El proyecto que busca combatir la pesca ilegal en América Latina

La pesca en aguas continentales es un pilar vital para la seguridad alimentaria y el empleo global, representando en 2019 el 12,7% de la producción pesquera mundial y generando ingresos para aproximadamente 58 millones de personas.

Sin embargo, esta actividad enfrenta una creciente amenaza: la pesca ilegal, que causa pérdidas económicas estimadas entre 10.000 y 23.000 millones de dólares anuales según Naciones Unidas.

Además de impactar los ecosistemas marinos con la pérdida de biodiversidad y la contaminación, esta práctica ilícita está vinculada a violaciones de derechos humanos, como la trata de personas y el trabajo forzado, agravando las desigualdades sociales.

En América Latina, las consecuencias de esta actividad ilícita no solo afectan a los océanos, sino también a las economías costeras y a las comunidades que dependen de ellos para subsistir.

Respuesta

Frente a esta realidad, surge el Proyecto Legal Ocean Watch (LOW), el cual busca utilizar herramientas satelitales para detectar la presencia de embarcaciones ilegales y luego utilizar estas pruebas en litigios y mejorar la legislación pesquera de los países.

En esta etapa, la iniciativa cuenta con la participación de cuatro organizaciones latinoamericanas y caribeñas especializadas en conservación marina y costera: Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) de México, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, y la organización líder del proyecto, FIMA de Chile.

“Hoy en día la pesca ilegal amenaza fuertemente los océanos, no sólo por la depredación del recurso pesquero, el agotamiento de las pesquerías, sino también por la contaminación que eso significa y los delitos o conductas asociadas a la pesca ilegal como la trata de personas o tratos de esclavitud”, señaló Antonia Berrios, coordinadora general de ONG FIMA y coordinadora para Latinoamérica del proyecto Legal Ocean Watch.

“Global Fishing Watch tiene una herramienta increíble para poder mapear y encontrar esa actividad en los océanos, por ello distintas organizaciones nos reunimos para comprender cómo usar los sistemas de posicionamiento satelital y monitorear la actividad humana en el mar, en específico en relación a la pesca ilegal. De esta forma, buscamos entender cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden usar esta información para mejorar las posibilidades de perseguir y capturar la pesca ilegal que ocurre en nuestros océanos”, dijo.

Tecnología satelital para proteger los océanos

El proyecto Legal Ocean Watch utiliza sistemas de monitoreo satelital como el Sistema de Identificación Automática (AIS) y los Sistemas de Monitoreo de Buques (VMS), facilitados por la plataforma tecnológica Global Fishing Watch (GFW). Estas herramientas permiten detectar embarcaciones en tiempo real y recopilar datos que podrían ser utilizados en litigios o para mejorar la regulación pesquera.

Durante jornadas de capacitación de tres días, las organizaciones participantes aprendieron a utilizar estas tecnologías para que en un futuro apoyen estrategias legales y administrativas dirigidas a combatir la pesca ilegal.

“En efecto, la problemática no es nada más de estos cuatro países, es a nivel mundial, y lo que está haciendo Global Fishing Watch es apoyar con herramientas de datos satelitales. La tecnología ayuda mucho a lo que es el análisis de la inteligencia para ver el comportamiento de las flotas pesqueras, ya sea supervisar las flotas pesqueras del pabellón nacional o bien ver las flotas pesqueras del pabellón extranjero que entran a las aguas originales de los países. Y con esto ellos puedan tener por lo menos insumos, reportes de eventos, tener imágenes satelitales y una serie de instrumentos que pueden ser evaluados en conjunto con otros más que pueden aportar para así levantar un caso robusto”, explicó Gabriel Caballero, oficial de Políticas de Panamá para Global Fishing Watch.

A corto plazo, el proyecto aspira a fortalecer las capacidades de las organizaciones involucradas para utilizar datos satelitales en estrategias legales y administrativas. A largo plazo, se espera consolidar cambios regulatorios clave que faciliten el uso de esta información en procesos institucionales.

Además, se busca promover relaciones éticas y colaborativas con comunidades locales que puedan verse afectadas por la pesca ilegal.