CULTURA|OPINIÓN
Vivimos momentos de cambios abruptos y constantes, donde las decisiones deben establecerse con altura de miras y con una proyección sostenible en el tiempo. Las políticas públicas debieran contribuir con más herramientas y presupuestos a la gestión de las infraestructuras culturales.
“La falta de participación real de todos me resulta bastante sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de seguridad que se han planteado en repetidas ocasiones. Las medidas para reducir las tensiones sociales no pueden basarse únicamente en el orden público y la seguridad; por lo general, estos planes tienen resultados muy limitados. Estas tensiones a menudo derivan del sentimiento de no sentirse escuchado o incluido. Un énfasis en la participación en un enfoque ascendente contribuirá, en mi opinión, a reducir la frustración, ya que contribuye a que todos se sientan parte del entramado social”.
Hallazgos y observaciones preliminares, Relatora Especial de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos culturales, Alexandra Xanthaki, Santiago, 5 de abril de 2024
Mucho se habla del valor social que la cultura aporta a mejorar la calidad de vida de las personas, ésta posee un rol fundamental en cuanto a la expresión/es de las diversidades que componen nuestras experiencias personales y colectivas, al fomento de la cohesión social, a la construcción de sen0dos y experiencias comunes, a la salud mental y al bienestar en general.
La cultura per se, nos sugiere aprendizajes, vivencias, reflexiones, debates, encuentros… A buena hora, se han desarrollado intensas discusiones a nivel local y mundial sobre la integración de la cultura y el patrimonio a las políticas públicas de una manera concreta y con una mirada a largo plazo, dotando no sólo de mayor presupuesto a las carteras que la “administran” sino que también, integrando estos conceptos a las políticas sociales como un derecho, al valor de la cultura como un bien público y/o compartido, a la necesidad imperiosa de dotar de herramientas concretas al Estado, donde se pueda incorporar el análisis de los diversos sistemas simbólicos que la componen.
Por lo anterior es urgente la reflexión sobre el importante rol que los espacios culturales adquieren desde una perspectiva colectiva, aportando al necesario bienestar, al beneficio y al valor que representa para la/s comunidad/es y a los diversos grupos que la/as conforman. Es sabido que, en nuestro país, poseemos una red de infraestructura cultural robusta y única en Latinoamérica, política pública que ha sido ejecutada como una de Estado, más allá de los gobiernos de turno y que ha tenido dis0ntos resultados de acuerdo a la forma de su gestión.
También existen, múltiples espacios y proyectos privados, que han sido sin duda un aporte fundamental al desarrollo de nuestro país, muchos de ellos (grandes y pequeños) llevados a cabo a pulso con la mera convicción de que la cultura y el trabajo digno son esenciales para nuestra sociedad, promoviendo un modelo de participación ciudadana autónoma, centrada en la autogestión y la creación local.
Hoy en día, asistimos a un momento de análisis, donde es necesario visualizar a las infraestructuras culturales como un bien público, que fomenta y contribuye a la empleabilidad de los/as trabajadores/as de la cultura asegurando condiciones dignas y formales -en la actualidad Chile no posee legislación específica para el/la trabajador/a cultural- entes vivos que dinamizan y aportan a la economía (algunos incluso incorporando a sus modelos, el encuentro entre turismo, cultura y patrimonio), a la apropiación del espacio público como un lugar seguro y cuidado, donde no sólo se acude a ver un producto artístico, sino que a vivir una experiencia personal y compartida.
Por cierto, estamos también ante grandes preguntas y desafíos: ¿cómo podemos potenciar el rol de estos espacios desde la gestión, el financiamiento y el pensamiento? ¿Cómo fomentamos la reflexión colectiva y dotamos de lugares seguros a las comunidades? ¿De qué manera potenciamos la continuidad de políticas públicas que sitúen en el centro a las personas más allá de lo efectista e inmediato? ¿Cómo acortamos las brechas de trabajo entre el sector privado y público en post de la gestión de los espacios?
Vivimos momentos de cambios abruptos y constantes, donde las decisiones deben establecerse con altura de miras y con una proyección sostenible en el tiempo. Las políticas públicas debieran contribuir con más herramientas y presupuestos a la gestión de las infraestructuras culturales, de esta manera se dinamizan y aseguran empleos adecuados y seguridad social para creadores/as (cada vez más precarizados/ as), contenidos y programas diversos, intercambios entre comunidades artísticas y ciudadanía, entre muchos otros.
Asimismo las instituciones tendrían que incorporar la evaluación y constante reflexión sobre su misión, a quién/es están dirigidos, y cómo se relacionan, entendiendo que desempeñan, en su conjunto, un papel primordial en el encuentro social y el debate respetuoso, tan necesario en estos tiempos.
