CULTURA|MEDIOAMBIENTE
A partir de información del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) obtenida vía Ley de Transparencia, junto a información disponible en las plataformas web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la ONG Terram se logró identificar que 6 concesiones se mantendrían al día de hoy en situación de caducidad -cinco de ellas de propiedad de la canadiense Cooke y la noruega Nova Austral-, por lo que se solicita que la SSFFAA caduque estas concesiones ubicadas dentro de los parques nacionales Laguna San Rafael, Isla Magdalena y Alberto de Agostini. En el informe se señaló, además, un «importante nivel de ineficiencia e ineficacia en la coordinación de los organismos públicos competentes en la materia, lo cual se expresa en expedientes que durante largos años no han sido resueltos por la SSFFAA».
Seis centros salmoneros se encuentran en situación de caducidad dentro de parques nacionales, según un reporte de la ONG Terram.
Dos de ellos se encuentran en los parques nacionales Laguna San Rafael, pertenecientes a la canadiense Cooke, tres en Alberto de Agostini, de Nova Austral, de capitales de Noruega y Estados Unidos, y una de uno en Isla Magdalena, de AquaChile.
La primera además fue sancionada en octubre pasado. En la ocasión, el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, acogió la solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que autoriza la detención parcial de actividades relativas al proceso de siembra en el Centro de Engorda de Salmónidos (CES) Huillines 3, ubicado en el Estero Cupquelán, dentro del Parque Nacional San Rafael, debido al inminente peligro para el medio ambiente que constituye la futura siembra de 170 mil salmones, considerando que el señalado CES Huillines 3 no ha sido evaluado ambientalmente.
Los impactos ambientales derivados de la sobreproducción de salmones van desde generación de condiciones anaeróbicas (sin oxígeno) en el lecho marino; el uso y abuso de químicos y antibióticos; impactos derivados de la sobrecarga de nutrientes que facilitan el florecimiento de algas nocivas; y el ya consabido riesgo mayor de escapes masivos de salmones.
Los impactos ambientales derivados de la sobreproducción de salmones van desde generación de condiciones anaeróbicas (sin oxígeno) en el lecho marino; el uso y abuso de químicos y antibióticos; impactos derivados de la sobrecarga de nutrientes que facilitan el florecimiento de algas nocivas; y el ya consabido riesgo mayor de escapes masivos de salmones.
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El listado fue confeccionado a partir de información del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) obtenida vía Ley de Transparencia, junto a información disponible en las plataformas web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la SMA.
Las seis concesiones salmoneras habrían incurrido en causal de caducidad conforme a lo establecido en el artículo 142 letra e) de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA). Esta se refiere a «no iniciar actividades de cultivo durante el primer año desde realizada la entrega material de la concesión, o bien, suspender operaciones de cultivo por más de dos años sin contar con una autorización de la SSFFAA para ampliar el plazo de dicha suspensión de operaciones».
La ONG además señaló un «importante nivel de ineficiencia e ineficacia en la coordinación de los organismos públicos competentes en la materia, lo cual se expresa en expedientes que durante largos años no han sido resueltos por la SSFFAA».
«Sumado a lo anterior, las denuncias realizadas por SERNAPESCA a la SSFFAA, a la luz de los datos obtenidos, carecen de un criterio claro y uniforme a la hora de identificar las concesiones que habrían incurrido en causal de caducidad».
Fuente: Terram
En el caso de Laguna San Rafael, según los datos entregados por la SSFFAA, las dos concesiones de Cooke que SUBPESCA autorizó relocalizar el 29 de junio de 2022 fuera del Parque Nacional Laguna San Rafael, desde la ACS 25B hacia la 25A, solicitaron por primera vez una ampliación de plazo el 16 de abril de 2020, la cual fue aprobada por la SSFFAA el 31 de enero de 2022, a través de las Resoluciones N° 1084 y 1011, respectivamente.
En vista de que ambos centros suspendieron operaciones durante seis años, entre enero de 2012 y diciembre de 2017, las solicitudes de ampliación de plazo, al ser extemporáneas, no permiten a su titular –Cooke Aquaculture- sortear la causal de caducidad establecida en el artículo 142 letra e) de la LGPA, por lo cual ambas concesiones debieran ser caducadas por la SSFFAA, según Terram.
Asimismo, ninguno de los centro cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Finalmente, Nova Austral registra 6 CES que suspendieron operaciones por más de 24 meses. Si bien todos solicitaron ampliación de plazo para suspender operaciones de acuerdo a la información entregada por la SSFFAA, tres de ellos lo hicieron después de haber incurrido en causal de caducidad (CES 120085, 120092 y 120097).
Por su parte, el CES 120088 solicitó ampliación de plazo en el mes 24, por lo cual corresponde a SERNAPESCA y la SSFFAA corroborar los plazos exactos para determinar su situación legal.
De las tres concesiones detalladas anteriormente que, de acuerdo a los antecedentes obtenidos, incurrieron en causal de caducidad, solo una de ellas (CES 120097) fue denunciada por SERNAPESCA a la SSFFAA por dicho motivo el año 2016.
Ese mismo año, SERNAPESCA también denunció la concesión donde opera el CES 120088, mientras en 2019 denunció la concesión donde opera el CES 120090, que de acuerdo a información de la SSFFAA, habrían solicitado ampliación de plazo para suspender operaciones justo antes de incurrir en causal de caducidad, lo cual pone de manifiesto la ausencia de coordinación entre ambos organismos, según Terram.
En vista de los antecedentes, Terram planteó una serie de recomendaciones para subsanar la situación.
La primera es que la SSFFAA caduque las seis concesiones ubicadas dentro de Parques Nacionales que, de acuerdo a todos los antecedentes hasta hoy disponibles, incurrieron en causal de caducidad, incluyendo las dos concesiones que la SUBPESCA autorizó relocalizar fuera del Parque Nacional Laguna San Rafael, y junto a ello, clarifique la situación de los CES 110842 y 120088, que tal como fueron expuestas, presentan complejidades particulares que deben ser corroboradas.
«Es importante tener presente que hacer cumplir la ley y caducar estas concesiones, no tendrá efectos relevantes en materia laboral, ya que durante diez años ninguno de estos centros ha realizado más de dos ciclos productivos, y dichas funciones corresponden a contratos a plazo y no a empleos permanentes», señaló la ONG.
En segundo lugar, pidió que la SUBPESCA no apruebe nuevos proyectos de relocalización en trámite mientras no se resuelva la situación legal de los casos aquí expuestos, tanto por incurrir en causal de caducidad, como también por eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), si así correspondiera.
«Cabe precisar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 letra d) de la Ley N° 19.300, dichos proyectos de relocalización de centros de cultivo de salmones que pretendan instalarse dentro o en zonas aledañas a áreas protegidas, deben ingresar al SEIA vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA)», detalló Terram.
En tercer lugar, la ONG pidió que la SMA inicie los procedimientos sancionatorios de forma oportuna sobre aquellos centros que no cuentan con RCA y que se encuentran con solicitud de relocalización aprobada (CES 110225 y 110295) o en trámite (CES 110849), en caso de corroborar que sus titulares hayan realizado modificaciones a sus respectivos proyectos técnicos sin haber ingresado al SEIA.
Finalmente, Terram demandó que el SERNAPESCA y la SSFFAA «ajusten sus criterios de funcionamiento interno, en virtud de hacer cumplir la normativa vigente, a la hora de fiscalizar, denunciar y resolver sobre la caducidad de las concesiones que hayan incurrido en alguna de las causales que establece la Ley».
