ecosistema: alta montaña, cuenca y desembocadura en el mar, caracterizada por la existencia de humedales y otras zonas de alto valor ecológico y para la biodiversidad”, explica la profesora de la Facultad de Derecho.
Coincide en este punto, la especialista en sociohidrología, Anahí Ocampo, quien dice que la propuesta constitucional rompe con varios paradigmas que en la actual realidad han demostrado su obsolescencia.
“Por un lado, reconoce que el ser humano no está aislado de lo que sucede en su entorno, y que -por tal motivo- proteger su medioambiente y conservar ecosistemas es conservarse a sí mismo. Por otro lado, reconoce que el agua es un elemento clave que no solo permite el crecimiento económico, sino también que provee de servicios que a veces no tienen un valor de mercado, pero que es esencial para otros beneficios de los que el ser humano depende. Estas dos ideas se relacionan también con la idea de los bienes que son comunes a todos y, por lo tanto, requieren de una protección especial del Estado”.