CULTURA|OPINIÓN
Planificar la costa desde los tribunales
La judicialización puede debilitar el rol de las autoridades de planificación y generar incertidumbre sobre el futuro de los proyectos urbanos. Un ejemplo claro de estos impactos es lo ocurrido en las dunas de concón durante las últimas décadas.
Cada vez más, las decisiones de planificación urbana se toman en los tribunales. Este fenómeno, conocido como “judicialización” de la planificación, ocurre cuando diferentes actores – empresas, organizaciones sociales, otras autoridades – utilizan recursos legales para revertir o anular decisiones con las que no están conformes, contenidas en instrumentos como los planes reguladores.
Ya sea para autorizar nuevos proyectos inmobiliarios, proteger áreas naturales o dar luz verde a infraestructuras, los tradicionales instrumentos de planificación urbana tienen dificultades para llegar a decisiones consensuadas en tiempos razonables. Este problema se manifiesta en muchos países y, en Chile, es especialmente visible en la zona costera.
Un ejemplo emblemático de la judicialización de la planificación en la costa chilena es lo ocurrido con las dunas de Concón en las últimas tres décadas. En los años noventa, las dunas fueron declaradas Santuario de la Naturaleza, pero su perímetro inicialmente se ha ido restringiendo por decreto.
En 2012, la Corte Suprema resolvió un conflicto entre la empresa Reconsa y la organización ciudadana Red Duna Libre, determinando que la inmobiliaria no podía realizar obras en el campo dunar. Entre 2011 y 2017, la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema se encargaron de dirimir múltiples demandas relacionadas con permisos de construcción.
Mientras avanzaban los proyectos inmobiliarios en las dunas -en 2018, ya el 50% del campo dunar estaba urbanizado- se recurría a los tribunales para impedir o desbloquear iniciativas de urbanización en la zona. El caso de las dunas de Concón ilustra cómo la judicialización puede ser una respuesta a la falta de espacios efectivos para la participación ciudadana y la resolución de conflictos en los procesos de planificación. Además, muestra que recurrir a los tribunales permite tomar decisiones hasta en pocos meses, mientras que los planes reguladores y sus modificaciones requieren años para gestarse y aprobarse.
Ante conflictos relacionados con el futuro del territorio, el uso de recursos legales traslada la toma de decisiones desde los procesos de planificación urbana hacia el ámbito judicial. Así, se delegan a los jueces decisiones que se toman solo en base a lo que es legalmente correcto, sin considerar lo que diferentes actores – comunidades, empresas, organizaciones sociales – necesitan y esperan para los lugares que habitan.
Por esto, la judicialización puede debilitar el rol de las autoridades de planificación y generar incertidumbre sobre el futuro de los proyectos urbanos. Sobre todo, puede llevar a una fragmentación de las decisiones, donde cada conflicto se resuelve de manera aislada, sin una visión integral del desarrollo urbano.
La judicialización de la planificación urbana en zonas costeras de Chile refleja la necesidad de encontrar mecanismos efectivos para tomar decisiones sobre el futuro del territorio. El aporte que un nuevo proyecto residencial o una nueva infraestructura hacen a ciudades más sostenibles debe evaluarse en base a criterios técnicos y políticos, no solo en base al respeto de las normas vigentes.
Si bien los tribunales han jugado un papel crucial en la defensa de los derechos ciudadanos y la salvaguardia del medioambiente, es fundamental fortalecer los procesos de planificación urbana, para que las decisiones sobre el futuro de un lugar sean tomadas por la misma ciudadanía que lo habita.
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