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Investigaciones realizadas en las regiones de Coquimbo y Maule evidencian altas tasas de exposiciones a agrotóxicos, por lo que los resultados de estos estudios apuntan a deficiencias en funciones neuromotoras y sensoriales. Lo más alarmante es que, en un estudio realizado en una comuna cercana a la ciudad de Talca, se encontró en las muestras de orina de niños escolares la presencia de un plaguicida que está prohibido en Chile desde 1999, por ser altamente tóxico e incluso fatal.
En octubre del 2018, 25 alumnos de la Escuela Odessa de la comuna de Río Claro, Región del Maule, resultaron intoxicados tras inhalar los gases emanados de un producto agrofrutícola en un fundo dedicado a la producción de manzanas, el cual funciona a un costado del recinto educacional.
Los estudiantes padecieron náuseas, vómitos, malestares estomacales, dolor de cabeza, entre otros síntomas, ocurridos al día siguiente de la aplicación de plaguicidas ampliamente utilizados en el control de enfermedades causadas por hongos en frutales, cultivos anuales, hortalizas y forestales. Intoxicaciones similares, por lo masivas, tuvieron lugar en Chépica en el 2012 y afectaron a 67 niños y 16 adultos en una plantación de viñedos ubicada próxima a una escuela.
Pero fuera de esta sintomatología clásica, recientes estudios realizados por científicos del área de la salud de la Universidad Católica del Norte, en Coquimbo, confirman una tesis que hace algunos años había comenzando a preocupar de manera creciente a la comunidad científica y educativa: que la exposición a plaguicidas está produciendo alteraciones neurocognitivas en menores en contacto directo con los agrotóxicos.
En sintonía con este estudio, otra investigación, esta vez de la Universidad Católica del Maule, reveló la presencia de un peligroso compuesto químico en el organismo de varios menores de una escuela rural de Talca. La presencia de la molécula, que podría llegar a ser fatal en el caso de altas concentraciones, fue confirmada en un laboratorio estadounidense que analizó diversas muestras de orina de los menores. Lo preocupante es que el compuesto químico está prohibido en Chile y en el mundo en todas sus formas de producción, importación y comercialización desde hace 20 años.
La Dra. en Salud Pública y académica de la Universidad Católica del Maule, María Teresa Muñoz, junto con un grupo de investigadores, durante los meses de septiembre y noviembre entre 2016 y 2017, aplicó un estudio a escolares de la escuela de San Clemente y otra escuela de Talca, ambas en la Región del Maule.
La investigación consistía en determinar la existencia de compuestos químicos en el organismo de los menores que pudieran ser responsables de diversas intoxicaciones en la referida región. Las muestras de orina se enviaron en una nevera con hielo seco al laboratorio CDC de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Los resultados superaron las peores expectativas.
En la orina de los alumnos de la escuela de San Clemente se encontró la presencia de dos peligrosos compuestos químicos. El p-nitrofenol, un metabolito organofosforado asociado al plaguicida metil paratión, y el nitrobenceno.
El uso de metil paratión está prohibido en Chile desde 1998 por resolución del SAG, debido a que la exposición a dosis elevadas del producto, sea por contacto dérmico o inhalación, puede ser fatal para el ser humano. En el caso del nitrobenceno, la situación es más compleja aún, puesto que no existe regulación para este compuesto químico, el cual también es altamente tóxico y es considerado como un cancerígeno humano por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
Si bien la peligrosidad depende del grado de concentración del venero en el organismo, lo más preocupante es la confirmación de que se sigue usando este peligroso compuesto, pese a que se encuentra prohibida su comercialización e importación en Chile desde 1998, advierte Muñoz.
Debido a que se trata de una utilización ilegal –de la cual no existe registro–, la investigación de los científicos no logró determinar la marca del producto ni el laboratorio del cual procede. Ahora, pese a la la evidencia científica que revela la presencia del tóxico en el cuerpo de los menores y que fue confirmada por el laboratorio estadounidense de Atlanta, fuentes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) señalaron que “técnicamente necesitaban más antecedentes del contexto de la exposición para iniciar una eventual fiscalización”, debido a que sería “una sustancia que hace muchos años no ha sido detectada” en Chile.
Junto con la peligrosidad del compuesto, el estudio de la Universidad Católica del Norte, en Coquimbo, relaciona tanto estos compuestos como otros con frecuentes alteraciones cognitivas, que estarían experimentando menores de zonas rurales. Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista de Neurotoxicología y Teratoloía de Elsevier, la mayor editorial de libros de medicina y literatura científica del mundo.
La investigación se realizó en trabajadores agrícolas pertenecientes al Valle del Elqui y al Valle del Limarí. El grupo incluyó 32 residentes de las zonas citadas, quienes han estado expuestos por años a la agricultura y sus procesos y, también, a 38 personas que no tienen exposición directa a los plaguicidas. El método de aplicación del estudio fue implantar una batería neuropsicológica, la cual proporciona información sobre distintas funciones cerebrales que tienen que ver con la memoria, la capacidad de planificación, las funciones ejecutivas, la capacidad de resolver problemas y distintos tipos de memoria.
La investigación determinó que existe una alta prevalencia de deterioro cognitivo en trabajadores agrícolas con más de 15 años de exposición a plaguicidas, pero el daño no se limita a los trabajadores agrícolas. Lo más preocupante es que también se realizó una muestra de gente que vive en pueblos cercanos, donde se evidenció que existe una alta prevalencia de deterioro cognitivo.
Ambos estudios presentados anteriormente están validados por el diseño epidemiológico que lo sustenta.
Floria Pancetti es doctora en Ciencias Biológicas y actualmente profesora titular de Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte en Coquimbo, y se ha propuesto estudiar la intoxicación de plaguicidas por exposición crónica, es decir, exposición prolongada. Ella confirma la conclusión:
“Este tipo de exposición muchas veces pasa inadvertida porque la gente no suele intoxicarse de manera aguda, vale decir, no tienen la típica sintomatología de intoxicación, pero se pueden pesquisar los efectos de la exposición crónica a través de parámetros que son más bien sutiles, como lo es el deterioro cognitivo”, manifiesta la académica.
Entre los pesticidas de uso frecuente en Chile para el control de insectos se encuentran los organofosforados y carbamatos, los cuales son inhibidores de la acetilcolinesterasa y la butirilcolinesterasa, enzimas que cumplen la función de hidrolizar al neurotransmisor acetilcolina, molécula necesaria para que pueda transmitirse el impulso nervioso tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico.
En 2018, Pancetti, junto con un grupo de investigadores, publicó un estudio de biomonitoreo de colinesterasas sanguíneas y actividades de acilpéptidos hidrolasas, en el cual se determinó el patrón de actividad de ambos bioindicadores en hombres y mujeres entre los 18 a 50 años, quienes viven en zonas costeras, rurales o urbanas, aledañas a la ciudad de Coquimbo.
Los individuos pertenecientes a los grupos con exposición a plaguicidas fueron reclutados en zonas rurales con intensa actividad agrícola (Vicuña, Paihuano, Monte Patria).
Cabe destacar que, en el registro de plaguicidas autorizados por el SAG, el 16% de estos (52) pertenece al grupo químico de los organofosforados y justamente son estos los plaguicidas más vendidos en los lugares donde se realizó el estudio.
Algunas marcas comerciales, según el mismo organismo gubernamental, son Lorsban 10D, fabricado en Estados Unidos y comercializado por Dow Agrosciences Chile S. A.; Chlorpyfiros 480 EC, producido en China y comercializado por Pilarquim Chile S. A., y el Selecron 720 EC, de origen Sueco y comercializado en Chile por Syngenta S. A.
En la investigación, la muestra se dividió en tres poblaciones con diferentes tipos de exposición crónica a plaguicidas: ambientalmente expuestos, expuestos ocupacionalmente y un grupo de referencia sin exposición.
“Medimos un indicador biológico indirecto que es la inhibición de unas enzimas que están presentes en la sangre y que son los bioindicadores que contempla la legislación chilena para determinar que haya exposición en los trabajadores, que son unas enzimas llamadas colinesterasas”, señala Pancetti.
Si estas enzimas presentan más de un 30% de inhibición durante la fumigación en comparación con un valor basal que se toma antes de la fumigación, indica que esa persona está en riesgo de intoxicación.
En el estudio se detectó que, tanto entre los trabajadores agrícolas como la gente que vive en zonas y pueblos rurales aledaños a las plantaciones en la época de fumigación, 1 de cada 4 personas presentaba la inhibición por más del 30% del bioindicador.
Los investigadores del estudio y personal del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) llegaron a la conclusión de que existen sustancias químicas que se están aplicando de manera indiscriminada, por lo tanto, eso está haciendo que la gente tenga una sobreexposición a plaguicidas.
Pancetti agrega que, cuando compara estas poblaciones con la gente que vive en los valles, “te das cuenta que el efecto está, vale decir, hay un deterioro cognitivo presente en personas que viven cerca de plantaciones agrícolas o directamente los trabajadores agrícolas que manipulan y aplican estas sustancias”.
Además, es tajante en manifestar que “tenemos dos evidencias que son contundentes. Primero, el deterioro cognitivo y, por otro lado, la inhibición del bioindicador”, concluye la doctora en Ciencias Biológicas.
Las evidencias encontradas en estos estudios, a su vez, han profundizado el modelo agroexportador de agricultura con un alto uso de plaguicidas y lo más alarmante es que en la literatura científica a nivel mundial está ampliamente aceptado que la exposición prolongada a bajas dosis de estos agentes químicos produce deterioro cognitivo.
El mayor costo social de este modelo en la agricultura nacional son las muertes y las intoxicaciones que afectan a trabajadores(as) agrícolas y a la población expuesta a plaguicidas, como también a quienes consumimos, sin saberlo, alimentos con residuos de agrotóxicos.
Existen dos tipos de intoxicación por plaguicidas: la aguda, que se manifiesta a través de náuseas, problemas respiratorios, vómitos, bradicardia, miosis o a nivel más específico (dermatitis o quemaduras). Los cuadros clínicos pueden variar desde leves hasta fatales; mientras, la intoxicación crónica es la exposición a bajas dosis de plaguicidas, pero por un período prolongado y que se puede manifestar como deterioro en las funciones cognitivas, motoras, sensoriales e, incluso, enfermedades neurológicas.
Investigaciones científicas realizadas desde los noventa han revelado que las regulaciones, a pesar de ser poco exigentes, no se cumplen y las escasas fiscalizaciones no han sido efectivas en detectar graves irregularidades, como son la venta, uso y tráfico ilegal de plaguicidas prohibidos.
Según María Fernanda Cavieres, presidenta de la Sociedad Toxicológica de Chile (Sotox) y académica de la Universidad de Valparaíso, la definición de plaguicidas puede variar con respecto a la legislación de cada país, pero en general “se entiende un plaguicida como un producto que está formulado para eliminar plagas”.
Además, la toxicóloga puntualiza que “existen muchos tipos de plaguicidas y se pueden denominar de acuerdo a su estructura química o se pueden clasificar desde el punto de vista del mecanismo de acción plaguicida que tengan los compuestos o se pueden clasificar según la plaga a la que están destinados”.
De lo anterior se desprenden los insecticidas, molusquicidas, herbicidas, fungicidas. Cada una de estas palabras describe cuál es la plaga a la que se busca eliminar.
El SAG realiza 4.400 fiscalizaciones anuales, que no están exclusivamente destinadas a fiscalizar el área plaguicida, por lo que son insuficientes para cubrir las aproximadamente 320 mil unidades productivas del país.
En Chile se ha reportado un aumento en las ventas de plaguicidas, siendo los insecticidas organofosforados los más vendidos y utilizados. Algunos de estos pesticidas son los más vendidos, como el clorpirifos y el diazinon, pertenecientes a los grupos alta o moderadamente peligrosos.
Desde los noventa, se advertían los problemas a la salud causados por plaguicidas altamente peligrosos registrados en el país. En un documento publicado en el año 1995 (Rozas), se señalaba uno de los tantos problemas asociados a su uso masivo e indiscriminado: “La ligereza con que se expenden y usan en nuestro país plaguicidas que en reducidas dosis o usados permanentemente son capaces de matar, modificar la actividad metabólica y neuronal, incluso en algunos casos alterar el código genético de los seres vivos”.
La explicación a la que siempre recurre el SAG se centra en que los plaguicidas de uso agrícola en Chile se autorizan como resultado de la evaluación de un conjunto de determinaciones y que para la entidad demuestran que el plaguicida es efectivo para el fin al cual se destina y no entraña un riesgo inaceptable para la salud humana, animal ni para el medioambiente.
Por otro lado, las tres vías por las cuales una persona se puede intoxicar por exposición a plaguicidas son: dérmica (contacto), respiratoria (aspirar el agente químico) y digestiva (vale decir, comer o tomar algo que contenga residuos de plaguicida).
Las zonas de Chile donde se produce una mayor exposición a plaguicidas, de acuerdo con la agricultura que se produce en el lugar, van desde la Región de Coquimbo hasta la Región de La Araucanía. Sin embargo, las investigaciones más alarmantes y que muestran resultados donde estos agentes químicos sí están produciendo intoxicaciones son las regiones del Maule y de Coquimbo.
Expertos en el tema asumen que Chile tiene normativa, reglamento y restricciones, pero no se pueden hacer efectivas, ya que no existe una cantidad razonable de personas que puedan fiscalizar ni, más aún, se puede dar un espacio de educación para poder conocer esta normativa y poder aplicarla.
María Elena Rozas es la coordinadora Nacional de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile), entidad que viene desarrollando un intenso trabajo en problemas relacionados con plaguicidas y sus alternativas.
Rozas señala que la problemática sigue siendo invisibilizada e ignorada totalmente por los departamentos públicos y concuerda con las palabras de Hilal Elver, relatora especial para la alimentación de las Nacional Unidas, quien advierte que los instrumentos de regulación no protegen al ser humano y al medioambiente de los plaguicidas peligrosos por sus deficiencias en la implementación, el cumplimiento, la cobertura, y que no se aplica de manera efectiva el principio de precaución.
Si nos remontamos al comienzo de los plaguicidas, 1922 es su punto de partida, año en que en Holanda se introduce el uso de los aceites insecticidas. Durante este período se descubre la acción del pelitre y la rotenona. Más tarde se produciría el descubrimiento de las propiedades insecticidas del Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), realizado por el químico suizo Hermann Müller, en 1940.
Tras el descubrimiento de la acción insecticida del DDT, se descubrió simultáneamente en Francia e Inglaterra la del HCH4 (hexaclorociclohexano); algunos años después, Schrader sintetizaba en Alemania los primeros insecticidas organofosforados y se descubría su acción sistémica. Desde entonces se creó por síntesis química un gran número de sustancias plaguicidas.
Chile tiene un total de 75,6 millones de hectáreas y, de ellas, 35,5 millones están bajo uso agrícola, pecuario y forestal.
Los plaguicidas se usan desde hace más de cuarenta años en el país y a comienzos de los años 80, cuando comenzó el auge exportador de los sectores agrícola, frutícola y forestal, se produjo un notable aumento en la importación y fabricación de pesticidas.
Según información revelada por la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, en el año 1984 se importaban 5.577 toneladas de plaguicidas con un costo de US$ 28.426.000, mientras que en 2011 la importación alcanzó a las 34.766 de toneladas con un costo de US$ 249.950.000.
Según ACHIPIA, Comisión Asesora Presidencial administrada por el Ministerio de Agricultura, en el año 2011 se formularon en Chile aproximadamente 37 mil toneladas anuales de plaguicidas y de ellas se exportaron 18.144 toneladas. Por tanto, se estima que en 2011 hubo disponible para uso en el país un total de 53.662 toneladas de plaguicidas.
Actualmente no hay datos estadísticos de fabricación de plaguicidas en el país, sin embargo, se ha estimado que las fábricas nacionales formulan alrededor de 33 mil toneladas al año. Por tanto, para el año 2017 se estima que en Chile se usaron aproximadamente 63.617 toneladas anuales.
En la agricultura convencional se utilizan aproximadamente 400 principios activos plaguicidas con cerca de 1.260 marcas comerciales.
Cabe señalar que la legislación actual solo se hace cargo de las intoxicaciones agudas, vale decir, exposición al plaguicida en altas dosis lo que se traduce en malestares inmediatos, por lo que las intoxicaciones crónicas, las cuales provocan un deterioro cognitivo, no están implicadas.
En los últimos 13 años hay un promedio de 700 casos de intoxicación aguda notificados a la Red de Vigilancia de Intoxicaciones Agudas del Ministerio de Salud (REVEP). Por cada caso notificado, existen al menos cinco sin notificar, por tanto, se estima que en el país hay aproximadamente 3.500 casos de intoxicaciones anuales, detalla un informe RAP-Chile.
Estos casos tienen una ocurrencia estacional. Se concentran entre los meses de septiembre y marzo del año siguiente, que es período de mayor utilización de plaguicidas en el sector agrícola.
El último boletín epidemiológico realizado por el Ministerio de Salud durante los meses de enero a septiembre de 2018, señala que se notificó a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas un total de 363 casos de Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), con una tasa de incidencia de 2 por 100.000 habitantes, que incluye los casos confirmados de todas las edades y tipo de intoxicación.
Además, la Red de Vigilancia de Intoxicaciones Agudas indica que durante los meses de agosto y septiembre de 2018, los casos de intoxicación por plaguicidas superan lo esperado, según la mediana de años anteriores.
El informe afirma que, al igual que en los años anteriores, la mayor parte de los brotes del 2018 se produjeron por el mecanismo de no cumplimiento del período de reentrada al lugar donde se había aplicado plaguicida.
Son varias las normativas las que regulan el uso de los plaguicidas en el país. Sin embargo, en los reglamentos que regula el Ministerio de Salud dentro de su Código Sanitario, los más importantes son el Decreto N°158 publicado en 2015, el cual regula las condiciones para la seguridad sanitaria de las personas en la aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas.
El Decreto N° 5/10 sobre la aplicación aérea de plaguicidas el cual se modificó en 2015 y que considera “la necesidad de regular las condiciones en que se efectúe la aplicación por vía aérea de plaguicidas de modo de proteger la salud de los trabajadores y población en general que tenga contacto con la misma”.
Cabe señalar que los plaguicidas no solo se encuentran en el ámbito de la agricultura, sino también en las casas lo que se traduce a la utilización de insecticidas. Por lo anterior, en 2005, después de una intensa campaña llevada a cabo por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y RAP-Chile, se logró que el Minsal acordara el Decreto N° 157, el cual regula los plaguicidas de uso sanitario y doméstico.
Hasta el año 2004, no había obligación legal de notificar las intoxicaciones agudas al Ministerio de Salud. Esta cartera, considerando esta situación, aprobó el reglamento N.º 88, “de notificación obligatoria de las intoxicaciones agudas con pesticidas”.
El SAG, en la Resolución Exenta N° 2.196 del año 2000, establece para los plaguicidas la siguiente clasificación toxicológica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS):
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), perteneciente al Ministerio de Agricultura, es el único organismo encargado del registro de plaguicidas de uso agrícola. Tiene la facultad de regular, restringir o prohibir la fabricación, importación, exportación, distribución, venta, tenencia y aplicación de plaguicidas.
El SAG cuenta con una lista que contiene los plaguicidas de uso agrícola prohibidos y autorizados en Chile.
De acuerdo a la última fecha de actualización, que data de junio de 2017, entre los agentes químicos prohibidos en el territorio nacional se cuenta un total de 28 plaguicidas.
Mientas que la lista de plaguicidas con autorización vigente en el país, con fecha de actualización del 3 de diciembre de 2018, suma la cantidad de 328.
En el país, son 60 las empresas e instituciones que se encuentran el rubro de la producción de plaguicidas y transgénicos.
