Medioambiente
CIGRI lleva casi una década de tramitación y ahora debe ser resuelta por el Comité de Ministros. Valuada en 85 millones de dólares, el Ministerio de Desarrollo Social –que antes cuestionó el proyecto por aumentar la carga ambiental en una zona de sacrificio– hoy valora positivamente la iniciativa.
Un polémico proyecto de tratamiento de residuos industriales del grupo francés Séché Group pretende instalarse en la localidad de Rungue, comuna de Tiltil, a través de su filial Ciclo.
Se trata del Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (CIGRI), por 85 millones de dólares, que está en carpeta del Comité de Ministros para su aprobación.
Fue ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2015 y aprobado por el Comité de Ministros en 2017, pero la Municipalidad de Tiltil apeló a la Corte Suprema y en 2021 el tribunal ordenó reiniciar la tramitación ambiental.
Sus clientes son las mineras, un rubro que produce el 50% de los residuos industriales en el país, y 2.592 industrias, registradas como generadoras de este tipo de residuos, que operan en la zona central del país, según Ciclo.
La iniciativa se verá en el señalado Comité después que el 13 febrero de 2023 fuera rechazada en la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana, a pesar de un positiva evaluación del SEA, por lo cual la empresa apeló.
La compañía además ya cuenta con un Centro de Manejo de Residuos en Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta.
Las empresas contaminantes ya instaladas en Tiltil.
Desde sus inicios el proyecto CIGRI ha enfrentado la resistencia de vecinos y concejales de Tiltil, incluido el alcalde Luis Valenzuela, aunque este no respondió a las consultas de El Mostrador.
“Está demostrado en cientos de proyectos en nuestro país que una cosa es el papel, que la autoridad lo puede ver muy bonito y seguro, pero otra cosa es la realidad cuando empiezan a operar. Ahí vienen las excusas y explicaciones sin soluciones, cuando el daño ya está hecho”, afirma la concejala de Tiltil Valentina Domínguez.
Por eso la propia Domínguez critica que, en cambio, entidades como el Ministerio de Desarrollo Social hayan variado su postura al respecto.
Por ejemplo, según el oficio 344 del 15 de junio de 2022, de la Seremi de Desarrollo Social al SEA, “el proyecto en evaluación se ubica en la comuna de Tiltil denominada como ‘zona de sacrificio’, de acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en dicha comuna, se enmarca uno de los principales conflictos socioambientales de la Región Metropolitana, originado principalmente por la concentración de proyectos o actividades con cargas ambientales para la comuna”.
Entre ellos, el oficio nombra “granja de cerdos, relleno sanitario, planta de tratamiento de aguas servidas, acopio de residuos sólidos y un tanque de relave de Codelco, lo cual origina efectos e impactos sinérgicos, que corresponden principalmente a malos olores, vectores, afecciones respiratorias, entre otras, generándose así un detrimento y/o menoscabo en la calidad de los sistemas de vida de los grupos humanos del sector”.
“En particular para el proyecto en análisis, implica incrementar la sensación de riesgo de la población de Rungue, ante la posibilidad de accidentes debido al recorrido que se contempla realicen los camiones al llevar su carga de sur a norte. En este sentido, se requiere profundizar específicamente en cuanto a la capacidad de reacción de las instituciones que prestarían la atención en caso de accidentes, toda vez que las indicadas se encuentran fuera del área de influencia”, continúa el document0.
Agrega que “se pueden proyectar impactos significativos en la conectividad tales que interfieran el acceso a bienes y servicios. En ese sentido, se evalúa este proyecto de forma aislada, sin considerar su interacción con otros en la zona. Se debiera por tanto incluir un análisis de conectividad que considere la interacción del proyecto con otras iniciativas presentes en el territorio”.
Finalmente, indica que “se requiere demostrar que el proyecto no generará una alteración significativa en los sistemas de vida y costumbres de la población, en consideración a que ya se ha determinado una zona de rezago todo el sector involucrado y se requiere detener daños a la población y los ecosistemas”.
En cambio, el oficio 623 del 8 de febrero de 2024, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, también dirigido al SEA, manifiesta, por ejemplo, que en relación con el impacto del proyecto en el acceso a bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica, “se ha descartado tal efecto por el titular del proyecto, respaldándose con antecedentes durante el proceso de evaluación, en lo particular, referidos a la no incorporación de nuevos residentes que pudieran hacer uso de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica”.
Asimismo, en cuanto a la dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, señala que “puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo, se ha descartado tal efecto por el titular del proyecto, respaldándose con antecedentes durante el proceso de evaluación”.
El oficio, eso sí, expresa sus dudas sobre el impacto en la conectividad y el acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional.
Manifestación contra el proyecto en 2017.
Al ser consultada al respecto, dicha secretaría de Estado recordó que, a través de su Subsecretaría de Servicios Sociales, se pronunció sobre los recursos de reclamación admitidos a trámite contra la resolución que calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
Específicamente, “esta Secretaría se pronunció sobre si el proyecto presentó o no antecedentes suficientes para descartar los efectos del artículo 7 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sobre la localidad de Rungue. Los puntos de controversia estuvieron referidos principalmente a la ‘obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento’, y a la ‘alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamiento, servicios o infraestructura básica’ de la localidad de Rungue”.
“Analizados los antecedentes, y en el marco de sus competencias, el Ministerio informó que se ha descartado que el proyecto generará impactos adversos significativos en los ámbitos especificados”, indicó.
Asimismo, recordó que previamente, durante el procedimiento de evaluación, “este Ministerio, a través de su Secretaría Regional Ministerial Metropolitana, se pronunció conforme al proyecto, lo que fue ratificado por el voto favorable al proyecto de la Seremi (s) en la Comisión de Evaluación Región Metropolitana que sesionó en febrero de 2023”, donde fue rechazada la iniciativa.
La matriz francesa cuenta con varias instalaciones alrededor del mundo.
Según la empresa, actualmente la zona cuenta con una única instalación de eliminación de residuos industriales, y es también la única entre las regiones de Atacama y el Ñuble. La matriz francesa además cuenta con instalaciones en Argentina, Perú, México, Sudáfrica, España, Italia y Alemania.
En el caso de la Región Metropolitana, actualmente solo existe una planta en la comuna Pudahuel, que opera desde 1997 como prestador único de este servicio en esa extensa zona geográfica.
“La vida útil disponible de esta planta es limitada, en el mejor de los casos no se extendería más allá de los 5 años con las actuales tasas de ocupación”, señala la empresa Ciclo en su sitio web.
“Esto representa una situación de urgencia sanitaria y ambiental para evitar que la zona centro del país, y en particular la Región Metropolitana, se vea forzada a trasladar y descentralizar sus residuos industriales a regiones –los destinatarios más próximos están en las regiones del Ñuble o Biobío–, con el riesgo y costo asociado al transporte y otros probables problemas”, añade.
Por esta razón, “en 2015 se ingresó a trámite el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto CIGRI, cuyo titular es Ciclo, para desarrollar un nuevo proyecto de tratamiento, valorización y disposición final de residuos industriales en la Región Metropolitana”.
Manifestación contra el proyecto en 2023.
Sabina Martínez reside en Rungue y es vocera del grupo Acción Ambiental. Ella cuenta que la empresa distribuyó folletos en los negocios del lugar y que así se enteró de su existencia.
Posteriormente hubo una reunión entre representantes de la firma y algunas organizaciones en la sede de la junta de vecinos, para explicar el proyecto. Asimismo, hubo otra reunión con funcionarios municipales y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Sin embargo, “la asamblea se negó, ya harta de empresas contaminantes por olores, moscas, gases, enfermedades de salud como cáncer y estrés. El proyecto CIGRI no garantiza que los tóxicos no dejen un desastre ambiental y humano”, señala.
Además, “la carga ambiental en este sector ya es bastante alta”, agrega, y ya afecta “a la flora y fauna, a la agricultura, a las quebradas, napas y economía de la comuna, y por sobre todo a la salud de las personas que vivimos en la comuna”.
La planta de la empresa en Sierra Gorda, Región de Antofagasta.
Marisol Garrido, gerenta general de Séché Group Chile, explica que la localización de CIGRI en Rungue se debe a que es la única ubicación para este tipo de actividades que cumple con la normativa aplicable, de acuerdo al instrumento de planificación territorial de la Región Metropolitana (PRMS) y al Reglamento Sanitario DS 148/03.
“No existe otra ubicación posible en toda la Región Metropolitana que cumpla con la normativa de emplazamiento aplicable a esta actividad. Son instrumentos existentes sobre los cuales no podemos influir como proyecto, sino solo adaptarnos y dar cumplimiento”, puntualiza.
Ella insiste en que no se trata de un “vertedero ni tampoco un relleno sanitario, aplicará los más altos estándares a nivel mundial para desarrollar actividades de valorización, reciclaje, recuperación, tratamiento y eliminación final de residuos industriales. Es un servicio ambiental y sanitario estratégico para todo tipo de industrias y en particular para la zona de mayor población e industrialización del país”.
Agrega que el proyecto evita la generación de externalidades negativas (“no emite olores, no atrae vectores tales como moscas, aves o roedores, no tiene emisiones líquidas ni gaseosas”) y permitirá que su operación sea compatible con otras actividades agrícolas, industriales y con la existencia de población cercana.
La gerenta además confirma que con los vecinos ha habido distintos tipos de interacciones y relacionamiento. “Actualmente tenemos un contacto permanente con agrupaciones de vecinos de la localidad, así como algunos acuerdos de trabajo”, precisa.
“El compromiso más potente que hemos adoptado es lo que hemos llamado el ‘Acuerdo de Asociatividad’. Este acuerdo será pionero en Chile y consiste en entregar, durante toda la vida útil del proyecto, un aporte proporcional a las ventas anuales con un piso mínimo garantizado que permitirá desarrollar proyectos de infraestructura, equipamiento y servicios largamente anhelados por los vecinos de Rungue, nuestra comunidad vecina”.
Según ella, el señalado Acuerdo es mucho más que un aporte de recursos económicos. “Se trata de formar una corporación, con gobernanza compartida entre la empresa y las organizaciones sociales de Rungue, con mecanismos de transparencia en la rendición de los fondos recibidos y gastados y con procesos de participación democrática en la decisión de los destinos de los fondos aportados”.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, preside el Comité de Ministros que decidirá sobre el proyecto CIGRI.
Ahora los involucrados esperan la decisión del Comité de Ministros, liderado por Maisa Rojas, titular de la cartera del Medio Ambiente, para ver cómo continuar.
“Es importante recordar que el proceso de evaluación ambiental de nuestro proyecto concluyó con un pronunciamiento conforme de todos los organismos técnicos competentes y una recomendación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental. Tenemos confianza en que el Comité de Ministros, siendo una instancia del más alto nivel del Gobierno, resuelva en base a antecedentes técnicos”, manifiesta la representante de la empresa.
Por su parte, la concejala Domínguez promete dar la pelea en caso de que así suceda.
“Haremos uso de los recursos que nos permite la ley. No bajaremos los brazos, ya una vez fue aprobado y logramos que fuera rechazado haciendo ver impactos, riesgos y cómo afecta a la comunidad”, afirma.
“A esta empresa la hemos parado por la salud de la comuna y la región completa. Ojalá que los ministros vuelvan a rechazarla”, espera por su parte Sabina Martínez.
Aunque muestra sus dudas.
“Ahora, ¿cómo está el país? ¿Cómo está el Gobierno? ¿Cómo está la voluntad política? Es difícil poder ver que nos puedan respetar”, dice con pesimismo.
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