Opinión
Ante la existencia de 1.124 personas detenidas desaparecidas, el Estado chileno aún no ha elaborado un Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, tal como fue propuesto en las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU el año 2013. ¿Cómo es posible que se haya naturalizado y normalizado la existencia de más de mil compatriotas víctimas de desaparición forzada? Esta actitud de indolencia nos parece, no solo inmoral, sino que expresa también un grave incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado de Chile, que debe terminar, a la vez que constituye un nefasto ejemplo para las generaciones futuras.
En estos días la opinión pública tomó conocimiento de la sentencia recaída en el proceso que estableció el magnicidio de Eduardo Frei Montalva, ocurrido hace 37 años. Su hija, la ex senadora Carmen Frei, refiriéndose al esclarecimiento del caso de su padre, solidarizó con los familiares de los miles de víctimas que aún no han podido obtener ni verdad ni justicia y citó –reiteradamente en sus entrevistas– a Ana González y Sola Sierra, quienes como tantas otras fallecieron sin saber lo ocurrido con sus detenidos desaparecidos. Y tiene razón.
Ahora debemos sumar el fallecimiento de Violeta Zúñiga, de 86 años, cónyuge de Pedro Silva Bustos –detenido por la DINA el 9 de agosto de 1976–, quien permanece hasta hoy en calidad de detenido desaparecido.
La emblemática y querida Violeta integró durante muchos años el grupo folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), bailando «La Cueca Sola» como expresión de denuncia a la desaparición forzada de miles de chilenos en dictadura.
El genuino sentimiento de solidaridad de Carmen Frei, contrasta con la actitud del actual Gobierno para enfrentar el flagelo de la desaparición forzada en nuestro país, constitutivo de crimen contra la humanidad, según la normativa internacional.
A pesar de que el Estado de Chile ratificó el año 2009 la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas –que obliga a los estados suscriptores a establecer la verdad de lo ocurrido a sus víctimas y luchar contra la impunidad–, lamentablemente debemos consignar que en los diversos informes que ha tenido que elaborar Chile al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, se sigue constatando y reconociendo este grave incumplimiento.
En efecto, frente a la existencia de 1.124 personas detenidas desaparecidas, el Estado chileno aún no ha elaborado un Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, tal como fue propuesto en las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU el año 2013. ¿Cómo es posible que se haya naturalizado y normalizado la existencia de más de mil compatriotas víctimas de desaparición forzada? Esta actitud de indolencia nos parece, no solo inmoral, sino que expresa también un grave incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado de Chile, que debe terminar, a la vez que constituye un nefasto ejemplo para las generaciones futuras.
Lamentablemente en este primer año del Gobierno de Sebastián Piñera, hemos podido constatar que esta actitud de desconocimiento e incumplimiento de las obligaciones internacionales ha sido una constante en el actuar de las actuales autoridades. No solo no han cumplido con la obligación de implementar iniciativas tendientes a establecer la verdad, promover la justicia, otorgar la debida reparación a la víctimas sobrevivientes, adoptar políticas y medidas concretas constitutivas de garantías de no repetición –las cuatro exigencias que la comunidad internacional y su normativa supervisan– sino que también las iniciativas desplegadas han ido en directo beneficio de los victimarios y en claro desmedro de las víctimas.
No debemos olvidar que la primera iniciativa gubernamental en materia de Derechos Humanos fue retirar del Congreso el proyecto de ley ingresado por el Gobierno de Michelle Bachelet en las postrimerías de su mandato, que pretendía compensar, en parte, la exigua reparación que les había sido otorgada a las víctimas de la prisión política y tortura. Se arguyó que existían otras prioridades de gastos, omitiendo con ello gravemente la obligación de reparación, según lo establece la normativa internacional suscrita y ratificada por el Estado de Chile.
[cita tipo=»destaque»]Es hora de que el actual Gobierno, como representante del Estado de Chile, cumpla con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, única forma de recuperar la autoridad moral en el concierto internacional y requisito indispensable que debe cumplirse primeramente si se pretende jugar el rol de promotor de la democracia y los DDHH en otras latitudes. Y es hora también de que la sociedad civil organizada siga exigiendo una democracia fundada en el respeto y garantía de los Derechos Humanos. Será este y no otro el debido homenaje a quienes –como Violeta Zuñiga– partieron de este mundo esperando una justicia que no llegó y sin conocer la suerte corrida por sus seres queridos, aún detenidos desaparecidos.[/cita]
La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, encargada de implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos, ha señalado que solo se ejecutarán aquellas medidas que sean compatibles con el Programa de Gobierno, ignorando que dicho plan es una tarea de Estado sujeta a la supervisión de organismos internacionales, que debe ser cumplido por el Gobierno de turno, independientemente de su ideología política.
A mayor abundamiento, cabe agregar que la mencionada subsecretaría ha retardado injustificadamente un sumario administrativo contra la encargada del programa de DDHH de dicha repartición, manteniéndolo sin una encargada titular por más de un año, expresando con ello desinterés y desapego con la labor para la cual fue creado, cual es asistir judicialmente a los familiares de las víctimas en la búsqueda de la verdad y la justicia, patrocinando querellas en casos de crímenes contra la humanidad, como las desapariciones forzadas, las ejecuciones políticas y las torturas con resultado de muerte.
Recientemente se supo de una llamada telefónica hecha por dicha subsecretaria al abogado del programa que patrocina la causa contra el ex general Bruno Villalobos, por tortura con resultado de muerte del estudiante Patricio Manzano. La llamada habría tenido por objeto dar la orden de no alegar la causa, en un claro intento de evitar el procesamiento del ex jefe de Carabineros, procurando su impunidad.
El Ministerio de Justicia envió recientemente un proyecto de ley denominado “Ley Humanitaria”, que constituye un nuevo esfuerzo del Gobierno de permitir libertades encubiertas a criminales de lesa humanidad.
En cuanto a la seria amenaza del neofascismo y sus ya declaradas expresiones de negacionismo, el relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, ha señalado que Chile está en medio del «afloramiento de un pinochetismo cultural y social con claros tintes fascistas” y lo atribuyó a los incumplimientos del Estado chileno en materia de verdad y justicia, junto con las injustificadas ausencias de políticas de prevención.
A pesar de estos llamados de atención al Estado de Chile, el actual Gobierno no solo nombró a un ministro que calificó al Museo de la Memoria como un montaje, el que fue obligado a renunciar por la presión social, sino que además ha anunciado recientemente que enviará una indicación para eliminar toda posibilidad de sanción penal a quienes defiendan o nieguen los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.
El Gobierno ha tenido una actitud de indolencia frente a aquellos grupos neofascistas emergentes, como el Movimiento Social Patriota, que ha realizado y reivindicado diversos actos de amedrentamiento a varios sitios de memoria, causando grave dolor y ofensa a las víctimas y a la sociedad chilena en su conjunto. El último ataque realizado en el Estadio Nacional, se suma a los ya efectuados en Villa Grimaldi y José Domingo Cañas.
La indolencia y permisividad del neofascimo quedó de manifiesto por la propia vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien señaló públicamente que los parlamentarios y políticos que han reivindicado el pinochetismo no deben ser objeto de reproche de ninguna naturaleza, porque expresan la diversidad de la coalición gobernante y sus opiniones deben ser respetadas en virtud de la libertad de expresión.
A todo lo anterior, hay que agregar la decisión gubernamental de clausurar toda posibilidad de cambio a la actual Constitución, lo que constituye un serio obstáculo para garantizar efectivamente los Derechos Humanos, al contener instituciones antidemocráticas vulneratorias de la soberanía popular, como el Tribunal Constitucional, utilizado permanentemente por los parlamentarios de Gobierno para defender el statu quo imperante.
El desconocimiento permanente del actual Gobierno de la normativa internacional de Derechos Humanos, se ve agravada con la decisión de no suscribir el Pacto Migratorio de Naciones Unidas, con la afirmación de que la migración no es un derecho humano y por el reciente anuncio de expulsión.
Es hora de que el actual Gobierno, como representante del Estado de Chile, cumpla con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, única forma de recuperar la autoridad moral en el concierto internacional y requisito indispensable que debe cumplirse primeramente si se pretende jugar el rol de promotor de la democracia y los DDHH en otras latitudes. Y es hora también de que la sociedad civil organizada siga exigiendo una democracia fundada en el respeto y garantía de los Derechos Humanos. Será este y no otro el debido homenaje a quienes –como Violeta Zuñiga– partieron de este mundo esperando una justicia que no llegó y sin conocer la suerte corrida por sus seres queridos, aún detenidos desaparecidos.
