Opinión
Es de esperar que, en consistencia con el “compromiso irrestricto” con los derechos humanos manifestado por los representantes del Estado chileno en Ginebra, el Gobierno acepte la totalidad de las recomendaciones que le fueron hechas por la comunidad internacional en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) por parte de Naciones Unidas. Junto a ello, es de esperar que el Ejecutivo, junto al Legislativo y el Judicial se comprometan en el cumplimiento efectivo de dichas recomendaciones. Se trata de una tarea en la que a los defensores y defensoras de derechos humanos corresponde una labor fundamental, una que, lejos de ser aplacada y criminalizada, como los estados miembros de la ONU observaron en el EPU ha ocurrido en Chile en los últimos años, sea respetada y alentada por el Estado.
Por tercera vez desde que fue instituido el Examen Periódico Universal (EPU) , el 22 de enero pasado el Estado de Chile fue objeto de evaluación en el cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales y de los compromisos voluntarios suscritos en materia de DDHH el Consejo de Derechos Humanos y los estados miembros de la ONU. El período en análisis en este EPU comprendió desde la última examinación de Chile en la materia el 2014, a la fecha, incluyendo por tanto no tan solo el período de Gobierno del presidente Piñera, sino también tres años de la ex Presidenta Bachelet, actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El examen tuvo lugar en el Palacio de las Naciones de Ginebra y contó con la asistencia no solo de representantes de organizaciones de sociedad civil, de migrantes, del pueblo mapuche y aymara, entre otras, sino también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y de la delegación del Estado de Chile, integrada por representantes de los sus tres poderes, y presidida por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
En la ocasión intervinieron 101 estados, cuyos representantes efectuaron valoraciones, manifestaron preocupaciones e hicieron un total de 266 recomendaciones a Chile relativas al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En el plano de las valoraciones, destaca la identificación de los avances logrados por Chile desde su última examinación en la materia, tales como la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos y los avances en la creación del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura. La mayor parte de los estados intervinientes, sin embargo, manifestaron preocupación por el rezago de Chile en la materia como consecuencia de su demora en la ratificación de tratados internacionales, como el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (OP DESC) y del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (OP CEDAW).
Junto a ello, muchos estados identificaron como tarea pendiente la adecuación del marco normativo interno de derechos humanos a los lineamientos de los tratados internacionales y compromisos voluntarios suscritos por Chile, así como el impulso a una política pública que asegure la vigencia efectiva de los mismos derechos en el país.
Entre las temáticas que emergieron con mayor fuerza en las recomendaciones efectuadas al Estado en el informe elaborado por el Grupo de Trabajo del EPU de Chile y aprobado el 25 de enero, se encuentran aquellas referidas a los derechos de pueblos indígenas (43 recomendaciones), a los derechos de la mujer (34 recomendaciones), a los derechos de los niños y niñas (28 recomendaciones), a la protección de los derechos humanos frente al actuar abusivo de las fuerzas policiales (19 recomendaciones) y a la trata de personas y los derechos de los y las migrantes (17 recomendaciones).
Otras temáticas en que se focalizaron las recomendaciones formuladas a Chile en el marco del EPU incluyeron la ratificación por el Estado de tratados internacionales (17 recomendaciones), aquellas referidas a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y a la despenalización del aborto (10 recomendaciones), a la investigación y sanción de los crímenes de la dictadura (8 recomendaciones), a los derechos de las personas con discapacidad (7 recomendaciones), a la protección y prevención de la tortura y la sobrepoblación en prisiones (7 recomendaciones), a la protección de los derechos humanos en él contexto de la actividad de empresas (7 recomendaciones) y a los derechos de las personas afrodescendientes (5 recomendaciones) y a los derechos de la diversidad sexual (4 recomendaciones).
Llama la atención la importante preocupación que, a juzgar por el elevado número de recomendaciones formuladas, fue manifestada por los estados intervinientes en el EPU relacionadas con la situación de derechos de los pueblos indígenas en el país. Entre las recomendaciones formuladas a Chile respecto a estos pueblos, destacaron la necesidad de que se les otorgue a estos un reconocimiento constitucional de sus derechos, que se garantice su adecuada participación en las instituciones del Estado, así como la consulta previa frente a medidas que les afecten, se ponga término a la criminalización de sus integrantes, al uso discriminatorio de la legislación antiterrorista y al uso abusivo de las fuerzas policiales en su contra, y se garantice la restitución de sus tierras y el acceso y ejercicio a los derechos económicos sociales y culturales por parte de la población indígena.
Relacionado con ello, llama la atención la preocupación manifestada por los estados, posiblemente en conocimiento del reciente homicidio de Camilo Catrillanca a manos de carabineros, por el uso excesivo de la fuerza policial y su impacto en derechos humanos, en particular sobre los derechos humanos de defensores de derechos humanos, incluyendo a integrantes de pueblos indígenas, mujeres, estudiantes adolescentes y niños. Las recomendaciones en esta materia se concentraron en la investigación y sanción del uso excesivo de la fuerza policial que resulta en la violación de derechos humanos, en la adopción de medidas de formación en derechos humanos de las policías, y en el desarrollo de protocolos para prevenir estas prácticas abusivas.
De la misma manera, en las recomendaciones se instó al Estado a poner término a las distintas manifestaciones de discriminación persistentes en contra de las mujeres, a la erradicación de la violencia en su contra, a promover su participación en la vida política, a la despenalización del aborto en todos los casos. En el caso de los niños y niñas se recomendó la adopción de medidas para asegurar el respeto y la protección de la niñez, en especial aquella que está bajo cuidado de instituciones del Estado, así como la investigación de los abusos cometidos en el caso de los niños y niñas en residencia de Sename.
En el caso de migrantes, se recomendó la adopción de medidas que permitan su acceso a la vivienda, la educación, la salud y el empleo, así como en general la protección de sus derechos de acuerdo con el derecho internacional, la adopción de medidas legislativas y políticas para evitar la discriminación en su contra, así como aquellas orientadas a poner término a la trata de personas y a la protección de los refugiados. En cuanto a los afrodescendientes chilenos, que por primera vez emergen como preocupación en el EPU de Chile, la recomendaciones se centraron en instar al Estado a enfrentar, mediante acciones afirmativas, a la discriminación racial, y a su inclusión como categoría específica en el censo de 2022.
La delegación del Estado chileno intervino en el marco del EPU, manifestando su “compromiso irrestricto” con los derechos humanos, y reconociendo los desafíos que el país tiene en la materia. Más allá de la retórica y de los anuncios de iniciativas legislativas y políticas públicas, la intervención de la delegación chilena no se hizo cargo de manera sustancial de las brechas que le fueron representados por los estados intervinientes. Ejemplo de ello fue la alusión que hizo Plan Nacional de Derechos Humanos, hasta ahora no implementado, para asumir los desafíos que en esta materia tiene el país.
De la misma manera se hizo referencia al Plan Araucanía como política conducente al reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y al proyecto de ley sobre migración como una iniciativa acorde a los estándares internacionales. Cabe señalar que muchas de esta brechas en la materia le habían sido representadas al Estado en el marco de este EPU en los más de 60 informes alternativos enviados al EPU de Chile desde organizaciones de sociedad civil, de pueblos indígenas y migrantes, en el informe enviado al EPU por el INDH, así como también en la compilación hecha llegar al EPU conteniendo las observaciones y recomendaciones de órganos de tratado de la ONU y de los procedimientos especiales correspondientes al período examinado.
Al concluir el EPU en sesión de 25 de enero en Ginebra, el embajador de Chile ante Naciones Unidas, Sr. Juan Eguiguren, señaló que el gobierno analizaría dichas recomendaciones previo a su aceptación hasta la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de junio próximo, ocasión en que los informes de esta sesión del EPU deben ser aprobados. Ello en contraste con la actitud asumida por el representante de Uruguay, Estado que también fue objeto de examinación en la misma sesión, que aceptó de inmediato la totalidad de las recomendaciones que le fueran realizadas en el marco del EPU.
Esperemos que, en consistencia con el “compromiso irrestricto” con los derechos humanos manifestado por los representantes del Estado chileno en Ginebra, el Gobierno acepte la totalidad de las recomendaciones que le fueron hechas por la comunidad internacional en el marco del EPU. Junto a ello, es de esperar que el Ejecutivo, junto al Legislativo y el Judicial se comprometan en el cumplimiento efectivo de dichas recomendaciones. Se trata de una tarea en la que a los defensores y defensoras de derechos humanos corresponde una tarea fundamental, tarea que, lejos de ser aplacada y criminalizada, como los estados miembros de la ONU observaron en el EPU ha ocurrido en Chile en los últimos años, sea respetada y alentada por el Estado.
