CULTURA|OPINIÓN
La claridad de las respuestas que dé -o que no dé- el proceso, servirán como ejemplo para el resto de las regiones que a nivel nacional aún no cuentan con una Zonificación del Uso del Borde Costero, pudiendo contribuir a su posicionamiento como una política útil, que sea un ejemplo a nivel nacional.
A lo largo de su historia, Magallanes ha experimentado grandes procesos industriales que han moldeado el territorio y modos de vida de la región.
No obstante, los pocos instrumentos y políticas existentes en la región no han logrado regular de manera efectiva y responsable esta industrialización, y por lo tanto, su instalación se ha hecho sin considerar la diversidad geográfica, cultural, ambiental e histórica que coexiste en este espacio, ni sus interrelaciones.
Un ejemplo evidente de esta ausencia de planificación -y de los impactos que esto genera- ha sido la salmonicultura, donde la principal herramienta para prever externalidades de su emplazamiento ha sido el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, el SEIA analiza proyectos caso por caso, careciendo de los mecanismos necesarios para abordar el escenario integral y complejo a escala provincial o regional, puesto que ese no es su objetivo ni alcance.
Esta limitación ha resultado en que los efectos de la instalación de industrias no se estén considerando adecuadamente en la toma de decisiones sobre el desarrollo regional. Como consecuencia, los impactos sinérgicos y acumulativos de diversos proyectos han aumentado, contribuyendo al incremento de la conflictividad socioambiental y al deterioro de los ecosistemas que sustentan la vida en Magallanes.
Encontrar una forma de llenar este vacío representa un desafío fundamental para Magallanes, tanto por las industrias en desarrollo como por las que se pretenden instalar. La más reciente de ellas es la producción masiva de hidrógeno para exportación, que contempla la instalación de miles de aerogeneradores, puertos, desalinizadoras, líneas de transmisión y plantas de hidrólisis, utilizando principalmente la estepa y la zona costera de la región. En ese marco, los instrumentos y políticas de ordenamiento territorial emergen como una necesidad para definir las compatibilidades e incompatibilidades de las distintas actividades que se realizan en una misma zona, con el fin de guiar de forma integral el desarrollo de la región.
En esta línea, desde el año 2023 se están desarrollando los procesos de actualización de la “Zonificación del Borde Costero”, el cual va de la mano con la Implementación de la “Evaluación Ambiental Estratégica”, instancias que pueden ser una real oportunidad para subsanar estos vacíos, y enfrentar los desafíos actuales y futuros de la industrialización de la región. Inicialmente, el proceso propuso una imagen objetivo que parecía alentadora.
En su texto, se integran conceptos obtenidos desde la participación ciudadana, donde se valora y reconoce la vinculación entre los aspectos culturales de los territorios, los ecosistemas y el bienestar social, y se promueve la adopción de decisiones que eviten el daño al medio ambiente, al mismo tiempo que reconoce la necesidad de que las y los inversionistas cuenten con reglas claras al diseñar un proyecto en la región.
Sin embargo, existen algunas dudas por despejar a fin de comprender si esta política puede ser realmente útil para el desarrollo integral de la región y para evitar efectos no deseados en ecosistemas altamente vulnerables a la crisis climática y de biodiversidad.
Algunas de ellas tienen que ver con cómo este instrumento reconocerá otros mecanismos de gobernanza y ordenamiento territorial existentes en la región, como por ejemplo las Áreas Protegidas y los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios -con tres solicitudes en curso-. Tampoco queda claro de qué manera el Gobierno Regional abordará eficazmente la integración de las propuestas presentadas por la sociedad civil, el sector público y privado, sin dejar fuera los conocimientos y valores arraigados en los territorios, resguardando los bienes naturales, el medio ambiente y las comunidades.
Por último, es incierto cómo se diseñarán los criterios que establezcan las compatibilidades e incompatibilidades de los usos en el territorio, de modo de evitar que, una vez más, la instalación de industrias sea evaluada proyecto a proyecto y no de forma integral.
La claridad de las respuestas que dé -o que no dé- el proceso, servirán como ejemplo para el resto de las regiones que a nivel nacional aún no cuentan con una Zonificación del Uso del Borde Costero, pudiendo contribuir a su posicionamiento como una política útil, que sea un ejemplo a nivel nacional sobre la importancia del ordenamiento territorial para el desarrollo para la prevención de conflictos socioambientales y la protección de los ecosistemas que sustentan la vida.
