Migraciones: golpe a la palabra empeñada como Estado

La intempestiva negativa del Gobierno de Sebastián Piñera a firmar el Pacto Mundial sobre Migraciones elaborado en el marco de Naciones Unidas, ha significado un duro golpe a la credibilidad de la palabra empeñada como Estado por nuestro país e, inevitablemente, traerá consecuencias negativas para su reputación internacional.

El hecho de que la noticia fuera entregada a conocimiento público mediante ásperas declaraciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, responsable directo de la policía en la estructura gubernamental y quien se permitió comentarios poco felices sobre el hecho, le puso un color ultraderechista a la decisión. Políticamente mal pensada o resultado de una desconocida presión proveniente del exterior, que no se pudo o supo resistir, lo cierto es que se agregó al cúmulo de desaciertos que calan directamente en el sombrero del Presidente de la República.

La evidencia de un mal momento en los análisis posteriores, deja clara la inexistencia de coordinación interinstitucional en el círculo político más íntimo del Gobierno, con una vocera inexistente, un outsider en Segpres, un Ministerio de Relaciones Exteriores no enterado de la decisión y un Ministerio del Interior donde el protagonismo político más importante lo ha llevado, generalmente para amplificar los problemas, el jefe civil de la policía: el subsecretario Ubilla.

De una lectura atenta del texto del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, como se le denomina oficialmente, ninguna de las explicaciones dadas por Chile para justificar su negativa a aprobarlo, resultan plausibles ni menos razonables. Ello, teniendo en cuenta que el país acompañó todo el proceso previo desde el año 2007, que aprobó la comisión redactora el 2016, que el Presidente Piñera anunció su apoyo en su comparecencia ante Naciones Unidas y que hasta pocos días antes la Cancillería daba por segura su aprobación, existiendo un texto que no había cambiado prácticamente en los últimos dos meses.

El texto es enfático en señalar que no es jurídicamente vinculante para los estados, que se aprueba un conjunto de 23 objetivos en torno a los cuales se proponen múltiples iniciativas a implementar por los signatarios, pero que en ningún caso ellas son imperativas (http://undocs.org/es/A/CONF.231/3). El objetivo del pacto es propiciar procesos migratorios ordenados, respetuosos de la soberanía de los estados “de origen, tránsito y destino” y de los principios del derecho internacional humanitario, en la convicción que la migración masiva ya es un proceso global que demanda cooperación y responsabilidades compartidas para su gobernanza.

[cita tipo=»destaque»]De una lectura atenta del texto del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, como se le denomina oficialmente, ninguna de las explicaciones dadas por Chile para justificar su negativa a aprobarlo, resultan plausibles ni menos razonables. Ello, teniendo en cuenta que el país acompañó todo el proceso previo desde el año 2007, que aprobó la comisión redactora el 2016, que el Presidente Piñera anunció su apoyo en su comparecencia ante Naciones Unidas y que hasta pocos días antes la Cancillería daba por segura su aprobación, existiendo un texto que no había cambiado prácticamente en los últimos dos meses.[/cita]

No existe, por tanto, parte alguna que imponga una norma, sino que se trata de propósitos o principios generales que pueden y deben ser moldeados en las leyes internas. No contiene enunciaciones que se opongan a leyes nacionales existentes o en vías de construcción en el Parlamento, a menos que estas propusiesen o contuvieren normas que lesionen los Derechos Humanos o civiles establecidos en múltiples convenciones y tratados suscritos por el Estado de Chile y que ya son obligatorias en nuestro país. Si estuviera ocurriendo esto último, Chile se estaría poniendo en carácter de Estado infractor del derecho humanitario, lo que no es ni puede ser el caso.

Por tales razones, no se entiende lo actuado por el Gobierno, pues, lejos de defender los intereses del país, deja debilitada la imagen de su política exterior y le pone un tic a Chile de país poco confiable ante la comunidad internacional.

Es efectivo que Chile requiere poner orden en su política migratoria y terminar con el tráfico de migrantes que se ha producido. Este es, precisamente, uno de los objetivos del Pacto Migratorio. Para regular un proceso migratorio ordenado y no lesivo de derechos, existe una línea de continuidad entre países de “origen, tránsito y destino” que requiere cooperación entre los estados. Como Chile dio un paso al costado, solo le queda la acción diplomática bilateral y la reciprocidad, lo que deja en el aire a casi un millón doscientos mil compatriotas migrantes en terceros países.

Si lo actuado es una cortina de humo para tapar la crisis de La Araucanía y satisfacer a su electorado de derecha más extrema, poco le valdrá, porque parte importante de este va en busca de soluciones mucho más duras y no precisamente –aunque también– en el tema migraciones.  Y si fuere un sí inevitable a un requerimiento de una potencia exterior, entonces la cosa sería aún peor, pues el Presidente se estaría colocando en una situación injuriosa para el interés nacional.

Para Chile, potencia media o pequeña, sus intereses nacionales están del lado de la paz, la estabilidad, la libertad de comercio, el libre tránsito de personas y mercancías, el respeto de los derechos de las personas y honrar la palabra empeñada. Eso, para seguir siendo interlocutores políticos y comerciales apreciados. Por ello, lo único que el país no puede entregar o negociar es su dignidad y la libertad para actuar de acuerdo a nuestros propios intereses como nación. Esta vez no lo hemos hecho. Y eso es grave.