Medioambiente
En el contexto del Plan de Descarbonización que será publicado en septiembre, se establecerán acciones orientadas a que el Servicio de Evaluación Ambiental instruya a las empresas en el procedimiento a seguir en caso de reconversión de unidades a carbón. Las comunidades se oponen.
Una serie de críticas realizó la Coalición Nacional Chao Carbón al proceso de cierre de termoeléctricas que se está realizan en el país, en el marco de compromisos gubernamentales para ayudar a combatir el cambio climático.
Las organizaciones ciudadanas de la Coalición llevaron a cabo su encuentro anual en julio para analizar el proceso de descarbonización por el que atraviesa Chile. Desde 2019 han cerrado 11 centrales en el país, en las comunas de Tocopilla, Quintero/Puchuncaví y Coronel, pero a su juicio la transición se está dando sin justicia: sin planes de cierre y abandono, sin remediación ambiental o social y sin participación de las comunidades, en las decisiones sobre el futuro de los territorios.
En la oportunidad, la Coalición hizo un llamado al gobierno a diseñar planes de transición que aseguren el cumplimiento de las normas vigentes de salud, ambiente, urbanismo y construcción, además del retiro de la infraestructura, con especial atención a los desechos peligrosos, como los remanentes de carbón y cenizas.
“Los territorios que han soportado por décadas la contaminación de la generación a carbón merecen planes de remediación que se hagan cargo de los pasivos ambientales y que permitan un diseño comunal con participación de las comunidades”, expresó la entidad en un comunicado.
Desde la Coalición Chao Carbón – articulación de organizaciones locales de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero/Puchuncaví y Coronel, organizaciones ambientales nacionales y el Colegio Médico de Chile – enfatizaron la urgencia de concretar acciones de remediación para los territorios donde operaron las 11 termoeléctricas ya cerradas y dar a conocer los planes de cierre de las 9 que dejaran de operar en diciembre de 2025.
Asimismo, la Coalición convocó a las empresas AES, Guacolda Energía y Colbún, a que presenten fecha de cierre para las 8 carboneras que aún operan en Mejillones (2), Huasco (5) y Coronel (1), para terminar con la emisión de contaminantes locales que afectan y enferma a la población antes del año 2030.
“La colaboración de las empresas ha sido insuficiente”, criticó Sara Larraín, vocera de la Coalición.
Según la información del Ministerio de Energía, este proceso comenzó a inicios de 2018, momento en el cual se suscribe un acuerdo entre el Gobierno y las empresas propietarias de centrales a carbón, para avanzar en el cese de carbón como parte de la matriz eléctrica.
A mediados de 2019 se firmó el primer acuerdo de origen voluntario y aplicación vinculante, que estableció un calendario de retiro de 8 centrales a carbón, de un total de 28 iniciales, y planteó dos importantes metas de largo plazo; 1) un retiro total de centrales a carbón hacia 2040, y 2) alcanzar la carbono neutralidad de emisiones antes de 2050.
A partir de ese anuncio, Chile comprometió internacionalmente la carbono neutralidad antes de 2050, y luego lo plasmó legalmente, mediante la promulgación y publicación de la Ley 21.455 o Ley Marco de Cambio Climático, que mandata a ser un país carbono neutral y resiliente antes de 2050, con una visión de Estado plasmada en dicha ley, iniciada durante la administración anterior, y aprobada durante el presente Gobierno, reforzando de manera sustancial la institucionalidad país para enfrentar este desafío.
A nivel numérico, hoy, en comparación a 2019, se han retirado 11 centrales, lo que corresponde a una reducción de 30% de la capacidad instalada, y además, se pasó de generar un 39% con carbón en el sistema eléctrico durante 2019, a un 17% durante 2023, unido a una mayor inserción de energías renovables y fuentes complementarias, según cifras oficiales.
En ese marco, “el proceso de cierre de termoeléctricas ha avanzado de manera más acelerada de lo esperado”, reconoce Sara Larraín.
“Inicialmente, el compromiso del año 2019 planteaba el cierre de todas las termoeléctricas de carbón para el año 2040, con ocho centrales cerrando antes del 2025. Sin embargo, a la fecha, ya se han cerrado 11 centrales, y otras 9 están programadas para cerrar o reconvertirse antes de diciembre de 2025. Aún quedan 8 centrales en operación que podrían continuar hasta el 2040, incluyendo las cinco de Guacolda en Huasco, la central Cochrane, uno y dos en Mejillones, y la central Santa María de Colbún en Coronel”, explica.
Por eso, para el Ministerio “las cifras son elocuentes, y los instrumentos institucionales se mueven en el sentido correcto, como la norma de emisiones de centrales termoeléctricas, en plena actualización, promoviendo un proceso serio de descarbonización de la matriz eléctrica”.
“Existiendo múltiples desafíos que, como Ministerio de Energía, plasmaremos en nuestro Plan de Descarbonización, nuestra evaluación del proceso de cierre y reconversión de centrales a carbón es positivo, y más aún cuando se logra empalmar con instrumentos que robustecen la institucionalidad país”, señalaron desde esa cartera.
En el caso de Quintero-Puchuncaví, para Katta Alonso, “mientras antes cierren, mejor”.
“No estamos de acuerdo, obviamente, con la reconversión y menos agonía con lo que queremos. Lo que queremos es que cierren, se lleven a sus pasivos ambientales, se hagan cargo de todo lo que han contaminado, sobre todo en nuestro territorio, y dejen limpios los humedales que los tienen llenos de ceniza, tienen depósitos de ceniza también en Valle Alegre, y todo el carbón que tienen ahí acopiado, y también lo tienen en el fondo marino porque por años lo tiraron al fondo marino”.
“Cerraron Ventanas 1 y Ventanas 2, y se supone que entre este año y el próximo deberían cerrar la Campiche y la Nueva Ventanas, que están, por lo demás, en un lugar que es de contención entre las empresas y nosotros, que es el área verde, por lo tanto, también están ilegales porque están a menos de 100 metros de la comunidad”, critica.
Sin embarco, hay otros problemas, como la participación de las comunidades en el proceso. Según la Coalición, “la transición no está siendo democrática”.
“No se está asegurando la participación ciudadana en las decisiones que se están tomando sobre las futuras alternativas de desarrollo productivo de los territorios. Preocupa que se impongan nuevas alternativas de desarrollo industrial, como el hidrógeno verde, o la quema de carbón con amoniaco, en lugar de propender a otras vías de desarrollo, diseñadas con participación de las comunidades, que no impliquen núcleos de desarrollo ni tecnologías poco conocidas y potencialmente contaminantes”.
Tampoco se ha asegurado la participación ciudadana en el proceso de cierre y en la planificación de futuras alternativas de desarrollo para los territorios afectados. Las decisiones sobre nuevas actividades industriales, como el hidrógeno verde o la co-combustión de carbón con amoniaco, no han sido consultadas con las comunidades locales, quienes deberían tener voz en el diseño de su futuro económico y social, según Larraín.
Desde el gobierno responden que el involucramiento de las comunidades en el proceso de cierre de las centrales térmicas a carbón, es potestad de cada empresa.
“Desde el Ministerio de Energía promovemos que las empresas tengan procesos de participación tempranos, oportunos y permanentes y que en ellos consideren los impactos que las acciones de las empresas puedan tener en las comunidades vecinas, de manera de contemplar medidas adecuadas de prevención o mitigación”.
En el caso de Tocopilla, el Ministerio lideró un proceso participativo multiactor, para elaborar un Plan de Transición socioecológica justa que permitiera responder a las diferentes necesidades y sueños planteadas por los habitantes de Tocopilla.
Asimismo, en el caso de Coronel, Quintero-Puchuncavi y Huasco, es el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Oficina de Transición socioecologica justa quien liderará esos Planes participativos locales.
Otro caso emblemático de este tema es el puerto de Huasco, en la región de Atacama. Desde 2026, se ha anunciado una reconversión de la central termoeléctrica en Huasco, en la región de Atacama, para utilizar combustible mixto durante el periodo de transición, basado en una co-inyección de carbón y amoníaco verde, producido en el país, lo que fomentará además la demanda interna de hidrógeno verde; con una primera fase para 2030, según lo informado por la compañía en cuestión.
Sin embargo, las organizaciones expresan su profundo rechazo a la alternativa tecnológica de co-combustión carbón – amoniaco presentada por la empresa Guacolda Energía, que solo garantiza la reducción de quema de carbón en un 50%.
Para la Coalición, esto perpetúa la contaminación local que enferma a la población y va en dirección contraria al Plan de Descarbonización impulsado por el Gobierno de Chile, a lo expresado por el Presidente de terminar con las zonas de sacrificio socioambiental y a los compromisos vinculantes exigidos por la Ley Marco de Cambio Climático.
“La alternativa de co-combustión carbón-amoniaco no representa una verdadera descarbonización, ya que solo reduce la quema de carbón en un 30% al 2030. Esto perpetúa la contaminación local, afectando la salud de la población y contraviene los objetivos del Plan de Descarbonización del gobierno, el fin de las zonas de sacrificio socioambiental propuesto por el Presidente, y los compromisos de la Ley Marco de Cambio Climático para alcanzar la carbono-neutralidad al 2050”, critica Larraín.
Al ser consultada, la empresa insistió en que está comprometida con el proceso de transición energética.
“Lo estamos haciendo de manera responsable, cuidando la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico, en el que somos un actor clave, y manteniendo las fuentes laborales de Huasco, donde tenemos un rol social relevante”, indicó la firma.
Guacolda aseguró que el proyecto para producir electricidad mediante co-combustión con amoniaco verde forma parte de las 81 medidas del Plan de Acción de Hidrógeno verde lanzado por el gobierno este año.
“La co-combustión con amoniaco es una tecnología en desarrollo en países como Japón y Corea, con resultados muy promisorios en términos de reducciones de emisiones globales y locales”, aseguró.
Añadió que desde el año 2016, Guacolda ha tomado una serie de medidas de abatimiento que han permitido reducir las emisiones, y que actualmente todos los indicadores de calidad del aire de Huasco se ubican por debajo de la norma, “al punto que la autoridad ambiental considera que desde 2022 Huasco ya no se encuentra en zona de latencia”.
Asimismo, citó un estudio reciente, realizado en 2023 por el CITUC de la UC, que “evidencia que el impacto de los factores ambientales sobre la salud de la población de Huasco están por debajo del nivel de riesgo -de acuerdo a la normativa- y que las concentraciones de material particulado MP2.5 no revisten mayores riesgos”.
Justamente, en el caso de Huasco, desde el Ministerio apuntan a que la transición energética justa tiene la misión de compatibilizar el resguardo social, económico, ambiental y territorial.
“Nuestro país afortunadamente cuenta con una institucionalidad cada vez más sólida para acompañar la transición energética, lo que hace innecesaria el concepto de validación a una opción tecnológica, sino más bien, establecer los cánones y parámetros con los cuales dichas tecnologías serán medidas”, señalan desde el Ministerio de Energía.
“Hoy tenemos un compromiso férreo de parte de la industria de no operar más centrales a carbón antes de 2040, un calendario de retiro o reconversión que a 2026 tendrá disponible un 70% de la capacidad instalada a carbón para tales fines, y regulación sectorial que establece las métricas a cumplir, tanto en materia de contaminantes globales, asociados a la Ley Marco de Cambio Climático, como contaminantes locales, asociados -en este caso- principalmente a la norma de emisiones de centrales termoeléctricas”, aseguran.
En ese sentido, según dicha secretaría de Estado, las alternativas tecnológicas que permitan dar cumplimiento a las exigencias sectoriales, compromisos internacionales y acuerdos preestablecidos por las partes, pueden avanzar en sus respectivas tramitaciones.
Por otro lado, desde la Coalición indicaron que ante los graves efectos sobre la salud pública que han causado la operación de las termoeléctricas en las comunas, es urgente que el Estado se responsabilice y lidere la implementación de centros de atención médica altamente especializados para la detección temprana y tratamiento de enfermedades graves, como cáncer, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, entre otros.
También piden establecer un programa especializado para la detección de enfermedades de salud mental y neuro divergencias, causadas por la exposición prolongada a metales pesados derivados de la producción de energía.
Desde el Ministerio responden que estos aspectos relacionados a la remediación sobre las personas están siendo abordados en el marco del Comité de Transición Socioecológica Justa, el cual se encuentra en pleno proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa.
En el caso de Huasco, según Huasco sin Relaves, “no existe ni ha existido nunca ni por parte de las empresas ni por parte de la administración local una voluntad real de generar programas médicos que vayan en favor de la salud pública de sus habitantes. Muy por el contrario, siempre se ha elegido callar y omitir información respecto a la condición de salud de las personas que habitan Huasco”.
“Últimamente la empresa Guacolda ha ofrecido como una solución construir un centro de diálisis para la comuna que sin duda es una medida mínima a adoptar sobre todo por el daño causado, pero bajo ningún punto de vista es una medida efectiva sino más bien compensatoria. Lamentablemente en Huasco no podemos hablar de prevención de los efectos adversos para la salud, sino que las empresas y la municipalidad actúan de forma tardía y bajo amenaza o denuncias de la comunidad”, critican.
Para este grupo, mientras no se modifiquen las normativas ambientales de calidad del aire asimilables a las referencias de la OMS y se cierren definitivamente estas termoeléctricas no se mejorará la calidad de vida de este territorio ni de ninguna otra zona de sacrificio.
Un estudio reciente ha confirmado que el positivo impacto sanitario del cierre de las termoeléctricas, a medida que son reemplazadas por plantas de energía solar.
Esta es una de las conclusiones del estudio “The Health Benefits of Solar Power Generation: Evidence from Chile”, publicado en la revista Journal of Environmental Economics and Management (JEEM) por un equipo encabezado por Nathaly Rivera, académica de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, y en el que participaron también los investigadores Elisheba Spiller y J. Cristóbal Ruiz-Tagle.
“Cuando nos centramos solo en aquellas municipalidades que se encuentran bajo el viento y a menos de 10 kilómetros de distancia de estas plantas sucias ‘desplazadas’, nuestros resultados muestran que un aumento de 1 GWh adicional de energía a carbón desplazada reduce en un 16,6% las admisiones hospitalarias diarias por causas respiratorias, lo cual equivale a 0,667 hospitalizaciones menos por cada 100.000 habitantes en estas ciudades. Esta reducción alcanza un 28% en el caso de las vías respiratorias altas, y un 17,7% en el caso de las vías respiratorias bajas”, explica la profesora Rivera sobre este fenómeno que es particularmente visible en ciudades como Arica, Iquique, Alto Hospicio, Tocopilla, Mejillones y Antofagasta.
La investigadora de la Universidad de Chile añade, además, que las 19 municipalidades del Norte Grande incluidas en la muestra presentan una tasa promedio diaria de hospitalización producto de enfermedades respiratorias de un 1.203 por cada 100.000 habitantes, pero “cuando nos centramos solo en las municipalidades que se encuentran bajo el viento y a menos de 10 kilómetros de distancia de una planta a carbón, esa tasa sube a 4.019 admisiones hospitalarias por 100,000 habitantes. Esto sugiere que la calidad del aire en estas municipalidades podría ser uno de los factores relevantes para entender estos números”. Observa, asimismo, que las localidades analizadas tienen relativamente poca población, “así que los beneficios serían aún mayores si pensamos en ciudades que tienen plantas termales, pero que están más densamente pobladas”.
Si bien la instalación de plantas solares fotovoltaicas significó una disminución de las admisiones hospitalarias de la población en general, los más favorecidos fueron los niños, sobre todo en las municipalidades en las cuales se encontraba localizada una planta a carbón.
“Encontramos que todos los grupos se ven beneficiados, pero principalmente los pequeños de 2 a 5 años, los niños entre 6 y 14 años, y los adultos entre 15 y 64 años, que son quienes generalmente pasan más tiempo al aire libre durante las horas de mayor contaminación del aire. Durante estas horas del día es justamente cuando la energía solar se encuentra en general disponible para ‘desplazar’ la energía a carbón”, señala Nathaly Rivera.
En ese marco son claves los planes de cierre de las termoeléctricas. Sin embargo, según la Coalición, las centrales a carbón están cerrando sin presentar planes de cierre y abandono evaluados y aprobados ambientalmente, que den certezas a la comunidad sobre qué ocurrirá con la infraestructura y desechos asociada a la combustión del carbón, como las instalaciones, canchas de acopio de carbón y los depósitos de cenizas, dejando incertidumbre sobre cómo se remediarán los pasivos ambientales en los territorios.
“Es crucial que se presenten y ejecuten planes de cierre que aborden la remediación de los pasivos ambientales provocados por la operación de las centrales, como los relacionados a las canchas de depósito de carbón y ceniza. Sin embargo, las centrales cerradas no han presentado planes de cierre evaluados y aprobados ambientalmente, incumpliendo la normativa vigente. La falta de fiscalización y de pronunciamientos por parte de las autoridades ha exacerbado esta situación”, critica Larraín.
En el caso de Huasco, no ha habido una participación de las comunidades para el cierre y el post cierre de las mismas.
“En esos términos vemos con desconfianza este proceso que ha sido llevado de manera centralista, cupular y pareciera ser más una declaración de intenciones que un programa de mejora real para los territorios, sin ningún peso económico y social por parte del Estado”, señalan desde Huasco sin Relaves.
“En caso de Huasco, solo funciona el PRAS (Programas de Recuperación Ambiental y Social), que en términos prácticos solo ha servido para desmovilizar a las comunidades, que ciertas agrupaciones negocien con las empresas y sobre todo recalcar que esta mesa no tiene características vinculantes ni representativa de las comunidades”, critican.
Oficialmente, del universo total de las 28 unidades a carbón conectadas al sistema eléctrico durante 2019, hay varias que tienen en sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental, o RCA, que les exigen planes de cierre.
En particular, hay 7 unidades que no cuentan con RCA asociada al proyecto original; a 6 se les exige en la RCA un plan de cierre cierto tiempo antes de iniciar el abandono; 15 indican en sus RCA que lo más probable es que se reacondicionen o se reconviertan a otra tecnología de generación; entre otras, informó el Ministerio de Energía.
“Sin perjuicio de lo anterior, en el contexto del Plan de Descarbonización que será publicado durante las próximas semanas, se establecerán acciones orientadas a que el Servicio de Evaluación Ambiental instruya a las empresas en el procedimiento a seguir en caso de cierre o reconversión de unidades a carbón”, indicó la secretaría.
En cuanto a qué se realizará en términos de remediación ambiental o social en los lugares donde se cerraron termoeléctricas, el Ministerio señala que a partir de las medidas existentes en los Programas de Recuperación Ambiental y Social (PRAS), el Gobierno ha propuesto un trabajo que acompaña el proceso de cierre de termoeléctricas para abordar los desafíos ecológicos, laborales y de calidad de vida que se ven impactados por la presencia y cierre de este tipo de industrias.
Para la secretaría, este programa ha tenido resultados ambientales concretos que impactan a todo el territorio nacional. Un ejemplo de ello es que hoy se cuenta con nuevas normativas aprobadas por el Consejo de ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático para enfrentar estas temáticas: Norma COVs, Norma de Arsénico, Norma de Olores Pesqueros, Norma Secundaria de Aguas para la Bahía de Quinteros y estamos en el trabajo final para tener una Norma Secundaria de Calidad de Aguas para río Huasco e iniciando el proceso para una Norma Secundaria para el Golfo de Arauco.
A esto se suman la revisión de la Norma de Fundiciones y está en diseño una Norma de Suelos y una Norma de Ruido. Todas estas normativas nacen de los diagnósticos que tenemos de los territorios que hoy cuentan con un PRAS, señalaron desde el Ministerio.
Añadieron que hay “otros avances muy concretos”, como la relocalización de trabajadores por cierre de Fundición Ventanas por parte de Codelco, una nueva red pública de monitoreo de aire para Concón, Quintero y Puchuncaví y la creación de áreas protegidas como la Desembocadura del río Huasco y Santuario Carrizal Huasco, estudios y protección de humedales como parte de las medidas PRAS como el humedal Boca Maule, que hoy diseña su plan de manejo, o iniciativas de estudio y acciones concretas de reciclaje en la Bahía de Coronel.
En cuanto a la planificación sobre qué hacer con los lugares que acogen las centrales, una vez que éstas hayan sido cerradas, en este momento se encuentra en diseño una Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa 2025-2035.
Según el Ministerio, este permitirá abordar de una manera interministerial y coordinada una metodología para enfrentar transiciones en diversos rubros, que además contará con un plan de acción urgente, con un enfoque territorial para comunas en transición energética por el cierre de termoeléctricas, tales como Tocopilla, Mejillones, Huasco, Concón, Quintero y Puchuncaví, y Coronel. La Estrategia está programada para ser publicada a fines de este año como parte del trabajo que ha desarrollado el Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa, compuesto por nueve ministerios.
Esto vendrá a complementar la elaboración de los planes sectoriales de adaptación y mitigación de cambio climático mandatada por la Ley marco de cambio climático. Esto, además de considerar las acciones que se indiquen en el plan de descarbonización (Ministerio de Energía) y los eventuales planes de reconversión laboral y productiva (Ministerio de Economía).
“En conjunto, esperamos que las acciones contenidas en los diferentes instrumentos de política pública puedan promover cambios importantes para la calidad de vida de los habitantes de estos territorios”, aseguran desde la secretaría de Estado.
Finalmente, en cuanto al cronograma de cierres, el Ministerio indicó que, según lo informado por las empresas propietarias, durante este año estarán disponibles para cerrar, si las condiciones de seguridad del sistema eléctrico lo permiten, 2 centrales adicionales en Mejillones, por un monto de 334 MW, y el próximo año dos centrales más, en Puchuncaví, por un total de 539 MW. Además, se han anunciado reconversiones de 5 unidades durante 2025 y 2026, por un total de 1.290 MW.
Con todo ello, a inicios de 2026, y cumpliéndose las distintas condiciones habilitantes del sistema eléctrico para el retiro o reconversión de las unidades, “contaríamos con casi una reducción de 70% de la capacidad instalada en base a carbón respecto a 2019; una evolución muy relevante, siendo Chile un país que hace menos de 5 años tenía una dependencia relevante en el carbón”.
“En ese sentido, a la fecha sólo tres centrales restan por anunciar sus destinos, en cuanto a cierre o reconversión. Al margen, sabemos que a 2040 ya no habrá centrales operando con carbón como combustible primario”, indicó la secretaría de Estado.
Tras diversos intentos de comunicación con AES Gener, fue imposible obtener una respuesta a las preguntas de El Mostrador.
Por su parte, al ser consultada sobre el tema, Colbún informó que tiene una de las 28 centrales termoeléctricas en base a carbón que operaban en Chile al año 2019, año cuando se suscribió el acuerdo con el Estado para no construir más centrales en base a esta tecnología y cerrar o reconvertir las existentes a más tardar el año 2040. Colbún formó parte de ese acuerdo, y, teniendo una de las centrales en base a carbón más nuevas (la Central Santa María, que comenzó a operar el año 2012), el plazo acordado para dicha unidad fue el año 2040.
“La Central Santa María es la única de base en el centro sur de Chile y ha permitido mantener el sistema operando en forma segura y económica, particularmente en años secos como el 2022. Considerando la variabilidad de las energía renovable -como la eólica- necesitamos fuentes de energía 24/7, al menos hasta que haya suficiente almacenamiento”, indicaron desde la compañía.
Finalmente, “para acelerar la fecha de cierre de esta central, lo relevante es generar las condiciones habilitantes que permitan hacerlo sin afectar la seguridad y precios del sistema, en especial en la zona centro-sur, donde se ubica nuestra central. Esto implica acelerar el desarrollo de líneas de transmisión y tener un mejor uso de las líneas existentes, así como lograr el desarrollo del almacenamiento de energía, entre otras materias técnicas que permitan avanzar en una transición responsable con todos los actores”.
