MERCADOS
El ex jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte llegó con grandes pergaminos a dirigir la Unidad de Investigación de una renovada CMF. Sin embargo, se ha sabido poco de sus gestiones como fiscal de la industria financiera. «Durante el año 2018 se iniciaron varios procesos sancionatorios que todavía se encuentran en curso», advierte a un año de su llegada en el ente regulador, donde parece sentirse cómodo trabajando en las sombras. [ACTUALIZADA. Ver N de la R al final de la nota]
En medio de la renovación estructural que se hizo a la CMF hace poco más de un año, uno de los rostros nuevos que más atención generó en el mundo de las finanzas fue el de Andrés Montes, quién en ese momento dio el salto desde la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte hasta el organismo regulador del sistema financiero. Es que el abogado lo hacía con grandes pergaminos, ya que nunca antes la oficina de supervigilancia de la CMF -o ex SVS- había sido encabezada por alguien de una connotación pública ligada al control y fiscalización.
Montes venía de liderar el equipo de fiscales detrás del caso Cascada en el Ministerio Público. Puso en esa investigación a Macarena Cañas, Ximena Chong, Tania Sironvalle y a Jaime Retamal, después que la causa fuera removida de las manos de José Morales. Así entonces, venía de dirigir una persecución penal que hace poco obtuvo en Aldo Motta su primera condena, siendo un caso cuya génesis ocurrió en la misma unidad de investigación que él dirige.
Sin embargo, pese a sus pergaminos, poco se ha sabido poco de sus gestiones en la CMF. Pasó de liderar una fiscalía cuyas causas generaron impacto público en la agenda a una unidad de investigación que -salvo el reciente caso de Blanco & Negro- no ha generado mella alguna.
¿Por qué? «El trabajo de la Unidad de Investigación debe ser desarrollado con el máximo de reserva, tanto en la fase de investigación como en la sustanciación de un procedimiento sancionatorio. Salvo situaciones excepcionales, una vez iniciado un procedimiento sancionatorio, éste se mantendrá en reserva hasta que se haga pública la decisión del Consejo de la CMF acerca de si los hechos son constitutivos de infracción y, si corresponde, la sanción aplicada», explicó Montes a El Mostrador Mercados.
Precisamente, la condición de reserva de la renovada unidad de investigación es algo que Montes parece defender celosamente. La filtración de los cargos que la CMF hizo contra LarrainVial por irregularidades en la última elección de Blanco & Negro, motivó al regulador a una decisión inédita: perseguir penalmente la filtración, quizás uno de los pocos espacios en la esfera pública que deja ver la mano de Montes. Hoy el caso está en manos del Ministerio Público.
«La Ley N° 21.000 -que creó la CMF- estableció una nueva obligación muy clara para quienes tengan acceso a información de un procedimiento sancionatorio en curso, en orden a guardar reserva y no divulgar esa información. El objetivo de esa obligación es evitar la especulación o utilización de información provisional y no definitiva, para fines ajenos al procedimiento. La infracción a esa obligación de reserva y no divulgación de información, está sancionada como delito», precisó Montes.
Hay una investigación interna en la CMF por esa filtración, pero «en el caso que usted señala, por las mismas razones antes explicadas, no puedo dar más información», respondió el abogado. [* Ver N de la R al fin de la nota]
Lo reservado, entonces, parece ser la tónica de un fiscal que no tiene problemas en trabajar en las sombras. Algo está tramando: «durante el año 2018 se iniciaron varios procesos sancionatorios que todavía se encuentran en curso», advirtió.
La exigencia que pesa sobre sus hombros no es poca. El último año puso, mediante varios fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte, en entredicho que tan efectiva son las multas que aplica el organismo. Esto, pues los involucrados en el caso Cascadas, a través de diferentes peticiones, lograron disminuir fuertemente las multas que le había aplicado la ex SVS. Lo anterior ha implicado que el mercado se pregunte qué tan efectiva es la labor persecutoria del organismo.
Esto pues no fueron pocas las credenciales con la que Montes aterrizó en la CMF. Es hijo del Senador Carlos Montes y su aterrizaje en 2010 como jefe de la Fiscalía Centro Norte, nombrado por Sabas Chahuán, dejo atrás a varios candidatos. Rodrigo Hinzpeter alabó públicamente su trabajo y también es un nombre que le simpatiza a la Concertación. Aunque él ha dicho que no tiene color político.
Durante su paso por la fiscalía lideró varias investigaciones de peso nacional. Llevó adelante la formalización de los ejecutivos de las farmacias por la colusión; el sumario administrativo a los investigadores del Caso Bombas por irregularidades en la causa; o los casos La Polar, Kodama y la denuncia por paternidad con Mario Kreutzberger.
A un año todavía Sanhattan espera que despliegue sus garras.
En paralelo a los procesos sancionatorios en carpeta, el primer año de Montes ha estado marcado por ordenar la casa. En enero de 2018 se creó la CMF, ha pasado un año y los cambios seguirán sucediendo con la absorción de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), el robusto organismo fiscalizador de los bancos que el 1 de junio pasa a ser parte de la Comisión para el Mercado Financiero, dejando a la entidad como el gran regulador del sistema financiero y a Montes como su fiscal.
«Durante este primer año hemos trabajado en constituir el equipo, definir procesos de trabajo e implementar el diseño de las nuevas funciones y facultades de la Unidad de Investigación; el Consejo de la CMF dictó una Guía que regula las relaciones de la Unidad de Investigación con el Consejo y con las Intendencia y Áreas de la CMF, y una Norma de Carácter General que cumple con el mandato legal de establecer las infracciones que serán sustanciadas a través del procedimiento simplificado. Además, durante este primer año el Consejo de la CMF estableció el procedimiento que regula el procedimiento de autodenuncia y la colaboración compensada», dice Montes sobre un ajetreado 2018.
Hasta ahora se han implementado las definiciones legales necesarias para el adecuado funcionamiento de esta unidad, constituyéndose un equipo de trabajo de 14 personas con experiencia en el ámbito del mercado de valores, la cual fue complementada con profesionales con trayectoria en seguros. En suma, son abogados, economistas y auditores que potencian un trabajo interdisciplinario en la CMF.
La integración con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) es otra de las tareas en la agenda. «Uno de los desafíos inmediatos del proceso de integración del ámbito bancario al perímetro regulatorio de la CMF es determinar las modificaciones organizacionales necesarias para el adecuado ejercicio de las nuevas funciones. En ese contexto, se encuentra en desarrollo un proceso de levantamiento de los requerimientos de la Unidad de Investigación para asumir las nuevas funciones de la CMF en todas las materias que hoy se encuentran bajo el ámbito de supervisión de la SBIF», sostiene.
Aún es una incógnita cómo conversarán los criterios de una Sbif cuyo objetivo, más que fiscalizar y sancionar, es la de velar por la estabilidad y solvencia de los bancos. Al respecto, Montes destaca la posibilidad de monitorear el mercado ahora sobre los conglomerados financieros. «La integración del mercado bancario a la supervisión de la CMF, además de las ventajas del gobierno corporativo colegiado de la CMF, cumple objetivos muy valiosos, tales como: generar las condiciones necesarias para avanzar en consistencia regulatoria y fortalecer la supervisión conglomerados».
Una de las grandes facultades que adquirió la CMF es la de hacer uso de medidas intrusivas, como el levantamiento del secreto bancario e interceptaciones de llamadas telefónicas, dejándola a la altura de sus pares reguladores internacionales.
Sin embargo, primero estas medidas intrusivas deben ser aprobadas por sus comisionados y luego por una Corte de Apelaciones. ¿Es muy distinto el quehacer persecutor en este ámbito comparado con el del Ministerio Público? «No existe una gran diferencia, ya que en Chile las medidas que priven, restrinjan o limiten los derechos garantizados por la Constitución, siempre deben ser autorizados judicialmente. Ese es el caso de la Unidad de Investigación de la CMF que, en caso de requerir una medida de ese tipo, requiere de la aprobación del Consejo y la autorización de un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago».
¿Ha funcionado la delación compensada? «Sólo es posible señalar que el sistema ha sido utilizado, sin embargo, la Ley no permite entregar detalles, ya que el proceso de colaboración compensada es reservado hasta el momento en que se haga pública la decisión del proceso sancionatorio por parte del Consejo de la CMF».
Una de las grandes críticas que siempre se le han hecho a la autoridad es la demora de sus procesos, ¿qué medidas concretas ha implementado para acelerar causas? «La Ley N° 21.000 reguló estrictamente los plazos máximos de los procesos sancionatorios. Hemos trabajado en función cumplir el estándar legal implementando las medidas necesarias para lograr respuestas oportunas en el ámbito sancionatorio».
Finalmente, Montes parece estar cómodo como fiscal de la Comisión. «Mi interés en postular a la CMF se basó en mi fuerte vocación por trabajar en la función pública, aprovechando toda experiencia profesional acumulada previamente. No siempre las conductas investigadas por la Unidad de Investigación son constitutivas de delito, ya que una parte importante de ellas se refiere a infracciones a la normativa que regula a las personas y entidades que se encuentran bajo el ámbito de supervisión de la CMF, sin que exista una sanción penal respecto de esas infracciones».
N de la R: Respecto al párrafo que indica que hay una investigación interna en la CMF por esa filtración, desde la Comisión no han confirmado ni desmentido la existencia de dicho proceso.
