CULTURA
La situación afecta a 13 sitios de Antofagasta hasta Puerto Montt, por “una burocracia eterna, una falta de competencia y una falta de comprensión de la realidad”, según uno de los afectados. Autoridades implementaron cambios para solucionar los reclamos.
Una crisis por falta de fondos, que amenaza con cerrar varios sitios de memoria, fue enfrentada por el Ministerio de las Culturas con una nueva convocatoria concursable, a pocas semanas de celebrarse una nueva edición del Día de los Patrimonios.
Varios sitios de memoria había denunciado la grave situación a principios de abril. Aunque el Programa de Sitios de Memoria había comprometido fondos para 13 de ellos, el Ministerio de Hacienda decidió una nueva evaluación. Entre otros, se exigía para asignar puntaje, por ejemplo, la presencia en los directorios de las entidades de sobrevivientes ligados a los lugares, algo actualmente difícil de cumplir por el tiempo transcurrido.
“Las bases para poder desarrollar estos lineamientos por parte del Servicio Nacional del Patrimonio no han sido conversados ni consensuados con las organizaciones de la sociedad civil, no respetando los principios que tienen que ver con reparación simbólica sino que con concursabilidad que son completamente contrarios al principio de reparación que aparece en los diversos informes tanto de prisión política como de verdad y justicia de nuestro país”, criticó una fuente de un sitio de memoria.
Hubo protestas de diversos sitios y las autoridades decidieron realizar una nueva convocatoria el pasado 17 de abril, destinada “a apoyar la gestión de estos espacios, con el fin de fortalecer el resguardo, preservación y valoración pública de sitios de memoria vinculados a violaciones de Derechos Humanos en Chile”, según aseguró el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT), que depende del Ministerio de las Culturas.
“Logramos que se cambiaran las bases porque había unas bases que eran prácticamente imposibles de postular. O sea, en primer lugar nos dicen que van a cambiar la fecha de la postulación y después nos mandan unas bases que ningún sitio podía entrar. Entonces, logramos hacer también que ellos tomaran conciencia desde el SERPAT y cambiaran las bases que habían presentado para la concursabilidad”, destacó Angélica Navarrete, director del Centro Cultural Museo y Memoria Neltume.
Sin embargo, los sitios piden una ley que les asegure un financiamiento permanente, una iniciativa que, al requerir financiamiento, sólo puede ser iniciativa del Ejecutivo.
En síntesis, se trata de un conflicto por la ejecución de un financiamiento ya asignado que involucra un programa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT), que depende del Ministerio de las Culturas, y a la Dirección de Presupuesto (DIPRES) del Ministerio de Hacienda.
El Servicio Nacional del Patrimonio creó en 2023 el Programa Sitios de Memoria, para el cual la Ley de Presupuesto 2024 incluyó una partida de 1.330 millones de pesos destinados a generar una política pública en este ámbito, fundada en la sostenibilidad patrimonial y la implementación de un trabajo de mediación memorial y patrimonial con las diversas comunidades”.
“Por tratarse de una iniciativa nueva, y con el objetivo de cumplir con los máximos estándares de transparencia, la ejecución de este presupuesto ha sido sometida a una cuidadosa revisión. El Serpat espera contar en el más breve de los plazos con el visto bueno para ejecutar estos recursos, pues entiende las necesidades de las organizaciones y entidades a las que están destinados”, señaló el SERPAT en abril, cuando estalló la polémica.
“Nuestro servicio tiene la convicción de que los sitios de memoria son fundamentales para la democracia y su calidad, por lo que ratifica su profundo compromiso con las comunidades de memoria, sus saberes, experiencias e historia”, indicó el Servicio entonces.
El sitio de memoria Providencia señaló entonces en sus redes sociales que “las comunicaciones con el Programa de Sitios de Memoria han sido escasas y difusas”.
“La última información recibida por parte de Nélida Pozo, directora del Servicio del Patrimonio, fue que desde la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda cuestionaron la forma de entrega de los fondos, declarando que este año es concursable y que no será posible entregar el dinero antes de agosto”.
Según el sitio Providencia, “en la misma reunión, una de las soluciones que propusieron las autoridades fue que las organizaciones que administramos sitios de memoria solicitemos créditos a la Banca de Ética”.
“De esta manera, 13 sitios de memoria se quedan sin financiamiento, obligándonos a competir entre nosotros en un nuevo fondo concursable que no garantiza la entrega de recursos. Con esto se niega la relevancia de los sitios de memoria a nivel nacional, al no proveerles de una institucionalidad que proteja, promueva y sostenga estos lugares, lo que entendemos como una falta a la reparación simbólica y nueva forma de impunidad al restringir la labor respecto al derecho a la verdad y el derecho a la memoria”.
Por su parte, al ser consultada, la DIPRES señaló que se ciñe a lo ya manifestado por el SERPAT.
El Centro Cultural Museo y Memoria Neltume fue uno de los primeros en denunciar los problemas, al anunciar a principios de abril su cierre por falta de fondos.
El museo Neltume, “un bastión de la historia y los derechos humanos, se enfrenta a un desafío crítico en su vigésimo aniversario. La falta de financiamiento amenaza su existencia, forzándolos a cerrar sus puertas”, informó el centro en sus redes sociales, en abril, en un intento de revelar “la lucha por la supervivencia del centro y la necesidad imperiosa de mantener viva la memoria”.
“El centro, que ha preservado la historia reciente y las violaciones a los derechos humanos, se encuentra en una encrucijada debido a la falta de compromiso estatal. La promesa de financiación” del Programa de Sitios de Memoria (PSM) del SERPAT “se ha desvanecido, y con ella, la esperanza de continuidad”.
En total, la situación afectaba a 13 sitios de memoria, entre Antofagasta y Puerto Montt. Son Museo Neltume, 16 de Octubre (La Serena), José Domingo Cañas, Rocas de Santo Domingo, FASIC, Comisaría Providencia (Antofagasta), Melinka-Puchincaví, Hornos de Lonquén, Nido 20 (FACH), Estadio Víctor Jara, Mulchén, Valdivia y ex Cuartel de Investigaciones de Puerto Montt.
El presidente de la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, Marcelo Acevedo, recordó en ese momento que este “programa fue lanzado con bombo y platillos por el gobierno, en la cual iba a ser un antes y un después respecto al financiamiento”.
Según Acevedo, en un principio la protección de los sitios de memoria iba a ser mediante un financiamiento directo, pero “al final terminó siendo unos recursos que son concursables, en la cual hay 13 sitios de memoria que participan, en la cual además se supone que iba a ser continuo, lo cual no fue así”, afirmó.
Chile tiene una larga tradición de sitios de memoria. De hecho, en 1994, el centro Villa Grimaldi fue el “primer sitio de memoria abierto a la ciudadanía en Latino América”, según se lee en su sitio web, cuando no existían como tales.
“Estamos decepcionados, decepcionados de un programa que venía a resolver una situación que tantos años hemos luchado y que ahora lo vemos enfrentado en una burocracia eterna y una falta de incompetencia y una falta también de comprensión de la realidad que viven los sitios de memoria”, expresó en aquel momento Acevedo.
Sin embargo, tras la protesta de los sitios, la situación cambió. La directora del museo de Neltume comenta que “desde un tiempo a esta parte la situación de los sitios ha venido mejorando (…) y probablemente los sitios vamos a tener los recursos a fines de mayo”.
“Esto se debió a un avance, a gestiones que se hicieron rápidamente con la DIPRES“, aseguró.
“Hubieron varios errores, ya no por parte de los sitios, sino que de quienes estaban a cargo de este proyecto. Se nos entregó información muy errada y eso generó justamente todo este tipo de situaciones y de crisis. (…) Esto no es un juego, esto nosotros no estamos jugando aquí con los sentimientos de las familias. Esta es una situación que tuvo un proceso muy desagradable, que fue muy lamentable para nosotros como espacio y que fue muy doloroso y triste para las familias también. Entonces, el Estado tiene que hacerse responsable de estas situaciones que provocan y que van en desmedro de los trabajos que se realizan al interior de un sitio de memoria”.
Navarrete además señaló la existencia de un nuevo acuerdo, luego de un diálogo con Nélida Pozo, directora del SERPAT.
“Tuvimos una conversación muy sincera. Yo le planteé muchas situaciones que se vieron afectadas a la salud psicológica de algunas trabajadoras y trabajadores del espacio, que eso no sale a la vista, ¿cierto?, y de lo cual tampoco habíamos hablado, porque es la primera vez que yo lo estoy poniendo de manera pública. Ella se disculpó, se disculpó mucho, pero ojalá estas situaciones no se vuelvan a repetir. Eso es lo que nosotros necesitamos. La autoridad nos pide respeto, nosotros pedimos lo mismo hacia nuestros espacios, hacia nuestros trabajadores y hacia nuestra gente, porque nosotros finalmente representamos un grupo de familias que lo pasó muy mal por muchos años y que, producto de esta situación que el Estado provoca, es que se generan los exilios de memoria. Si el Estado no hubiese sido violador de derechos humanos, no existirían los exilios de memoria en Chile”, remató la directora del Museo de Neltume.
Navarrete insistió en que el Estado tiene que ser garante y reparador de todas estas situaciones y no provocar más dificultades a las organizaciones que han venido desempeñando este trabajo, que tampoco lo levanta el Estado, sino que es la sociedad civil, la que se reúne, la que se organiza para levantar los sitios de memoria en diferentes partes del país.
“Queda un amargo sabor, queda una pena muy grande por todo lo ocurrido. Nadie está buscando tener problemas con los organismos con los que trabajamos durante tantos años, pero cuando estas cosas ocurren se quiebran las confianzas y hace mucho rato que la confianza está perdida en el Estado. Y este tipo de cosas no hacen más que acrecentar esos quiebres. Lo que podemos decir ahora es que estamos a la espera”, expresó.
Otra fuente de un sitio de memoria confirmó la solución momentánea del conflicto.
“Respecto de los avances sobre la asignación de recursos por parte del Servicio Nacional de Patrimonio a los Sitios de Memoria, lo que tenemos es un acuerdo de aceleración de los procesos de entrega de los recursos“, expresó.
Sin embargo, alertó que el tema de fondo es que se mantiene la política de concursabilidad de los Sitios de Memoria para optar este fondo, “y deja al descubierto esta situación la pobre legislación nacional sobre Sitios de Memoria”.
“Es indispensable para poder mantener, proteger y desarrollar los proyectos de Sitios de Memoria una ley de Sitios de Memoria que está retrasada en su planeamiento y en su implementación a nivel país. Ha sido la sociedad civil quien en el año 2016 ha generado un proyecto, el único proyecto que se conoce sobre Sitios de Memoria presentado a diversas autoridades gubernamentales, pero no ha sido resuelta su ingreso a Parlamento y siendo el Ejecutivo los únicos capaces de poder presentar este proyecto de ley, ya que incorpora financiamiento”, añadió.
Insistió, en ese sentido, en que la solución actual fue sólo temporal, y que se podrían repetir estos conflictos en el futuro.
“Desde las organizaciones de Sitios de Memoria estamos a la espera que el Ejecutivo tome la iniciativa de presentar esta ley que ya ha sido además una petición de diversas autoridades políticas del país. Distintos diputados de la república que han hecho eco de esta necesidad y el Ejecutivo todavía no ha tomado una resolución al respecto”, concluyó.
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