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En el fallo, la magistrada Lorena Cajas Villarroel destacó que la falta de eficacia en la función pública no puede ser excusada por la escasez de recursos humanos o técnicos, ni por las circunstancias excepcionales que enfrentaron.
Este martes, el 22° Juzgado Civil de Santiago dictó una condena al Estado, ordenándole pagar una indemnización a la administración de la parroquia de la Asunción. Esta parroquia fue saqueada durante el estallido social de octubre de 2019 y luego incendiada en el año siguiente. La indemnización totaliza 76.754,82 Unidades de Fomento, lo que equivale a aproximadamente $3 mil millones.
La magistrada Lorena Cajas Villarroel señaló que hubo una falta de servicio por parte del Estado al no implementar medidas de prevención y protección para un templo patrimonial. Villarroel destacó que era responsabilidad de Carabineros salvaguardar la conservación del inmueble, dado su valor histórico y cultural.
Sin embargo, en el contexto de las dificultades que enfrentó la institución policial, como la escasez de personal y la falta de equipos para contrarrestar la violencia, consideró que la estrategia de protección debía recaer en actores realmente capacitados para afrontar estas situaciones.
En esa misma línea, la magistrada Cajas Villarroel argumentó que, a pesar de las medidas adoptadas, como el estado de excepción constitucional, la presentación de una querella contra los responsables del incendio en la Parroquia de la Asunción y el despliegue de contingente policial, estas no fueron suficientes para garantizar una protección eficaz y prevenir los daños sufridos.
En el fallo, destacó que la falta de eficacia en la función pública no puede ser excusada por la escasez de recursos humanos o técnicos, ni por las circunstancias excepcionales que enfrentaron.
Además, determinó que “el actuar del Estado fue deficiente para dar protección a la Parroquia de la Asunción y para adoptar las medidas necesarias tendientes a prevenir las circunstancias que dieron origen tanto al saqueo como al incendio de esta, y, en consecuencia, es posible afirmar que existió una falta de servicio del Estado en su labor de garante de la seguridad y el orden público”.
