PAÍS
Roberto Durán es el director de la empresa que presentó el proyecto por 55 millones de dólares al MOP, que incluye soterrar el museo y la avenida Cardenal Caro. Antes, este licenciado en Filosofía de La Sorbonne fue presidente en Chile de la multinacional española OHL, famosa en España por financiar ilegalmente el Partido Popular en el «Caso Bárcenas» e investigada en nuestro país por múltiples irregularidades en la adjudicación de obras, que incluyó una investigación en la Cámara de Diputados y Diputadas en 2017. El socio fundador y gerente de la firma postulante es el abogado José –»Colorín»– Ramírez, miembro del PPD y experto en concesiones desde la época del Gobierno de Patricio Aylwin. El proyecto del nuevo MAC no cuenta con el respaldo de los vecinos del sector, ni del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, como tampoco de la comunidad artística del MAC. Incluso hace muy poco la U. de Chile denunció como falso el supuesto apoyo de la universidad al proyecto, tal y como la consultora de Durán lo presentó ante la opinión pública. «(Esta casa de estudios) no ha dado su apoyo, ni formal ni informalmente, a esta iniciativa», señaló Alejandro Jofré, prorrector de la Casa de Bello. Pese a toda esa oposición, el proyecto del cuñado del expresidente Lagos avanza a tranco fuerte en el Departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.
Roberto Durán de la Fuente es el director de la empresa CKC que, en octubre pasado, presentó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) la polémica iniciativa para intervenir el Parque Forestal con un proyecto arquitectónico por 55 millones de dólares para soterrar el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), que incluye también sumergir la avenida Cardenal José María Caro.
Durán de la Fuente es hermano de Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos, y estuvo envuelto en varias polémicas por proyectos de infraestructura. Entre otros, Roberto Durán fue presidente en nuestro país por cuatro años –hasta fines de 2018– de OHL, la multinacional española responsable de obras actuales en Chile, como el proyecto Américo Vespucio Oriente y el Hospital de Curicó.
OHL tiene una larga historia en Chile, con construcciones como el Centro de Justicia, el Hospital Militar y la ampliación del Metro de Santiago. Ganó una demanda millonaria contra el Estado de Chile –por el recinto militar–, a pesar de lo cual sigue participando en convocatorias públicas. En España, OHL además es famosa por el «Caso Bárcenas», en el marco del cual financió ilegalmente al Partido Popular (PP).
Actualmente, la propia firma CKC, dirigida por Durán, posee en su portafolio obras de infraestructura vial, energía, transporte público, minería, obras sanitarias, hospitales, edificios públicos y plantas desaladoras.
El proyecto del MAC, del arquitecto Gonzalo Mardones, ha sido duramente criticado por los vecinos del sector e incluso el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, lo atacó en su momento por constituir un proyecto inconsulto. Una obra que ha avanzado a gran velocidad en el Ministerio de Obras Públicas, pese a no tener respaldo ciudadano, municipal ni artístico.
Los otros impulsores de la iniciativa son el coleccionista y paisajista Álvaro Covacevich; su esposa, la museóloga Soledad del Río Larraín; el coleccionista Carlos Cruz Puga y los empresarios Jorge Errázuriz Grez y Pedro Buttazzoni Álvarez.
Covacevich, radicado muchos años en México, fue uno de los inspiradores del Centro Cultural La Moneda, inaugurado por el entonces Presidente Lagos. Además estuvo en contacto con Sebastián Dávalos en la génesis del caso Caval por un proyecto propio de compras de terrenos y buscó inversionistas mexicanos para dicha iniciativa, aunque luego acusó a Dávalos de robar su idea. Incluso declaró en 2015 ante el entonces fiscal Luis Toledo por este caso.
Con su esposa, María Soledad del Río Larraín, también chilena y otra de las impulsoras del proyecto, quien es experta en conservación y restauración de obras de arte, fundaron el CERA (Centro de Restauración y Arte de México).
Cruz Puga es un abogado y coleccionista que se ha dedicado a reunir el arte abstracto y geométrico chileno y de América Latina de los años 40 a los 60, y es bien conocido en el circuito latinoamericano del sector.
Buttazzoni, por su parte, es empresario minero y coleccionista. Fue subsecretario de Economía del Presidente Eduardo Frei Montalva. Es investigado por la Fiscalía de Combarbalá desde 2015 por hechos de estafa y contrato simulado que afectaron a Gabriel Zepeda, un pirquinero analfabeto de la IV Región y socio de la mina Barba.
Finalmente, el empresario Errázuriz se describe en las redes sociales como un «liberal de tomo y lomo».
«Pensemos Chile a largo plazo y démosle al arte y la cultura abierta a todo público un lugar digno : Proyecto Nuevo Museo MAC en Parque Forestal ¡ Hablemos de cosas positivas y dejemos la violencia y la destrucción en el pasado ¡» (sic), posteó recientemente.
Es uno de los fundadores de la corredora bursátil Celfin, economista de la UC y militante de Ciudadanos.
En la página de CKC, Durán figura como licenciado en Filosofía por la Universidad de la Sorbonne – Paris, con un postgrado en Dirección de Marketing por el CDM de Madrid.
«Ha ejercido funciones de máxima responsabilidad en empresas multinacionales como Petaquilla Gold o Software AG. Representó al Estado de Chile, en la Exposición Universal de Sevilla 1992», agrega la web.
«Su última posición fue como Presidente de OHL Ingeriería y Construcción Chile. En la actualidad es director de la Cámara Oficial de Comercio de España, de la Fundación de Estudios Iberoamericanos Gonzalo Rojas y preside la empresa WhiteBoard Investments».
En 2005, Durán estuvo envuelto en una polémica, por un contrato de 5 millones de dólares entre Correos de Chile y la empresa de software AG España, cuyo director para América Latina era el cuñado del otrora Mandatario.
Según informes de la época, Durán llegó a AG España el año 2004, dos meses después Correos licitó el contrato y pasados otros cinco meses, lo adjudicó. La firma estatal era liderada por un político DC, nombrado por el entonces Jefe de Estado Ricardo Lagos.
La polémica se sumó al caso MOP-Gate, marco en el cual el, en ese tiempo, Presidente Lagos incluso envió una carta al dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, para quejarse de la cobertura periodística, mientras que el propio Durán acusó una «persecución política».
Una década después, en el 2016, Durán volvió a estar en el ojo del huracán, esta vez como presidente de OHL, luego que la firma se adjudicara los hospitales de Curicó, San Antonio y Marga Marga, por un supuesto sobreprecio de 180 millones de dólares.
El caso incluso motivó una comisión especial de la Cámara de Diputados y Diputadas, que en 2017 emitió un informe.
«De estos antecedentes se desprende una potencial irregularidad, toda vez que se aprecia, por un lado, que el Ministerio Sectorial, a saber, el Ministerio de Salud y su Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota aparecen oficialmente solicitando se adjudiquen las obras a OHL, liderada por el cuñado del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, Roberto Durán de la Fuente», indica dicho reporte.
No fue la única polémica que afectó a Durán. Medios de prensa señalaron que el mismo mes que llegó a la compañía española, la empresa estatal (EPV) que le concesionó el terminal 2 de Valparaíso modificó el contrato a beneficio de OHL, para evitar que tuviera problemas por incumplimientos de contrato.
Su nombre además aparece en un caso judicial que afecta a Codelco. Según lo publicado en 2018, una contadora indicó en su momento al entonces fiscal Carlos Gajardo que OHL, “cuyo presidente es Roberto Durán de la Fuente, cuñado del ex presidente Ricardo Lagos Escobar, la cual no contaba con la experiencia técnica para desarrollar un sistema integral de trituración, transporte, curado de ácido y apilado de óxido de cobre, de igual forma fue contratada a través de una adjudicación directa”.
Asimismo, Durán figura como copropietario junto a Ricardo Lagos Escobar de tres terrenos en Tiltil, que este año causaron polémica porque estuvieron 29 años sin pagar contribuciones.
La firma CKC presentó la Iniciativa Privada (IP) 486, denominada «Nuevo Museo de Arte Contemporáneo», el pasado 1 de octubre a la Dirección General de Concesiones del MOP.
En el ministerio, el encargado de ver el proyecto será José Tomás Muñoz, jefe de la Unidad de Proyectos Especiales en la Dirección General de Concesiones.
En el Formulario de Presentación de Obras por Concesión, la empresa responsable se identifica como CKC Infraestructura Sustentable, cuyo representante legal es el abogado José –»Colorín»– Ramírez Arrayás, socio fundador y gerente general de la firma.
Ante una consulta de este medio, el MOP señaló que «actualmente, la IP se encuentra en etapa de presentación, lo que considera un proceso de consultas a distintos organismos para su pronunciamiento y análisis de los antecedentes presentados. Lo anterior permitirá contar con información pertinente para evaluar, previa presentación al Consejo de Concesiones, si existe en principio interés público en el proyecto».
José Ramírez.
Abogado de la UC, Ramírez es además director del Laboratorio de Infraestructura y Comunicaciones (UC-IC Lab) de esa casa de estudios. Casado con la licenciada en administración Alejandra A. Belmar, que trabaja en la dirección administrativa de CKC, tienen cuatro hijos.
También es autor del libro Concesiones de Obras Públicas, análisis de la institucionalidad chilena (Abeledo-Perrot, 2010), que en su momento fue presentado por los entonces ministro de Obras Públicas Sergio Bitar y contralor general de la República, Ramiro Mendoza.
En 2012, Ramírez además fue candidato a la Directiva Nacional del PPD. En aquel momento difundió su biografía en la red, donde se presentaba como miembro de la Comisión de Ética del PPD; asesor del senador Guido Girardi, del propio Bitar y en infraestructura en el Gobierno de Michelle Bachelet.
Sigue activo políticamente: en noviembre pasado participó en Rancagua en un «encuentro ciudadano» para hablar de la Nueva Constitución, en apoyo del presidente del PPD, Heraldo Muñoz.
Según un reporte, la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile (CAMACOES), dirigida por el cuñado del expresidente Lagos, Ramírez además posee la doble nacionalidad de Chile y España. Tuvo una beca de la Agencia de Cooperación Española para estudiar su doctorado en Madrid y la propia Universidad Complutense le entregó el “Premio Extraordinario”, que le permitió cursar el posgrado de manera gratuita.
La misma fuente indica que ya durante el mandato de Patricio Aylwin asesoró al Gobierno en el tema de la alianza público-privada. Fue en aquella época que fundó CKC. Las inversiones españolas «requerían apoyo para entender las reglas del juego y para ver de qué manera se podían insertar en el sistema, por lo que la consultoría se convirtió desde entonces en pieza clave».
«De alguna manera, CKC se transformaría en un traductor de idiosincrasias para gestionar proyectos españoles en nuestro país gracias a su conocimiento de ambas realidades», prosigue. «La consultora se ha enfocado en dos grandes áreas de servicio: la gestión jurídica y la gestión de proyectos».
La empresa «busca empatizar con la comunidad, prevenir contingencias, minimizar riesgos, negociar conflictos y diseñar modos de relacionamiento mutuamente beneficiosos, acorde a la ética y las normativas vigentes».
Según el Formulario, el costo del proyecto contempla una inversión de 1.390.375 UF, unos 55 millones de dólares, y una concesión a 30 años.
Además, el documento indica que «el proyecto se financia mediante subsidio estatal y cobros por arriendos de áreas comerciales y de servicios» y que «un proyecto de esta naturaleza requiere un alto nivel de subsidios por parte del Estado, ya que requiere una elevada inversión inicial». Como primer año calendario de operación se fija el año 2024.
En cuanto al impacto, durante la etapa de construcción se prevé la «generación de polvo, contaminación acústica, eventuales operaciones con reubicación de la vegetación y contaminación atmosférica».
Asimismo, respecto a la mitigación, menciona la «limpieza y remoción de desechos sólidos y líquidos remanentes de la obra», el «regado de pavimentos, para mitigar el efecto del polvo», «establecimiento de placas acústicas para mitigar el ruido de ser necesario», «restauración de eventuales elementos dañados», «transplante de árboles, si fuese necesario» y «recuperación urbana paisajística».
Además del Formulario, la presentación incluye un proyecto arquitectónico, que lleva el logo de la Universidad de Chile, entidad responsable del MAC.
Sin embargo, la semana pasada la Casa de Bello publicó en las redes sociales que no estaba vinculada con la iniciativa.
Además, Alejandro Jofré, prorrector de la U. de Chile, recalcó que esa casa de estudios «no ha dado su apoyo, ni formal ni informalmente, a esta iniciativa».
«Este proyecto fue presentado en una reunión en la cual la Universidad de Chile participó, en el mismo Ministerio de Obras Públicas. En ese momento hicimos saber nuestros reparos al proyecto desde el punto de vista de su emplazamiento, debajo del Parque Forestal, y su relación con las comunidades en torno al parque. Junto con eso hicimos saber la complejidad de su viabilidad financiera, tanto del punto de vista de inversión como de operación. Eso nos hizo concluir tempranamente que era un proyecto que tenía que resolver muchas dificultades antes de seguir adelante y, por lo tanto, la Universidad de Chile, desde un comienzo, decidió no apoyar esta iniciativa».
«Esto lo hemos hecho saber tanto a la Dirección de Concesiones del MOP como a las instituciones que nos han consultado a propósito de esta iniciativa», agregó.
Según fuentes de la entidad, la universidad, al enterarse de que estaban los logos en el proyecto, envió un oficio solicitando el retiro de ellos, que ya fueron extraídos, según les comunicaron desde el ministerio.
Solamente la rectoría puede autorizar la utilización de logos de la universidad y del museo en gráficas externas a la casa de estudios, y a ellos no se les pidió autorización ni sabían que los logos estaban incluidos en el proyecto enviado al MOP. Por lo tanto, los autores del proyecto usaron sin autorización de la universidad dicho logo, así como del MAC.
Curiosamente, el proyecto arquitectónico menciona un aspecto clave no incluido en el Formulario: «Se considera el soterramiento de la avenida Cardenal José María Caro y la creación de estacionamientos subterráneos bajo José Miguel de la Barra».
En este aspecto, los vecinos del Parque Forestal ya tuvieron una polémica con la empresa Metro por la construcción de la Línea 7. Tras las protestas, este año la firma anunció que se eliminará el acceso que se planeaba construir en el Parque Forestal para la estación Baquedano.
Este medio se comunicó con Durán y Ramírez para que dieran a conocer su versión sobre el proyecto del Nuevo MAC, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
