Tras más de 10 años de tramitación en el Congreso, el lunes 29 de mayo la Comisión Mixta votará el proyecto de Ley para La Naturaleza, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La iniciativa no está exenta de controversias, puesto que la propuesta del Gobierno, que establece que no se otorguen concesiones al interior de áreas protegidas, ha generado preocupación en la industria salmonera. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas –a través de su cuenta de Twitter–, puntualizó que “el proyecto busca resguardar las áreas protegidas, zonas que como país hemos decidido cuidar por su valor en biodiversidad y los beneficios que nos entregan. Para cumplirlo la Ley para La Naturaleza prohíbe nuevas concesiones de salmonicultura, pero se mantienen las actuales”. En los hechos, 411 concesiones salmoneras que se ubican al interior de áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) seguirán funcionando allí, lo que equivale al 29% del total de centros vigentes en Chile.
El próximo lunes, la Comisión Mixta votará el proyecto de Ley para la Naturaleza que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, un paso importante para la institucionalidad ambiental y, sobre todo, para la protección de la biodiversidad.
El proyecto está en tramitación hace más de 10 años en el Congreso y busca establecer un servicio público, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargue de la conservación de la biodiversidad.
La Ley para la Naturaleza es una deuda pendiente que tiene el Estado con la conservación y protección del medioambiente, y que a través de los años ha sido largamente atrasada por distintos obstáculos. No obstante, este último paso tampoco está exento de controversias, en particular, la inclusión o no de concesiones al interior de áreas protegidas, lo que permitiría la instalación de actividades económicas que dañen o amenacen la biodiversidad, como es el caso de la salmonicultura en el sur del país.
Según datos de Fundación Terram, actualmente existe un total de 1.400 concesiones salmoneras otorgadas, distribuidas en las regiones de Los Lagos, de Aysén y Magallanes. De este total, 411 se ubican al interior de áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), lo que equivale al 29% del total de centros vigentes.
Durante el año 2022, 100 de las 411 concesiones ubicadas en áreas protegidas estuvieron operativas, registrando cosechas por un total de 260.231 toneladas de salmónidos, las que equivalen a un 25% del total de cosechas de ese año a nivel nacional, que ascendieron a más de un millón de toneladas.
La Comisión Mixta es presidida por el senador Juan Ignacio Latorre (RD) e integrada por los diputados Juan Antonio Coloma (UDI), Félix González (PEV), Daniel Melo (PS), José Carlos Meza (PR), Jaime Sáez Quiroz (RD) y los senadores Matías Walker (IND), Sergio Gahona (UDI), Isabel Allende (PS) y Alfonso de Urresti (PS).
“La protección de la biodiversidad y la preservación de los espacios naturales son temas cruciales para el futuro del planeta y de nuestro país. En este sentido, el proyecto de Ley para la Naturaleza (que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas) representa un paso importante hacia la consolidación de una institucionalidad ambiental más sólida y una mejor gobernanza de la biodiversidad”, expresó Felipe Perillán Caviedes, abogado de la ONG Fima.
Desde organizaciones sindicales de la industria del salmón argumentan que la Ley para La Naturaleza limitaría el desarrollo de esta actividad en el futuro.
“Somos representantes de emprendedores, comerciantes, transportistas y gente de trabajo que, en las últimas décadas, hemos contribuido al desarrollo del sur de Chile de la mano de la industria del salmón. Entre todos formamos la cadena de valor de esta actividad, que actualmente es fuente laboral de más de 70 mil familias”, expresaron desde la dirigencia sindical de la industria del salmón en Puerto Montt, a través de una declaración pública.
“El proyecto de ley SBAP desconoce la relevancia estratégica y la vinculación directa que tiene la salmonicultura con otras actividades en las seis regiones donde se desarrolla”, enfatizaron.
Al respecto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas –por medio de su cuenta de Twitter–, puntualizó que “el proyecto busca resguardar las áreas protegidas, zonas que como país hemos decidido cuidar por su valor en biodiversidad y los beneficios que nos entregan. Para cumplirlo la Ley para la Naturaleza prohíbe nuevas concesiones de salmonicultura, pero se mantienen las actuales”.
Nos encontramos tramitando la #LeyParaLaNaturaleza, que creará un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas #SBAP, esencial para completar la institucionalidad ambiental del país. Han surgido dudas respecto a los impactos en la salmonicultura y quisiera aclararlos (1/5) pic.twitter.com/1Gc85KboCA
— Maisa (@Maisa_Rojas) May 25, 2023
Las organizaciones medioambientales, por su parte, también se han manifestado sobre la iniciativa. El lunes 22 de mayo –día en que la Comisión Mixta suspendió la sesión acordada para esa tarde–, más de 120 organizaciones y representantes de la sociedad civil firmaron una carta abierta dirigida al Presidente Gabriel Boric, mostrando preocupación por el debate que se ha generado en torno a las concesiones de salmonicultura en áreas protegidas.
“Un tema clave a tratar, es la preocupante inclusión de una categoría de concesiones, denominadas sectoriales, al interior de las áreas protegidas, pues esto podría comprometer la integridad de estos espacios y permitir la instalación de actividades económicas nocivas que amenacen la biodiversidad. Una adecuada protección de los espacios naturales no puede admitir el desarrollo de actividades extractivas intensivas que degraden los ecosistemas y pongan en riesgo la conservación”, sostuvo el abogado Felipe Perillán Caviedes.
Una opinión similar comparte el economista de Fundación Terram, Cristopher Toledo: “El texto del Gobierno propone que no se otorguen nuevas concesiones al interior de áreas protegidas, por lo cual no se afectará ninguna concesión hoy vigente y, por ende, no se pone en riesgo ningún puesto de trabajo, como han anunciado de manera irresponsable algunos representantes de la industria”, afirmó.
“Desde Fundación Terram nos parece que la prohibición de la salmonicultura dentro de áreas protegidas, así como de cualquier otra actividad industrial, es un piso mínimo en el que Chile debe avanzar en el actual escenario de crisis climática en el que nos encontramos, porque el deterioro de estos ecosistemas de alto valor natural tiene efectos directos sobre la calidad de vida de las personas, así como de las proyecciones de vida de la propia especie humana en este planeta, y eso es algo que muchos todavía no quieren comprender”, agregó Toledo.
Según cifras de la fundación, la industria del salmón ha tenido un crecimiento, desde 1990 hasta 2021, del orden de 3.400 a 3.500 por ciento.
“Cabe precisar que, en algunos casos, parte de estas cosechas forman parte de procesos donde las empresas incurrieron en sobreproducción, esto es, producir salmones por sobre el límite máximo establecido en su permiso ambiental, lo que ha llevado a la Superintendencia del Medio Ambiente a mantener más de 30 procedimientos sancionatorios por este tipo de incumplimientos”, señaló el economista.
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