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Una demanda por casi $80 mil millones es lo que presentaron dos empresas del mundo de las inmobiliarias y la construcción, ligadas históricamente a Edmundo Pérez Yoma y a Carlos Figueroa –emblemáticos políticos de la ex Concertación–, contra el fisco, por los perjuicios económicos que han sufrido dichas compañías después que parte de las dunas de Concón que son de su propiedad fueran declaradas Santuario de la Naturaleza, con su respectiva protección ambiental. Un capítulo más de la polémica por el campo dunar, cuyas arenas milenarias fósiles suman a un nuevo protector: el empresario Jorge Yarur Bascuñán.
Tierra de nadie. Ese es el concepto con el que describen la situación que ocurre en la zona rotulada como “Campo Dunar de Concón” en el camino que cruza desde Reñaca a Concón. Específicamente, se trata de una extensión de 30 hectáreas que en diciembre del 2012, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, fue declarada Santuario de la Naturaleza, lo que en la práctica significa que está prohibido impulsar proyectos inmobiliarios.
Precisamente por la protección ambiental que se le da a esta zona, única por sus arenas milenarias, es que dos empresas del rubro inmobiliario y de construcción mantienen una millonaria demanda contra el fisco. Reconsa (Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón) e inmobiliaria Montemar exigen un pago de $79 mil millones, a partir de los perjuicios generados a estas compañías que no pueden continuar con sus planes de edificación. Básicamente, quieren cobrar lo que han dejado de ganar luego que la zona fuera declarada Santuario.
En la demanda interpuesta en el 22° Juzgado Civil de Santiago, las empresas consignan que Reconsa y Montemar vienen desarrollando hace 25 años “un proyecto de urbanismo y loteo que ha sido destacado por su calidad, armonía, respeto ambiental y éxito de ventas de sitios y construcción de viviendas”.
En la práctica, ambas firmas sostienen que sus proyectos de edificación son anteriores a cualquier declaración ambiental y que incluso la constructora e inmobiliaria ha urbanizado unas 200 hectáreas desde antes que la zona fuera declarada una comuna en 1995. Algo sí como ser dueños por derecho propio.
“Esta empresa ha sido dueña de un porcentaje sumamente importante de Concón. Es una empresa consolidada, por lo que uno espera que hubieran visto el valor real más que el valor económico”, señala María José Aguirre (Evópoli), concejala de la comuna y activista por la protección de las dunas.
En efecto, la empresa fue fundada como Egeco (Empresa General de Construcción) por dos socios: Edmundo Pérez Zujovic y Francisco Soza Cousiño. El primero fue el emblemático ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva y el segundo uno de los fundadores de la Cámara Chilena de la Construcción y vicepresidente de Corfo en la dictadura de Pinochet. Los sucesores son sus respectivos hijos, el ex ministro Edmundo Pérez Yoma, quien participa en la sociedad Montemar a través de Constructora CEP (Constructora Edmundo Pérez), y Francisco Soza Donoso, quien es el gerente general de la firma.
A través de la sociedad Inversiones Santa Sara, también participan de las constructoras los hijos y el propio ex ministro del Interior DC, Carlos Figueroa Serrano. Su hijo Carlos Figueroa Guzmán aparece entre los abogados patrocinantes de la demanda contra el fisco.
Fue Soza Cousiño el que anticipó el desarrollo inmobiliario de la zona. En 1979 la constructora compra el paño de las dunas a la Caja de Empleados particulares en $24 mil millones al valor de hoy. La entidad, con la llegada de las AFP, se convirtió primero en el INP y ahora en el Instituto de Previsión Social (IPS). La empresa pagó en cuotas al Estado.
En el desarrollo de esta historia entre la inmobiliaria y la comunidad que se opone a las construcciones, hay cruces políticos.
El 5 de agosto de 1993, el Ministerio de Educación encabezado por Jorge Arrate, junto al Presidente de la República de la época, Patricio Aylwin, por Decreto Supremo n.º 481, declaran Santuario de la Naturaleza 44 hectáreas, del Campo Dunar de la Punta de Concón. Este decreto jamás fue publicado en el Diario Oficial. Arrate ha descartado cualquier presión política para que en la práctica el decreto no existiera.
El 9 de marzo de 1994, dos días antes que Edmundo Pérez Yoma asumiera como ministro de Defensa, se resuelve otro decreto, el 106. La orden reduce el Santuario de la Naturaleza a 12 hectáreas. De ellas 9,7 hectáreas pertenecen a la Comuna de Concón, y 2, 3 hectáreas a la Comuna de Viña del Mar, quedando protegido solo el sector de la duna mayor, donde es habitual ver gente practicando sandboard (tablas para surfear en la arena).
En la demanda, la empresa dice que a partir de 2005 “se reanudaron las propósitos e iniciativas de particulares para que la sociedad aumentara la superficie que debía destinar a Santuario de la Naturaleza motivadas por quienes paseaban por las dunas de Concón en tiempos que no había sido desarrollada esa zona”. La compañía se queja de que no le dieron, durante este tiempo, las autorizaciones municipales para construir.
En este contexto, la empresa firma un acuerdo con la Municipalidad en 2005, el cual protege un total de 19,5 hectáreas pero desafecta otras 9,7 hectáreas que ya estaban protegidas por el decreto de 1994. Esto se materializa con un último Decreto Supremo, el 2131, de 2006.
Pero, según la empresa, “la larga historia de presiones, inseguridades, negociaciones y cesiones de más de 12 años y que culminaron con el Decreto de 2006”, en el que los demandantes enfatizan que renunciaron “gratuitamente a favor del Estado al uso, goce y disposición de terrenos de dominio privado”, no terminó. El 4 de enero del 2013 aparece en el Diario Oficial que se derogan todos los decretos anteriores y, con la aprobación del Presidente Piñera, la ministra del Medio Ambiente María Ignacia Benítez y del ministro de Educación Harald Beyer, se establecen 30,1 ha protegidas como Santuario de la Naturaleza.
Es sobre la base de este decreto que la empresa fundamenta la demanda contra el fisco, asegurando que la municipalidad ya firmó un acuerdo en 2005. Cabe mencionar que el avalúo fiscal de las propiedades pertenecientes a Inmobiliaria Montemar supera los $13 mil millones y está catalogada como una empresa mediana que factura más de 100 mil UF al año.
En el directorio estuvo el empresario Alvaro Saieh a través de la compañía de seguros CorpVida. Ahora, figura entre los socios la compañía de Seguros Confuturo, de la Cámara Chilena de la Construcción. En el directorio de Confuturo están el ex ministro DC Alberto Etchegaray y el ex consejero del Banco Central Sebastián Claro Edwards.
La empresa, que no participó de este reportaje, sostiene en la demanda que su derecho de propiedad ha sido afectado gravemente, al impedir que se pueda construir en las 30,1 hectáreas que siguen siendo de su propiedad. El Estado a través del CDE contestó la demanda destacando la “falta de legitimación pasiva”, es decir, que el demandado debió ser la municipalidad, una corporación de derecho público pero con recursos autónomos.
Antes de presentar la demanda en diciembre de 2016, la compañía –al menos desde 2015– ha hecho lobby con las autoridades. La última reunión registrada en la plataforma pública ocurrió el 26 de diciembre del año pasado con el subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco. Por la empresa el gerente Juan Ignacio Soza, Nelson Rodríguez y la periodista Carolina Simpson, de la agencia de comunicaciones Triple V.
“Lo primero es dejar claro que no existe una conversación vigente con la empresa. Por eso le pedimos en una reunión reciente a la ministra Carolina Schmidt que sea mediadora y que por favor por lo menos se delimite el terreno”, dice el alcalde Óscar Sumonte, quien estaba cuando se firmó el acuerdo con la empresa el 23 de diciembre de 2005.
Al ser este un terreno privado, el municipio no puede incurrir en ninguna labor de limpieza, mantención o fiscalización en la zona. Menos aún plantear algún plan de manejo ambiental para la conservación de las dunas.
“Todo está limitado porque es un terreno privado. Si pasa un auto por encima de las dunas y destruye todo, si Reconsa no toma acciones legales, nosotros solo podemos ser espectadores”, explica Sumonte.
El biólogo y ambientalista Salvador Donghi explica que el verdadero valor del terreno está, precisamente, en lo que la empresa no ha querido considerar: que el lugar puede ser un sitio de interés turístico enorme.
“En Londres humedales artificiales tienen hasta 6 millones de visitas al año. Y los extranjeros son capaces de estar seis horas esperando ver un ave. Pero acá no se le toma el peso a que esta duna, que es la única que constituye un acantilado natural y que alberga una enorme biodiversidad, es lo poco que queda del cordón dunar que parte en el estero de Reñaca y llega hasta Concón”.
El biólogo añade que, lamentablemente, el Ministerio de Medio Ambiente podría sancionar a la empresa, lo que implicaría quitarle la condición de Santuario de la Naturaleza a su terreno, lo que “les haría un flaco favor, porque despeja las opciones de construir en la zona respecto al plan regulador”.
La asociación Duna Libre ha acusado a la firma ante tribunales incluso de iniciar obras en la zona sin haber resuelto el dilema ambiental. La compañía ha argumentado que tiene permisos vigentes. Haciendo referencia a los presentados en el municipio previo al cambio del plano regulador.
La misma Asociación logró que el 7 de enero pasado la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera un Recurso de Protección que buscaba frenar trabajos de Reconsa en avenida Cornisa, el área del campo dunar que le pertenece a la ciudad de Concón. Pese a que la Corte escuchó sus argumentos, no acogió una orden de no innovar solicitada por la organización, por lo que la empresa puede, en rigor, continuar con trabajos en las dunas, amparados en los permisos que tiene antes del cambio de uso de suelo.
La empresa Reconsa, en declaraciones a la prensa luego de abrirse este nuevo frente judicial, se defendió tras conocerse el fallo señalando que “el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no consideró necesario un estudio de impacto ambiental para la construcción de la obra. Sin embargo, para Muñoz, esta declaración correspondería al año 2017, cuando la Municipalidad de Concón no contaba con el Plan Regulador Comunal que amplió la protección de las dunas de 30 a 50 hectáreas” y que el proyecto en cuestión involucra obras “desde Av. Cornisa a Av. Borgoño y la prolongación de un tramo de la primera hacia el sur. Esto es, sin salida, ya que no puede prolongarse hacia el santuario de la naturaleza, por encontrarse protegido”.
La concejala María José Aguirre no se pronuncia sobre las presiones políticas.“Prefiero pensar en que nos estamos todos apegando a la ley. Sí considero que ha habido una irresponsabilidad en no haber exigido un estudio de impacto ambiental”, afirma. La empresa sumó otro problema cuando, en el contexto del plan regulador de 2017, se aprobó que otras 20 hectáreas (en total 50) fueran destinadas a áreas verdes y se les quitara la calificación H7 que permite la construcción en altura.
Gran parte de su vida la ha pasado en Viña del Mar. Particularmente en Concón. Jorge Yarur Bascuñán, el mismo enfrascado en la pelea con Daniel Yarur, pero que lejos del conflicto con su primo se ha camiseteado con la defensa de las dunas.
A través de la fundación de su mismo nombre ha realizado acciones tendientes a frenar la construcción en la zona. Particularmente de torres de la empresa Vimac, para lo cual presentó en noviembre del año pasado un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso a través de sus abogados.
«El Santuario Dunar de Concón contiene dunas milenarias fósiles que deben ser preservadas porque no se alimentan de la arena de una playa, ya que están a 30 metros sobre el nivel del mar y separadas del mar por un acantilado». Agregó que «en el sector sur del Santuario, en la comuna de Viña del Mar, se están construyendo sobre las dunas dos torres de 20 pisos cada una, que han intervenido y destruido parte del campo dunar, creando un talud artificial de unos 15 metros de alto», dijo entonces.
