Pactos entre Chile y el pueblo mapuche: aprender de la historia reciente

Se va creando un consenso muy amplio en el sentido de que la naturaleza del conflicto mapuche, que afecta principalmente a la Araucanía, es esencialmente de carácter político y no de seguridad. Se afirma, asimismo, que es indispensable abrir un proceso de diálogo y superar el clima de confrontación y desconfianzas, agudizados después del injustificable crimen de Marcelo Catrillanca a manos de una patrulla de Carabineros.

Intelectuales destacados, mapuche y no mapuche, han señalado como un referente histórico útil el único parlamento sostenido entre la República y el pueblo mapuche celebrado en Tapihue en 1825. Allí, por iniciativa del Gobierno de Freire, el Coronel Pedro Barnechea y el Lonko Francisco Marihuán, representando a los cuatro Butalmapus, y particularmente a quienes habían apoyado a los realistas en la Guerra de Independencia, firmaron un Tratado de Paz. En sus 33 artículos, en esencia, el pueblo mapuche reconoce la soberanía del Estado de Chile sobre todo el territorio nacional “desde el despoblado de Atacama, hasta la Provincia de Chiloé” (en esa época la más austral del país). A su vez la República reconoce la autonomía territorial de que habían gozado históricamente los pueblos que habitaban al sur del Biobío y el derecho al autogobierno en esos territorios. En el artículo 19 se establece que “el Biobío es la línea divisoria entre estos dos pueblos aliados hermanos”.

Tal Tratado fue desconocido unilateralmente por el Estado en 1866 al dictar una ley que declaraba de propiedad fiscal todas las tierras ubicadas al sur del Biobío. Años después vendría la ocupación militar de La Araucanía, el llamado proceso de Radicación indígena, la colonización en las tierras usurpadas por chilenos y extranjeros, los intentos de completa asimilación cultural y la extensa crónica de los abusos a que fueron sometidas las comunidades mapuche.

[cita tipo=»destaque»]Patricio Aylwin, a su vez, se comprometió al “reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos  económicos, sociales y culturales fundamentales”; a crear una Corporación de Desarrollo Indígena y un Fondo Nacional de Etnodesarrollo, encargados de coordinar la política indígena del Estado y a constituir, iniciado el Gobierno una Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) con representantes del Presidente y de los pueblos, para estudiar propuestas a ser incluidas en el programa de cuatro años del Gobierno.[/cita]

164 años después de Tapihué se formalizó un nuevo acuerdo, esta vez entre Patricio Aylwin, entonces candidato y luego Presidente de Chile y un nutrido y representativo elenco de dirigentes indígenas, principalmente mapuche, realizado en Nueva Imperial en Diciembre de 1989. José Bengoa, representante del candidato y uno de los artífices del encuentro, describe la solemnidad del evento: “en ese sentido fue un Parlamento como aquellas grandes reuniones del tiempo de la Colonia en que el delegado del Rey se reunía solemnemente con los Jefes mapuche y llegaba a acuerdos con ellos y hacían las paces”. Es notable la concisión del Acta de Compromiso firmada por las organizaciones indígenas y el candidato. Las organizaciones se comprometen a apoyar el Gobierno del Presidente Aylwin en sus esfuerzos por democratizar el país y a “canalizar sus legítimas demandas de aspiraciones de justicia frente a los graves problemas que afectan a los pueblos indígenas, a través de las  instancias y mecanismos de participación que serán creados por el futuro Gobierno”.

Patricio Aylwin, a su vez, se comprometió al “reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos  económicos, sociales y culturales fundamentales”; a crear una Corporación de Desarrollo Indígena y un Fondo Nacional de Etnodesarrollo, encargados de coordinar la política indígena del Estado y a constituir, iniciado el Gobierno una Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) con representantes del Presidente y de los pueblos, para estudiar propuestas a ser incluidas en el programa de cuatro años del Gobierno.

Hay que decir que las partes cumplieron, en lo esencial, sus compromisos. El Gobierno envió al Congreso el proyecto del reconocimiento constitucional, que resultó imposible aprobar por la oposición de la Derecha en el Congreso. En Mayo del 90 se constituyó la CEPI, y el 18 de Enero de 1991 se celebró en Temuco el Congreso Nacional de Todos los Pueblos Indígenas de Chile, precedido por Asambleas en miles de comunidades. El objetivo principal del Congreso, como lo estableció Juan Queupán en el acto inaugural, fue “discutir, enriquecer, sancionar nuestro proyecto de Ley (de la CONADI)….  y entregarlo al Presidente, para que cumpla su compromiso”. La nueva ley indígena fue aprobada incluyendo muchas de las proposiciones aprobadas en el Congreso de Temuco.

Asimismo, una vez aprobada la nueva ley y la creación de la CONADI permitieron el inicio de un proceso significativo de restitución de tierras indígenas.

Durante la administración de Eduardo Frei las relaciones con el mundo mapuche se fueron conflictuando, hasta culminar con un quiebre profundo con ocasión de la decisión del Gobierno de construir la Represa hidroeléctrica de Ralco en territorios pehuenches del Alto Biobío. La permuta de tierras que viabilizaba el proyecto debía ser aprobada por el Consejo de la CONADI. Los cinco Consejeros indígenas se oponían decididamente a la aprobación. A dicha posición se sumó el Director, Domingo Namuncura, designado por el Gobierno. El Presidente le pidió la renuncia y un conjunto de organizaciones mapuche declaró  “aquí se acabó el Pacto de Nueva Imperial y se acabó la CONADI”.

Desde entonces, ningún Gobierno ha logrado establecer un acuerdo sustantivo con una representación amplia del pueblo Mapuche.