CULTURA|OPINIÓN
Para 2025, la evidencia de los efectos nocivos de la concentración del mercado del libro —desde la carta de Valentina Insulza hasta el caso de la librería FCE en la Biblioteca Nacional— podría catalizar cambios estructurales urgentes, como la implementación de la ley del precio único del libro.
Hace unos días, la carta de Valentina Insulza, dueña de la Librería Tripantu, puso sobre la mesa una realidad que muchos en el ecosistema del libro conocemos pero pocos difundimos: el sistema de distribución literaria en Chile está diseñado para perpetuar privilegios y ahondar desigualdades.
El circuito del libro en nuestro país opera bajo una lógica que favorece sistemáticamente a las grandes cadenas, mientras establece barreras casi infranqueables para los nuevos actores del mercado. Las grandes distribuidoras han establecido un sistema de “prueba” que puede extenderse incluso hasta dos años antes de considerar la consignación de libros. Durante este período, las librerías independientes deben comprar “en firme”, es decir, pagar por adelantado cada ejemplar, con un descuento significativamente menor al que reciben las grandes cadenas.
Esta diferencia en los márgenes comerciales no es un detalle menor. Mientras las grandes cadenas gozan de descuentos preferenciales, las librerías independientes deben hacer malabares financieros para mantenerse competitivas. Después de aplicar descuentos necesarios para competir en el mercado, el margen de ganancia por libro es menor (algunas veces alcanzando un 10% o 20%). Esta realidad económica hace que la supervivencia de estos espacios sea una hazaña diaria.
Pero el problema va más allá de los márgenes. Las distribuidoras, casi por inercia, han desarrollado un sistema donde las novedades que representan muchas veces el motor económico del mercado editorial, son prácticamente inaccesibles para las librerías independientes. Aun cuando estas están dispuestas a comprar en firme y pagar precios más altos, las distribuidoras ya tienen comprometido su stock con las grandes cadenas.
Es un círculo vicioso que perpetúa la concentración del mercado.
La discriminación se hace aún más evidente cuando observamos las excepciones. Existen librerías independientes que, desde el primer día, reciben trato preferencial: consignación inmediata, acceso a novedades, mejores descuentos. La diferencia no radica en su modelo de negocio ni en su capacidad financiera, sino en las conexiones sociales de sus dueños o administradores. Es el clasismo en su expresión más cruda: el privilegio del apellido o del círculo social por sobre cualquier mérito comercial.
Los problemas logísticos agravan aún más la situación de las librerías independientes. Los pedidos pueden tardar más de un mes en llegar y, además, no es inusual recibir libros defectuosos. Mientras las grandes cadenas tienen el poder de negociación para resolver estos problemas rápidamente, las librerías independientes deben conformarse con lo que reciben o arriesgarse a quedarse sin stock.
Este sistema no es producto del azar ni de las fuerzas invisibles del mercado. Es el resultado de décadas de políticas que han privilegiado la concentración por sobre la bibliodiversidad, el volumen por sobre el acceso, y las conexiones por sobre la competencia justa. La reciente apertura de una librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) en la Biblioteca Nacional, a través de un proceso licitado, es otro ejemplo de cómo incluso desde las instituciones públicas se terminan privilegiando a actores que pueden cumplir con requisitos que, para una librería independiente, resultarían inalcanzables. Mientras países como Argentina, España o Alemania, entre varios más, han implementado regulaciones para proteger la bibliodiversidad, en Chile seguimos permitiendo que el mercado del libro sea un reflejo más de nuestra desigualdad social.
La implementación de una ley de precio único del libro, como sugiere Insulza en su carta, sería un gran primer paso para discutir este problema. Necesitamos ir más allá. Se requiere una reforma integral del sistema de distribución que elimine las barreras de entrada artificiales, establezca condiciones comerciales equitativas y termine con las prácticas discriminatorias basadas en conexiones sociales.
El acceso a la literatura no puede seguir siendo un privilegio de clase. La democratización del libro pasa necesariamente por desmantelar un sistema que, hasta ahora, ha servido principalmente para perpetuar privilegios y profundizar desigualdades. El futuro de nuestra cultura literaria depende de ello.
Si las tendencias actuales continúan, el panorama del libro en Chile para 2025 será el reflejo amplificado de lo que ya estamos viendo con casos como el del FCE en la Biblioteca Nacional: las grandes cadenas y plataformas de retail expandirán su presencia hacia los espacios públicos y culturales, donde su capacidad económica y de gestión les permitirá cumplir con requisitos de licitación cada vez más exigentes. La bibliodiversidad podría quedar supeditada a la lógica empresarial y a la capacidad financiera de los actores más grandes del mercado.
Si no hay cambios sustanciales en la política pública, enfrentaremos una situación cada vez más preocupante: mientras aumenta el presupuesto destinado al fomento lector y las instituciones culturales, estos recursos terminarán alimentando principalmente a los grandes actores del mercado. Las licitaciones públicas, como la que permitió la entrada del FCE a la Biblioteca Nacional, seguirán favoreciendo a quienes ya tienen la capacidad instalada, creando un círculo vicioso donde el dinero público refuerza la concentración privada.
Este fenómeno es particularmente alarmante en los espacios públicos culturales. Bibliotecas, centros culturales y espacios educativos podrían verse colonizados por la lógica del retail, transformando lugares que deberían promover el acceso democrático a la cultura en extensiones del modelo comercial dominante.
La paradoja es evidente: instituciones diseñadas para democratizar el acceso a la cultura terminan reproduciendo y amplificando las mismas desigualdades que deberían combatir. Esto es aún más problemático si consideramos que un número importante de los libros publicados en Chile —desde su escritura hasta su edición e impresión— son financiados por fondos públicos.
Frente a este escenario, las librerías independientes están desarrollando estrategias de supervivencia y colaboración, aunque la fragilidad de estas iniciativas evidencia la necesidad de un apoyo institucional más decidido. Algunos ejemplos concretos:
1. Redes colaborativas barriales: En Barrio Italia, por ejemplo, las librerías han creado una red de comunicación que les permite compartir información sobre disponibilidad de títulos, permitiendo que los lectores encuentren los libros que buscan sin salir del barrio. Esta iniciativa, aunque valiosa, compite con la conveniencia de las grandes cadenas, donde los lectores saben que encontrarán el título deseado sin mayor esfuerzo.
2. Alianzas culturales locales: Las librerías pequeñas están fortaleciendo sus vínculos con artistas, escritores y editoriales independientes, organizando eventos culturales y presentaciones. Este ecosistema cultural alternativo sobrevive gracias al compromiso de sus participantes, pero sin apoyo institucional: su sostenibilidad a largo plazo es incierta.
3. Circuitos alternativos de distribución: Las ferias de libros organizadas por colectivos y organizaciones de menor o mediano tamaño ofrecen espacios de visibilidad para librerías y editoriales independientes. Sin embargo, estas iniciativas, aunque valiosas, tienen un alcance limitado en el tiempo, poco impacto en ventas, y no sostienen una actividad económica continúa.
Si bien estos esfuerzos demuestran la vitalidad del ecosistema cultural independiente, sería ingenuo depositar en ellos toda la responsabilidad de contrarrestar la concentración del mercado. La política pública también debería hacer lo suyo, pero aún con desafíos importantes.
La reciente Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas plantea pocas propuestas para el fomento de librerías independientes en Chile, salvo al señalar que se evaluará y apoyará “la generación de editoriales, librerías e imprentas en comunas donde no existan agentes para completar la cadena de valor del libro”. Si no se logra aquello, entonces la política ha propuesto “impulsar acciones que permitan la circulación comercial del libro en las comunas que no cuenten con librerías”.
Uno de esos planes es financiar ferias del libro, aunque, muchas veces, las librerías y editoriales independientes deben pagar altos montos por sus puestos. Por su parte, la Resolución N° 1309 de la cámara de diputados que solicita a S. E. el Presidente de la República que considere una iniciativa legislativa para disponer la exención transitoria, total o parcial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la adquisición de libros, es una medida superficial para un problema complejo. En efecto, hay evidencia disponible en Chile que señala que la eliminación del impuesto al libro no será determinante en la compra de libros.
Sumado a ello, el ecosistema del libro en Chile experimenta dinámicas que requieren cierta atención. Según el último reporte de estadísticas culturales del Instituto Nacional de Estadísticas, este año se logró una cifra récord de títulos de libros registrados en el International Standard Book Number.
Si el año 2019 se registraron 7.204 obras, el 2023 esta cifra aumentó a 9.298. De estos últimos, el 43,5% fueron libros de literatura y el 22% de ciencias sociales. Otra cifra destacable fue la inscripción de libros autoeditados, con cerca de 1.476 (el 2019 esta cifra fue de 999). Ahora bien, el 61,4% de la impresión total de libros fue con un tiraje de menos de 500 copias. Y finalmente, el 57,7% de los libros inscritos fueron en la Región Metropolitana. En algunas regiones, incluso, casi no se registran obras literarias. En su conjunto, hay un crecimiento sustantivo de producción literaria, pero se imprime poco y su circulación se concentra en pocas comunas.
Para 2025, la evidencia de los efectos nocivos de la concentración del mercado del libro —desde la carta de Valentina Insulza hasta el caso de la librería FCE en la Biblioteca Nacional— podría catalizar cambios estructurales urgentes, incluyendo la implementación de la ley del precio único del libro y la transformación de las instituciones culturales públicas.
La pregunta ya no es si el sistema actual puede sostenerse (la evidencia sugiere que no), sino si seremos capaces de actuar a tiempo para evitar que la literatura se convierta en un privilegio aún más exclusivo, desarrollando modelos que prioricen genuinamente la bibliodiversidad y el acceso democrático a la cultura en todo el territorio nacional. Para lograr aquello, se requiere que todo el ecosistema del libro y, en especial las librerías independientes, sean consideradas como un agente clave para superar la fuerte desigualdad social y cultural en el país.
