CULTURA|CIENCIA
Para la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP), “se hace esencial que los proyectos que sean adjudicados por el Estado cambien su reglamentación para su asignación, donde se busque un mecanismo que permita resguardar la seguridad social (salud y previsión) de todo el personal”.
La Asociación Nacional de Estudiantes en Postgrado anunció este jueves el comienzo de un período de captación de nuevos socios y socias, en el marco de la promoción de mejoras en las problemáticas laborales de las y los trabajadoras/es del conocimiento y de la investigación.
La Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP), es una organización con más de 16 años de existencia, que ha planteado la necesidad de mejorar las problemáticas laborales que afectan a quienes se desempeñan desarrollando labores en postgrado (magíster, doctorado o postdoctorados) y como trabajadoras/es del conocimiento.
Ha pregonado y difundido la frase “Investigar es Trabajar”, haciéndose conocida durante las movilizaciones de científicos desarrolladas en la segunda década del 2000.
La ANIP, en los últimos años, ha estado trabajando por promover mejoras a las problemáticas laborales ejercidas hacia las y los trabajadoras/es del conocimiento y la investigación. Esta acción ha procurado visibilizar sus problemáticas y demandas por distintos medios de comunicación, como también la generación de propuestas y diagnósticos frente a distintas autoridades institucionales, ya sea de gobierno o parlamentarias.
En la actualidad, una gran proporción de profesionales del conocimiento enfrentan condiciones laborales precarias, como lo revelan los resultados de la encuesta Censo ANIP 2022, respondida por los miembros de la organización en ese momento.
Los datos destacan que la forma de remuneración más común es a través de contratos por honorarios, seguida por becas y contratos a plazo fijo (en el sector privado) o contratos a contrata (en el sector público). Esto indica una predominancia de relaciones laborales flexibles, que impactan de manera desproporcionada en las mujeres y personas de identidades de género diversas.
Sumado a la inestabilidad laboral, dentro del CENSO ANIP 2022 se evidencian salarios que fluctúan entre $500.000 y $1.000.000 pesos – monto similar al que obtiene un profesional sin postgrado-. Además, los datos indican que entre los socios de la organización existe una brecha salarial significativa en relación al establecimiento donde cursaron sus estudios de enseñanza media en más de $235.207 pesos entre egresados de establecimientos municipales en relación a quienes cursaron sus estudios en colegios privados, siendo estos últimos los que tenían los salarios más altos. Es decir, el origen social, está relacionado con las remuneraciones de quienes se dedican a trabajar en esta área.
Este tipo de problemáticas en el trabajo quedaron expuestas por los testimonios anónimos de los socios de la organización publicados en las redes sociales en estas últimas semanas, donde predominaban las problemáticas ligadas a la docencia a honorario, como la inseguridad de la continuación en sus funciones laborales, las que en un porcentaje mayoritario provenían de mujeres (Instagram @anip_oficial).
A su vez, las brechas de género existentes entre hombres y mujeres que se desempeñan como trabajadoras/es del conocimiento son evidentes, predominando la adjudicación de proyectos de investigación en hombres, por sobre mujeres, en una relación 70% versus 30% aproximadamente.
Por todo el diagnóstico mencionado en los párrafos anteriores, para la ANIP es evidente la necesidad de generar cambios en un corto y mediano plazo, en los elementos que sistémicamente permiten en alguna medida fiscalizar a las carreras y programas impartidos en la educación superior, regulados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), desde una cuota mínima de contracción de docentes y académicos, ya que en muchos programas predominan los docentes a honorarios.
Además, es necesario establecer reglamentariamente la contratación para las y los trabajadoras/es que se desempeñen en la ejecución de proyectos investigación, sin importar el tipo de función a desarrollar dentro de los mismos (desde investigadoras/res responsables a ayudantes de los mismos), según la ANIP.
“Se hace esencial que los proyectos que sean adjudicados por el Estado cambien su reglamentación para su asignación, donde se busque un mecanismo que permita resguardar la seguridad social (salud y previsión) de todo el personal que trabaje en los proyectos, entre otros”, indicó la entidad, cuya directiva está compuesta por Marianela Aravena Garrido, Carola Díaz Gómez, Bastián Lillo Dapremont, Andrés Vargas Fernández y Carolina Quinteros Urquieta.
Los interesados pueden llenar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5QHiWjV-JAnfj15MtGhxxvu1eJZIVYT5FwRmMVQHw4_mXNA/viewform
Cualquier consulta, escribir a directiva.anipchile@gmail.com
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