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En mayo, el Presidente Sebastián Piñera anunció el lanzamiento de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, mejor conocida como Oficina GPS, iniciativa comprendida en el marco del proyecto de ley proinversión con el que se comprometió en un acto desde el Palacio de La Moneda. En la actualidad, esta entidad está llevando adelante 240 proyectos por un monto de 59 mil 949 millones de dólares para el periodo 2018-2021. En total, hay 49 trabajos mineros, 62 en infraestructura, 72 en energía, 46 en el sector inmobiliario y otros 11 en industria. Al menos 15 de ellos, que sumados alcanzan una inversión de más de 17 mil millones de dólares, enfrentan sendas polémicas medioambientales, complicando la agenda proinversión y ambiental del Primer Mandatario este 2019.
Entre agosto y septiembre del año pasado, el Presidente Sebastián Piñera enfrentó una severa crisis medioambiental en las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso. Empresas como Enap, Oxiquim y Codelco, fueron en su momento sindicadas como responsables de los episodios de contaminación que dejaron cientos de intoxicados.
Y si bien hasta el momento el Mandatario no ha tenido mayores complicaciones en el área ambiental, esa relativa tranquilidad podría cambiar en cualquier momento, motivado por la creación de una entidad que ha sido duramente criticada por organizaciones ambientalistas.
En mayo, Piñera anunció el lanzamiento de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, mejor conocida como Oficina GPS, iniciativa comprendida en el marco del proyecto de ley proinversión con el que se comprometió en un acto desde el Palacio de La Moneda.
A través de este organismo –que forma parte del Ministerio de Economía– el Gobierno busca promover la construcción de proyectos en distintos sectores de interés para la economía del país, como carreteras, puertos, aeropuertos, agua, salud, educación, vivienda e infraestructura.
Con esto, la administración piñerista pretende declarar la guerra a la “burocracia excesiva”, según comentó en su momento el jefe de Estado.
Juan José Obach.
Su director es Juan José Obach, ingeniero comercial de 33 años de la Universidad Católica, con un máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard.
En una entrevista con el portal Minería Chilena en agosto pasado, Obach aclaró que el rol de la Oficina es de coordinación, de “facilitar el diálogo entre los titulares y los servicios que evalúan. Sirve mucho para aunar criterios”.
Si bien en el papel la labor de la Oficina GPS buscaría fomentar la inversión en el país y generar empleos, una opinión muy distinta es la que han manifestado diversos grupos ambientalistas, los que ven que este organismo busca beneficiar intereses particulares, y no necesariamente sustentables, contradiciendo su propio nombre.
Y es que muchos de los proyectos que maneja actualmente esta Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, han estado en el ojo del huracán por el importante daño ambiental que generan. Un dato no menor: algunas de las iniciativas que forman parte del listado de la Oficina GPS, figuran en el mapa de conflictos socioambientales 2018 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En la actualidad, la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables está llevando adelante 240 proyectos por un monto de 59 mil 949 millones de dólares para el periodo 2018-2021. En total, hay 49 trabajos mineros, 62 en infraestructura, 72 en energía, 46 en el sector inmobiliario y otros 11 en industria. Prácticamente la mitad de la inversión va destinada al área de minería (28.195 millones de dólares). Un dato igualmente relevante, considerando que la actividad minera no es sustentable, según diversas organizaciones ambientalistas.
Entre los trabajos más polémicos de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, hay al menos 15 –de norte a sur– que podrían generar complicaciones a la administración de Sebastián Piñera en materia medioambiental. Siete de ellos son mineros, los cuales suman una inversión total de casi 17 mil millones de dólares. Otros cuatro pertenecen al sector de energía, dos son de infraestructura y otros dos son proyectos salmoneros.
Terminal Multipropósito de Oxiquim.
Entre estos 15, uno de los proyectos que más controversia ha generado es el Terminal Multipropósito de Oxiquim, en la Bahía de Quintero. Un proyecto por demás controvertido, considerando la reciente crisis ambiental que afectó a esta comuna, y en la que Oxiquim fue sindicada como una de las empresas responsables.
El proyecto –de acuerdo a información de la Oficina– «consiste en la implementación de un Terminal Multipropósito que posee dos sitios, el Sitio Norte con capacidad para recibir naves máximas del tipo Handymax (45.000 DWT) y el Sitio Sur con capacidad para recibir naves del tipo Cape Size (180.000 DWT), y la realización del proceso de transferencia de graneles. Además, ambos sitios tendrán la capacidad para recibir buques tanqueros de 60.000 DWT para la transferencia de graneles líquidos». La inversión total es de 177 millones de dólares.
El 28 de diciembre pasado, con 11 votos a favor y 9 en contra, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Valparaíso aprobó el acta del 8 de agosto de 2018 y dio luz verde a la concesión marítima para llevar adelante este trabajo, generando el descontento de los pescadores de Quintero y Puchuncaví.
En el sur del país hay dos proyectos que han generado el descontento de diversas corporaciones ambientalistas. En ese sentido, el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, denunció la realización de un proyecto de exploración por parte de la sociedad Southern Gold, controlada por la minera australiana Equus Mining y en cuya constitución participó Sergio Romero, hijo de ex senador de Renovación Nacional (RN) del mismo nombre, según acusó en una columna de El Mostrador publicada en agosto del año pasado.
En esta zona se planea instalar el proyecto Los Domos de Southern Gold.
Se trata del proyecto Los Domos, adyacente a la reserva nacional Jeinimeni, en Chile Chico, en una zona de alto interés turístico con el Valle Lunar y el Monumento Nacional Cueva de las Manos en sus cercanías.
De acuerdo a la información de la página de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, se trata de un proyecto de “exploración para un potencial proyecto minero de oro y plata ubicado en las cercanías de Chile Chico”, cuya inversión fue de 6 millones de dólares.
Segura denunció un intenso lobby para que los terrenos fiscales donde realizó prospecciones fuera eliminado del decreto de constitución del Parque Patagonia, que a finales del Gobierno de Michelle Bachelet fue ingresado a Contraloría para su toma de razón. Las gestiones tuvieron buena recepción en la administración de Sebastián Piñera, lo que se concretó el 11 de diciembre último, al publicarse un nuevo decreto en el Diario Oficial sin incluir dicha área.
Actualmente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) lleva adelante una investigación de las operaciones de la minera Southern Gold, luego de una denuncia interpuesta en noviembre por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, la Corporación Costa Carrera y la Agrupación Aisén Reserva de Vida, fundamentando que Southern Gold debió someter a evaluación ambiental sus 19 plataformas de sondaje antes de iniciar sus operaciones.
Vale resaltar que este proyecto de exploración ya no está siendo gestionado por la Oficina GPS.
Pero este no es el único proyecto controvertido que ha sido gestionado por esta entidad. También en el sur, específicamente en la Región de Magallanes, la incorporación de tronaduras en Mina Inivierno tuvo el visto bueno de la Oficina.
En su descripción, el organismo contemplaba “la incorporación de tronaduras como método complementario a la extracción mecánica de estéril en el Yacimiento Invierno, ubicado en Isla Riesco, Región de Magallanes. Se realizarán hasta 4 tronaduras por semana con un volumen de 100.000 m3 cada vez, durante el resto de la vida útil de la operación minera. La tronadura tiene por objetivo fragmentar el material estéril de mayor dureza de modo de facilitar su extracción posterior con palas hidráulicas”.
Minera Invierno en Isla Riesco.
El 24 de diciembre, el Tribunal Ambiental de Valdivia autorizó a la Mina Invierno S.A., de los grupos Angelini y Von Appen, a realizar una tronadura controlada en Isla Riesco, sumándose así a la determinación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que en septiembre pasado revirtió el rechazo inicial que había recibido la Mina Invierno por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes.
El proyecto, al igual que el de Los Domos, tampoco se encuentra ya en el listado de la Oficina GPS.
Desde El Mostrador tratamos de comunicarnos con autoridades de este organismo para obtener una declaración sobre el rol que tuvieron en la autorización por parte del tribunal a realizar una tronadura controlada en Mina Invierno, así como para conocer por qué el proyecto Los Domos ya no está en lista, pero no obtuvimos respuesta.
En la VII Región, la agrupación Defensores del Alto Maule también ha manifestado su rechazo contra este organismo. Allí, la Oficina GPS se encuentra gestionando un proyecto de Enel llamado Central Hidroeléctrica Los Cóndores, cuya inversión es de 619 millones de dólares y se espera que esté operativo para el 2020.
El trabajo consiste en “una central hidroeléctrica de pasada de 150 MW de potencia instalada y una generación media anual estimada de 560 GWh. La central aprovechará las aguas de la Laguna del Maule, considerando una obra de aducción subterránea de 15 km de longitud, considera una caverna de máquinas que implica la construcción de obras subterráneas. Lo anterior requiere de un pique vertical, túnel inferior, obras de evacuación, túnel de acceso a la caverna y un túnel de cables de poder”, de acuerdo a la información publicada en la página de la Oficina.
El director de Defensores del Alto Maule, Juan Francisco Pulgar, ha expresado su rechazo en contra de este proyecto y ha denunciado que han contaminado con sedimentos el agua del Maule. “Han destruido la cuenca del Alto Maule, porque han contaminado con sedimentos el agua del Maule, agua que se ocupa para el riego, porque cuando se hicieron estas denuncias, nos dimos cuenta que todas las autoridades estaban comprometidas con el tema de la fiscalización porque Enel es muy poderoso”.
Ante esto, la agrupación formuló, en abril de 2017, una serie de cargos en contra de la empresa eléctrica encargada de este proyecto, donde se establece como hechos constitutivos de infracción la “descarga de aproximadamente 2268 metros cúbicos de residuos líquidos sin tratar al Río Maule, entre el 13 y el 15 de febrero de 2016, sin dar aviso previo a los organismos competentes, en el contexto de una emergencia ocurrida durante las faenas de construcción del túnel de aducción de la Central Hidroeléctrica los Cóndores”.
Central Hidroeléctrica los Cóndores.
Respecto al desarrollo de este proyecto, Pulgar sostiene que “me parece impresentable porque el mismo Estado no se ha hecho cargo de la fiscalización de este proyecto. La Superintendencia del Medio Ambiente, cuando yo hice la denuncia, formalizó cargos contra Enel. Posteriormente, al año siguiente, volvieron a contaminar la Cascada Invertida, un ícono turístico en la zona. Además a las comunidades se le han prometido cosas durante 3 años y no se les ha cumplido ninguna a través de la mitigación que tienen que realizar para las comunidades. Enel lo único que ha hecho en la zona es mentir (…). Estos antecedentes se los presentamos a la fiscal Ximena Chong. Ella está investigando el eventual financiamiento a políticos por parte de Enel en Chile”.
En la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo, uno de los proyectos que genera mayor controversia es el de la infraestructura complementaria de la Minera Los Pelambres, perteneciente a Antofagasta Minerals, propiedad de la familia Luksic.
El trabajo consiste en una «nueva infraestructura en los procesos de molienda y flotación en la planta de concentrado Los Piuquenes y la construcción e instalación de una planta desalinizadora de osmosis inversa para producir 400 l/s de agua desalada de calidad industrial; obras marinas de captación de agua de mar y descarga de salmuera y un sistema de impulsión-conducción de agua desalada, desde su punto de tratamiento hasta planta beneficio MLP».
La empresa ha sido foco de tensión no solamente en el ámbito ambiental sino también social. En julio pasado, un grupo de vecinos de la localidad de Cuncumén, protagonizó una serie de manifestaciones debido a la contaminación que emana desde la Minera Los Pelambres.
Minera Los Pelambres.
En esa ocasión, la protesta apuntó directamente a la polución que se genera desde el tranque de relaves Los Quillayes. Pero además, la minera ha ocasionado diversos episodios de contaminación en los ríos Choapa y Cuncumén, poniendo en grave riesgo el recurso hídrico de la zona, según destaca el mapa de conflictos socioambientales 2018 del INDH.
Con todo este panorama, el rechazo hacia la Oficina GPS ha sido prácticamente transversal en el mundo ambientalista. El presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, es uno de sus principales detractores, tildándola como una entidad “fast track”, un organismo que busca “modificar políticas públicas a favor de intereses particulares”.
“Nosotros creemos que ahí hay un tema de conflicto de interés patente, no solamente porque el Gobierno está tomando partido por empresas privadas, cambiando políticas públicas (…) y en el fondo torciendo la legalidad para apoyar proyectos específicos a través de esta oficina GPS, pero que además tienen vinculación con quienes tienen el control del Gobierno actualmente”, dijo el ambientalista en conversación con El Mostrador.
Lucio Cuenca es otro de los ambientalistas que se ha manifestado en contra de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables. El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) considera que este organismo es “ilegítimo e ilegal”, y que actúa de manera “supraministerial”.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
Cuenca rememoró un antecedente que data del primer Gobierno de Sebastián Piñera: “El primer Gobierno de Piñera hizo lo mismo, creó una oficina de agilización de proyectos que tiempo después, ante un conflicto muy importante, que era el proyecto de la termoeléctrica Castilla, la Contraloría emitió un dictamen que declaró que esa entidad era ilegal, que el Gobierno no tenía facultades para crear una entidad de estas características, que finalmente son entidades supraministeriales, y que para eso se necesitaba una reforma a una ley”.
“Acá se está actuando vía hechos consumados, se están invirtiendo recursos públicos, pero además está pasando por encima de la institucionalidad ambiental, porque lo que hay en nuestro país desde el punto de vista legal para la aprobación de los proyectos, es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y ellos están, a través de esta oficina, generando presiones sobre el sistema, sobre los organismos públicos que tienen que evaluar técnicamente estos proyectos, con el fin de, ellos dicen, ‘agilizar’, pero en el fondo ellos buscan también asegurarse que las opiniones que entregan los servicios públicos sean de acuerdo al interés económico de Gobierno y no a el mandato que tienen estos organismos técnicos para emitir sus opiniones”, agregó.
