Opinión
Cuando hoy en nuestro país se vuelve a abrir un debate sobre legislación laboral y sistema de pensiones, parece tremendamente importante que –más allá de las ideologías, de la coyuntura, de los intereses y visiones– podamos leer y analizar este informe de la Organización Internacional del Trabajo para, a partir de sus recomendaciones, buscar los acuerdos que el bien común y el futuro de nuestro país requieren.
Los orígenes de nuestra legislación laboral impulsados por movimientos sociales, que enfrentaban las transformaciones productivas de la época para mejorar las miserables condiciones laborales, están íntimamente vinculados con la creación, en 1919, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que surge como parte del Tratado de Versalles al término de la Primera Guerra Mundial.
La gran mayoría de los países habían adquirido la convicción de que la justicia social era esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Tenían razón y, a 100 años de creada la OIT, esa convicción parece haberse acrecentado, pues hoy también podemos sostener que la justicia social es esencial para el fortalecimiento de nuestras democracias, hábitat irreemplazable para lograr el tan anhelado desarrollo y crecimiento para toda la sociedad en su conjunto.
Fiel a los valores que la inspiraron, la OIT ha dado a conocer –a la luz de la celebración de su centenario– el Informe “Trabajar para un Futuro más Prometedor”, encargado a la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que propone fortalecer el diálogo social entre Gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, revitalizando un contrato social que permita asegurar a los trabajadores una participación justa en el progreso económico, el respeto de sus derechos y la protección de los riesgos a que se exponen a cambio de su permanente contribución a la economía.
En ese sentido, se propone una agenda que fortalezca la interacción social, situando a las personas y el trabajo que realizan, no solo en el centro de las políticas económicas y sociales, sino también de la práctica empresarial, como asimismo impulsar políticas públicas y programas cuya implementación conjunta permitirían crecimiento, igualdad y sostenibilidad.
[cita tipo=»destaque»]Como no podemos eludir las transformaciones que estamos experimentando –del mercado del trabajo, económicas, culturales, sociales y nuevas realidades, como inteligencia artificial, robotización, automatización, economías verdes, tecnologías limpias y cambios demográficos, entre otras–, me asiste la convicción de que las soluciones conjuntas entre empleadores y trabajadores, debidamente recogidas por el Gobierno y actores políticos, son indestructibles y, por lo mismo, tenemos un desafío compartido que debe ser impulsado poniendo a las personas en el centro de las decisiones.[/cita]
Son muchas las medidas que se recomiendan, entre estas, reivindica la capacitación como un derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral y se reafirma la importancia de abordar seriamente la igualdad de género, impulsando la corresponsabilidad parental, el fortalecimiento de la voz de las mujeres y auténticas políticas corporativas que eliminen toda forma de violencia y de acoso en el trabajo.
Reconocen, eso sí, la necesidad de contar con sistemas de protección social sólidos, basados en principios de solidaridad y de reparto de riesgos, que acompañen a las personas a lo largo de su ciclo vital. Todos los trabajadores debieran tener garantizado y disfrutar de derechos fundamentales del trabajo. Sin duda, reconocerles autonomía respecto de su tiempo, la tan anhelada flexibilidad laboral que debe ser debidamente regulada, recogiendo sus perspectivas y necesidades y un límite de horas que garantice efectivamente opciones reales de flexibilidad.
Se entiende como necesario, entonces, garantizar por parte de los Estados el diálogo social como un bien público, en el que la libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente se fortalezcan a través de políticas públicas.
Cuando hoy en nuestro país se vuelve a abrir un debate sobre legislación laboral y sistema de pensiones, parece tremendamente importante que –más allá de las ideologías, de la coyuntura, de los intereses y visiones– podamos leer y analizar este informe de la OIT para, a partir de sus recomendaciones, buscar los acuerdos que el bien común y el futuro de nuestro país requieren.
Como no podemos eludir las transformaciones que estamos experimentando –del mercado del trabajo, económicas, culturales, sociales y nuevas realidades, como inteligencia artificial, robotización, automatización, economías verdes, tecnologías limpias y cambios demográficos, entre otras–, me asiste la convicción de que las soluciones conjuntas entre empleadores y trabajadores, debidamente recogidas por el Gobierno y actores políticos, son indestructibles y, por lo mismo, tenemos un desafío compartido que debe ser impulsado poniendo a las personas en el centro de las decisiones.
No perdamos la oportunidad de aportar para un crecimiento y desarrollo auténticamente sostenible, justo y equitativo para todos. La OIT, con su experiencia de 100 años, nos entrega un buen abanico de ideas inspiradoras.
