MERCADOS
La acción judicial la interpuso el empresario Jorge Said, quien en su condición de accionista minoritario ha reclamado por los perjuicios económicos que le habrían provocado distintas decisiones de quienes controlan y administran la empresa. La denuncia involucra a María Cecilia García, expresidenta de Intercargo, a Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta de Argentina, y al ex vice ministro de Economía trasandino, Alex Kicillof, para que aclaren el alcance de las distintas reuniones que tuvieron con Ignacio Cueto, entonces gerente general de Latam y hoy presidente de esta empresa.
El juez argentino Claudio Bonadio (en la foto) puso sus ojos sobre Latam. En particular, sobre su relación con La Cámpora, la agrupación política que mantuvo una estrecha relación con el gobierno de la expresidenta trasandina, Cristina Fernández, y que tiene entre sus principales referentes a su hijo Máximo Kirchner.
El mismo juez que investiga los “cuadernos de las coimas” –una larga trama judicial sobre distintos casos de corrupción durante la era de Fernández– abrió una investigación sobre los presuntos vínculos entre la aerolínea y La Cámpora tras recibir una denuncia en la cual se pide conocer el detalle de las reuniones entre altos ejecutivos de Latam y dicha agrupación política.
La causa busca conocer el destino de los recursos que tuvo que desembolsar la compañía aérea para zanjar algunos de los desencuentros que mantuvo con el Gobierno de Cristina Fernández, particularmente las disputas con Intercargo y Aerolíneas Argentinas, ambas compañías estatales trasandinas y cuyos máximos ejecutivos pertenecían a La Cámpora.
El trasfondo de la acción apunta a distintos episodios que involucran a los principales ejecutivos de LAN Argentina (hoy parte de Latam) y miembros de La Cámpora, como el caso del sobreprecio de US $18 millones que tuvo que pagar la firma chilena a Intercargo –empresa que presta distintos servicios aeroportuarios en el país vecino–, así como el cierre del hangar que ocupaba la compañía en Aeroparque con el fin de destinarlo a Aerolíneas Argentinas.
[cita tipo=»destaque»]Con la misión de favorecer los términos comerciales de Intercargo y mejorar la posición de Aerolíneas Argentinas, los ejecutivos de ambas compañías estatales empujaron varias acciones coercitivas en contra de LAN Argentina, llevando a Ignacio Cueto a firmar contratos “que no teníamos por qué aceptar”, como declaró este en una entrevista a La Tercera en el 2013.[/cita]
La acción judicial la interpuso un viejo conocido para Latam: el empresario Jorge Said, quien en su condición de accionista minoritario ha acusado durante los últimos meses serios perjuicios económicos producto de distintas decisiones de la empresa. La denuncia fue presentada en noviembre del 2018 y ratificada ante Bonadio al siguiente mes.
“Desde ya manifiesto mi preocupación por los hechos ocurridos en Argentina en torno a lo conocido como ‘Cuadernos K’. El estudio y comportamiento de La Cámpora, que en este acto denuncio, es indispensable. No es gratis para un accionista que su compañía se vea expuesta a actos arbitrarios y delictuales, como los presumiblemente acometidos por La Cámpora y sus integrantes, como tampoco lo son eventuales responsabilidades de ejecutivos de LAN Argentina, hoy Latam, de haberlas”, reza parte de la denuncia de Said.
La denuncia involucra a María Cecilia García, expresidenta de Intercargo, y a Máximo Kirchner con el objeto de que expliquen el uso y destino de los recursos que desembolsó Latam en el marco del sobreprecio que le cobró dicha compañía y que aclaren “si hubo otras partidas, regulares como irregulares, hoy no conocidas, que tuvieron como destino La Cámpora o gente asociada a ella por parte de LAN Argentina o Latam u otra relacionada a ella o dependientes de éstas”.
La investigación también involucra al ex vice ministro de Economía Alex Kicillof para que aclare el alcance de distintas reuniones que tuvo con Ignacio Cueto, gerente general de Latam, en medio de las disputas mencionadas.
Entre los citados a declarar se encuentran el mismo Cueto, el exgerente de LAN Argentina Enrique Elsaca y el actual ministro de Desarrollo Social chileno, Alfredo Moreno, dado su paso como Canciller durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, razón por la que deberá aclarar las gestiones protocolares en favor de Latam en los momentos de quiebre con el Gobierno argentino.
Consultada la aerolínea en Chile, afirmó no ser parte de este proceso judicial y que tampoco ha sido notificada.
El vínculo entre LAN Argentina y La Cámpora radicó, principalmente, en varios eventos que tensionaron sus relaciones, toda vez que dicha agrupación política se hizo del “aire” de ese país, tomando control de Intercargo y de Aerolíneas Argentinas. Si bien el presidente de esta última era Mariano Recalde, este era miembro de La Cámpora, por lo que en la práctica quien manejaba los hilos de la industria era Máximo Kirchner, hijo de la entonces presidenta de Argentina.
Con la misión de favorecer los términos comerciales de Intercargo y mejorar la posición de Aerolíneas Argentinas, los ejecutivos de ambas compañías estatales empujaron varias acciones coercitivas en contra de Latam, llevando a Cueto a firmar contratos “que no teníamos por qué aceptar”, como declaró en una entrevista a La Tercera en el 2013.
Intercargo es una empresa radicada en el Ministerio de Transportes del país trasandino. Provee distintos servicios que para las aerolíneas son indispensables, como el remolque de aeronaves, señaleros, calzas y conos de seguridad, el embarque y desembarque de pasajeros, carga y descarga de equipajes, además de la conexión de la aeronave con las pasarelas de pasajeros.
En el 2013 su entonces presidenta, María Cecilia García, le exigió a LAN Argentina un sobreprecio de US $18 millones, adicionales a los US $32 millones anuales que le cobraba a la aerolínea. Latam acudió entonces a la justicia argentina, pero a mitad de camino aceptó los términos de Intercargo.
“Fuimos, nos sentamos a la mesa y pagamos lo que nos pidieron. No pudimos negociar lo que queríamos. Nos obligaron y lo hicimos solamente por el respeto a los pasajeros”, señaló Cueto sobre ese episodio en una entrevista a La Tercera.
Ese mismo año, el Gobierno argentino bloqueó el uso del hangar que LAN Argentina tenía en Aeroparque, con el objeto de destinar su uso y el de todos los hangares de ese aeropuerto a Aerolíneas Argentinas. Eso llevó al Gobierno chileno a interceder en favor de Latam a través de Moreno, quien en su condición de Canciller se reunió con distintas autoridades trasandinas.
Las operaciones de Latam en el país trasandino no han sido fáciles. No solo por los desencuentros con La Cámpora e Intercargo, sino por episodios como la multa de US $22 millones que la SEC de EE. UU. le cursó en el 2016 tras infringir las normas anticorrupción establecidas por el regulador norteamericano. La aerolínea había autorizado pagos indebidos de US $1,15 millones entre el 2006 y el 2007 a un consultor para pagar a terceros con influencia en los sindicatos en Argentina y, así, poner fin a las disputas laborales.
