CULTURA
Tras un acuerdo entre SQM y Corfo, todos los años las comunidades indígenas de la zona deben recibir regalías por la extracción del litio, para ser invertidas en obras de infraestructura y fomento. La minera ya entregó 13 millones de dólares correspondientes a 2018, 2019 y 2020. “No sabemos la fecha, pero esperamos que tenga todos los estándares internacionales que establece el Convenio 169 de la OIT y otros tratados sobre derechos de los pueblos indígenas que Chile ha suscrito”, dice un dirigente indígena sobre la consulta.
Casi 29 millones de dólares, que deben ser entregados a comunidades del pueblo atacameño por concepto de la explotación del litio de la empresa SQM, están retenidos por una disputa judicial.
Tras un acuerdo de 2018 entre la empresa minera y la Corfo, todos los años SQM debe entregar recursos a las comunidades de la zona, pero una de ellas, la comunidad de Camar, se negó a recibir los fondos, con el argumento de que el pueblo indígena no fue parte del contrato firmado.
El presidente de la comunidad, Héctor Cruz, señala que desde el primer momento la misma ha solicitado que el Estado, en este caso la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), fortalezca en su accionar el tejido social de las comunidades atacameñas y la defensa de su territorio pidiendo la realización de una consulta indígena para el reparto de los recursos que SQM entrega a Corfo.
“Hay comunidades que reciben el dinero y otras que no, pero cada una es autónoma de decidir”, resalta el excandidato constituyente por el pueblo atacameño, Rudecindo Espíndola, topógrafo y agricultor de la localidad de Toconao.
En agosto del año pasado, la comunidad de Camar ganó en la Corte Suprema la impugnación del acuerdo y ahora se deberá realizar una consulta indígena, pero aún no está clara la fecha de realización de la misma.
“La comunidad de Camar planteó que no se cumplió con un derecho que tienen los pueblos indígenas en Chile y que se debe cumplir en estos procesos, por lo cual también deja el precedente que, para seguir planificando y construyendo todo lo que tenga que ver con materias de afectación a los pueblos indígenas, estos exigirán el cumplimiento de los estándares mínimos para su protección”, comenta Félix Galleguillos, representante del pueblo atacameño y exconvencional constituyente.
Hasta ahora, las comunidades han recibido US$13 millones, que han invertido en diversos proyectos de fomento e inversión.
El año pasado, la misma comunidad logró anular una licitación del litio que intentó realizar el Gobierno.
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El salar de Atacama ha estado habitado históricamente por el pueblo Atacameño o Lickan-Antay, que además vive en parte de Argentina y Bolivia. En Chile, al año 2017, incluía unas 30 mil personas, repartidas en varias comunidades y que se han agrupado en el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA).
El litio en el salar de Atacama fue descubierto en 1962 por la empresa norteamericana Anaconda Mining Company, tras lo cual Corfo estudió la presencia del mineral. La explotación, en tanto, comenzó en 1980, en una asociación de Corfo con la firma norteamericana Foote Mineral. La propia SQM llegó a asumir el control en 1993.
Galleguillos comenta que históricamente no ha habido relación entre SQM y el pueblo atacameño, “salvo con algunas personas del pueblo que fueron contratadas para desarrollar labores propias de la explotación de sales”.
El exconvencional agrega que los vínculos con las comunidades debieron ser profundizados después, ya que la normativa interna e internacional ha obligado tanto a SQM como a otras empresas a establecer marcos de comunicación y relacionamiento que van en línea con los estándares internacionales.
“Sin embargo, también existen controversias y confrontaciones por los impactos y efectos socioambientales”, advierte.
La entrega de los fondos se rige por un acuerdo suscrito entre SQM y Corfo en 2018. La obligación de SQM Salar S.A. de entregar aportes para proyectos de inversión y desarrollo en beneficio de las comunidades indígenas de la cuenca del salar de Atacama está establecido en los contratos vigentes entre Corfo y esa empresa, informó la entidad pública a El Mostrador.
“A este acuerdo se llega luego de las renegociaciones que sostiene Eduardo Bitran, a la cabeza de Corfo, tanto con Albemarle como con SQM”, explica Galleguillos.
“Para el caso de SQM, el acuerdo se da sobre un porcentaje de las ventas, el cual debe ser distribuido entre las comunidades. Sin embargo, este porcentaje de distribución tiene un techo, el cual no puede ser mayor a 15 millones de dólares, los cuales deben ser distribuidos entre las comunidades: en el caso de 50%, en partes iguales entre 21 comunidades; 40% según número de integrantes de cada comunidad; y 10% según la distancia de cada comunidad”, afirma.
Agrega que los fondos son transferidos a Corfo y este organismo los canaliza a las comunidades, al igual que los fondos que van al Gore Antofagasta (1,3%), a los municipios de San Pedro de Atacama (0,2%), Antofagasta (0,1%) y María Elena (0,1%), respectivamente, por este mismo concepto.
Sin embargo, el acuerdo ha sido criticado por no haber incluido a algún representante del pueblo atacameño. Frente a esta controversia, la Corporación de Fomento de la Producción señala que el contrato entre Corfo y SQM Salar S.A. establece que los aportes deben destinarse a proyectos de inversión y desarrollo que promuevan el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas de la cuenca del salar de Atacama y que se encuentren debidamente inscritas en la Conadi.
“Por ello, se determinó designar como elegibles para recibir los aportes a las propias comunidades y no a otras organizaciones o asociaciones reguladas en la Ley N°19.253, cual es el caso del Consejo de Pueblos Atacameños”, indicó una fuente de Corfo.
Agregó que los fondos nunca ingresan a Corfo, ya que hay una cuenta para estos efectos y es la empresa la que los traspasa a la comunidad, de acuerdo a la instrucción de Corfo, en cuanto a destinar a proyectos de inversión y desarrollo que promuevan el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas del Salar de Atacama.
Según el contrato que establece el monto anual de los aportes, corresponden a un rango de entre US$10 millones y US$15 millones, según las ventas del año anterior y las condiciones generales para la entrega de los aportes y fines a los que estos pueden ser destinados, lo que debe constar en acuerdos entre Corfo y las comunidades.
Por ello, y para operativizar la entrega de dichos aportes, la Corporación de Fomento de la Producción suscribió acuerdos con gran parte de las comunidades indígenas, los que regulan condiciones básicas de cumplimiento de los mismos, mecanismos de rendición y el objeto al cual deben destinarse los recursos.
Los proyectos de inversión y fomento de estas comunidades se encuentran en proceso de ejecución y en distintas fases de desarrollo, aseguró Corfo.
SQM comenzó la transferencia de los primeros recursos en diciembre de 2021. A la fecha, SQM Salar S.A. lleva transferidos US$13.040.495, que corresponden a los aportes acumulados en 2018, 2019 y 2020, según Corfo.
A su vez, el señalado organismo público tiene acuerdos suscritos con 19 comunidades, las que han recibido parte de los aportes acumulados por las ventas de los años 2018, 2019 y 2020.
La gente presenta una cartera de proyectos y Corfo los selecciona. Cada comunidad presenta lo que le es más urgente, explica una fuente allegada al CPA.
“El marco general para la utilización de los aportes es para la ejecución de proyectos de inversión y fomento, y cada comunidad tiene plena autonomía para elegir y priorizar sus iniciativas. Ellas tienen sus propios mecanismos de gobernanza para tomar decisiones y definir la mejor estrategia para ir abordando sus necesidades”, señaló Corfo.
Galleguillos acota que los montos del convenio Corfo-SQM, a diferencia de los fondos de Albemarle, están destinados al desarrollo de proyectos de inversión y fomento que promuevan el desarrollo sustentable, que se relacionan con algunas de las metas contempladas en los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable) de Naciones Unidas, y que beneficien al mayor número de personas, sus comunidades y/o territorios.
En ese sentido, “estos fondos han venido a financiar proyectos donde el Estado no se ha hecho presente o lo ha hecho de manera insuficiente o precariamente en la lickana”.
“Donde nosotros vivimos hay pueblos que ni siquiera tienen los elementos básicos para vivir: agua potable y alcantarillado. La salud es paupérrima, para qué decir la educación. El abandono del Estado chileno en este territorio hace que algunas comunidades tomen este dinero por necesidad. Algunas comunidades usan ese dinero para el adulto mayor, otras les arreglan el techo a los comuneros, hacen capacitación para los guías turísticos, investigación arqueológica”, afirma Espíndola. Otras áreas de inversión son la agricultura y la ganadería.
Sin embargo, agrega que esto también depende del tamaño de cada comunidad: algunas tienen 20 socios y otras 800, como Toconao, a la que pertenece Espíndola. “La distribución no es equitativa”, critica.
En cuanto a los fondos retenidos, son los aportes correspondientes a las ventas de SQM Salar de los años 2021 y 2022, que suman en total US$28,9 millones.
A estos “deben sumarse los aportes que se generen a futuro por las ventas de los próximos años. Todos estos podrán entregarse una vez concluido el proceso de consulta indígena”, de acuerdo a Corfo.
Dichos fondos están en una cuenta corriente en dólares de SQM y que fue destinada especialmente para estos efectos, agregó el organismo.
La comunidad de Camar ha sido crítica de este acuerdo.
“Corfo optó por hacer negociaciones independientes con cada comunidad del territorio, fijando una fórmula unilateralmente para repartir los recursos del contrato de Corfo y SQM. Esta situación –de negociación individual– quiebra el tejido social de un pueblo indígena como el atacameño”, cuestiona el presidente de la comunidad Camar.
Para Espíndola, lo único que hace Camar es hacer respetar su autonomía de acuerdo a lo mínimo a que tienen derecho los habitantes de la zona en virtud del Convenio 169, y marcar “un precedente”, puntualiza el excandidato a convencional constituyente.
Cruz, por su parte, agrega que su comunidad desde un primer momento señaló que los recursos económicos producto del litio que se extrae en su territorio deben ser pensados en inversiones a largo plazo, para fomentar el desarrollo, el fortalecimiento de su organización, el cuidado del territorio y medio ambiente de las comunidades indígenas, y no focalizar los acuerdos en ejecución de obras solamente.
“Se debe tener una estrategia común en las relaciones con el Estado y establecer nuestras prioridades de desarrollo”, subraya.
Respecto a la explotación del litio en la zona, para el representante de Camar primero debe haber un diálogo con las comunidades directamente afectadas, como es el propio caso de Camar, para poder plantear estrategias e incidir en las decisiones que se puedan tomar para la explotación del mineral.
“Por ello consideramos importante que se explote el litio con la participación de las comunidades en el análisis de las formas de afectación al territorio, medio ambiente y formas de vida que se ven afectadas, y se verán afectadas, a corto, mediano y largo plazo”, señala.
“Es por ello que también ganamos un recurso de protección ante la Corte Suprema, por el que se paralizó la licitación del litio en el Gobierno anterior, y la Corte Suprema nos dio la razón. Por ello es que ahora, desde este Gobierno, se puede pensar en una política nacional sobre el litio, ello gracias a las acciones de defensa de derechos de la comunidad de Camar”, añade.
Respecto a la consulta indígena y sus participantes, una fuente del CPA comenta que “no sabemos nada, eso lo tiene que informar Corfo”, algo que es corroborado por la comunidad de Camar.
“No sabemos la fecha, pero esperamos que tenga todos los estándares internacionales que establece el Convenio 169 de la OIT y otros tratados sobre derechos de los pueblos indígenas que Chile ha suscrito”, dice Cruz.
¿Qué haría la comunidad Camar si la consulta resulta favorable a SQM, en virtud de que la mayoría de las comunidades ya aceptaron sus fondos?
“Las consultas indígenas no son plebiscitos de sí y no, estas deben hacerse por etapas y buscar que el Estado cumpla con su deber de garantizar derechos colectivos de los pueblos indígenas y llegar a acuerdos. Por ello es que Corfo debe hacer una consulta, les corresponde a los Estados llevarlas a cabo y no a las empresas privadas”, responde el presidente de la comunidad.
“SQM entrega los recursos a Corfo y Corfo debe garantizar un proceso de consulta transparente en el que lleguemos a acuerdos para el desarrollo, protección del territorio, medio ambiente y tejido social del pueblo atacameño, considerando sobre todo que Camar esta afectada directamente y por ello es que su participación en cualquier espacio de decisiones es imprescindible”, concluye.
