Para el exministro del Medio Ambiente el déficit de legislación, además de una ola de calor en el contexto del cambio climático, fueron factores importantes para el megaincendio que ocurrió en una zona con problemas graves de planificación urbana, que históricamente ha sufrido incendios en verano.
El megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso ha dejado hasta el momento 123 fallecidos y, según datos del Gobierno, cerca de 20 mil viviendas afectadas, en una zona que históricamente ha sufrido incendios en verano. Por algo, los mapuche llamaban a Valparaíso con el nombre de “Alimapu”, que significa “tierra quemada”. Con todo, la violencia con que destruyeron las llamas gran parte de la región ha posicionado la tragedia como uno de los desastres más grandes de los último años.
“Antecedentes de daños de víctimas y materiales de esta magnitud en Chile, asociados a incendios forestales, no hay, que yo conozca”, expresa María Constanza González, doctora en Planificación Urbana en la Universidad de Melbourne, investigadora del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN) y directora de la plataforma WildFireX.
“Lamentablemente, a nivel internacional, sí los hay. Y también, lamentablemente, estos han ido aumentando en las últimas décadas. Y esto, efectivamente, se vincula al cambio climático”, remata.
“Desde el punto de vista de si se podrían haber prevenido los incendios, es importante tener en consideración que en Chile la gran mayoría de los incendios forestales se inician por causas humanas, ya sean intencionales o por negligencia. Por lo tanto, sí se puede hacer mucho en términos de prevenir la ignición. En términos de prevenir el avance, también hay otras cosas que se pueden hacer. Ahora, eso requiere esfuerzos un poco más complejos y sofisticados”, sintetiza.
Para Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente, el mapa de riesgo climático del Centro de Acción Climática indicaba que las zonas afectadas coinciden con las de mayor riesgo: “Las olas de calor aumentan la probabilidad de incendio y mejoran las condiciones para que se materialicen. Esta vez coinciden con mayor cantidad de población expuesta por las cercanías a las zonas de incendio, la densidad poblacional y, por cierto, la limitada consciencia de los tiempos de evacuación”, comenta a El Mostrador.
En dicho sentido, indica que “la lentitud de evacuación es cosa conocida para tsunamis, donde instituciones como CIGIDEN recomiendan evacuaciones verticales. Se estima en 45 minutos la evacuación del plan en esas condiciones. En el caso de incendios, creo que el corte de comunicaciones, más el desconocimiento de las vías de evacuación, contribuyó a las trágicas consecuencias que vimos”.
En cuanto a si se podrían haber evitado estos incendios, recuerda que desde el 2017 se propone en una ley crear zonas buffer entre poblaciones y bosques.
“No se ha aprobado nada de eso. O bien, todos estos años se pudo financiar con mayor compromiso la limpieza de quebradas y espacios periurbanos, con una mejor gestión de residuos, por ejemplo. O bien, los planes reguladores deben ser actualizados para poder reflejar estos nuevos escenarios de riesgo climático”, explica.
El exministro destaca que, si bien se ha avanzado, al final del día las decisiones de no permitir reconstruir en zonas de riesgo “son impopulares, pues, cuando ocurren, atrás queda el recuerdo del incendio”.
“Al final, si miras las zonas del incendio 2014, por ejemplo, poco ha cambiado en una década para que esos daños no se repitan”, añade.
Por otra parte, en cuanto al desempeño de los servicios de emergencia, cree que el combate de incendios forestales para catástrofes gigantescas va más allá de lo que es capaz de enfrentar un país en particular. “Este año el presupuesto es casi el doble que en años anteriores para combate de incendios forestales. Y, en términos anuales, la superficie quemada es mucho menor que el 2023. Sin embargo, acá creo que el problema fue más bien la evacuación y la falta de comunicación”, advierte.
Lo cierto es que la planificación urbana es clave para evitar que este tipo de tragedias se repitan: “Es necesario incorporar riesgo climático en los proyectos de reconstrucción y diseñar el repoblamiento con buffers apropiados y cortafuegos con materiales que no sean propensos a incendiarse con tanta facilidad. Y las autoridades van a deber tener las conversaciones con sus vecinos para cambiar los planes reguladores, para minimizar el riesgo en la zona”, señala Mena.
Sin embargo, advierte que “cuando la autoridad o sociedad civil pone alertas por construir en zonas riesgosas –como el caso Punta Piqueros–, automáticamente el sector privado entra a cuestionar la certidumbre que se les puede dar a los inversionistas. Lo mismo se da con la Ley de Humedales Urbanos”.
En el problema de planificación territorial coincide el investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) de la Universidad Católica de Chile (UC) y la Universidad de Concepción (UdeC), Luis Fuentes: “Hay un tema que es súper importante, que tiene que ver con la prevención y ahí hay varios aspectos, que involucran la planificación urbana y el ordenamiento del territorio. Tenemos dentro de esos dos ámbitos muchas leyes que conviven con el tema de los desastres y el territorio”, expresa.
Apunta a que hay un cuerpo legal bastante disperso y con muchas instituciones que intervienen, por lo tanto, es muy difícil coordinar todas esas instituciones y esas normativas. Además, especifica que “existe un vacío de cierta manera entre el límite de la ciudad, que en muchos casos es superado de manera informal, por ejemplo, por campamentos u ocupaciones con el resto del territorio. Y eso, a partir del 2021, se ha intentado abordar con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que también tiene algunos algunos vacíos importantes. Debería tener muchas más atribuciones por parte del Estado, ya que hay muchas leyes que están por sobre los temas de ordenamiento territorial, entonces se generan ahí varios conflictos”, señala a El Mostrador.
“Chile tiene un desarrollo normativo, en términos de la calidad de la construcción y la materialidad de las construcciones, muy desarrollado en torno a sismos, por razones obvias, y también tenemos que incorporar el resto de los riesgos”, puntualiza el experto.
Para María Constanza González, la arquitectura y la planificación urbana pueden jugar un rol muy importante en la prevención de los incendios forestales, sobre todo en la prevención de los impactos de los incendios forestales en el medio construido: “En términos de las medidas de prevención, es importante pensar o aproximarlas a distintas escalas, entender que no hay ninguna medida que por sí misma pueda resolver el problema y que deben aproximarse a múltiples escalas”.
Ella pone énfasis en los detalles: “A nivel de la arquitectura estamos hablando de la forma de las construcciones, por ejemplo, que eviten que se acumulen las hojas, la utilización de materiales que tengan cierta resistencia al fuego, evitar que haya aberturas de más de tres milímetros, para que no entren las pavesas dentro de las techumbres o de los tabiques”.
A escala de diseño del sitio, por ejemplo, apunta a pensar dónde se van a poner las cosas que se asocian a acumulación de combustible, como la basura, la leña o los mismos balones de gas, que pueden incendiarse en un siniestro.
A escala barrial, invita a pensar en cómo va a ser la distribución de las viviendas, cómo van a ser las vías de evacuación y ojalá generar zonas seguras, así como generar espacios bajos en combustible que permitan crear una distancia entre la posible fuente de fuego y las viviendas. Esa distancia puede ser, por ejemplo, con un área verde o una calle. También esos espacios permiten que los equipos de emergencia puedan acceder de manera más fácil al fuego.
Finalmente, a una escala mayor, cree que es importante pensar hacia dónde crecen las ciudades e, idealmente, dirigir el crecimiento hacia zonas que estén menos expuestas a los riesgos.
“Ahora, también es importante tener en cuenta que, por una parte, hay una cantidad importante de viviendas que ya fueron construidas sin medidas de prevención o de mitigación de los riesgos, a ninguna escala. Y que en el fondo esas generan, en cierta medida, un problema que debe abordarse a escala ya más de conjunto, de barrio, generando estos espacios de bajos en combustibles para disminuir la exposición a los incendios”, explica.
En relación con la reconstrucción de las zonas afectadas, el investigador del CEDEUS subraya que “es importante abordarla desde una perspectiva mucho más resiliente”, indicando que mitigar los efectos del fuego es fundamental: “La separación clara entre los centros poblados y plantaciones forestales, ahí es súper importante que haya cortafuegos que impidan la propagación fácil del fuego hacia la zona urbana. También, pensando no solamente en la prevención sino también en la emergencia, es importante el diseño de vías de evacuación o de emergencia. Del mismo modo, es fundamental el estudiar la localización de la infraestructura crítica, por ejemplo, bomberos, hospitales”, explica Fuentes.
Otro aspecto importante que menciona el experto es la materialidad de las viviendas: “El Gran Valparaíso ha ido creciendo a intensidad con mucho edificios, pero también en extensión, y eso tiene que ver con que hay mucha población que no tiene los medios suficientes como para poder tener una vivienda formal cerca de las oportunidades en la ciudad, digámoslo así, ‘formalizada’, y muchos de ellos adoptan como estrategia residencial irse a vivir a las periferias y, muchas veces, estas periferias no están reguladas y son construidas de manera informal, por supuesto sin tener en consideración todos estos riesgos”, concluye.
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