Opinión
Que ciertos colegios puedan recibir solo alumnos “prioritarios”. Se trata de una medida discriminatoria al mismo nivel que lo son los colegios pagados. En el primer caso, es el equivalente a tener un letrero en la entrada que diga “solo se aceptan pobres” y, en el segundo, “solo se aceptan clases medias y altas». La medida propuesta supone que la educación en aislamiento de clase social puede ser parte de la solución para la calidad educativa de la población desfavorecida. Nada más alejado como ideario educativo de lo que existe en los países de alto desempeño escolar.
La iniciativa del Gobierno respecto a la selección de alumnos se fundamenta en supuestos que son regresivos para una concepción particular del ideario democrático. Dejando fuera la medida que incorpora la preferencia a hermanos no consanguíneos (grave omisión de la política actual), lo que se propone no es recomendable, puesto que, primero, restablecen las entrevistas en el proceso de admisión. Se argumenta que esto va en favor de una mejor información hacia las familias y de conocimiento de ellas por parte del colegio.
El argumento es tan débil como ingenuo, ya que niega un hecho claro: la asimetría de poder. En efecto, la mayor parte de los apoderados chilenos tiene menor capital cultural que las autoridades de los colegios y una instancia de entrevista –privada por esencia– posibilita juegos indeseables de poder. ¿Qué pasa realmente en esa entrevistas?, ¿qué capacidad tiene la mayor parte de los padres de confrontar las eventuales «des-recomendaciones» de ingreso a un colegio de parte de sus autoridades? Frente al argumento de que los padres obtienen una mayor información respecto de las características del colegio, este va en contra de una época en que tal información se encuentra en abundancia en los canales formales, que fluye por las redes sociales y en que, a través de ellas, se pueden formular preguntas en anonimato. La entrevista individual, aun cuando ella sea de buena fe, privatiza un tipo de información que por esencia debe ser pública.
Segundo, que colegios de alta exigencia puedan elegir la totalidad de sus alumnos. El cuestionamiento aquí es radical, es decir, ¿por qué razón tienen que existir estos colegios? Esta realidad está tan naturalizada en Chile, que parece evidente que algunos colegios puedan ser buenos y otros no casi per se. Precisamente el propósito de una política escolar democratizadora es lograr que todos los colegios sean de buena calidad y es, de paso, lo que existe en sistemas escolares de vanguardia como el de Finlandia (al que tanto se recurre como ideal), donde la pregunta por escuelas de excelencia es tan inoficiosa como políticamente incorrecta.
El trasfondo de aquello que propone la medida en cuestión es, además, éticamente cuestionable, puesto que finalmente se trata de que los niños (porque de ellos estamos hablando) se esfuercen, especialmente aquellos de sectores más deprivados, de manera competitiva tratando de derrotar a la mayor parte de sus pares de generación, para así ser elegidos en una suerte de salvación educativa.
Después, que colegios puedan seleccionar a un 30% de sus postulantes, de acuerdo a la naturaleza de su proyecto. Esto merece un comentario similar al anterior y lo curioso, además, es que es profundamente antiliberal, ya que restringe las posibilidades de las familias para ingresar a un determinado colegio cuyo proyecto les parece interesante y que, al contrario, ellas deben ser interesantes para el colegio en cuestión. Es curioso, ya que proviniendo de sectores liberales esta medida supone la primacía del oferente sobre el “cliente”, debiendo este ajustarse al perfil que la institución desea y no es esta la que debe tornarse atractiva para su clientela. Cuesta encontrar un pensador liberal que avale tal postulado.
Y, finalmente, que ciertos colegios puedan recibir solo alumnos “prioritarios”. Se trata de una medida discriminatoria al mismo nivel que lo son los colegios pagados. En el primer caso, es el equivalente a tener un letrero en la entrada que diga “solo se aceptan pobres” y, en el segundo, “solo se aceptan clases medias y altas. La medida propuesta supone que la educación en aislamiento de clase social puede ser parte de la solución para la calidad educativa de la población desfavorecida. Nada más alejado como ideario educativo de lo que existe en los países de alto desempeño escolar.
En cada una de estas situaciones de trata, en definitiva, de competir. Pero no de que los colegios compitan por atraer a los alumnos –como se nos dijo alguna vez– sino que las familias de estos compitan por ser aceptadas. Y en esta competencia habrá siempre alguien que gane y, por consecuencia, alguien que pierda. ¿Se trata de eso finalmente la educación en una sociedad democrática?
