Justos por pecadores: cómo el caso Convenios golpeó a entidades culturales

Para muchos gestores culturales, teatros y festivales, el panorama resulta desolador. A las usuales dificultades que deben enfrentar todos los años para financiar sus actividades, ahora se sumó el caso Convenios, a raíz del cual se cortó abruptamente el financiamiento que muchos recibían para funcionar.

En el mundo cultural apuntan sobre todo a la Circular 20 –del 11 de agosto– del Ministerio de Hacienda, que contiene una serie de exigencias, como el procedimiento concursal, la obligación de usar el sistema de rendición electrónica de la Contraloría General de la República (SISREC), tener garantía, acreditar antigüedad… son un total de 16 condiciones a cumplir. Muchas directamente imposibles, sobre todo para los “más chicos”.

“Sé que desde las secretarías regionales ministeriales se suspendieron convenios que estaban a punto de firmarse por distintas cosas, pero eso más bien lo sé por casos puntuales, pero no te podría decir cuántos son, porque pueden haber sido muchos”, comenta una fuente del mundo de la cultura.

Agrega que a eso se suma que, en el mediano plazo, el efecto del caso Convenios se verá en las disposiciones que –todavía está por verse– van a quedar en la Ley de Presupuesto 2024, respecto a cómo sacar las platas, por decirlo de alguna manera, así como los instrumentos, impedimentos y limitaciones. “Eso se va a ver del 2024 al 2025”, señala.

¿Cifras oficiales?

¿Cuántos gestores y entidades han resultado afectados? ¿Cuántos eventos dejaron de realizarse? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras del mundo de la cultura dejaron de recibir su sustento? ¿Cuál es el monto que han dejado de recibir?

El Mostrador consultó al Ministerio de las Culturas, pero este prefirió abstenerse de referirse a la polémica. No quiso entregar cifras ni manifestar si actuará –o está actuando y cómo– para remediar la situación.

Eso obliga a concentrarse en las cifras que rondan el caso y que han sido hechas públicas. Como muestra, un botón: solo en los gobiernos regionales, los montos investigados superan los 18 mil millones de pesos (20 millones de dólares).

Suponiendo que, de una cifra similar a otorgarse en condiciones normales al mundo cultural, solo le corresponda el 10%, serían unos 1.800 millones de pesos menos para actividades tan diversas como recitales, exhibiciones de películas o presentaciones de libros.

Afectados

“El caso Convenios ha afectado negativamente a quienes recurrimos a los fondos del Gobierno Regional para financiar nuestros procesos de creación”, grafica una gestora cultural, quien prefiere mantener el anonimato. Una actitud que se repite en medio del temor a hablar del tema, en un ambiente donde muchas veces el Estado es el único sustento.

“En este momento estamos desarrollando un proyecto de creación y estos fondos serán entregados recién en febrero 2024, lo que implica que en este momento estamos trabajando sin ese financiamiento para cubrir nuestras necesidades técnicas de producción, de pagos de honorarios de todo un equipo de profesionales”, señala.

Y agrega con amargura:

“Esta situación nos hace precarizar más aún nuestro trabajo, lo que es muy desafortunado. Estamos pagando justos por pecadores con esta situación”.

Sin embargo, el tema no solo afecta a gestores individuales. También a eventos más grandes, incluso aquellos que se realizan desde hace años.

Por eso, desde la organización de un evento musical en el sur del país se manifiestan en términos similares.

“Debido al caso Convenios y la implementación de la Circular 20, se ha producido una ralentización de los procesos de financiamiento público y eso ha afectado el levantamiento del encuentro”, admiten.

“Actualmente (el evento) no dispone de ningún tipo de asignación directa, ya que todo su financiamiento es por gestión de proyectos, auspicios y articulación con marcas. A partir de esto, el equipo reconoce una tendencia a la baja en la participación de socios públicos y privados para el desarrollo de eventos”, agregan.

Esa baja, detallan, ha afectado la realización del evento en el sentido de que ya no se dispone del apoyo de algunos fondos con los que antes sí se contaba, teniendo que eliminar parte del programa, la programación de networking y “no poder realizar algunas actividades gratuitas, como los conciertos en la calle, que antes sí sucedían”.

Lo mismo le ocurre al Festival BioBioCine, que usualmente ha sido financiado con Fondos Concursables del Mincap, aportes de privados y municipales, así como de las organizaciones culturales de la región. Se realizaba a mediados de año. Ahora, derechamente, debió ser suspendido.

“El caso Convenios nos afectó directamente, ya que estábamos trabajando para generar un programa para apoyar el proyecto de manera permanente durante tres años y asegurar su ejecución. Durante los once años anteriores, no existió esta instancia, pero cuando debíamos avanzar, todo quedó en nada. Los procesos hoy jurídicos afectaron directamente el financiamiento del proyecto, al igual que lo ocurrido con Mincap, los que dieron como resultado la no realización del festival durante el 2023”, cuenta su director, Francisco Toro.

Maule en problemas

Pero el caso Convenios también ha afectado a entidades de gran infraestructura, como el Teatro Regional del Maule (TRM) de Talca. Una entidad con 18 años de historia, que ha sido modelo de gestión de financiamiento cultural para el país.

Se trata de una corporación privada sin fines de lucro, que administra el TRM, hoy compuesto por 40 trabajadores y que incluye el elenco estable de la Orquesta Clásica del Maule. Realizaba, hasta 2022, cerca de 400 actividades anuales, para un público presencial de unas de 100 mil personas.

Hasta el año pasado, logró disponer de manera ininterrumpida de cerca del 60% de financiamiento vía Gobierno Regional del Maule (FNDR), con el objeto de descentralizar la gestión cultural desde Santiago a dicha región y desde esta a las 30 comunas.

El Ministerio de las Culturas aporta cerca del 20%, financiando la Orquesta Clásica del Maule, pero esto no permite complementar el requerimiento de programación. Un porcentaje cercano al 10% corresponde a la Municipalidad de Talca, mientras que los recursos propios (arriendo, venta de tickets, Ley de Donaciones) corresponden al 10% restante.

Sin embargo, a raíz del caso señalado, Contraloría Regional observó el convenio entre el TRM y GORE Maule, el que permitía el traspaso de 960 millones de pesos para funcionamiento y cartelera de 2023. Frente a esa observación, la autoridad regional decidió no perseverar, dejando por primera vez sin financiamiento al teatro.

Actualmente, la entidad cuenta con un cartelera de carácter comercial, rompiendo el compromiso de accesibilidad, circulación por el territorio, descentralización y apoyo a la escena regional, mermando de manera drástica los públicos beneficiarios y cerrando todas las acciones sociales, formativas o de fomento a la creación.

Al día de hoy, el municipio talquino está financiando sueldos hasta diciembre de 2023, mientras se buscan alternativas vía Glosa Presupuestaria de la Nación para darle la estabilidad y oportunidad de crecimiento a esta infraestructura cultural única en el país. ¿Pero qué sucederá el próximo año?

“Creemos que el Estado debe ser garante de la mantención, financiamiento de cartelera y de operaciones de las infraestructuras culturales creadas para estos fines. Con el objeto de que no estén disponibles a la discrecionalidad de las autoridades de turno, o a una coyuntura política”, señalan desde el TRM.

“Este y los teatros regionales son de uso de las comunidades, los artistas y las personas. Impactan en la economía regional, generan empleo y aportan al PIB, y requieren, al igual que en la capital del país, asegurar su continuidad y crecimiento vía políticas públicas no concursables, estables, oportunas y aseguradas en el Presupuesto de la Nación”, subrayan.