CULTURA|OPINIÓN
Dentro de los muchos desafíos que le esperan al ministro Andrés Couve está el de implementar el marco institucional normativo una vez que se instale el nuevo ministerio, ya que la Ley establece que, al designarse el Consejo Nacional de CTCI, este deberá generar o validar la Estrategia Nacional para el sector. En consecuencia, mientras el nuevo Consejo no entre en funcionamiento, la posibilidad de definir nuevos programas y políticas por parte de dicha cartera es limitada, debido a que la Estrategia entrega el marco sobre el cual se deberá generar la Política Nacional de CTCI. Si bien el nombramiento del ministro y la subsecretaria es un paso esencial, quedan pendientes aspectos fundamentales de la nueva institucionalidad hasta que el Presidente Piñera designe todos los niveles que la componen.
El nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación –CTCI– responde a una demanda que tuvo tanto partidarios como detractores, incluso dentro de la propia comunidad científica.
Esta discusión en abstracto se acaba de zanjar con la designación del nuevo ministro que, esperamos, haya reflexionado sobre las implicancias de asumir el cargo y las dificultades que enfrentará desde su nueva posición. El secretario de Estado debe saber que la estructura institucional del Sistema de CTCI se compone de un amplio espectro de actores, tanto del sector público como privado, la academia y la sociedad civil, entre otros.
Es probable que esto se traduzca en desafíos importantes para coordinar la gestión del sistema, considerando que durante su ejercicio tendrá que dialogar y negociar con múltiples sectores para dar cumplimiento al propósito de la ley. Todo esto implica no solo tener conocimiento de las actividades del ámbito científico, sino también habilidades para alcanzar amplios acuerdos, especialmente en temas que afectan directa o indirectamente a la comunidad científica.
En particular, la Ley N° 21.105 establece la creación de cinco niveles de gobernanza: el Consejo Nacional de CTCI para el Desarrollo; la Subsecretaría de CTCI y las Secretarías Regionales Ministeriales; el Consejo Asesor Ministerial; el Comité Interministerial de CTCI y, por supuesto, el Ministerio de CTCI. Cada uno de estos niveles debe ser designado por el Presidente de la República, es decir, si bien el nombramiento del ministro y la subsecretaria es un paso esencial, quedan pendientes aspectos fundamentales de la nueva institucionalidad hasta que el Presidente Piñera designe todos los niveles que la componen.
[cita tipo=»destaque»]Otro tema de suma relevancia, y que se vincula con la transferencia social del quehacer científico, corresponde a la desconcentración de la administración central del nuevo Ministerio de CTCI. Un desafío no menor será la instalación de las cinco secretarías regionales ministeriales –Seremis–, las que tendrán que entrar en funcionamiento tres meses después de la puesta en marcha del ministerio. Otra tarea pendiente es determinar cuáles serán las macrozonas y sus nuevos secretarios regionales designados por el Presidente de la República. Esto, claramente, requerirá habilidades políticas especiales, dado que las Seremis de CTCI tendrán que vincularse directamente con la nueva institucionalidad de descentralización que actualmente se está implementando en el país.[/cita]
Suponemos que el ministro está también al tanto del marco institucional normativo que deberá implementar una vez que se instale el nuevo ministerio, ya que la ley establece que, al designarse el Consejo Nacional de CTCI, este deberá generar o validar la Estrategia Nacional para el sector. En consecuencia, mientras el nuevo Consejo no entre en funcionamiento, la posibilidad de definir nuevos programas y políticas por parte del ministerio es limitada, debido a que la Estrategia entrega el marco sobre el cual se deberá generar la Política Nacional de CTCI, incluyendo nuevos planes, programas e instrumentos. Por lo tanto, mientras no se completen los demás niveles de gobernanza, el ministro solo podrá administrar los recursos existentes, valiéndose de la institucionalidad vigente (CNID y Consejo de Conicyt), además de encargarse de la instalación administrativa del nuevo ministerio y el traspaso de las labores de Conicyt a la Agencia Nacional de I+D.
Por otra parte, la ley establece que el Comité Interministerial deberá encargase de diseñar el Plan de Acción para cada año; esto corresponde a la bajada ejecutiva que tendrá la Política Nacional de CTCI. Dicho plan estará orientado por la Política Nacional de CTCI, la cual es competencia del propio ministro recién designado. Esto obliga a generar mecanismos de coordinación adecuados para su diseño e implementación.
Otro tema de suma relevancia, y que se vincula con la transferencia social del quehacer científico, corresponde a la desconcentración de la administración central del nuevo Ministerio de CTCI. Un desafío no menor será la instalación de las cinco secretarías regionales ministeriales – SEREMIs –, las que tendrán que entrar en funcionamiento tres meses después de la puesta en marcha del Ministerio. Otra tarea pendiente es determinar cuáles serán las macrozonas y sus nuevos secretarios regionales designados por el Presidente de la República. Esto, claramente, requerirá habilidades políticas especiales dado que las SEREMIs de CTCI tendrán que vincularse directamente con la nueva institucionalidad de descentralización que actualmente se está implementando en el país.
No menos importante es el marco conceptual sobre el cual se fundamentarán los lineamientos de la política pública de CTCI y, por ende, los planes, programas e instrumentos asociados. El relato político que guiará al nuevo Ministerio, según el anterior Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – CONICYT – Mario Hamuy (3), debiera permitir generar un espacio que promueva la convergencia del quehacer científico hacia el desarrollo de la nación. Para ello no basta con tener una secretaría de rango ministerial que tenga como objetivo duplicar o triplicar el presupuesto de CTCI. Consideramos que primero es necesario conocer y evaluar el impacto (social, económico, cultural, etc.) que tiene la inversión de la investigación que actualmente se ejecuta, más allá de los indicadores que comúnmente se utilizan para establecer la productividad de la I+D en nuestro país.
Estos indicadores de productividad científica son insuficientes para argumentar, erradamente, que el impacto de la investigación nacional es relevante en otras dimensiones y que, por lo tanto, se debe promover la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación a todo evento como condición suficiente para alcanzar el desarrollo. En esa lógica se pueden dar muchos pasos en falso, por lo que esperamos que el nuevo ministro tenga la visión suficiente para debatir, a partir de evidencias sólidas, con los tomadores de decisión más influyentes dentro del Gobierno, como los ministros de Hacienda, Economía y Educación.
Para finalizar, esperamos que el nuevo ministro tenga absoluta claridad respecto a dos asuntos fundamentales. Primero, en el ejercicio de su cargo estará obligado a trabajar colaborativamente para que el sistema de CTCI entre en completo funcionamiento, si es que su intención es fortalecer y fomentar una CTCI para el desarrollo nacional. En segundo lugar, el nuevo ministro y su equipo deberán ser consecuentes con lo que indica la ley (de la cual fueron críticos), esto es, que la generación y aplicación del conocimiento a través de la ciencia, tecnología e innovación constituyan efectivamente una plataforma para avanzar hacia el desarrollo nacional, lo cual requiere bastante más que un mero incremento presupuestario. Esperamos que las personas a cargo de la nueva institucionalidad estén a la altura del desafío y, como indicó el profesor M. Hamuy, promuevan un espacio de convergencia y no una cartera que termine siendo capturada por grupos de interés.
