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Los rechazos de las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC) se han caracterizado por la oposición de los representantes del Ejecutivo. En el Congreso estudian modificar la normativa.
En medio de críticas de sectores empresariales, de legisladores y miembros de la sociedad civil a la Ley Lafkenche, en lo que va del año un 80% de las solicitudes de Espacios Costero Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) han sido rechazados en las votaciones de las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC), marcadas por la oposición de representantes de entidades públicas.
En las Comisiones votan integrantes de diversos organismos del Estado y la sociedad civil. Las CRUBC los espacios formales de gestión costera, donde se exponen los antecedentes y se votan las distintas solicitudes.
Según cifras de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), este año se han discutido diez solicitudes en total: cinco en la región de Los Lagos, dos en Aysén, una en Magallanes, una en Los Ríos y una en La Araucanía.
Se aprobaron sólo las dos últimas, denominadas Mississipi y Malalhue. Las otras ocho se han rechazado.
“Lo que se busca es excluir a los pueblos de toda la gestión de los mares. Al despojo de tierras indígenas, sigue ahora el de los mares”, lamenta Marcela Caro, representante de la comunidad kawésqar Aswal Laje.
Un ejemplo paradigmático ocurrió en Aysén en febrero, donde dos solicitudes fueron rechazadas por 29 de 33 integrantes del CRUBC, incluyendo todos los representantes de organismos públicos. Estaban en juego 621 mil hectáreas tras un trámite de ocho años de dos propuestas: Cisnes y Huichas.
En ambos casos hubo 29 votos en contra, dos votos a favor y dos votos a favor de modificaciones. Votaron en contra todos los representantes del Ejecutivo, a los que se sumaron los alcaldes de la zona, los representantes de la Armada, los pescadores artesanales y los representantes de la industria salmonera.
Los argumentos fueron de índole técnica: superposición de áreas, áreas de tamaño excesivo, problemas en la fundamentación y afectación de otras normas, entre otros. A favor votaron solo los dos representantes de los pueblos originarios, mientras a favor con modificaciones lo hicieron la representante del turismo y la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías.
Otro caso más reciente ocurrió en Punta Arenas. Allí la CRUBC rechazó el reconocimiento y protección del uso consuetudinario (histórico) de 25 mil hectáreas marinas, requerido por la comunidad Aswal Lajep en la provincia de Última Esperanza, bajo la Ley Lafkenche. La comunidad Aswal Lajep es una de las 13 comunidades Kawesqar que quedan activas.
La resolución fue contundente: 35 votos en contra y sólo 1 a favor, tras siete años de trabajo realizado por funcionarios de la Conadi revisando la validez de la solicitud.
“Lo curioso es que quienes rechazan el ECMPO mencionan que los usos consuetudinarios de los kawésqar no podrían llevarse a cabo en la Reserva, pero la salmonicultura sí. La industria salmonera se ha negado a salir de las áreas protegidas, a pesar de la evidente incompatibilidad. Creo que ante la triple crisis ambiental, de contaminación y pérdida de biodiversidad, es necesario más que nunca repensar lo que se presenta como ‘desarrollo’. El uso sostenible del mar, el turismo y la conservación pueden ser una alternativa al crecimiento desmedido de industrias que han ocasionado impactos adversos acumulativos”, comentó al respecto Fernando Pardo, ingeniero pesquero e investigador del Observatorio Ciudadano.
“Me entristeció mucho porque mi misma familia estaba en contra de esta solicitud diciendo que nos iban a tener que pedir permiso para todo. Todo a base de mentiras, de ignorancia, hay un gran lobby preocupado de las cuatro concesiones que están próximas a vencer, diciendo que íbamos a dejar a 10 mil personas sin trabajo, a 400 empresas sin trabajo. Entre lágrimas recibimos las malas noticias, criticó Caro.
Es inevitable que ante la contundencia de los rechazos surja, entonces, la pregunta de si hay una “bajada de línea” desde el Ejecutivo para rechazar sistemáticamente las solicitudes de ECMPO del año 2024.
Según Observatorio Ciudadano, el rechazo sistemático de solicitudes de ECMPO comenzó en enero de 2024, tras un encuentro entre empresarios del salmón y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, en la casa del lobbista Pablo Zalaquett.
Para esta ONG, desde entonces la industria salmonera ha desplegado una ofensiva mediática contra la Ley Lafkenche, que acompaña tres proyectos de modificación legislativa que se encuentran en tramitación, y que ocurren de forma paralela a la tramitación de la nueva Ley de Pesca y la preparación del proyecto de Ley de Acuicultura.
“Existen datos que son indudables, por ejemplo, la votación de los ECMPO de la región de Aysén donde todos los representantes del gobierno votaron en contra de las solicitudes y se plegaron a los argumentos que ha difundido la industria del salmón. Los recientes rechazos de las solicitudes de la región de Los Lagos siguen la misma línea“, analiza Francisco Araos, académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile.
El académico cree que ha habido esfuerzos por parte de las instituciones sectoriales, como Subpesca y Conadi, por responder y apoyar la implementación, pero son limitados y poco estructurados, porque faltan capacidades técnicas y financieras.
“Tal y como sucede con muchas otras legislaciones, existe una ley pero no hay una política pública robusta que sostenga su implementación. Por ejemplo, se requieren más y mejores canales de información, capacitación técnica para la aplicación de la ley a los múltiples servicios que intervienen en la tramitación, a los gobiernos regionales y locales en los cuales se solicitan los ECMPO”.
Las ECMPO son un elemento de la Ley 20.249 de 2008, conocida como Ley Lafkenche.
Actualmente existen 24 ECMPO decretadas, de las cuales 15 cuentan con su Plan de Administración vigente y en funcionamiento, según cifras de Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
“(La ley) se ha transformado en paralización de las actividades económicas. Y no solamente de la empresas, sino que de la pesca artesanal. Se supone que son hectáreas marinas para que los pueblos puedan desarrollar su pesca y todas sus actividades. Pero una vez que las tienen las arriendan a los privados. ¿Es un impuesto? Algo huele mal en esto”, criticó el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en julio pasado en la primera edición del seminario “Salmón Summit”, en el Teatro del Lago de Frutillar, Región de Los Lagos.
“Me parece evidente la campaña contra la Ley Lafkenche. Los hechos así lo indican. Lo ocurrido en Aysén fue un hito, donde incluso hubo amedrentamientos violentos contra dirigentes y apoyos técnicos. Esto fue denunciado por diversas organizaciones y medios de comunicación. A mi modo de ver, el caso de Aysén fue un mensaje, un testeo de fuerzas y procedimientos que proyectó una forma de operar a nivel local y regional para promover el rechazo de las solicitudes. Mientras tanto, en el Congreso y a nivel central se organizan las fuerzas para promover reformas o alteraciones a la ley. Esa es la estrategia”, afirma el profesor Araos.
Lo cierto es que el proceso de implementación de las ECMPO han sido controversiales, e incluso ha recibido críticas desde la izquierda.
“La experiencia de las ECMPO, por lo menos en la zona sur del país, desde la Región de los Lagos hasta el sur, difiere en su realidad”, afirma el senador socialista Fidel Espinoza, presidente de la Comisión de Pesca.
“Tenemos ECMPO que cumple los objetivos como los que se desarrollan en la provincia de Osorno, desde el punto de vista de la protección, del cuidado, del uso constitucionario, todo lo que eso implica, como la ECMPO Mapu Lahual que es una buena experiencia de protección”.
Sin embargo, a su juicio, el problema es que se ha generado con las ECMPO desde Puerto Montt hacia el sur, “donde se han producido una serie de hechos anómalos que ameritaron obviamente la revisión de la ley actual, que queremos modificar para de una u otra manera mejorar los actuales aspectos que hubieran motivado incluso que hayan denuncias en la Fiscalía por cobros ilegales con el propósito de desafectar los espacios marítimos para otras actividades productivas de la región”.
En Aysén, gremios salmonicultores hicieron fuerte campaña ante el peligro de perder 300 concesiones acuícolas, mientras integrantes del grupo Identidad Territorial Lafkenche denunciaron “racismo” y “campaña de desinformación”.
“Lo que ocurre en el 2024 es reflejo de un proceso mucho más largo de cuestionamiento a la ley Lafkenche. Lo que ha ocurrido este año es una coyuntura política en la que ha confluido la discusión de varias leyes que regulan los usos de los recursos marinos y que, en conjunto, tienen el potencial para reconfigurar la manera en que se han explotado históricamente”, analiza el profesor Araos.
Él menciona los casos de Aysén como “emblemáticos” para la aplicación de la ley.
“Así, veo que se ha ido construyendo un escenario político para limitar la aprobación de los ECMPO y proyectar potenciales modificaciones a la ley”, donde es clave la oposición de la industria salmonera.
La oposición de la industria salmonera a las ECMPO ha sido constante. Un ejemplo de ello son las declaraciones de junio de este año, cuando la industria valoró el rechazo a las reclamaciones de las comunidades indígenas en el caso de Aysén, tras el rechazo ocurrido en febrero.
“Valoramos que por segunda vez en esta CRUBC prime la cordura y el sentido común por sobre el interés de unos pocos. Es un alivio comprobar que estamos por el camino correcto al defender los legítimos intereses de diversas industrias y rubros que se desempeñan en el borde costero y que dan empleo, bienestar y prosperidad al sur austral de Chile”, expresó en esa ocasión Loreto Seguel, directora ejecutiva de Consejo del Salmón, según publicó mundoacuicola.cl.
“Como gremio, valoramos que la contundente decisión de la CRUBC tomada en febrero se haya mantenido en la sesión de hoy, dado que la reclamación presentada por las comunidades solicitantes carecía de argumentos de hecho y de derecho. Nuevamente, las visiones de diversos actores sociales, territoriales, productivos, del desarrollo de la región, autoridades y alcaldes que representan los intereses de las comunidades coincidieron en que las solicitudes eran desproporcionadas, generaban conflictividad, y generaban incertidumbre respecto al desarrollo futuro de las actividades que conviven en el borde costero de la Región de Aysén. Asimismo, confiamos en que las modificaciones a la Ley Lafkenche, actualmente en el Senado, y el trabajo de la la Comisión presidencial por la Paz y para el Entendimiento disminuyan la conflictividad y la incertidumbre que la mala aplicación de esta normativa está generando en el sur de Chile”, comentaron desde SalmonChile.
En ese sentido, según Araos dicha industria es un actor central en el escenario socioambiental, sobre todo en la Patagonia.
“Ha sido un detractor público de la implementación de la ley, construyendo la narrativa de los ECMPO como barreras del desarrollo. Nosotros hemos analizado los discursos públicos de las organizaciones gremiales y de las empresas, y hemos demostrado que la narrativa contrapone el desarrollo salmonero y todos sus beneficios, al establecimiento de los ECMPO”.
A su juicio ocurre lo mismo con las áreas protegidas marinas y la presencia de centros de cultivo al interior de reservas y/o parques marinos, los que se representan como frenos a la expansión de la industria.
“Toda la campaña en rechazo a la ley SBAP es un ejemplo de aquello. En este sentido, su influencia es alta y ha asumido una posición clara de rechazo a la ley, movilizando una narrativa que crea una falacia, la supuesta contradicción entre desarrollo y conservación socioambiental, algo que la literatura científica, la experiencia internacional, la sociedad y el propio mercado, han demostrado que es una ecuación posible y necesaria para enfrentar las condiciones ambientales del actualidad.
Según la ley, pueden solicitar estos espacios aquellas comunidades indígenas inscritas en el registro de CONADI. En la práctica, son procesos largos y duran varios años. Una vez ingresada la solicitud de ECMPO, desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se verifica si se sobrepone a concesiones de acuicultura, marítimas, destinaciones o áreas de manejo otorgadas a titulares distintos del solicitante, con lo que se realiza un informe de sobreposición y se notifica a la o las comunidades indígenas solicitantes.
Posteriormente, el expediente es enviado a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), con el fin de que elabore el Informe de Uso Consuetudinario y el posterior plan de consulta a las comunidades aledañas.
La delimitación necesaria está determinada por la superficie que asegure el ejercicio del uso tradicionalmente realizado. Dicho espacio costero será entregado en destinación por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, quien suscribirá un convenio de uso con la asociación de comunidades o comunidad asignataria una vez que la comisión intersectorial apruebe el plan de administración que presente la comunidad o asociación de comunidades.
El uso y administración del ECMPO estará a cargo de la asociación o comunidad a la cual se le aprobó el plan de administración. En dicho plan se detallan las actividades a realizar, los usuarios y los demás requisitos que establece el reglamento. La duración de la administración de un espacio costero es de carácter indefinida, a menos que se efectúen incumplimiento o infracciones.
Se entiende por derecho consuetudinario aquellas prácticas o conductas realizadas por las comunidades de manera habitual y que forman parte de su cultura, tales como religiosas, económicas, recreativas, entre otras.
Para el académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, se trata de “una experiencia pionera y observada a nivel internacional por otros pueblos que la tienen como un referente en el avance de los derechos indígenas”.
“Además, a mi modo de ver es una ley exitosa. Primero, porque ha logrado proteger los usos consuetudinarios y los modos de vida de los comunidades solicitantes. Segundo, porque con las medidas de protección se han resguardado ecosistemas frágiles, algunos altamente dañados y promover acciones de regeneración. Tercero, porque se ha incorporado en los procesos de toma de decisión a un actor clave e invisibilizado hasta la aplicación de ley, como son los pueblos originarios, democratizando los sistemas de gobernanza marino costera. Y, finalmente, porque ha mostrado una nueva forma de entender y relacionarse con el mar basada en el respeto y la reciprocidad con la naturaleza”, comenta Araos.
Sin embargo, el senador Espinoza rechaza esta apreciación.
“La nula aprobación de las ECMPO el 2024 se debe única y exclusivamente a los abusos que se han generado en ciertos territorios, en donde también hay un abuso en la cantidad de hectáreas que se solicitan para comunidades que son muy pequeñas en número de integrantes versus una desproporcionalidad gigantesca en las peticiones”, asegura.
“No se han aprobado porque se empezaba a tomar conciencia de que efectivamente no se le está dando un buen uso y no se ha realizado el tema de la ECMPO para protección, sino para impedir el desarrollo de otras actividades productivas en el mar, muchas de ellas que ya estaban asentadas por largos años como la que desarrolla obviamente la pesca artesanal y otras actividades conexas. Por eso creo yo que ocurrió lo de Aysén, donde se rechazaron todas las ECMPOs solicitadas y también ocurrió en Puerto Montt hace poco, con las mismas características”.
Por el contrario, desde la CONADI afirman que lo que se ha apreciado es que entre los distintos actores e intereses dentro del borde costero hay “mucha desinformación, tergiversación y falsas interpretaciones de los reales fundamentos y alcances de la ley”.
“La Ley permite conciliar distintas actividades y usos locales, incluyendo la pesca artesanal. Se entrega en administración, no en propiedad, no afecta derechos constituidos y no impide el libre acceso a las playas ni el libre tránsito o la libre navegación”, indica la entidad.
Actualmente existen 24 ECMPO decretadas, de las cuales 15 cuentan con su Plan de Administración vigente y en funcionamiento, según cifras de Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Desde la entidad señalan que dicha evaluación se hace mediante informe bienal de actividades que se revisan en esta Subsecretaría. Para el caso de extracción de recursos hidrobiológicos, 12 de estos, cuentan con Plan de Manejo vigente, y se evalúan mediante informes de seguimiento bienales.
Actualmente, son las comunidades las que con sus propios recursos y gestiones recopilan los antecedentes, elaboran las solicitudes de ECMPO y las ingresan a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
LA CONADI no tiene injerencia en las solicitudes de ECMPO, ya que son las comunidades solicitantes que hacen uso de su derecho a decidir si solicitan o no estos espacios a los cuales se han vinculado históricamente.
Aún así, tiene tres funciones claramente establecidas en el proceso de tramitación de ECMPO: acreditar si los usos invocados en la solicitud cumplen con los criterios, establecidos por la misma ley, para considerarlos como consuetudinarios; realizar el proceso de consulta a otras comunidades y de información a la comunidad regional sobre el establecimiento del ECMPO; y, formar parte de la comisión intersectorial que revisa y aprueba los Planes de Administración de los ECMPO, una vez que fueron aprobados por las CRUBC y cuando ya cuentan con decreto de destinación marítima.
Por otro lado, los informes de CONADI son declarativos y no constitutivos de un derecho, y por ello las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC) pueden modificar los espacios.
“Esta facultad de modificación permite conciliar los distintos intereses sobre un espacio determinado. Es fundamental el rol de la CRUBC para que utilicen sus facultades escuchando a todos los interesados, lo que incluye, por cierto, a las comunidades indígenas”, señalan desde la entidad.
A la hora de analizar las causas del rechazo en 2024, a juicio del senador Espinoza “lo que genera más problemas, es que no hay planes de administración previo a las ECMPO”.
“Los planes de administración son exigidos después que la EMPO ya se otorga, y creo que eso es un error garrafal que queremos rectificar en la ley. Creemos que se tiene que votar en función de planes de administración plenamente ya, previamente trabajados por parte de las comunidades, con su entorno, con las otras comunidades que interactúan en su territorio. Eso va a evitar una serie de otras problemáticas. Creo que ese es un error fundamental de la ley actual”.
Para Araos, en cambio, el principal responsable es el Estado, y luego las CRUBC.
Para él, la ley contempla un procedimiento relativamente claro de solicitud, revisión e implementación de los ECMPO, al cual las comunidades solicitantes deben someterse. El procedimiento incluye la revisión técnica del polígono, el análisis de sobreposición, la consulta a otros actores, la elaboración de planes de administración, es decir, un conjunto de normas que regulan el proceso.
“Lamentablemente el Estado no ha sido capaz de sostener y liderar el proceso, incumpliendo los plazos, sin acompañar a las comunidades. Además, muchos de los actores que participan de la CRUBC, como los alcaldes de las comunas litorales o los representantes de organizaciones gremiales, son meros espectadores y, muchas veces, detractores de la implementación de la ley, movilizando argumentos que desconocen completamente las recomendaciones técnicas de los organismos competentes. En este sentido, hay una deuda importante de las CRUBC de regular sus procedimientos y legitimar sus decisiones, lo que hasta el momento ha sido bastante limitado”, asegura.
Un hecho imposible de soslayar en la problemática es la división existente al interior de las propias comunidades indígenas en este tema. Esto lo señaló la dirigente kawesqar Caro.
“Nuestros pares Kawesqar, la mayoría somos familias, pero hay ciertas familias que tienen convenios con las salmoneras. Por eso fueron en contra. Todos hicieron llegar cartas a la CRUBC. Nosotros nunca supimos que podíamos hacer llegar cartas. Nosotros seguimos las instrucciones de la ley. No sabíamos que la decisión ignoraría los siete años de tramitación y visado por los distintos órganos del Estado y tomaría su decisión en base al lobby salmonero de los últimos seis meses”, expresa.
“Ha habido división justamente porque propias comunidades y dirigentes de las comunidades se han ido dando cuenta de los abusos que están realizando algunos. Y esos abusos han significado cobros indebidos de dinero que están absolutamente al margen de la ley”, afirma el senador Espinoza.
Según el legislador, ello ha significado también que esos mismos dirigentes que están en rechazo de esta situación, porque han trabajado honestamente toda la vida y no quieren que esto siga ocurriendo.
“Eso ha generado la división, que dentro de las propias comunidades se han ido dando cuenta que algunos liderazgos están utilizando a estos liderazgos a través de las ECMPO para beneficios personales impropios, indebidos de lucro, que son absolutamente repudiables”, asegura el senador.
En este contexto, están en curso varias propuestas legislativas para la modificación de la normativa vigente.
Específicamente, en la actualidad existen tres mociones parlamentarias, una en la Cámara de Diputados y Diputadas (Boletín N° 16864 de los diputados Berger, Matheson y la diputada Raphael) y dos en el senado (Boletín 16998-21 del senador Castro Prieto y el Boletín 15.862-1 de los senadores Espinoza, Kuschel, Elizalde, Saavedra y Sandoval), que buscan la modificación de la Ley 20.249.
Según la Subpesca, en general se pretende reducir los plazos de otorgamiento e introducir modificaciones destinadas a entregar criterios claros y precisos para la correcta delimitación del área solicitada, compatibilizado el uso consuetudinario con los demás usos desarrollados en el borde costero.
El senador Espinoza señala que hasta ahora el proyecto de ley incluye con cinco modificaciones menores, “pero que son importantes desde el punto de vista de permitir darle continuidad al desarrollo de otras actividades”.
“Por ejemplo, hoy día cuando se solicita una ECMPO, se paraliza todo hasta por seis, siete años, incluso se paraliza la inversión pública como rampas y otro tipo de infraestructuras que se quieren implementar en los territorios cuando hay una solicitud de ECMPO en cuestión. Por ejemplo, una modificación que nosotros decimos, si los servicios públicos responden a los 24 meses, se determina el silencio administrativo, es decir, que ya hay un descongelamiento y se pueden seguir renovando las concesiones y todo lo demás que hoy día queda paralizado totalmente. Esa es una de las modificaciones”.
También se buscan sanciones más severas a quienes cometan actos ilícitos con la erradicación, por cierto, o el fin de la concesión que se entrega en el territorio determinado a una comunidad que cometa infracciones de ilegalidad con cobros indebidos.
Asimismo, se establece que entre otras cosas, la solicitud de ECMPO debe ser ratificada por la comunidad con el 50 más uno de sus miembros.
“Lo que está ocurriendo hoy día es que cualquier dirigente sin que su comunidad y sus integrantes sepan siquiera que está pidiendo una ECMPO, la solicitan a su arbitro y eso consideramos que tiene que ser con la participación de la comunidad en su conjunto. En Chile una junta vecinal para renovar su directiva requiere el 50 más 1 de sus socios, nosotros creemos que en este caso también”.
El senador Espinoza aseguran que las modificaciones que están planteando van en la línea “de mejorar la actual ley“.
“Probablemente van a ser muchas más de las cinco porque hemos recibido muchas propuestas que las vamos a traducir en indicaciones en las próximas semanas”, expresó.
El académico Araos, en cambio, es crítico.
“La modificación que se pretende hacer es de carácter legal, sin embargo, todos los datos y casos indican que es en el ámbito administrativo donde se requiere compromiso y trabajo por parte de la institucionalidad, sin la necesidad de limitar los derechos contenidos en la ley”, dice.
Para él, los autores de la primera modificación están responsabilizando a las comunidades por la demora en las tramitaciones y el impacto que tiene para los actores del borde costero, aunque esa demora depende de las instituciones como Subpesca y Conadi, de su coordinación, de los recursos financieros y humanos que disponen. “Una demora que impacta también a las comunidades solicitantes de ECMPO”, grafica.
“La modificación, además, cuestiona la representatividad de las comunidades indígenas y sus mecanismos de toma de decisiones, y busca imponer nuevos requisitos a las comunidades solicitantes, vulnerando su derecho a determinar sus propias estructuras institucionales que ha sido reconocido por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Finalmente, la propuesta desconoce las alianzas y articulaciones que se han logrado con organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales, mitilicultores y otros actores, que precisamente releva la visión inclusiva de los ECMPO”.
Finalmente, también hay un debate de si acaso influirá la nueva Ley de Pesca y el proyecto de Ley de Acuicultura en este tema, y su compatibilidad con la Ley Lafkenche.
Para el académico Araos, la tramitación de la nueva Ley de Pesca está cayendo “en el mismo circulo vicioso de la Ley de Pesca anterior, porque desde el inicio de la discusión no se ha reconocido la presencia y participación histórica de los pueblos originarios en la pesca”.
“Tampoco se han reconocido las intersecciones de la equidad de género, es decir, la consideración de mujeres originarias que también trabajan la mar. No se ha incorporado el principio de respeto a las culturas, manteniendo la deuda histórica del reconocimiento de todas las formas de organización de la pesca artesanal, que incluyen aquellas prácticas y formas de organización de los pueblos originarios, ejercida de manera colectiva, que integra conocimientos ecológicos tradicionales y cosmologías específicas”.
En el caso del proyecto de Ley de Acuicultura, en cambio, sí reconoce que se está iniciando un proceso participativo para levantar propuestas en torno a los ocho pilares o temáticas clave de la ley, y es fundamental el reconocimiento de los pueblos originarios en temas de ordenamiento territorial, sostenibilidad ambiental, conocimiento ecológico, instrumentos de participación económica, fomento productivo enfocado en sus necesidades y trabajo en el mar, gobernanza y toma de decisiones.
“Tengo la modesta opinión que las tres leyes van en líneas y caminos absolutamente de autonomía, creo que una u otras no tienen que afectar una respecto a otra, por lo tanto la Ley de Pesca tendrá que de una u otra manera llevar su camino paralelo a estas modificaciones a la ley de la afgancia al igual que la Ley de Acuicultura”, asegura por su parte el senador Espinoza.
En ese sentido, “habrá algunos puntos que puedan concentrarse algunos elementos en común, que tendrán que ser muy bien abordados para que una ley no torpedee la otra y se pueda desarrollar un trabajo en el ejercicio de la realidad prácticamente con la aplicabilidad de la ley que no provoque trastornos de ningún tipo ni a las comunidades indígenas, ni a los pescadores artesanales, ni a las actividades económicas que en la región se desarrollan”.
Finalmente, en cuanto a la intervención de la industria salmonera, el senador Espinoza niega que la industria salmonera esté influyendo en las peticiones de modificaciones a la ley.
“Eso es lo más alejado de la realidad. Quienes conocen mi vida política saben que siempre he sido un férreo fiscalizador de la industria del salmón. Mis denuncias han significado mejoras importantes en los estándares sociales y medioambientales, por lo tanto a mí no me une nada más con la industria salmonera que defender también una actividad que es relevante en la economía de la región y que también se ha visto entorpecida por lo que está ocurriendo”, asegura.
“Ellos jamás han sido actores que hayan influido en la decisión nuestra de presentar algunas indicaciones a la ley. Yo lo hice en función de mi trabajo con la CONAPACH (Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile), con los pescadores, pero no con los salmoneros y doy fe que mis otros colegas que firmaron el proyecto que yo presenté han ido en la misma línea”.
En ese sentido, asegura que la industria salmonera ha sido un actor más que ha hecho sus propuestas en la Comisión de Pesca que él preside, como lo han hecho los pescadores artesanales, como lo han hecho grupos ambientalistas, como lo han hecho ONG y como también lo han hecho las propias comunidades indígenas.
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