Medioambiente
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El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David R. Boyd estuvo entre el 3 y el 12 de mayo visitando las zonas donde se registran algunos de los principales conflictos socioambientales en Chile. En el norte visitó el salar de Atacama y la faena de extracción de litio de SQM, en la zona centro estuvo en la Bahía de Quintero y Puchuncaví, y en el sur del país vio las salmoneras que se encuentran en el seno de Reloncaví. Tras días de observación y reunión con distintos actores de la sociedad civil, el Gobierno y privados, Boyd concluyó que durante años Chile enfrenta crisis medioambientales que han violado los derechos humanos, incluido el derecho a vivir en un ambiente limpio, saludable y sostenible.
Tras su visita a Chile, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David R. Boyd, realizó una alarmante conclusión sobre los conflictos socioambientales que afectan a comunidades en el norte, centro y sur del país.
“Chile enfrenta crisis medioambientales atemorizantes e interconectadas, las cuales han violado durante muchos años los derechos humanos, incluido el derecho fundamental a vivir en un ambiente limpio, saludable y sostenible”, expresó.
Entre el 3 y el 12 de mayo, el relator especial visitó el salar de Atacama, la bahía de Quintero y Puchuncaví y estuvo en Puerto Montt para evaluar la industria salmonera.
Durante los diez días de su visita, se reunió con los distintos actores involucrados en los conflictos socioambientales, entre ellos, la ministra de Salud, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, la ministra de Minería, la ministra del Medio Ambiente, la superintendenta del Medio Ambiente. También, el Presidente de la Corte Suprema, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Segundo Tribunal Ambiental, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los pueblos indígenas, activistas comunitarios locales, sindicalistas, académicos, niños, jóvenes y representantes del sector privado.
“Por desgracia, mis conversaciones con más de 100 personas con inquietudes de todas las regiones de Chile y de todos los sectores de la sociedad revelaron flagrantes violaciones cometidas durante años a su derecho a vivir en un ambiente limpio, saludable y sostenible. En muchos casos, estas violaciones han perdurado por décadas, dejando a las personas sin poder, abatidas y sin esperanza”, sostuvo el relator de la ONU.
Durante las visitas a los distintos lugares pudo evidenciar en primera persona lo que viven los habitantes de las zonas de sacrificio y a los contaminantes que se exponen diariamente.
“Olí los vapores tóxicos de la industria en Ventanas y los sentí en mi garganta. En Quintero, las niñas me mostraron dibujos que decían ‘Tengo miedo de morir intoxicada’ y ‘Estamos respirando veneno y a nadie le importa'”, relató.
“Resulta inaceptable que las escuelas deban cerrar debido a la contaminación, no obstante, las industrias contaminantes continúan funcionando y no asumen su responsabilidad. Resulta inaceptable que las empresas mineras y que la industria de la agricultura a gran escala utilicen enormes volúmenes de agua en las regiones donde muchos de sus habitantes carecen de acceso a agua potable salubre y suficiente. Resulta inaceptable que décadas después de la aprobación de la Ley Indígena se haya avanzado tan poco en la devolución de las tierras y aguas a sus propietarios indígenas, mientras las actividades extractivistas se aceleran en sus territorios”, manifestó Boyd.
En ese sentido, recalcó la importancia de que el Estado sea un actor activo en el respeto de los derechos humanos relacionados a los distintos conflictos socioambientales que enfrenta Chile. Si bien destacó la implementación de ciertas políticas, enfatizó que la legislación actual no es suficiente.
“Durante los últimos años, Chile ha adoptado importantes leyes y políticas nuevas, incluida Ley Marco sobre Cambio Climático, la Ley de Humedales Urbanos y la Ley de Plásticos de Un Solo Uso. El Congreso ha aprobado leyes para establecer una gama mucho más amplia de delitos ambientales y crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El Plan Buen Vivir se centra en los derechos indígenas y en la restitución de las tierras. Pero por desgracia, existen brechas críticas y debilidades en las leyes y normas ambientales de Chile”, sostuvo.
Insistió en que el Estado de Chile debe aumentar el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente.
