“Rol fiscalizador de los organismos encargados están muy por debajo de hacer una labor eficiente”, dice diputado Espinoza
Así lo concluye la instancia investigadora de la Cámara. Las mayores debilidades a nivel institucional identificadas por los parlamentarios, se enmarcan en el rol del ministerio del organismo, que consideran ha sido incapaz de cumplir su rol ordenador del funcionamiento de las distintas entidades públicas. La falta de recursos para los procesos de fiscalización, así como la inexistencia de estudios en temas clave como los salares y los glaciares, o las bajísimas multas en caso de faltas graves, han generado una estructura que deja en manos de privados la mantención de estos frágiles recursos naturales.
“En el Salar de Punta Negra a primera vista todo se ve bien, pero es una forma artificial: tenemos un sistema de salar casi como un enfermo terminal, que está vivo pero está siendo mantenido a la fuerza con un respirador artificial”. Así describe el vocero de la Agrupación de Defensa del Salar de Punta Negra, Carlos Iriarte, la dramática situación del lugar, explotado por años por la minera Escondida, de la multinacional BHP Billiton.
Según detalla Iriarte, “se agotó la vida natural del flamenco. Lo que ves hoy son poblaciones insertas y manejadas por Escondida, que además utilizó gran parte del agua, la que ahora vierten de manera superficial: tenemos un gran charco de agua artificial. Pero el salar está seco y cuando cierren la llave se secará inmediatamente”.
La caótica realidad del salar, ubicado en la Región Antofagasta, fue presentada en marzo de este año ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, tras lo cual se creó una Comisión investigadora sobre el daño ambiental en Salares, Glaciares y Cuencas Hidrográficas, que este jueves entregó sus conclusiones.
Un repaso por toda la institucionalidad ambiental, que pone énfasis en la ineficiencia del Estado y las instituciones competentes a la hora del cuidado de los recursos naturales, especialmente los hídricos.
“El Estado de Chile, ya sea por acción u omisión en materia medioambiental, ante la continua violación de la regulación sobre protección y resguardo del medioambiente, particularmente respecto de la protección de salares, glaciares y cuencas hidrográficas, nos ha puesto en una situación de serio riesgo que requiere no solo de respuestas claras, sino también, de soluciones concretas”, señala la investigación.
Para el presidente de la comisión, Marcos Espinosa (PRSD), “lo que genera mayor preocupación es que efectivamente el rol fiscalizador de los organismos encargados de preservar los recursos naturales, están muy por debajo de hacer una labor eficiente, lo que obedece fundamentalmente a la poca disposición de recursos, así como a la notable descoordinación entre los servicios encargados de fiscalizar la preservación de estos. La DGA, Conaf, SAG, Superintendencia de Medio Ambiente… no existe una coordinación que permita una intervención más adecuada y eficiente”.
La falta de recursos necesarios es un factor decisivo a la hora de estas ineficiencias. Por ejemplo, en el caso de la DGA de Antofagasta, apenas hay tres funcionarios para realizar fiscalizaciones, lo que “es inaceptable (…) debido al vasto territorio que abarca y los controles para todos los puntos de extracción autorizados en dicha región”.
La crítica principal apunta a la falta de empoderamiento del ministerio de Medio Ambiente, creado en 2010, al que acusan de no cumplir con su rol de estructurador y ordenador del funcionamiento de dichos organismos públicos.
Sumado a la falta de una correcta fiscalización y ausencia de coordinación, los organismos públicos “no cuentan con un plan general de evaluación del trabajo que se lleva a cabo, herramienta fundamental y necesaria para detectar por parte de los propios órganos públicos, las falencias de sus sistemas”, asegura la investigación.
En ese sentido, en general la comisión considera que “la actitud de determinadas autoridades estatales ha sido débil, en algunos casos negligentes, para hacer uso de sus facultades”.
Tampoco ayudan las multas que se aplican a las empresas que no cumplen con la legislación ni las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), ya que “son sanciones que no generan un impacto en los infractores, en muchos casos, les sale más barato pagar la multa y seguir con su actividad, que dar cumplimiento a la normativa medioambiental”.
También se pone énfasis en la inexistencia de estudios acabados sobre sobre glaciares, ni del impacto de la minería sobre ellos, “no obstante ya existe suficiente evidencia de daños graves causados por Barrick Gold- Pascua Lama, Antofagasta Minerals – Pelambres, Anglo American – Los Bronces y Codelco Chile – división teniente, como los más relevantes”.
En el caso de los salares, detallan las conclusiones, “la situación es más grave, los pocos estudios que existen son auto reportados por las propias empresas que explotan los mismos, existiendo el caso del convenio CONAF – SQM Salar donde esta última financia los estudios acerca de la sustentabilidad del salar, incluso consultada por la comisión, la Universidad de Atacama dice no haber realizado ningún estudio al respecto”.
En ese contexto, se asegura que urge que el Estado destine recursos a estudios realizados por entidades y personas que garanticen autonomías, y que mientras no se hayan realizado, “al menos en el caso de los salares por sus características propias, se abstengan las autoridades de otorgar nuevas concesiones de aguas, suscribir contratos para la explotación de recursos minerales u otorgar nuevas RCA o modificar las mismas ampliándolas”.
También se reprocha que aún este pendiente la instalación del Tribunal Ambiental de Antofagasta -que debería haberse concretado hace tres años– pese los importantes proyectos mineros existentes y concentrarse los salares más importantes del país.
En el caso de los salares, la comisión detalla que “su afectación no está solamente relacionada con la falta de agua en general, sino con la desprotección de toda la biodiversidad existente”.
No sólo eso: “Están siendo explotados sin contar con estudios acabados del comportamiento de los mismos. La extracción de salmueras sin conocer cuáles son los efectos de su reinyección ni tampoco de la extracción del agua, ha sido irresponsable y antojadiza”.
“Paradigmático de la afectación de los salares resulta ser el Convenio celebrado por CORFO y la Empresa Rockwood Litio Ltda., aprobado por el Consejo de la entidad de fomento con fecha 09 de noviembre de 2016”.
Se pone en tela juicio el aumento en la extracción de salmueras que implica este convenio, argumentando que “tales contratos y autorizaciones se constituyen en una nueva amenaza, y por qué no decirlo, un nuevo atentado a la frágil estabilidad del Salar de Atacama y su ecosistema. En este sentido se insta a las autoridades de CORFO a revisar los términos de estos convenios y congelarlos si es del caso en espera de los estudios que se realizan en torno a la estabilidad del Salar”.
[cita tipo= «destaque»]La crítica principal apunta a la falta de empoderamiento del ministerio de Medio Ambiente, creado en 2010, al que acusan de no cumplir con su rol de estructurador y ordenador del funcionamiento de dichos organismos públicos.[/cita]
El informe es tajante: “el Estado de Chile no ha compatibilizado adecuadamente el fomento productivo con su rol de garante de la protección y conservación de los recursos naturales y en particular de los recursos hídricos. Ejemplo claro de aquello es el Convenio celebrado el 22 de abril de 1996 entre el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y la Compañía Minera Escondida Ltda. Dentro de este convenio se establecía que el SAG se comprometía a brindar recursos humanos y técnicos para el desarrollo de programas ambientales. Entre estos apoyos se incluyeron el plan de análisis de muestras y medidas de mitigación. La minera financiaba las actividades desarrolladas en el marco de este Convenio por parte del SAG.
Lo que resulta preocupante en este punto es el compromiso que SAG adquirió con la Compañía Minera, toda vez que los análisis y las gestiones en general llevadas a cabo por un organismo público, quedaban supeditadas al financiamiento privado, que a su vez estaba ligado con las actividades e intereses de la misma empresa que financiaba”.
Este tipo de alianzas es duramente criticada por la comisión, que clama por una independencia mayor por parte de las instituciones fiscalizadoras, que en la práctica dependen del financiamiento de los privados para evaluar y hacer seguimiento de los millonarios proyectos.
En esa línea, los parlamentarios consideran además que es necesario “terminar con el mecanismo que opera respecto a que la propia empresa que somete un proyecto o actividad al Sistema de Evaluación Ambiental, principalmente al instrumento de Declaración de Impacto Ambiental, es la que contrata los servicios externos de consultoras que elaboran la evaluación e informe técnico que posteriormente se tendrá a la vista por el ente público – SEA – para resolver la calificación del proyecto en cuestión.
La idea es que sea el propio Servicio por medio de un proceso de licitación pública el que encargue y financie el estudio técnico en dichos casos, debiendo generarse un fondo para esta función con claras fuentes de financiamiento público y privado”.
La Comisión hace un crítico análisis de la legislación y fiscalización en torno al agua en nuestro país, señalando que según la Constitución “los derechos de aprovechamiento de aguas son objeto de dominio privado y por ende comerciables, lo que atenta contra su carácter de bien nacional de uso público, situación que se ha prestado para negocios especulativos y que queda como una mera declaración programática estampada en nuestra carta fundamental”.
Además, señala que el Código de Aguas “presenta una dicotomía similar, en donde por un lado existen normas que intentan resguardar el uso de las aguas en Chile y por otro una regulación donde se las ve como un plus adicional al desarrollo productivo, vinculado al rol de exportador de materias primas que presenta nuestro país”.
En este contexto, “es donde se sitúa la actual problemática del tratamiento de los recursos hídricos en Chile”. Por una parte, se proyecta que al 2050 el consumo diario de agua de los chilenos duplicará al actual, alcanzando los 80 metros cúbicos por segundo. Hoy, gran parte de del agua en las regiones del norte ya está utilizada, “sólo quedan disponibles ciertos derechos de aprovechamiento eventuales que según la comisión están siendo otorgados “indiscriminadamente a privados”.
En cuanto a la afectación de los glaciares, concluye la comisión, es provocada por dos causas: el cambio climático y el desarrollo de la actividad minera.
“Según la exposición de Chile Sustentable al inicio de la Comisión, los casos más evidentes han sido “cuatro proyectos mineros: Pascua Lama de Barrick Gold, que es el más conocido; Pelambres, de Antofagasta Minerals, en la cuenca del río Choapa, en la Región de Coquimbo; Anglo American, con Los Bronces, en la cuenca del río Mapocho, en la Región Metropolitana y la División Andina, de Codelco Chile, en la cuenca del río Aconcagua”, detalla el texto.
“Chile tiene el 82% de todos aquellos glaciares ubicados en Sudamérica. No obstante aún no ha sido posible generar un cuerpo normativo con una protección adecuada a la importancia que debiese darse a los glaciares.
Actualmente sólo tenemos tres instrumentos de gestión ambiental respecto al seguimiento de la situación de glaciares en nuestro país: el Inventario Nacional de Glaciares y sus actualizaciones que son elaboradas por la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas (DGA); la política para la protección y conservación de glaciares y la Estrategia Nacional de glaciares, sancionada asimismo por la DGA, lo que se traduce una vez más en la necesidad de velar por su adecuada protección”.
La comisión investigadora se refiera también al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, compuesto por 11 ministerios, entre los que se cuentan la cartera de Economía, Energía, Obras Públicas y Hacienda. Entre sus funciones, se encuentra proponer al Presidente de la República las políticas para el manejo, uso y aprovechamiento sustentables de los recursos naturales renovables y proponer a su vez los criterios de sustentabilidad que deben ser incorporados en la elaboración de las políticas y procesos de planificación de los ministerios, así como en la de sus servicios dependientes y relacionados.
Pero esta función no se estaría cumpliendo, ya que el consejo “se ha abocado a adoptar decisiones sobre la factibilidad de proyectos medioambientales – entre ellos Hidroaysén y Pascualama, pero no a coordinar la acción conjunta ni a proponer políticas de Estado en materia de protección y resguardos de nuestros recursos.
Como ejemplo de lo anterior se encuentra precisamente lo relacionado con el proyecto Pascualama, que esta Comisión rechaza e impugna”. En este caso, el Comité de Ministros rechazó el 1 de diciembre pasado los recursos de reclamación en contra de la determinación que realizó la revisión y modificación de RCA interpuestos tanto por comunidades como por la Junta de Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes “Nos parece que adecuar la RCA a normas de contaminación de las aguas menos exigentes, va exactamente en el sentido contrario de los principios precautorios y de preservación que orientan las políticas en materia medio ambiental”, concluye el grupo de parlamentarios. Y agrega que es imprescindible “revisar la composición actual del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad”.
