Medioambiente
La demanda contra trece empresas del complejo industrial y organismos del Estado fue presentada en julio de 2016 por el Sindicato de Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales, Buzos Mariscadores y Ramos Similares de caleta Horcón, representados por la Defensoría Ambiental. Este miércoles 3 de mayo concluye, en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, el proceso de alegatos que se inició en enero de este año con la etapa de pruebas testimoniales, donde compareció alrededor de un centenar de testigos, los que fueron presentados por los trece demandados y las tres organizaciones demandantes, representadas por la señalada Defensoría Ambiental, que fue la que interpuso la demanda que derivó en este juicio.
Este miércoles el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago albergará las alegaciones finales del juicio por daño ambiental en la zona Quintero, Puchuncaví y Concón. De esta forma, el Tribunal contará con todos los antecedentes necesarios para comenzar la revisión de la prueba presentada durante el juicio y así poder decidir una sentencia, proceso cuya extensión en el tiempo es incierta.
La demanda contra trece empresas del complejo industrial y organismos del Estado fue presentada en julio de 2016 por el Sindicato de Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales, Buzos Mariscadores y Ramos Similares de caleta Horcón, representados por la Defensoría Ambiental.
«La situación de daño ambiental es evidente: existe pérdida significativa de especies marinas y vegetales, disminución significativa de la calidad del aire y del suelo, aumento en las enfermedades respiratorias y en la incidencia de cáncer en la población; en fin, la situación de daño ambiental en la zona es innegable», expresa la demanda.
Las audiencias testimoniales contra la Corporación Nacional del Cobre de Chile División Ventanas (Codelco), Puerto Ventanas S.A., Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENEL), GNL Quintero S.A., Empresas COPEC S.A., Gasmar S.A., Oxiquim S.A., Petróleos, Asfaltos y Combustibles S.A., Melon S.A., Empresa Nacional del Petróleo, Ministerio del Medio Ambiente, Catamutun Enegía S.A. y AES Gener S.A., comenzaron el 3 de enero de este año.
“En concreto, esta demanda es para determinar la existencia de daño ambiental y la responsabilidad por daño ambiental”, explicó Alejandra Donoso, la abogada patrocinante y directora de la ONG Defensoría Ambiental.
Si bien la demanda fue presentada en 2016, la zona de sacrificio aloja un largo historial de contaminación ambiental que data de los años 60 del siglo XX.
Los episodios de alerta ambiental son recurrentes, cabe recordar que las intoxicaciones masivas en la bahía ocurren constantemente. En 2011, la contaminación con azufre afectó a la escuela La Greda y dejó 31 niños intoxicados, con síntomas como picazón en los ojos, vómitos y desorientación. Adicionalmente, entre agosto y septiembre 2018 un episodio grave de contaminación afectó a más de 1.300 personas, las cuales acudieron a centros médicos con un cuadro clínico atípico, como vómitos de sangre, dolores de cabeza, mareos, parálisis de las extremidades, además de extrañas ronchas en la piel de los infantes. Adicionalmente, el pasado 9 de junio de 2022, otro episodio afectó a 115 personas y, en marzo de este año, 48 personas acudieron a los centros asistenciales por contaminación del aire.
Aunque las autoridades han iniciado diversos planes y políticas ambientales a lo largo de los años, estos no han sido suficientes, por ejemplo, el cierre de la Fundición Ventanas de Codelco anunciado por el Gobierno en junio de 2022 fue evaluado con entusiasmo; sin embargo, dicho cierre será progresivo, por lo que demorará varios años en concretarse.
“La situación hoy día es peor que cuando se presentó la demanda. A pesar de la existencia de políticas, que siguen siendo insuficientes, incluyendo la activación de protocolos que también son hechos por y para las empresas, algo se ha hecho. El empeoramiento de las condiciones es un impacto que es sinérgico, por lo tanto, es muy difícil estudiar los efectos específicos de las mezclas que van ocurriendo, sabes lo que pasa con un contaminante o con otro contaminante, pero no con todos esos contaminantes, además que no todos están normados. Una característica es la sinergia que lo vuelve muy complejo y lo otro es la acumulación. En general, nos enteraremos de los efectos agudos, pero hay efectos crónicos que son de largo plazo y es muy difícil analizarlos de antemano y muy posiblemente, con el correr del tiempo, vamos a ir observando nuevos efectos”, apuntó la abogada.
Durante cuatro meses compareció alrededor de un centenar de testigos, los que fueron presentados por los trece demandados y las tres organizaciones demandantes, representadas por la Defensoría Ambiental. Este martes declararon los demandantes, la Organización Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, el Puerto Ventanas y las empresas AES Andes, Codelco, ENEL, GNL y COPEC. Durante este miércoles será el turno de GASMAR, OXIQUIM, PACSA, Melón y ENAP, y durante la tarde lo harán el Ministerio del Medio Ambiente y Catamutún Energía.
Donoso expresó que la audiencia testimonial de este martes “fue una buena jornada”.
“El Tribunal tiene ya en sus manos muchísima información para tomar su decisión y yo creo que la evidencia habla por sí misma”, señaló la abogada.
“Es evidente la existencia del daño ambiental y es evidente que emana del funcionamiento del complejo industrial y de las omisiones del Estado que han permitido un funcionamiento, el cual es contrario al resguardo de los derechos humanos de las personas que habitan en ese territorio”, agregó.
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