Este incremento presupuestario se traduce en una gran variedad de acciones estatales, que apuntan a una sola idea: mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, contribuir al ejercicio y goce de los derechos culturales, intensificar nuestra identidad nacional y aportar a la educación.
Para los que no han tenido la oportunidad de enterarse, durante la semana pasada se rechazó el presupuesto enviado por el Presidente Gabriel Boric en materia de cultura.
Para entonaciones financieras, se trata de lo prometido en la Cuenta Pública de este año 2024, concretado en el aumento del 46% para el año 2025, para avanzar hacia el compromiso de llegar al 1% del Presupuesto Nacional.
Este incremento presupuestario se traduce en una gran variedad de acciones estatales, que apuntan a una sola idea: mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, contribuir al ejercicio y goce de los derechos culturales, intensificar nuestra identidad nacional y aportar a la educación integral de las futuras generaciones, conversando con el pasado, construyendo el presente y avanzando hacia el futuro.
Asimismo, es más que sabido que los países que invierten en cultura y que gestionan acciones concretas hacia el mediano y largo plazo logran tener mejor calidad de vida, mejor salud mental y por supuesto, impacta en las demás áreas de importancia: salud, educación, seguridad, economía.
Ejemplos hay muchos, pero sólo por nombrar algunos encontramos a Francia con un presupuesto que supera el 1% de su presupuesto anual en la actualidad; España con un incremento desde el 2023 apostando por una política de recuperación de la creatividad post pandemia y realizando cuidados de salud mental.
Y para aquellos que quieran recordarnos que los ejemplos europeos están muy lejanos a nuestra “supuesta” realidad, les dejo el ejemplo de Canadá y México, ambos americanos. El primero, con un aporte general de 2,7 mil millones de dólares canadienses y un impacto positivo en las zonas rurales y población indígena. El segundo, con reajustes diversos desde el 2022, pero con una base de 13.000 millones de pesos para potenciar a la cultura como un derecho universal, impactando a la población más vulnerable y que sufre desigualdad social, descentralizando y promoviendo la inclusión.
Entonces, en Chile, ¿por qué se rechaza? O más bien: ¿quiénes la rechazan?
Los datos hablan por sí mismo si observamos las votaciones o el típico popular “quién vota qué”. Usted puede buscar en Internet el acta de votaciones para el presupuesto de cultura y la cosa está clara: es la derecha chilena. Los mismos que dicen: no es prioridad, hay temas más importantes.
Sí, los mismos que en términos generales militan en partidos donde se concentra la mayor estadística de corrupción política, lobby, y desgano al trabajar para Chile. Los descarados. A los que les gusta vivir del Estado, obstruyendo políticas públicas que mejoran la calidad de vida de la gente como nosotros, los chilenos comunes. Aquellos y aquellas que les gustan los cargos públicos sólo para privilegiar a su familia y a su sector político. A los que entienden el bien común de un país como “bien privado” y que lo común… lo aborrecen.
Por otro lado, me asalta la legítima duda existencial de que, si la derecha chilena rechaza el presupuesto nacional de cultura por que no quiere que todos los chilenos y chilenas tengamos las mismas oportunidades de crecimiento social, o si es por que existe la posibilidad de que con la creación y apoyo a organizaciones e Instituciones que protegen la memoria histórica del pueblo chileno, salgan a la luz detalles más tétricos y espeluznantes de su acción golpista. Lamentablemente, ese sector sigue presa de la incapacidad de reconocer la relación entre las violaciones a los derechos humanos y la acción general de la dictadura, cuestión que mella su compromiso democrático.
Siguen actuando de una forma indignante, que revictimiza a miles de chilenos y chilenas que todavía viven los efectos de los horrores de la dictadura militar. Su móvil parece ser impedir el diálogo y la genuina convivencia social, imposible si se cuestionan anualmente las obligaciones del Estado de Chile en la materia.
Para ir terminando, cada vez que en el Congreso Nacional algún político o política rechaza el presupuesto cultura, no sólo rechaza el presupuesto del Gobierno, sino que desintegra la identidad nacional y dispara contra el corazón común de todo un país: su patrimonio cultural, lo que nos hace constitutivamente chilenos. A no dejar que nos digan que la cultura “no es prioridad”.